Este documento resume las acusaciones contra el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre su supuesta participación en la masacre de El Aro de 1997. Paramilitares como Salvatore Mancuso y Francisco Villalba han declarado que Uribe, cuando era gobernador de Antioquia, estuvo presente en reuniones donde se planeó la masacre y felicitó a los paramilitares después. Sin embargo, Uribe niega estas acusaciones y afirma que hay inconsistencias en los testimonios. El documento también menciona cartas que parecen retractar las declaraciones de Villal
Las Convivir eran grupos paramilitares que operaban con el apoyo del Estado colombiano y del ejército. Un jefe paramilitar confesó que la Convivir Papagayo tenía su sede detrás de una brigada del ejército y que sus miembros tenían acceso a la brigada. Otro jefe paramilitar y políticos locales están siendo investigados por sus vínculos con la Convivir Papagayo. El presidente Uribe autorizó varias Convivir cuando era gobernador, a pesar de que algunas estaban dirigidas por jefes param
El documento describe varios casos de violencia paramilitar y violaciones de derechos humanos en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones y canibalismo. También detalla vínculos entre paramilitares, políticos y fuerzas armadas colombianas. Los medios no cubrieron adecuadamente estos eventos y hubo poca condena pública.
El documento resume varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por paramilitares en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y canibalismo. Además, señala vínculos entre políticos y militares colombianos con los paramilitares, y la falta de cobertura e indignación por parte de los medios de comunicación ante estas graves violaciones.
Razones Contra El Estado Colombiano Y Su Marchagiovacove
El documento resume varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por paramilitares en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones y canibalismo de víctimas. Además, señala vínculos entre políticos y militares colombianos con los paramilitares, y la falta de cobertura e indignación por parte de los medios de comunicación ante estas graves violaciones.
El documento resume varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por paramilitares en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones y canibalismo. Además, señala vínculos entre políticos y militares colombianos con los paramilitares, como la financiación de campañas políticas y entrenamiento de grupos paramilitares. Finalmente, critica la falta de cobertura de estos hechos por parte de los medios de comunicación y la ausencia de condenas o marchas de protesta.
El documento resume varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por paramilitares en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones y canibalismo de víctimas. Además, señala vínculos entre políticos y militares colombianos con los paramilitares, así como la falta de cobertura de los medios de comunicación sobre estos hechos.
Informe A.I 2013: El estado de los derechos humanos en el mundo. ColombiaCrónicas del despojo
El documento resume la situación de los derechos humanos en Colombia en 2013. Se iniciaron conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, pero persistían preocupaciones sobre el compromiso de poner fin a los abusos y llevar a la justicia a los responsables. Todas las partes del conflicto continuaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos como homicidios, desplazamientos y violencia sexual, que afectaron principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. A pesar de algunos avances legislativos
Las Convivir eran grupos paramilitares que operaban con el apoyo del Estado colombiano y del ejército. Un jefe paramilitar confesó que la Convivir Papagayo tenía su sede detrás de una brigada del ejército y que sus miembros tenían acceso a la brigada. Otro jefe paramilitar y políticos locales están siendo investigados por sus vínculos con la Convivir Papagayo. El presidente Uribe autorizó varias Convivir cuando era gobernador, a pesar de que algunas estaban dirigidas por jefes param
El documento describe varios casos de violencia paramilitar y violaciones de derechos humanos en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones y canibalismo. También detalla vínculos entre paramilitares, políticos y fuerzas armadas colombianas. Los medios no cubrieron adecuadamente estos eventos y hubo poca condena pública.
El documento resume varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por paramilitares en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y canibalismo. Además, señala vínculos entre políticos y militares colombianos con los paramilitares, y la falta de cobertura e indignación por parte de los medios de comunicación ante estas graves violaciones.
Razones Contra El Estado Colombiano Y Su Marchagiovacove
El documento resume varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por paramilitares en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones y canibalismo de víctimas. Además, señala vínculos entre políticos y militares colombianos con los paramilitares, y la falta de cobertura e indignación por parte de los medios de comunicación ante estas graves violaciones.
El documento resume varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por paramilitares en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones y canibalismo. Además, señala vínculos entre políticos y militares colombianos con los paramilitares, como la financiación de campañas políticas y entrenamiento de grupos paramilitares. Finalmente, critica la falta de cobertura de estos hechos por parte de los medios de comunicación y la ausencia de condenas o marchas de protesta.
El documento resume varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por paramilitares en Colombia, incluyendo masacres, asesinatos, desapariciones y canibalismo de víctimas. Además, señala vínculos entre políticos y militares colombianos con los paramilitares, así como la falta de cobertura de los medios de comunicación sobre estos hechos.
Informe A.I 2013: El estado de los derechos humanos en el mundo. ColombiaCrónicas del despojo
El documento resume la situación de los derechos humanos en Colombia en 2013. Se iniciaron conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, pero persistían preocupaciones sobre el compromiso de poner fin a los abusos y llevar a la justicia a los responsables. Todas las partes del conflicto continuaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos como homicidios, desplazamientos y violencia sexual, que afectaron principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. A pesar de algunos avances legislativos
Este documento presenta una cronología de agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la población de la zona desde septiembre hasta noviembre de 2002. Detalla incursiones del ejército y paramilitares que incluyeron saqueos, retenciones de personas, y desplazamientos forzados. También describe cómo la comunidad le pidió al gobierno medidas para protegerlos pero no recibió respuesta adecuada, y cómo funcionarios estadounidenses visitaron la zona pero no pudieron constatar la militar
El documento describe eventos clave que ocurrieron en Chile entre 1973 y 1984, un período marcado por el golpe militar que derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y el establecimiento de una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Entre los hechos destacados se encuentran la muerte de Allende durante el golpe, la represión a la oposición, la censura a medios de comunicación y artistas, y las protestas y represión a movimientos sociales que ocurrieron a lo
El documento proporciona una lista de funcionarios del gobierno argentino actual y sus presuntos vínculos con grupos guerrilleros de izquierda como Montoneros en los años 1970, acusándolos de haber participado en atentados, secuestros y asesinatos durante la dictadura militar.
El documento lista 19 congresistas y políticos fujimoristas electos para el periodo 2011-2016 que estaban involucrados en casos de corrupción, como recibir sobornos de la minera Yanacocha u otros. También menciona a otros 5 postulantes fujimoristas que fueron sobornados por Yanacocha para sus campañas.
Este documento resume 3 asesinatos atribuidos al comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco entre 1985 y 1990 en Perú. Detalla el frustrado atentado contra el Diario Marka en 1987, el asesinato del abogado Manuel Febres Flores en 1988 y el asesinato del líder sindical Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García en 1989. Explica que el comando estaba presuntamente dirigido por Agustín Mantilla y compuesto principalmente por estudiantes reclutados de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,
1) Varios soldados declararon contra el ex jefe militar Ollanta Humala en el caso de la desaparición de una pareja en 1992, pero luego cambiaron su versión, posiblemente sobornados.
