El documento presenta un anteproyecto de nueva constitución política para Perú, enfatizando que el poder supremo reside en el pueblo y que los servidores públicos deben rendir cuentas y ser transparentes. Se proponen derechos y protecciones para ciudadanos y grupos vulnerables, así como medidas para combatir la corrupción y promover el desarrollo social y económico. La educación y la participación activa de la comunidad son esenciales para garantizar la justicia social y el bienestar del pueblo peruano.