El documento resume la situación de los derechos humanos en Colombia en 2013. Se iniciaron conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, pero persistían preocupaciones sobre el compromiso de poner fin a los abusos y llevar a la justicia a los responsables. Todas las partes del conflicto continuaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos como homicidios, desplazamientos y violencia sexual, que afectaron principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. A pesar de algunos avances legislativos
Comunicadores indígenas rechazan amenazas en su contra y exigen garantía al d...Crónicas del despojo
En el marco del Proceso de la Minga Social Indígena y Popular y desde escenarios como la Cumbre Continental de Comunicación Indígena, Abya Yala (que acaba de realizar su II Cumbre en Oaxaca, México), rechazamos y condenamos las recientes amenazas en contra de dirigentes y comunicadores indígenas que participan en la actual movilización pacífica en Colombia y, que exigen la garantía de sus derechos y el cumplimiento de los acuerdos pactados en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y que aún no se han cumplido. Dichas amenazas según panfleto enviado a organizaciones, dirigentes y comunicadores indígenas del CRIC y ONIC, del supuesto grupo armado autodenominado grupo “Comando Urbano los Rastrojos”, una secuela del temido paramilitarismo que operó a sangre y fuego a finales del siglo pasado y comienzos de este
¡PAREN EL GENOCIDIO!
PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y RECLAMANTES DE TIERRAS.
Criminalización de la protesta indígena se intensifica en GuatemalaCrónicas del despojo
La mañana del 19 de marzo, los pobladores de Santa Eulalia, municipio ubicado en la Sierra de los Cuchumatanes, en el norteño departamento de Huehuetenango, se encontraban entusiasmados. Se habían reunido frente a la municipalidad para exigir la reapertura de la radio comunitaria Snuq Jolom Konob, que había sido cerrada dos meses atrás por el alcalde Diego Marcos.
LAS COMUNIDADES Y AUTORIDAD TRADICIONAL INDÍGENA DA A CONOCER A
LA OPINIÓN PUBLICA LOS HECHOS VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIOS QUE AFECTAN EL TERRITORIO
ANCESTRAL INDÍGENA DE LÓPEZ ADENTRO.
Ensayo: LA REALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIAsolosorio
Un vistazo a la realidad por la que atraviesa el estado colombiano en la actualidad, demostrándose que es imposible resarcir al desplazado y devolverle su anterior status de "libertad".
Comunicadores indígenas rechazan amenazas en su contra y exigen garantía al d...Crónicas del despojo
En el marco del Proceso de la Minga Social Indígena y Popular y desde escenarios como la Cumbre Continental de Comunicación Indígena, Abya Yala (que acaba de realizar su II Cumbre en Oaxaca, México), rechazamos y condenamos las recientes amenazas en contra de dirigentes y comunicadores indígenas que participan en la actual movilización pacífica en Colombia y, que exigen la garantía de sus derechos y el cumplimiento de los acuerdos pactados en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y que aún no se han cumplido. Dichas amenazas según panfleto enviado a organizaciones, dirigentes y comunicadores indígenas del CRIC y ONIC, del supuesto grupo armado autodenominado grupo “Comando Urbano los Rastrojos”, una secuela del temido paramilitarismo que operó a sangre y fuego a finales del siglo pasado y comienzos de este
¡PAREN EL GENOCIDIO!
PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y RECLAMANTES DE TIERRAS.
Criminalización de la protesta indígena se intensifica en GuatemalaCrónicas del despojo
La mañana del 19 de marzo, los pobladores de Santa Eulalia, municipio ubicado en la Sierra de los Cuchumatanes, en el norteño departamento de Huehuetenango, se encontraban entusiasmados. Se habían reunido frente a la municipalidad para exigir la reapertura de la radio comunitaria Snuq Jolom Konob, que había sido cerrada dos meses atrás por el alcalde Diego Marcos.
LAS COMUNIDADES Y AUTORIDAD TRADICIONAL INDÍGENA DA A CONOCER A
LA OPINIÓN PUBLICA LOS HECHOS VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIOS QUE AFECTAN EL TERRITORIO
ANCESTRAL INDÍGENA DE LÓPEZ ADENTRO.
Ensayo: LA REALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIAsolosorio
Un vistazo a la realidad por la que atraviesa el estado colombiano en la actualidad, demostrándose que es imposible resarcir al desplazado y devolverle su anterior status de "libertad".