2) La hermana de una de las personas desaparecidas fue ofrecida 20 mil dólares para que deje de denunciar el caso.
3) La agencia antidrogas realizó escuchas telefónicas a Humala, su esposa, y asociados entre marzo y mayo de 2011, revelando su participación en la comp
En diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador cometió una masacre contra la población civil en El Mozote y pueblos cercanos en Morazán, matando aproximadamente a 900 campesinos. Los soldados encerraron a los residentes en casas y granjas y sistemáticamente torturaron y ejecutaron a hombres, mujeres y niños. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años hasta que las excavaciones en 1992 confirmaron los hechos. El
La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa chica. La masacre, "hecho aislado": Murat. “Son unos desgraciados... nos mataron a nuestros familiares”.
El documento describe la vida y obra de Jesús María Valle Jaramillo, un líder estudiantil y defensor de derechos humanos colombiano que fue asesinado en 1998 por denunciar la presencia de grupos paramilitares en el norte de Antioquia. A pesar de sus advertencias sobre masacres cometidas, las autoridades locales y militares no tomaron medidas. Su persistencia en defender a las víctimas llevó a que fuera asesinado por sicarios.
El Registro de Feminicidio del Ministerio PúblicoCOEECI
El documento presenta información sobre el registro de feminicidios en Perú en el año 2009 realizado por el Ministerio Público. Se registraron un total de 135 víctimas de feminicidio, siendo la mayoría (117 casos) de feminicidio íntimo cometido por la pareja o expareja de la víctima. La edad promedio de las víctimas fue de 31 años, y la mayoría se encontraba entre los 18 y 34 años. Además de los feminicidios, se reportaron 31 casos posibles de feminicidio que requerían más información
El resumen presenta la creación y objetivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), encargada de investigar la violencia ocurrida entre 1980-2000. La CVR recopiló testimonios de víctimas y elaboró un informe final de 4500 páginas que detalla los hechos, actores, crímenes y recomendaciones. El informe fue entregado al presidente Toledo en 2003 y reconoce responsabilidades estatales, aunque también generó críticas por su enfoque y conclusiones.
Pagina 14-abc-color-18-setiembre-1980-122946Fredy Barbudez
El documento resume las reacciones al asesinato del expresidente nicaragüense Anastasio Somoza en Asunción, Paraguay. El gobierno de Nicaragua rechazó cualquier vinculación, mientras que hubo júbilo en Nicaragua y discreción en Estados Unidos. Varios líderes latinoamericanos condenaron el asesinato aunque reconocieron que Somoza causó daño a Nicaragua.
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
Entre el 21 y 27 de febrero de 2005, ocurrió una masacre en San José de Apartadó, Colombia donde fueron asesinadas 8 personas incluyendo 2 menores. El documento detalla los hechos ocurridos como la retención y asesinato de 3 residentes el 21 de febrero y el posterior hallazgo de 5 cuerpos en una finca el 25 de febrero. Además, tropas del ejército mantuvieron retenidas 6 familias e intimidaron a la comunidad. El documento concluye expresando preocupación por la falta de protección
Jorge Rafael Videla fue un general y dictador argentino que gobernó el país entre 1976 y 1981 luego de encabezar un golpe de estado militar. Dirigió la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional durante la cual se cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad. Tras el retorno de la democracia en 1983 fue juzgado y condenado a prisión perpetua por sus crímenes, aunque fue indultado en 1990 por el presidente Menem antes de volver a prisión en 1998. Murió en la cárcel en
Juan Manuel Santos ha traicionado a Colombia al negociar con las FARC, una guerrilla que ha cometido crímenes durante décadas. El autor critica a Santos por negociar amnistías e indultos para los guerrilleros y permitir que obtengan cargos políticos. Además, el autor afirma que Santos lo traicionó personalmente al deportarlo a Ecuador, donde su vida corría peligro a manos de la dictadura, a pesar de que Santos sabía que el autor había sido secuestrado por agentes ecuatorianos previamente. El autor
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.
La masacre de El Mozote fue una masacre de civiles cometida por el batallón Atlacatl del ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en El Mozote y pueblos cercanos, donde aproximadamente 900 campesinos fueron asesinados. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años. En 1990 se presentó una denuncia ante la justicia salvadoreña, pero el gobierno ahora afirma que es imposible determinar responsabilidades debido a la falta de archivos y a una ley
El documento resume la historia del conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y 2000. Fue el conflicto más sangriento en la historia del país, dejando aproximadamente 69,280 víctimas mortales. El principal responsable fue el grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable del 54% de las muertes. Los gobiernos civiles y militares de la época también tuvieron responsabilidad por su falta de preparación y respuesta ineficaz, así como por violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. El
El documento resume brevemente las principales masacres ocurridas en Colombia entre 1986 y 2005. Estas incluyen la masacre de Bojayá en 2002, la masacre de las bananeras en 1928, y la masacre de Mapiripán en 1996, entre otras, donde fueron asesinados civiles, indígenas, campesinos y dirigentes políticos a manos de grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas armadas.
Más de medio siglo de conflicto armado en Colombia ha dejado un saldo de 220.000 muertes, según el informe "¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad", elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Las fotografías del colombiano Jesús Abad Colorado ponen rostro a esta historia de violencia y búsqueda de justicia por parte de quienes más han sufrido la guerra: la población civil.
Este documento presenta una cronología de agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la población de la zona desde septiembre hasta noviembre de 2002. Detalla incursiones del ejército y paramilitares que incluyeron saqueos, retenciones de personas, y desplazamientos forzados. También describe cómo la comunidad le pidió al gobierno medidas para protegerlos pero no recibió respuesta adecuada, y cómo funcionarios estadounidenses visitaron la zona pero no pudieron constatar la militar
El documento describe eventos clave que ocurrieron en Chile entre 1973 y 1984, un período marcado por el golpe militar que derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y el establecimiento de una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Entre los hechos destacados se encuentran la muerte de Allende durante el golpe, la represión a la oposición, la censura a medios de comunicación y artistas, y las protestas y represión a movimientos sociales que ocurrieron a lo
El documento proporciona una lista de funcionarios del gobierno argentino actual y sus presuntos vínculos con grupos guerrilleros de izquierda como Montoneros en los años 1970, acusándolos de haber participado en atentados, secuestros y asesinatos durante la dictadura militar.
El documento lista 19 congresistas y políticos fujimoristas electos para el periodo 2011-2016 que estaban involucrados en casos de corrupción, como recibir sobornos de la minera Yanacocha u otros. También menciona a otros 5 postulantes fujimoristas que fueron sobornados por Yanacocha para sus campañas.
Este documento resume 3 asesinatos atribuidos al comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco entre 1985 y 1990 en Perú. Detalla el frustrado atentado contra el Diario Marka en 1987, el asesinato del abogado Manuel Febres Flores en 1988 y el asesinato del líder sindical Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García en 1989. Explica que el comando estaba presuntamente dirigido por Agustín Mantilla y compuesto principalmente por estudiantes reclutados de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,
1) Varios soldados declararon contra el ex jefe militar Ollanta Humala en el caso de la desaparición de una pareja en 1992, pero luego cambiaron su versión, posiblemente sobornados.
