El documento describe las penas de prisión por introducir materiales explosivos o inflamables sin autorización en vehículos militares o de transporte público. Introducir estos materiales conlleva entre 6 meses y 3 años de prisión dependiendo de si se causan daños o no. Si un comandante causa una avería grave a uno de estos vehículos recibirá entre 2 y 12 años de prisión, dependiendo de si inutiliza el vehículo o no. Los miembros de la tripulación recibirán las mismas penas pero reducidas hasta en un tercio