El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo.
El Gobierno tiene presos a 5 hermanos Wichí desde hace un mes en Formosa para...Crónicas del despojo
Funcionarios nacionales y provinciales insisten en llevar a cabo relevamiento territorial en la zona cuyas autoridades están presos desde hace un mes para legalizar usurpaciones y quitas de territorio al Pueblo Wichí del Oeste de Formosa. Los niños víctima del ataque policial ordenado por el Juez Francisco Orella para arrasar contra la Comunidad Cacique El Colorado, siguen sin recibir atención médica y los testigos sin que se les tome denuncia por el crímen de Estado que sufren.
Presentación elaborada a partir de la tesis "cuando un pueblo lo maltratan a diario", una revisión de medios de comunicación y su representación del denominado conflicto mapuche.
En América Latina actualmente operan decenas de empresas transnacionales y nacionales de la industria minera, que vulneran normas de salud, laborales, medio ambientales, así como de protección a la infancia, las mujeres y las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, ejercen nuevos métodos de esclavitud e impactan negativamente en la economía local, destruyendo las formas tradicionales de subsistencia y economía. Incurren en violaciones de derechos humanos y vulneran leyes nacionales y convenios internacionales asumidos por los Estados. Este es el caso de la comunidad indígena de Zacualpan, en México.
Justicia y Paz, 16 de septiembre.- Los paramilitares amenazan con matar a miembros de comunidades afrodescendientes en la cuenca del río Cacarica, en el noroeste de Colombia. Existe una amenaza inminente de desplazamiento forzado.
Las luchas bipartidistas entre liberales y conservadores que históricamente abarcan un periodo que inicia en la segunda mitad del siglo XIX y finaliza con el Frente Nacional iniciando la segunda mitad del siglo XX, provocaron el desplazamiento de la población y el despojo de las tierras campesinas. El gamonalismo armado que se valió de las viejas estructuras políticas para consolidar el despojo de tierras y el latifundio, sigue vigente en Colombia.
Desde el senado de la república los parapolíticos de hoy y de siempre legislaron a pupitrazos reformas agrarias que favorecían a los grandes tenedores de tierra, una política que se convirtió en la norma, hoy son las grandes multinacionales agro industriales las que se quedan con las tierras campesinas, bajo la doctrina de “tierra para el que tenga con que poner a producirla”, la tierra para quien la trabaje sigue siendo una lucha social en Colombia que todavía no se conquista del todo.
La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa chica. Permitió gobierno de Oaxaca ataque a caravana humanitaria en 2010 (Investigación Especial). Bloqueo en Copalita causa desabasto de gasolina en la Costa.
El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo.
El Gobierno tiene presos a 5 hermanos Wichí desde hace un mes en Formosa para...Crónicas del despojo
Funcionarios nacionales y provinciales insisten en llevar a cabo relevamiento territorial en la zona cuyas autoridades están presos desde hace un mes para legalizar usurpaciones y quitas de territorio al Pueblo Wichí del Oeste de Formosa. Los niños víctima del ataque policial ordenado por el Juez Francisco Orella para arrasar contra la Comunidad Cacique El Colorado, siguen sin recibir atención médica y los testigos sin que se les tome denuncia por el crímen de Estado que sufren.
Presentación elaborada a partir de la tesis "cuando un pueblo lo maltratan a diario", una revisión de medios de comunicación y su representación del denominado conflicto mapuche.
En América Latina actualmente operan decenas de empresas transnacionales y nacionales de la industria minera, que vulneran normas de salud, laborales, medio ambientales, así como de protección a la infancia, las mujeres y las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, ejercen nuevos métodos de esclavitud e impactan negativamente en la economía local, destruyendo las formas tradicionales de subsistencia y economía. Incurren en violaciones de derechos humanos y vulneran leyes nacionales y convenios internacionales asumidos por los Estados. Este es el caso de la comunidad indígena de Zacualpan, en México.
Justicia y Paz, 16 de septiembre.- Los paramilitares amenazan con matar a miembros de comunidades afrodescendientes en la cuenca del río Cacarica, en el noroeste de Colombia. Existe una amenaza inminente de desplazamiento forzado.