2) La hermana de una de las personas desaparecidas fue ofrecida 20 mil dólares para que deje de denunciar el caso.
3) La agencia antidrogas realizó escuchas telefónicas a Humala, su esposa, y asociados entre marzo y mayo de 2011, revelando su participación en la comp
En diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador cometió una masacre contra la población civil en El Mozote y pueblos cercanos en Morazán, matando aproximadamente a 900 campesinos. Los soldados encerraron a los residentes en casas y granjas y sistemáticamente torturaron y ejecutaron a hombres, mujeres y niños. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años hasta que las excavaciones en 1992 confirmaron los hechos. El
La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa chica. La masacre, "hecho aislado": Murat. “Son unos desgraciados... nos mataron a nuestros familiares”.
El documento describe la vida y obra de Jesús María Valle Jaramillo, un líder estudiantil y defensor de derechos humanos colombiano que fue asesinado en 1998 por denunciar la presencia de grupos paramilitares en el norte de Antioquia. A pesar de sus advertencias sobre masacres cometidas, las autoridades locales y militares no tomaron medidas. Su persistencia en defender a las víctimas llevó a que fuera asesinado por sicarios.
El Registro de Feminicidio del Ministerio PúblicoCOEECI
El documento presenta información sobre el registro de feminicidios en Perú en el año 2009 realizado por el Ministerio Público. Se registraron un total de 135 víctimas de feminicidio, siendo la mayoría (117 casos) de feminicidio íntimo cometido por la pareja o expareja de la víctima. La edad promedio de las víctimas fue de 31 años, y la mayoría se encontraba entre los 18 y 34 años. Además de los feminicidios, se reportaron 31 casos posibles de feminicidio que requerían más información
El resumen presenta la creación y objetivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), encargada de investigar la violencia ocurrida entre 1980-2000. La CVR recopiló testimonios de víctimas y elaboró un informe final de 4500 páginas que detalla los hechos, actores, crímenes y recomendaciones. El informe fue entregado al presidente Toledo en 2003 y reconoce responsabilidades estatales, aunque también generó críticas por su enfoque y conclusiones.
Pagina 14-abc-color-18-setiembre-1980-122946Fredy Barbudez
El documento resume las reacciones al asesinato del expresidente nicaragüense Anastasio Somoza en Asunción, Paraguay. El gobierno de Nicaragua rechazó cualquier vinculación, mientras que hubo júbilo en Nicaragua y discreción en Estados Unidos. Varios líderes latinoamericanos condenaron el asesinato aunque reconocieron que Somoza causó daño a Nicaragua.
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
Entre el 21 y 27 de febrero de 2005, ocurrió una masacre en San José de Apartadó, Colombia donde fueron asesinadas 8 personas incluyendo 2 menores. El documento detalla los hechos ocurridos como la retención y asesinato de 3 residentes el 21 de febrero y el posterior hallazgo de 5 cuerpos en una finca el 25 de febrero. Además, tropas del ejército mantuvieron retenidas 6 familias e intimidaron a la comunidad. El documento concluye expresando preocupación por la falta de protección
Jorge Rafael Videla fue un general y dictador argentino que gobernó el país entre 1976 y 1981 luego de encabezar un golpe de estado militar. Dirigió la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional durante la cual se cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad. Tras el retorno de la democracia en 1983 fue juzgado y condenado a prisión perpetua por sus crímenes, aunque fue indultado en 1990 por el presidente Menem antes de volver a prisión en 1998. Murió en la cárcel en
Juan Manuel Santos ha traicionado a Colombia al negociar con las FARC, una guerrilla que ha cometido crímenes durante décadas. El autor critica a Santos por negociar amnistías e indultos para los guerrilleros y permitir que obtengan cargos políticos. Además, el autor afirma que Santos lo traicionó personalmente al deportarlo a Ecuador, donde su vida corría peligro a manos de la dictadura, a pesar de que Santos sabía que el autor había sido secuestrado por agentes ecuatorianos previamente. El autor
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.
La masacre de El Mozote fue una masacre de civiles cometida por el batallón Atlacatl del ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en El Mozote y pueblos cercanos, donde aproximadamente 900 campesinos fueron asesinados. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años. En 1990 se presentó una denuncia ante la justicia salvadoreña, pero el gobierno ahora afirma que es imposible determinar responsabilidades debido a la falta de archivos y a una ley
El documento resume la historia del conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y 2000. Fue el conflicto más sangriento en la historia del país, dejando aproximadamente 69,280 víctimas mortales. El principal responsable fue el grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable del 54% de las muertes. Los gobiernos civiles y militares de la época también tuvieron responsabilidad por su falta de preparación y respuesta ineficaz, así como por violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. El
El documento resume brevemente las principales masacres ocurridas en Colombia entre 1986 y 2005. Estas incluyen la masacre de Bojayá en 2002, la masacre de las bananeras en 1928, y la masacre de Mapiripán en 1996, entre otras, donde fueron asesinados civiles, indígenas, campesinos y dirigentes políticos a manos de grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas armadas.
Más de medio siglo de conflicto armado en Colombia ha dejado un saldo de 220.000 muertes, según el informe "¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad", elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Las fotografías del colombiano Jesús Abad Colorado ponen rostro a esta historia de violencia y búsqueda de justicia por parte de quienes más han sufrido la guerra: la población civil.
El documento presenta las declaraciones recientes de altos funcionarios del Estado colombiano sobre la masacre de Mapiripán, en las que afirman que algunas de las víctimas reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en realidad no murieron allí o siguen vivas. Las organizaciones firmantes expresan su preocupación por estas declaraciones y argumentan que Mapiripán fue un crimen complejo dada su magnitud y circunstancias, por lo que la individualización de víctimas también es compleja. Piden que se preserve el sentido de la sentencia
Este documento presenta información sobre varios temas relacionados a la Escuela Bolivariana "El Salado" en el estado Táchira, Venezuela. Incluye noticias sobre un concurso de lectura, un encuentro de saberes entre docentes, el cierre de proyectos relacionados al agua y medio ambiente, y el aniversario de la Defensoría Educativa. También brinda detalles sobre el agua, la salud mental de los niños, y los riesgos del embarazo precoz.
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
El documento define el bloque de constitucionalidad como el conjunto de normas, principios y valores más allá del texto constitucional que sirven como parámetro para el control de constitucionalidad. Explica el origen del concepto en Francia y su evolución en España, Colombia y otros países latinoamericanos. Finalmente, destaca cómo la Constitución ecuatoriana de 2008 incorpora explícitamente los tratados internacionales de derechos humanos al bloque de constitucionalidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la OEA encargado de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está compuesta por siete jueces independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA. La Corte tiene funciones contenciosas y consultivas, y puede ordenar medidas provisionales para evitar daños irreparables a las personas. Determina la responsabilidad internacional de los Estados mediante la aplicación e interpretación de la Convención Americana.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los derechos y libertades fundamentales que deben ser protegidos en los países americanos. Requiere que los estados respeten derechos como la vida, la integridad personal, la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y religión. También crea mecanismos para garantizar el cumplimiento de estos derechos.
