El documento denuncia la represión del Estado guatemalteco y las empresas extractivas contra las comunidades indígenas y campesinas que se oponen a proyectos extractivos y de desarrollo en sus territorios ancestrales. Se enumeran varios casos de desalojos violentos, criminalización de líderes comunitarios y violación de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se critica la imposición de leyes que facilitan la expropiación de tierras y la instalación de infraestructura empresarial sin consentimiento