Las luchas bipartidistas entre liberales y conservadores que históricamente abarcan un periodo que inicia en la segunda mitad del siglo XIX y finaliza con el Frente Nacional iniciando la segunda mitad del siglo XX, provocaron el desplazamiento de la población y el despojo de las tierras campesinas. El gamonalismo armado que se valió de las viejas estructuras políticas para consolidar el despojo de tierras y el latifundio, sigue vigente en Colombia.
Desde el senado de la república los parapolíticos de hoy y de siempre legislaron a pupitrazos reformas agrarias que favorecían a los grandes tenedores de tierra, una política que se convirtió en la norma, hoy son las grandes multinacionales agro industriales las que se quedan con las tierras campesinas, bajo la doctrina de “tierra para el que tenga con que poner a producirla”, la tierra para quien la trabaje sigue siendo una lucha social en Colombia que todavía no se conquista del todo.
La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa chica. Permitió gobierno de Oaxaca ataque a caravana humanitaria en 2010 (Investigación Especial). Bloqueo en Copalita causa desabasto de gasolina en la Costa.
90 minute parent and guardian session. How do we learn about our various group identities like female, African American, Buddhist, homosexual, middle class, etc.? From whom do we learn the meaning of these terms? What messages have we internalized about ourselves and others? What are the differences that result in one person having a healthy self identity and another person experiencing own-group shame and hatred? Learn how we can co-author the identity development of youth to progress toward positive success for all.
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Guatemala: Las transnacionales no trajeron progreso, sólo conflictosCrónicas del despojo
Domingo Hernández Ixcoy, de la Convergencia Nacional Maya Waq’ib´ Kej. "Guatemala vive un momento crucial. A dos años del inicio del gobierno del general y ex kaibil Otto Pérez Molina, la criminalización y represión a los movimientos sociales trajo un ambiente igual al de los años ochenta —antes del genocidio—, pero a la vez, las organizaciones sociales, especialmente las indígenas, están en efervescencia"
En la 3 era edición del Boletín Dignidad y Justicia presentamos la lucha indígena tolupán de los compañeros y compañeras de Locomapa, Yoro en defensa de los bienes naturales y la masacre inmisericorde suscitada contra tres compañeros.
En tanto, el MADJ denuncia y se posiciona sobre el involucramiento de las autoridades del Ministerio Público en la entrega del territorio nacional.
Desde luego, contribuye a mantener la memoria histórica recordando las historias de un estado infidente, la chatarra que valía millones. Y el digno legado de Francisco Morazàn a la juventud y el pueblo centroamericano a realizar cambios. Luchando por una educación laica, publica, gratuita y de calidad.
Dignidad y Justicia presenta unos botones de muestra de la corrupción e impunidad en nuestro país.
Finalizando con la realización de la Asamblea Intermedia en la que se analiza la problemática nacional y la criminalizaciòn a defensores de DD.HH.. Alertando y denunciando ante la comunidad nacional e internacional la persecución judicial a liderazgos del MADJ.
No son errores militares: son asesinatos a la población civil indígenaCrónicas del despojo
Para nadie es un secreto que el Cauca es uno de los departamentos en mayor disputa territorial para los intereses de los actores armados de insurgencia, fuerza pública, el narcotráfico, las multinacionales y la explotación minera. Los datos estadísticos hablan por sí solos
Boletín OIDHACO con titulares como Inicio de año entre elecciones y escándalos de las Fuerzas Armadas y otras noticias relacionadas con Colombia y la solidaridad desde Europa
Preocupa la creciente criminalización de la protesta social. Amnistia Interna...Crónicas del despojo
La organización internacional Profesionales Latinoamericanos Contra el Abuso de Poder dio a conocer un comunicado en el que advierte "un peligroso recrudecimiento de la violencia social-institucional que se manifiesta en diversas situaciones de actos intimidatorios, represión de protestas populares, ataques a familiares de militantes y actos de espionaje”. En tanto Amnistia Internacional pidió el cese de la persecución contra los Qom.
El libro "Mujeres y agronegocios“analiza las estrategias de los actores del agronegocio hacia las mujeres, y el impacto que provoca en algunas comunidades campesinas que sobreviven al avance de los agronegocios en Paraguay, con especial énfasis en cómo afecta la vida de las mujeres.