El documento resume la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Masacres de Ituango v. Colombia. La sentencia establece la responsabilidad del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares y la falta de protección a la población. Además, la sentencia desarrolla estándares sobre las obligaciones positivas y negativas del Estado respecto a los derechos humanos, como el deber de prevenir, investigar y sancionar violaciones para evitar la impunidad.
Este documento discute las acusaciones contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, incluyendo sus presuntos vínculos con paramilitares y grupos armados ilegales cuando era gobernador que causaron asesinatos de campesinos y opositores políticos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya y la justicia colombiana están investigando a Uribe por varios crímenes, como inductores de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos". El documento también analiza cómo la ultraderecha col
El documento resume la toma del Palacio de Justicia en Bogotá el 6 de noviembre de 1985 por parte del grupo guerrillero M-19. La toma duró 28 horas y dejó un saldo de 55 muertos, incluidos 11 magistrados. Años después, investigaciones han encontrado que algunos civiles fueron desaparecidos por el ejército durante la retoma del palacio. El evento ha sido calificado como una masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El documento resume las acusaciones de un jefe paramilitar contra Juan José Chaux, el nuevo embajador de Colombia en Holanda. El paramilitar afirmó que Chaux asistió a una reunión paramilitar en 2003 y recibió apoyo para ser gobernador. Chaux admitió asistir pero dijo que fue para pedir ayuda por un familiar secuestrado. La Fiscalía investiga las acusaciones. A pesar de esto, el Presidente nombró a Chaux embajador, lo que compromete las relaciones internacionales y la justicia, siguiendo un patrón de nom
El hallazgo de una fosa común con 50 cuerpos en Dabeiba, Colombia revela evidencia de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército entre 2005 y 2007. La JEP continúa investigando estos "falsos positivos" y buscando identificar los cuerpos. Dabeiba sufrió décadas de violencia a manos de guerrilleros, paramilitares y fuerzas armadas, dejando cicatrices en la población y el desafío de enfrentar el pasado.
El documento resume la trayectoria política de Álvaro Uribe Vélez, destacando sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Indica que Uribe proviene de una familia vinculada al narcotráfico y la gran propiedad terrateniente. Durante su carrera política ha promovido estrategias contrainsurgentes que fortalecieron a los paramilitares, como las Convivir. También señala que durante su mandato como gobernador de Antioquia experimentó un modelo de "Estado Comunitario" que usó la violencia param
Los falsos positivos en Colombia se refieren a ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad colombianas contra civiles que presentaban como guerrilleros caídos en combate. Se estima que hubo al menos 5,000 víctimas. El expresidente Álvaro Uribe está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en este crimen y por la formación de grupos paramilitares. El congresista Iván Cepeda ha presentado nuevas pruebas contra Uribe.
Las FARC se formaron en 1964 en Colombia como respuesta a un ataque del ejército colombiano contra una comunidad autónoma comunista. Operan como una guerrilla marxista-leninista compuesta por alrededor de 7.000 combatientes y se financian principalmente a través de secuestros, extorsiones y narcotráfico. El secuestro más notorio fue el de Ingrid Betancourt, política y activista colombiana y francesa que fue rescatada en 2008 después de 6 años en cautiverio.
El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo.
¿Por qué dejó de aplicarse la pena de muerte en México?María Flores
La pena de muerte fue abolida progresivamente en México a partir del siglo XIX. Si bien existía en las leyes prehispánicas y coloniales, fue eliminada de las constituciones de 1857 y 1917. Posteriormente fue prohibida en los códigos penales estatales durante el siglo XX, hasta que desapareció completamente de la legislación mexicana en 2005. Las últimas ejecuciones ocurrieron en Sonora en 1957.
El libro de un sinvergüenza uribe- sergio camargohenry angulo
El documento critica fuertemente a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, a quien acusa de tener vínculos con el narcotráfico y los paramilitares. Argumenta que Uribe y su familia se beneficiaron de sus conexiones criminales para ascender políticamente, y que durante su presidencia se incrementó la violencia y la persecución de opositores. Asimismo, cuestiona la versión de los hechos que presenta Uribe en su libro reciente, afirmando que oculta sus vínculos con el crimen organizado
El Bogotazo fue un episodio de violentas protestas y desórdenes en Bogotá el 9 de abril de 1948 tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Los disturbios se extendieron a otras ciudades y regiones del país. El asesinato de Gaitán llevó a revueltas contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, con saqueos e incendios en Bogotá que dejaron cientos de muertos y daños materiales considerables. Juan Roa Sierra fue identificado como el asesino de
El Bogotazo fue un episodio de violentas protestas y desórdenes en Bogotá el 9 de abril de 1948 tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Los disturbios se extendieron a otras ciudades y regiones del país. El asesinato de Gaitán llevó a revueltas contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, con saqueos e incendios en Bogotá que dejaron cientos de muertos y daños materiales considerables. Juan Roa Sierra fue identificado como el asesino de
Presentaciónde los diputados para blog de bloggerzonic0519
El documento resume el secuestro y asesinato de 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle por parte de las FARC en 2002. Las FARC mantuvieron a los diputados como rehenes durante 5 años y luego anunciaron que 11 de ellos habían muerto en un intento de rescate militar, aunque más tarde se descubrió que los habían ejecutado. La memoria histórica de este hecho atroz es importante para las víctimas y la reconciliación nacional en Colombia.
El documento resume la historia del conflicto armado en Colombia desde la independencia hasta la actualidad. Inicialmente hubo varias guerras civiles en el siglo XIX culminando en la Guerra de los Mil Días. A partir de 1946 se produjo más violencia partidista conocida como "La Violencia". En los años 60 surgieron las guerrillas de las FARC, ELN y EPL. El narcotráfico también desempeñó un papel y llevó a mayores niveles de violencia. Como resultado, más de 220,000 personas han muerto y millones han sido des
Informe de la Comsión especial AN que investigo los hechos irregulares ocurri...La Causa R
La comisión especial investigó la masacre de Tumeremo, donde 17 mineros fueron asesinados. Los testigos culparon a la banda de "El Topo" y agentes de seguridad. A pesar de las denuncias, las autoridades negaron los hechos. Luego de protestas, los cuerpos fueron encontrados. La comisión concluyó que las bandas criminales controlan la minería en Bolívar con complicidad de funcionarios.
Informe final de la comisión especial de la Asamblea Nacional que estudió la ...La Causa R
La comisión especial investigó la masacre de Tumeremo, donde 17 mineros fueron asesinados. Los testigos culparon a la banda de "El Topo" y agentes de seguridad. A pesar de las denuncias, las autoridades locales y nacionales negaron los hechos. Luego de protestas, los cuerpos fueron encontrados. La comisión concluyó que la minería en la zona está controlada por bandas criminales con complicidad de funcionarios.
