La sentencia T 652 de 1998 protegió los derechos de la comunidad indígena Embera-Katio que se vio afectada por la construcción de una hidroeléctrica sin su consulta previa. La Corte Constitucional determinó que el proyecto violó los derechos a la supervivencia cultural e integridad étnica de la comunidad y ordenó suspender la construcción hasta resolver los perjuicios causados. Esta sentencia estableció un precedente importante para fortalecer los derechos colectivos indígenas y la consulta previa obligatoria

1. ANALISIS SENTENCIA T 652 DE 1998
En nuestro país las comunidades indígenas han sufrido varias transgresiones a través
del tiempo, en esta oportunidad nos centraremos en el caso del pueblo embera-katio,
según la historia esta sociedad étnica estaba ubicada desde Panamá hasta el Ecuador,
pero en la actualidad han ido disminuyendo hasta quedar radicados en ciertas regiones
específicas, su principal asentamiento se focaliza en el Alto Sinú, entre los ríos
Esmeralda, Sinú y Verde, en el departamento de Córdoba, hay que hacer énfasis que
ese lugar tiene una atractiva ubicación y con condiciones climáticas favorables, por tal
motivo dicho lugar ofrece elementos exclusivos y de mucho interés para los grupos al
margen de la ley, por ende estas estructuras armadas utilizaron estos lugares para
lucrarse a partir de la minería ilegal y cultivos ilícitos, por otra parte el gobierno estatal
empezó a invertir en la creación de una Hidroeléctrica. Desde ese momento ese
proyecto ha generado bastantes impactos destructivos de diferente índole como lo
son: asesinatos y secuestros realizados por los grupos al margen de la ley,
inundaciones, alteraciones a ecosistemas, sedimentaciones, desnutrición, presencia de
grupos armados, y muchas más impactos ambientales, sociales y económicos.
Considero que aunque desde la Constitución Política de 1991, Colombia ha garantizado
diferentes mecanismos de participación ciudadana para tratar de controlar los
problemas expuestos anteriormente, pero estas garantías otorgadas serían
insuficientes o no se aplicarían de manera correcta dando lugar a omisiones
institucionales, ahora bien de acuerdo al contexto y a la problemática planteada
anteriormente considero que ya es posible entender los hechos que llevaron a radicar
la sentencia de la Corte Constitucional T 652 de 1998 otorgando de esta manera la
reivindicación de derechos a los pueblos indígenas, en la sentencia se indica que el
proyecto era de “interés social y de utilidad pública”, por lo que el gobierno le otorgo
licencias a la empresa encargada para proceder a realizar dicho proyecto, pero lo
realizaron sin la consulta previa dichas comunidades indígenas, generando exclusión e
imposición.
Los pueblos indígenas afectados generaron mucha presión al estado con las diferentes
manifestaciones realizadas, pero de esa lucha se dio un resultado positivo y luego de
ser rechazadas tantas tutelas, el Magistrado Carlos Gaviria de la Corte de ese entonces
tutelo el derecho a la supervivencia, integridad étnica, cultural, económica y social de
ese pueblo indígena minoritario y tan sacudido, además obligaba a los constructores
de la hidroeléctrica de Urra a suspender los procesos hasta que no se solucionen los
perjuicios causados a esa comunidad.
Puedo concluir que estos mecanismos otorgados a partir de la constitución de 1991,
son de vital importancia y son los que realmente nos pueden brindar una protección
de derechos, la tutela es una piedra fundamental para lograr perfeccionar un estado
social de derecho, ya que procura la protección inminente de los derechos
constitucionales fundamentales de toda persona siempre y cuando estos derechos
estén siendo vulnerados o amenazados, como ocurrió en el caso particular de la
comunidad indígena embera-katio, que estaban ya afligidos por tanta violencia de los

2. grupos armados y también por el negligente gobierno, que negaba el acceso oportuno
de esta comunidad a los mecanismos de participación, para su uso y goce de sus
propios derechos; además de igual manera son importantes esos mecanismos y de
consulta previa para combatir un gobierno que se ha orientado solo a intereses
económicos en beneficio de unos pocos particulares y oligarcas del país, que no les
importa el interés general y que solo violan todo tipo de derechos de esas
comunidades marginadas y golpeadas por todos solo por un conflictos de intereses.
Quiero destacar la importancia que constituyo la sentencia T 652 de 1998, en pro de la
defensa de los derechos de las comunidades indígenas, generando de tal manera un
precedente importante y jurídico en la relación de derechos colectivos y el medio
ambiente fortificando la autonomía y los derechos de los cabildos indígenas sobre la
gestión y propia autonomía dentro de los límites de la constitución.