El estudio fue elaborado por las investigadoras Elizabeth Duré y Marielle Palau, y cuenta con ilustraciones de Cecilia Domínguez. En la introducción al material las autoras señalan que el análisis fue realizado tomando en cuenta la situación a nivel país, y en particular en los Departamentos de Alto Paraná y Concepción, dos de los Departamentos con mayor avance de los agronegocios, en los que el “territorio verde” de la soja se impone en infinitas hectáreas, también el ganado, arroz y otros rubros, expulsando a miles de familias campesinas e indígenas, destruyendo los montes, la biodiversidad, las chacras, y afectando directamente los modos de vida y las relaciones entre las personas y la naturaleza.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Mujeres-y-agronegocios-una-aproximacion-al-impacto-y-las-estrategias-utilizadas
Es una publicación de Rocío Silva-Santiesteban y el Grupo Internacional del Trabajo sobre Asuntos Indígenas, que aborda el tema sobre el papel fundamental de la mujer indígena para plantear un cambio radical en este momento crucial de la humanidad: el cambio climático.
Pues, no es novedad que sean las mujeres las más afectadas por este fenómeno, debido a que precisamente los derechos de las mujeres continuán siendo negados en diversas formas e intensidades en todo el mundo, pero sobre todo en el hemisferio sur.
En ese contexto de desigualdad de género, las mujeres indígenas, campesinas y comuneras soportan una carga aún mayor del cambio climático porque dependen más de los recursos naturales para su supervivencia. Ello plantea una serie de desafíos por los que atraviesan las mujeres para vivir, empoderarse ante estos nuevos retos y conservar así la biodiversidad.
GRAIN: "Tratados de libre comercio: Instrumentos de desvío de poder que sojuz...Crónicas del despojo
Este cuaderno de trabajo, de GRAIN, contiene fragmentos de textos, testimonios y entrevistas para repensar los tratados de libre comercio y señalar sus nocivos efectos sobre la soberanía política, social, económica y jurídica de las naciones.
Buscamos entrever el significado profundo de tales tratados, verdaderos “instrumentos de desvío de poder para otorgarle margen de maniobra a las corporaciones y cerrar las posibilidades de que la gente acceda a la justicia”.
Los tratados internacionales de “comercio, inversión y colaboración” en realidad son marcos “jurídicos” súper poderosos, paralelos a las legislaciones nacionales, que pueden determinar muchísimos aspectos de la vida, con efectos graves y perniciosos para el presente y futuro de las poblaciones afectadas.
Ante el surgimiento global del “libre comercio”, las voces de los pueblos originarios y campesinos fueron las primeras que se alzaron para cuestionar ese modelo: 25 años después sus luchas mantienen viva la esperanza de que otro mundo es posible.
Colombia: Informe sobre violaciones a los derechos humanos basados en el géne...Crónicas del despojo
UN INFORME PARA EL COMITÉ DE NACIONES UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
72da Sesión, Ginebra, Suiza febrero - marzo 2019
En respuesta al IINFORME PERIÓDICO NOVENO DE COLOMBIA
El objetivo de este informe es complementar el informe del Gobierno de Colombia al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (“el Comité”). Ofrece recomendaciones específicas para garantizar que el Estado colombiano cumpla adecuadamente con la Convención con respecto a la protección de los derechos humanos de género de los y las afrodescendientes.
La primera sección discute la falta de inclusión adecuada de mujeres afrocolombianas en la implementación de la paz. La siguiente sección detalla la grave situación que enfrentan las mujeres afrodescendientes defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. La tercera sección describe el alcance de la violencia sexual y de género contra los y las afrodescendientes y la necesidad de que el Gobierno consulte con las autoridades afrocolombianas y las organizaciones de mujeres afrodescendientes para desarrollar medidas de protección adecuadas. Las secciones cuatro y cinco cubren la falta de acceso a la justicia y a los servicios de salud para las afrocolombianas sobrevivientes de violencia sexual y de género, respectivamente. La sección final trata sobre las amenazas al acceso a la tierra de las mujeres afrodescendientes.
La información contenida en este informe fue preparada por las siguientes organizaciones locales colombianas e instituciones académicas: el Proceso de Comunidades Negras (PCN), MADRE, y la Clínica de Derechos Humanos y Justicia de Género (HRGJ) de la Universidad de La Ciudad de Nueva York (CUNY). Además de los informes de derechos humanos y las fuentes de noticias, la información en este informe se recopiló a través de entrevistas y documentación de testimonios personales realizados en Colombia.