El Bogotazo fue un episodio de violentas protestas y desórdenes que siguieron al asesinato del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, Colombia el 9 de abril de 1948. Este hecho marcó el inicio de una época de violencia política en el país e influyó en el surgimiento de movimientos insurgentes en las décadas siguientes.
Entrevista desde la cárcel a joaquín pérez becerraRafael Verde)
El documento presenta una entrevista con Joaquín Pérez Becerra, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, quien fue deportado de Venezuela a Colombia. Pérez Becerra describe su detención y deportación como un mal trato, y cree que fue orquestado por el ministro de Comunicación venezolano Andrés Izarra para criminalizar los medios alternativos. Pérez Becerra niega los cargos en su contra de Colombia y cree que son inventos para silenciar su labor periodística.
El documento describe la participación de Ecuador en el Plan Cóndor, una red clandestina internacional creada en los años 1970 por las dictaduras del Cono Sur para eliminar a la oposición política. Según documentos desclasificados de la CIA, Ecuador comenzó a participar en el Plan Cóndor en 1978 a través de su Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aunque algunos excomandantes ecuatorianos niegan su participación, la presencia del General argentino Guillermo Suárez Mason en Ecuador evidencia sus lazos con el Plan Có
Similar a Las responsabilidades en la masacre de El Aro: una verdad por desentrañar (20)
The Colombian Commission of Jurists expressed concern about increasing impunity for war crimes and crimes against humanity in Colombia. Congress has approved bills that allow judicial authorities to abstain from prosecuting gross human rights violations and breaches of international humanitarian law. Additionally, amendments aim to expand military jurisdiction to impede civilian courts from investigating abuses by security forces. The Commission called on the ICC to open a formal investigation into the situation in Colombia given national measures that limit the country's willingness and capacity to prosecute international crimes.
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La justicia penal militar conocería de violaciones de DDHH que ya estén siendo investigadas en justicia ordinaria según una propuesta de reforma constitucional. Esto violaría tratados internacionales sobre derechos humanos y recomendaciones de organismos internacionales de que estos casos deben ser juzgados por jueces civiles. Además, procesos actuales contra militares por violaciones de DDHH e infracciones al DIH pasarían a la jurisdicción militar bajo esta reforma.
El documento resume las observaciones de la Comisión Colombiana de Juristas sobre la propuesta de reforma constitucional que ampliaría el fuero penal militar en Colombia. En 9 puntos, señala que la reforma no ha demostrado ser necesaria y que, en lugar de combatir la impunidad, la reforma permitiría que la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares pasen a la justicia militar en vez de la ordinaria, afectando los derechos de las víctimas. Además, argumenta que la reforma otorgaría
Este documento presenta un informe sobre la implementación de las medidas de restitución de tierras contempladas en la Ley de Víctimas de Colombia entre 2011 y 2012. Resume los principales capítulos del informe, incluyendo el reconocimiento del derecho a la restitución de tierras en instrumentos internacionales, la normativa interna colombiana, los aspectos positivos y problemas de la Ley de Víctimas, y los desafíos en la implementación debido al conflicto armado y la impunidad. Concluye que la restitución de tierras se encuentra en
Este documento trata sobre el desarrollo histórico y jurídico del derecho a la verdad en el derecho internacional. Examina el tratamiento del derecho a la verdad en el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos a nivel universal y regional, y su codificación en instrumentos y resoluciones internacionales. Finalmente, presenta una selección de normas y estándares internacionales relevantes y ofrece constataciones y conclusiones sobre el reconocimiento y alcance actual del derecho a la verdad en el plan
The Colombian Commission of Jurists (CCJ) is a Colombian NGO established in 1988 with the dual mission of improving human rights in Colombia and developing international human rights law worldwide. The CCJ aims to promote the rule of law and achieve peace in Colombia through activities like research, litigation, and advocacy focused on vulnerable groups. It produces reports, represents victims in national and international courts, and lobbies the Colombian government. Composed of around 50 staff with consultative status at the UN, the CCJ has become a prominent voice on human rights in Colombia and a reference for international organizations.
La Comisión Colombiana de Juristas tiene como misión contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia y promover el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Para lograr esto, realiza investigación, litigio y actividades de incidencia política relacionadas con los derechos humanos. La organización fue fundada en 1988 y desde entonces ha tenido logros importantes en la legislación y jurisprudencia colombiana en pro de los derechos humanos.
En 1987, 19 comerciantes fueron detenidos por militares y posteriormente asesinados y descuartizados por paramilitares cerca de Cimitarra, Santander. Veinticinco años después, no se ha hecho justicia por el crimen y los militares vinculados no han sido juzgados a pesar de las pruebas en su contra. La Corte Interamericana determinó la responsabilidad del Estado colombiano pero aún no se han cumplido las medidas de reparación ordenadas. Los familiares exigen que se identifique a todos los responsables y se haga justicia
La Unión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos para más funcionarios rusos, así como restricciones a las importaciones de productos rusos de acero y tecnología. Los líderes de la UE esperan que estas medidas adicionales aumenten la presión sobre Rusia para poner fin a su guerra contra Ucrania.
El documento trata sobre la Comisión Colombiana de Juristas, una organización no gubernamental que busca promover y proteger los derechos humanos en Colombia a través de medios jurídicos. Su mandato es garantizar el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como del derecho humanitario. La Comisión concibe los derechos humanos como valores universales e indivisibles. Tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas y está afiliada a otras comisiones internacionales de juristas.
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Este documento presenta una actualización del seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Colombia. Con respecto a la recomendación 9 sobre la ley de Justicia y Paz, se indica que de los más de 35,000 paramilitares desmovilizados, solo el 2.9% están siendo procesados bajo esta ley y solo se han obtenido dos sentencias condenatorias. También se analiza el marco jurídico complementario y la persistencia de grupos paramilitares. Sobre la recomend
Actualización del informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del...
Las responsabilidades en la masacre de El Aro: una verdad por desentrañar
1. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
Organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU
Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima)
PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Boletín No. 34: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975
Las responsabilidades en la masacre de El Aro:
una verdad por desentrañar
Asesinado el 23 de abril Francisco Villalba, ex paramilitar que afirmó que el hoy presidente Uribe estuvo vinculado a la
masacre
El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión
libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho
presencia en desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con
miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el
municipio de Ituango (Antioquia), en octubre de 1997. Este jefe paramilitar además aseguró que
Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como
Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del
entonces gobernador y actual Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, tenía conocimiento
de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento. Según el propio Mancuso, Moreno y él
habían sostenido reuniones por lo menos en diez oportunidades para planear la creación de las
denominadas “Convivir”1.
Salvatore Mancuso ya había mencionado en otras diligencias de versión libre la presencia de un
helicóptero de la Gobernación de Antioquia en el momento en el que se estaba ejecutando la
masacre. En efecto, el 15 de enero de 2007, en diligencia de versión libre ante la Unidad de Justicia
y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Mancuso aseguró que con motivo de esta masacre
sobrevolaron e hicieron presencia en la zona cuatro helicópteros. Uno de ellos fue identificado por
Salvatore Mancuso como de la Gobernación de Antioquia2.
Ante estas afirmaciones surgen muchas preguntas sobre el papel que tuvieron la Gobernación de
Antioquia y el Gobernador de entonces en esta masacre, pues ni las víctimas ni la sociedad cuentan
aún con explicaciones sobre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la
masacre y sobre su inacción frente a las atrocidades que estaban cometiendo paramilitares y
miembros de las Fuerza Pública contra la población de ese corregimiento, máxime cuando tanto
autoridades civiles como militares estaban al tanto de la presencia de grupos paramilitares en la
zona, y además estaban alertadas sobre la posible comisión de una masacre.
Otros testimonios que comprometen al Presidente
Estas preguntas continúan en aumento ante otros hechos y revelaciones que también
comprometerían a la Gobernación de Antioquia y a Álvaro Uribe en la masacre de El Aro. Desde
comienzos del año 2008 se han venido realizando una serie de señalamientos contra el Presidente de
la República por su supuesta participación en la masacre de El Aro. Los señalamientos provienen de
Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, un paramilitar que se encontraba detenido una cárcel de
máxima seguridad condenado por las masacres de El Aro y de La Balsita, ambas ocurridas en el
La presente publicación ha sido elaborada con el auspicio de la Unión Europea y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva
de la Comisión Colombiana de Juristas. En ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
1
Diario El Espectador, “Mancuso acusó”, 19 de noviembre de 2008, en: www.elespectador.com.
2
Versión libre del paramilitar Salvatore Mancuso, 15 de enero de 2007.
Calle 72 Nº 12-65 piso 7 PBX: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax: (571) 3768230
Email: ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org
Bogotá, Colombia
2. departamento de Antioquia en 1997, hasta el pasado 30 de marzo, cuando le fue concedida la
detención domiciliaria.
Las declaraciones que implican al Presidente en la masacre de El Aro fueron reveladas el 23 de
abril de 2008, cuando el propio Álvaro Uribe Vélez contó, en una entrevista radial, que un
paramilitar había afirmado que él había felicitado y condecorado a los paramilitares que
participaron en la masacre de El Aro ocurrida en octubre de 1997 siendo él Gobernador de
Antioquia.
En efecto, el 15 y el 20 de febrero de 2008, el paramilitar Francisco Villalba fue escuchado por la
Fiscalía General de la Nación, ante la cual afirmó que el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro
Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en
una finca del corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá (Antioquia), a la cual fue invitado,
según las declaraciones de Villalba, por el propio Carlos Castaño, y en la que se habría acordado el
plan de ejecución de la masacre. A la reunión habrían asistido, según Villalba, altos mandos de la
IV Brigada del Ejército nacional así como de la Policía, algunos jefes paramilitares como Carlos
Castaño y Salvatore Mancuso, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Así mismo, Villalba
aseguró que Santiago Uribe era el jefe de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que
operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos y que, incluso, este había “prestado” a 20 de sus
hombres para otra masacre ejecutada en el corregimiento de La Balsita, en el municipio de Dabeiba
(Antioquia), por grupos paramilitares en noviembre de 19973.
En sus declaraciones, Francisco Villalba también aseguró que la masacre de El Aro se habría
perpetrado para rescatar a ocho personas que habían sido secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según Villalba, en la mencionada reunión, “Álvaro
Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera
que hacer que lo hiciéramos”4. También aseguró que después de perpetrada la masacre y en la
misma finca donde habría sido planeada, el propio Álvaro Uribe Vélez lo había felicitado a él y a
otros paramilitares por la comisión de la masacre. Según Villalba, sólo en ese momento se dio
cuenta de que quien lo felicitaba era el Gobernador de Antioquia: “supe que era Álvaro Uribe
porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los
secuestrados habían salido sanos y salvos”5.
El 13 de febrero de 1998, Francisco Villalba decidió entregarse voluntariamente a las autoridades
porque, según él, los grupos paramilitares, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública y
narcotraficantes, estaban planeando una serie de magnicidios con los que él no estaba de acuerdo.
Las declaraciones que rindió este paramilitar luego de entregarse a la Fiscalía fueron importantes
para aclarar algunos aspectos de la masacre de El Aro. Sin embargo, al divulgarse las afirmaciones
de Villalba salieron a la luz algunas inconsistencias que hicieron que se le diera poca credibilidad a
la declaración. Las inconsistencias tienen que ver con la fecha en la que, según el paramilitar, se
cometió la masacre, pues en su declaración Villalba aseguró que la masacre se cometió en
noviembre de 1997, cuando en realidad ocurrió en octubre de ese año. Otra inconsistencia está
relacionada con la afirmación de Villalba en el sentido de que a la reunión que se llevó a cabo en La
Caucana, días antes de perpetrarse la masacre, habría asistido el General Alfonso Manosalva. El
Presidente Álvaro Uribe manifestó que eso era imposible debido a que este General había fallecido
3
Gonzalo Guillén y Gerardo Reyes, “Detalles del testimonio que involucra a Uribe con masacre”, en: El Nuevo Herald, 26 de abril de
2008.
4
Ibíd.
5
Ibíd.
2
3. en abril de ese año. Finalmente, según el Presidente, existe otra inconsistencia en lo que se refiere a
la supuesta participación de su hermano Santiago Uribe en la reunión de planeación de la masacre,
pues a quien Villalba identifica como hermano de Álvaro Uribe es a una persona que tenía el alias
de “el Pecoso”, mientras que el Presidente asegura que al que le decían así era a otro hermano suyo,
que falleció en el 2001 y no a su hermano Santiago6.
Adicionalmente, luego de que se hicieran públicas las declaraciones de Francisco Villalba que
involucran al Presidente y a su hermano, se conocieron dos cartas que parecieron poner en
entredicho, aún más, las declaraciones de Villalba. La primera fue una carta que llegó a las manos
del Presidente en mayo de 2008 en la que Francisco Villalba aparentemente se retractaba de lo
dicho y le pedía perdón al Presidente por “mancillar su nombre”. La otra es una carta del
paramilitar Libardo Duarte, en la que este asegura que Francisco Villalba le había ofrecido la suma
de 250 millones de pesos si corroboraba las declaraciones que él había dado contra el Presidente.
Según la misma carta de Duarte, Villalba le habría hecho esta propuesta debido a que el senador
Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell, le habrían pagado a él
500 millones de pesos para involucrar al Presidente en la masacre de El Aro. En uno de sus apartes,
se lee en la última carta: "Este dinero era pretendiendo que fuera al Congreso y manifestara cosas
no ciertas del señor Presidente y debido a esto es que deseo aclarar la verdad ante la comunidad
nacional e internacional, y ante los medios de comunicación que usted crea convenientes"7.