APDHA denuncia más de mil muertes de personas migrantes en la Frontera Sur, cuatro veces más que el año anterior.
Andalucía, 7 de febrero de 2019.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy las políticas criminales del Estado español que han causado que las personas muertas o desaparecidas durante el año pasado se multipliquen por cuatro, respecto a 2017. Al menos 1.064 personas han perdido la vida intentando alcanzar territorio español, “una cifra horrible” solo superada en 30 años de migración en 2006, con la “crisis de los cayucos”.
Los datos se desprenden del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019 Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019, que se ha presentado esta mañana, con motivo de la celebración, ayer, del quinto aniversario de la muerte de quince personas, tras la acción de la Guardia Civil, en la playa El Tarajal de Ceuta.
Informe "Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los rec...Crónicas del despojo
El “Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, elaborado por la antropóloga maya K’ichee’, Doctora y Maestra en Antropología Social Irma A. Velásquez Nimatuj, ofrece una panorámica regional sobre la temática junto con casos de estudio y recomendaciones clave.
Su elaboración se enmarca en el trabajo de colaboración entre la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), para promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.
Informe sobre el caso Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (T...Crónicas del despojo
Informe de la comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza de 16 de enero 2019
La comisión que visitó el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en agosto pasado, con base en la amplía información recopilada durante su visita, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los derechos establecidos en la “Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra”, expedida en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, el año 2010, y a otros cuerpos jurídicos que le reconocen como sujeto de derechos.
El informe de 44 páginas de la comisión señala que se están afectando y se afectarán aun más los siguientes Derechos de la Madre Tierra: derecho a la vida y a existir; derecho a ser respetada; derecho al agua como fuente de vida; derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, así como el derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados.
Así mismo la comisión constata que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las defensoras y los defensores de la Naturaleza. Violaciones que se ven agravadas por el irrespeto al marco jurídico e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Fuente: https://tipnisbolivia.org/?p=4388
Hacia un cambio transformador: las mujeres y la implementación del Acuerdo de...Crónicas del despojo
"La paz implica más que la mera ausencia de conflicto armado. Requiere la promoción e implementación de un modelo de reconstrucción que acabe con la injusticia y la inequidad, y que promueva como resultado la transformación social y la inclusión. Para las mujeres colombianas esto implica afrontar la violencia de género y la violencia sexual, como asimismo las desigualdades sociales, económicas, culturales y políticas".
Este informe, escrito con ocasión del segundo aniversario del Acuerdo Final de Paz (AFP) en noviembre de 2018, se basa en eventos celebrados por ABColombia en Londres durante el primer aniversario en noviembre de 2017, que incluyeron una conferencia y una mesa redonda de alto nivel. La mesa redonda reunió a representantes de los gobiernos, los parlamentos y la sociedad civil de varios países que han desempeñado un papel clave en el proceso de paz, entre ellos Colombia, el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega y la Unión Europea. Las discusiones y recomendaciones de estos dos eventos llevaron a la redacción de este informe que analiza los acuerdos clave que benefician a las mujeres, su nivel actual de implementación y el papel que ellas desempeñan; incorpora los problemas y análisis surgidos de la mencionada conferencia, junto a los avances en la implementación realizados hasta noviembre de 2018, y hace recomendaciones para el nuevo gobierno colombiano, los gobiernos del Reino Unido, Suecia, Noruega e Irlanda y para la Unión Europea.
Fuente: https://www.abcolombia.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Hacia-un-Cambio-Transformador-f-web.pdf
Mujeresendefensadeterritorios reflexionesfeministasfrentealextractivismoCrónicas del despojo
En este compilatorio misceláneo, voces de mujeres diversas entre las que se encuentran feministas, mapuches, lesbianas, activistas, investigadoras, abogadas, todas activas participantes de la sociedad civil, plantean reflexiones sobre el impacto diferenciado del extractivismo y generan propuestas desde el feminismo para el cambio civilizatorio que ve al patriarcado y al capitalismo como una unión pactada que se construye a espaldas y sobre las espaldas de las mujeres.