Sin embargo, en octubre de 2008 se reveló que la supuesta carta de retractación no fue escrita por
Francisco Villalba. Este paramilitar ha afirmado que él sí firmó una hoja por petición de Jesús
Amado Sarria, conocido como “el chucho Sarria”, quien se encontraba recluido en la misma cárcel
con Francisco Villalba. Jesús Amado Sarria le habría manifestado a Villalba que lo podía cambiar a
un mejor patio en la cárcel, pero que para hacer los trámites necesarios requería de su firma. Así las
cosas, Villalba habría firmado una hoja en blanco, en la que posteriormente se consignaría la
supuesta retractación. Adicionalmente, según lo denunció el periodista Daniel Coronell, la otra
carta, es decir, la de Libardo Duarte, al parecer está escrita con la misma letra de la carta que
supuestamente escribió Villalba, por lo que todo apunta a que esta carta tampoco fue escrita por
quien la firmó, y que fue Jesús Amado Sarria quien escribió las dos cartas y las envió al Presidente8.
Frente a las inconsistencias de las supuestas cartas de retractación, el pasado mes de octubre, en
entrevista concedida a un noticiero nacional, Francisco Villalba negó que se hubiera retractado y
por el contrario se reafirmó en sus declaraciones contra el Presidente al mencionar que: “Él me dio
las decoraciones, se lo digo de frente, él me dio las decoraciones, me dio la felicitación y
simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso”9. Adicionalmente, el
12 de noviembre de 2008 y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del
Congreso de la República, Villalba se ratificó nuevamente en sus acusaciones contra Álvaro Uribe
Vélez.
De existir el video y las fotos que, según Villalba, comprometen la responsabilidad del Presidente,
será muy difícil que sean reveladas, pues el 23 de abril de 2009, en horas de la tarde, Francisco
Villalba fue asesinado cerca de su casa ubicada en el barrio La Estrella en la ciudad de Medellín,
por sicarios que le dispararon con silenciadores en frente de su esposa y de su hija de cuatro años de
6
Revista Semana, “Uribe: Yo no me reuní con paramilitares”, 23 de abril de 2008, en: www.semama.com.
7
Diario El Espectador, “Petro asegura que testigos manipulados son del narcotráfico”, 27 de agosto de 2008, en: www.elespectador.com.
8
Daniel Coronell, “El enviado del señor”, en: Revista Semana, 23 de agosto de 2008.
9
Noticias uno, “Paramilitar dice tener pruebas de reunión previa a la masacre de El Aro”, 6 de octubre de 2008. Consultar en:
www.noticiasuno.com/noticias/entrevista-villalva.html.
3
4. edad. Resulta por lo menos extraño que, pese a las condenas que pesaban sobre este paramilitar, las
importantes confesiones que hizo sobre la masacre de El Aro, y las acusaciones que había hecho
contra el Presidente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no tuviera bajo su
custodia y vigilancia a este paramilitar, quien desde que salió de la cárcel sólo había recibido cuatro
visitas a su casa por parte de este instituto10. Frente a este crimen, es indispensable que se realicen
las investigaciones tendientes a esclarecer los móviles del asesinato, así como que se determine la
responsabilidad de quienes ordenaron la muerte de este paramilitar.
El debate sobre el paramilitarismo en Antioquia
No es la primera vez que el Presidente de la República y su hermano han tenido que enfrentar
cuestionamientos sobre supuesto favorecimiento a grupos paramilitares. En abril de 2007, el
senador Gustavo Petro realizó un debate en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia. En
el debate, el congresista señaló, entre otras cosas, que en dos fincas de propiedad de la familia Uribe
Vélez –fincas La Carolina y Las Guacharacas- se habrían cometido asesinatos y planeado crímenes.
En suma, que las fincas eran utilizadas como base de operaciones de grupos paramilitares. Además
de esto, se señalaron en el debate los presuntos nexos que tendría Santiago Uribe con el grupo
paramilitar “Los 12 apóstoles” y con otro denominado “Los R-15”. Así mismo, en el debate se
mostró una fotografía en la que aparecen, muy amigables, Santiago Uribe y el reconocido
narcotraficante Fabio Ochoa11.
En el debate también se puso en evidencia la aprobación que la Gobernación de Antioquia,
encabezada entonces por Álvaro Uribe Vélez, dio a las denominadas “Convivir”. El propio
Gobernador, sin tener facultades para ello12, aprobó la conformación de muchas de estas empresas
de “seguridad privada” en las que participaban algunos paramilitares que para la época ya eran
reconocidos como miembros de esa estructura13. Otro de los graves señalamientos que se hizo tiene
que ver justamente con la masacre de El Aro, pues en el debate se hizo referencia a las
declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso sobre la presencia de un helicóptero de la
Gobernación de Antioquia en la mencionada masacre.
Por otra parte, más recientemente, el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Toro, alias “Don
Berna”, aseguró, en las audiencias de versión libre que está rindiendo desde Estados Unidos, que los
grupos paramilitares financiaron la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2001. Lo hizo
a través de su abogada, quien aseguró que alias “Don Berna” aportó dinero para financiar la primera
campaña presidencial de Álvaro Uribe, lo cual fue confirmado por alias “Don Berna” cuando el juez
le preguntó si estaba de acuerdo con lo asegurado por su defensora14.
10
Diario El Tiempo, “¿Por qué „para‟ asesinado tenía el beneficio de la detención domiciliaria?”, 24 de abril de 2009, pág, 1-4.
11
Congreso de la República, debate sobre paramilitarismo en Antioquia convocado por el Senador Gustavo Petro, 17 de abril de 2007.
12
La entidad competente para aprobar el funcionamiento de las Convivir era la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, del
Ministerio de Defensa, según el artículo 39 del decreto-ley 356 de 1994, según el cual: “Servicio especial de seguridad privada es aquel
que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas
de derecho público o privado, con el objeto de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés
público que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad”. Posteriormente, mediante resolución 368 de 1995, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada dispuso: “Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada que se autoricen por esta
Superintendencia, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto de proveer su propia seguridad, se denominarán
Convivir”. Por consiguiente, la autorización de Convivir por parte del Gobernador de Antioquia constituyó un evidente acto de abuso de
poder.
13
Ver, al respecto, Comisión Colombiana de Juristas, serie de boletines sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975 de
2005, “Todas las convivir eran nuestras”, boletín n.° 27. Consultar en: www.coljuristas.org.
14
Radio France Internationale, “Cadena perpetua para narcotraficante ex paramilitar”, 23 de abril de 2009, Consultado en:
http://www.rfi.fr/actues/articles.
4
5. Las denuncias de Jesús María Valle
Pero no sólo no es la primera vez que sobre el Presidente recaen acusaciones sobre supuesto
favorecimiento a grupos paramilitares, ni es tampoco la primera vez que se le involucra con los
hechos ocurridos en El Aro en 1997. En efecto, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús
María Valle había denunciado desde 1996 la aparición de un grupo paramilitar en el municipio de
Ituango y sus fuertes vínculos con la IV Brigada del Ejército nacional. Así mismo, Jesús María
Valle había anunciado y prevenido a diversas autoridades militares y civiles sobre la masacre que se
perpetraría desde el 25 de octubre de 1997 en El Aro. Fue así como, en julio de 1997, este defensor
de derechos humanos declaró lo siguiente ante algunos medios de comunicación:
“Desde el año pasado pedí al Gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV
Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población
civil de mi pueblo, porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más
de 150 personas”15.
Las constantes denuncias sobre el grupo paramilitar que operaba en Ituango y sobre sus nexos con
la Fuerza Pública nunca fueron escuchadas y, por el contrario, fueron utilizadas por la IV Brigada
del Ejército para denunciar penalmente a Jesús María Valle por calumnia. Al ser llamado a rendir
declaración dentro del proceso que se seguía en su contra, Jesús María Valle aseguró que:
“Yo siempre vi y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un
ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la
Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe
Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de
autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas
vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes
ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y el país” 16.
Frente a la denuncia interpuesta por miembros de la Fuerza Pública en contra de este defensor de
derechos humanos, el entonces Gobernador de Antioquia aseguró:
“He dicho que los informes del doctor Jesús María Valle no coinciden con los que ha
dado la Brigada ni con los que ha dado la Policía. El general Carlos Alberto Ospina
Ovalle ha dado una versión totalmente distinta. Como gobernador, tengo que apoyar a
la fuerza pública, darle crédito, salvo que un juez de la República, con base en
fundamento probatorio, diga lo contrario”17.
Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina ubicada en Medellín, pero
sus denuncias fueron escuchadas finalmente el 1 de julio de 2006 cuando la Corte Interamericana de
Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las masacres de La Granja y del Aro en el
municipio de Ituango (Antioquia). En la sentencia, el tribunal internacional reconoció que la
masacre fue cometida por grupos paramilitares que contaron con la colaboración, no sólo por
omisión sino también por acción directa, de miembros de la Fuerza Pública adscritos a la IV
Brigada del Ejército nacional. Adicionalmente, el 27 de noviembre de 2008 el mismo tribunal
condenó nuevamente al Estado colombiano, esta vez por la muerte de este destacado defensor de
15
Agencia de Prensa IPC, “Connivencia en Antioquia entre Fuerza Pública y paramilitares no fue una ficción”, 25 de febrero de 2008.
16
Declaración que rindió el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el
6 de febrero de 1998. Tomado de: Agencia de prensa IPC, “In memoriam- Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”, 27 de febrero de
2007.
17
Ibíd.
5
6. derechos humanos, en hechos que tuvieron relación directa con las denuncias que Jesús María Valle
venía realizando sobre los evidentes nexos entre grupos paramilitares y miembros de la Fuerza
Pública.
Además de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado
colombiano por los hechos ocurridos en La Granja y El Aro en 1996 y 1997 respectivamente, ahora
se cuenta con la versión de un paramilitar que participó en la última masacre y que comandó un
grupo de 22 de los hombres que la ejecutaron, que afirma que el actual Presidente tiene
responsabilidad directa en la planeación de la masacre. Se cuenta además con la confesión del jefe
paramilitar Salvatore Mancuso que afirma que un helicóptero de la Gobernación sobrevoló la zona
en el momento en el que se estaba ejecutando la masacre, y que el Secretario de Gobierno del
entonces Gobernador de Antioquia sabía del plan que tenían los paramilitares, pues había asistido a
una reunión en el municipio de Tierralta (Córdoba) con Carlos Castaño en la que se enteró de lo que
iba a ocurrir en el corregimiento de El Aro y no hizo nada para impedirlo, pues tenía fuertes nexos
con reconocidos paramilitares como Salvatore Mancuso que lo llevaron a impulsar, junto con estos
grupos, la creación de las “Convivir” en el departamento de Antioquia. Según este paramilitar,
Pedro Juan Moreno, “era un patriota, convencido de la lucha antisubversiva y apoyó las Convivir
desde el comienzo”18. También se cuenta con las afirmaciones de este paramilitar que comprometen
al entonces Comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, General Carlos Alberto Ospina,
quien, según Salvatore Mancuso, habría prestado apoyo logístico a Carlos Castaño para la ejecución
de la masacre. Esto llevó a que, el pasado mes de febrero, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía
compulsara copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se investigue al General Ospina por su
presunta participación en la masacre de El Aro19.
La necesidad de un pronunciamiento pronto de la justicia
El Presidente Álvaro Uribe ha negado enfáticamente cualquier nexo o vínculo con grupos
paramilitares, y también ha puesto en entredicho las acusaciones que hizo Villalba por las aparentes
inconsistencias de las mismas. Sin embargo, pese a que las afirmaciones de Villalba resulten ser
falsas -lo cual debe ser determinado por la justicia-, aún quedan muchos interrogantes por resolver
sobre la actuación de Álvaro Uribe durante el período en el que ejerció como Gobernador de
Antioquia en el momento en el que se cometió la masacre de El Aro. En concreto, es preciso que la
justicia aclare si un helicóptero de la Gobernación de Antioquia hizo presencia en el momento de la
ejecución de la masacre, tal como lo asevera Salvatore Mancuso y, de ser así, que se aclare por qué
estaba presente un helicóptero de la Gobernación que no dio aviso oportuno a las autoridades para
que se impidieran los crímenes que estaban cometiendo los grupos paramilitares en conjunto con
miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional. Así mismo, es necesario que se aclaren los
vínculos que Mancuso afirma que existieron entre los grupos paramilitares y Pedro Juan Moreno,
uno de los amigos más cercanos del actual Presidente, quien además se desempeñó como Secretario
de Gobierno de la Gobernación de Antioquia en el período en el que Álvaro Uribe ejerció como
Gobernador.
Todos los anteriores son interrogantes que deberán ser resueltos por la justicia, así como deberá
establecerse la veracidad o falsedad de las afirmaciones de Villalba y de Mancuso, pues el hecho de
que quienes las estén haciendo sean paramilitares no necesariamente las invalida. Esto lo deberá
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Diario El Tiempo, Unidad de Justicia y Paz pide investigar a General (r) Carlos Alberto Ospina por masacres, 17 de febrero de 2009,
versión electrónica.
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Ibíd.
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7. determinar con claridad y prontitud la justicia en aras de que se conozca la verdad sobre lo sucedido
en El Aro y sobre los apoyos políticos y militares con los que contaron los grupos paramilitares que
perpetraron la masacre. Por ello, y por tratarse de crímenes de lesa humanidad que comprometen
directamente al Presidente de la República, el esclarecimiento de las acusaciones es de interés no
sólo de las víctimas de la masacre de El Aro sino de la sociedad en su conjunto. En este sentido, el
esclarecimiento de la verdad, aun si con ello se devela la responsabilidad de altos funcionarios del
Estado, resulta de vital importancia para el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares y
para garantizar que no se volverán a cometer este tipo de crímenes ni a pasar por alto los evidentes
nexos que desde siempre han mantenido los grupos paramilitares con empresarios, militares y
políticos colombianos.
Bogotá, 27 de abril de 2009
Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, Director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115).
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