"Agroecología y feminismos" Revista Soberanía Alimentaria, Sustento y Cultura...Crónicas del despojo
Abrimos el número desde el campo, llevando a la tierra una palabra que a veces se identifica con lo urbano. De los testimonios campesinos que nos cuentan cómo sienten la palabra feminismo pasamos a pensar cómo pueden dialogar el feminismo y la agroecología. ¿Cómo es un proyecto feminista? ¿Qué aspectos son los que más cuesta transformar?
La resistencia: informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-...Crónicas del despojo
Documento de El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
Las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones, son derechos cuya expresión está siendo criminalizada cada vez con mayor intensidad. En México, a lo largo del sexenio 2012-2018, se presentaron o aprobaron leyes y reglamentaciones que pretenden, tanto a nivel federal como estatal, regular el espacio público y las expresiones de inconformidad social.
Con preocupación, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado y denunciado la
forma en la que estas leyes y reglamentaciones buscan de manera reiterada limitar, inhibir y castigar el libre ejercicio
de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la protesta, la reunión y la asociación pacífica.
Asimismo, se han documentado actos de represión y agresiones contra quienes se organizan y ocupan el espacio
público para defender sus derechos; y muchos de los casos en los que se han cometido violaciones a derechos quedan en total impunidad.
América Latina en Movimiento, No. 538, diciembre 2018
Tras el triunfo electoral del candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, en Brasil, sin haber presentado un programa definido, muchas son las interrogantes que se han puesto en la palestra, como: ¿Qué significará la presidencia de Bolsonaro, en alianza con militares y evangélicos? ¿Cuáles son las implicaciones para América Latina? Esta edición de la revista de ALAI aborda estas y otras preguntas desde diversas perspectivas y puntos de vista.
CONTENIDO
Brasil en la escena mundial
Monica Bruckmann
El estado de excepción
Ana Esther Ceceña
La política exterior y la posición de Brasil en el mundo
Samuel Pinheiro Guimarães
Tiempos de resistencia activa
João Pedro Stedile
El montaje del “mito” Bolsonaro
Osvaldo León
Una sombra sobre Brasil
J. Carlos de Asís
Los evangélicos y el poder
Joaquin Pinhiero
Neocolonialismo en Brasil: impactos económicos y socio-ambientales
Maria Luisa Mendonça
El impacto de la nueva realidad brasileña en el desarrollo científico
Alberto Santoro
En la siguiente página se puede descargar la edición digital y acceder a la página para adquirir la edición impresa:
https://www.alainet.org/es/revistas/538
Informe Grain: El acaparamiento de tierras perpetrado por los fondos de pensi...Crónicas del despojo
Desde hace una década el dinero de los fondos de pensión se invierte en la compra de tierras agrícolas. Está aumentando tanto la cantidad de fondos de pensión que invierten en tierras agrícolas como la cantidad de dinero, pero se hace discretamente. La magnitud de este fenómeno de apropiación de tierras agrícolas por parte de las financieras tiene importantes consecuencias tanto para las comunidades rurales como para los sistemas alimentarios. Dejar que las empresas se autodisciplinen con sus propias directrices voluntarias es una catástrofe segura.
Informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre ColombiaCrónicas del despojo
Informe sobre las actividades de examen preliminar
2018. Corte Penal Internacional
fuente: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Colombia.pdf
"Con la Soja al Cuello 2018". Informe sobre agronegocios en ParaguayCrónicas del despojo
El informe aporta una mirada completa de las diferentes aristas del modelo de agronegocios y sus efectos en la sociedad, la economía y el ambiente, y revela datos importantes y actualizados respecto a al modelo productivo hegemónico en Paraguay.
INFORME TODOS LOS NOMBRES, TODOS LOS ROSTROS – SEPARATA 19/11/2018Crónicas del despojo
La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo –INDEPAZ presentamos el Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos Todos los nombres, todos los rostros, sobre las situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC-EP y sus familiares en los territorios.
El agua como espejo de las luchas
Una breve historia de la agricultura
Harvard y su acaparamiento de tierras
“El agua es un espejo donde puede verse cómo los campesinos del hemisferio sur del planeta padecen una guerra cotidiana que fractura sus prácticas agrícolas y les lleva a la expulsión de sus propias tierras. Cuando ni los mecanismos comerciales y políticos del ‘libre mercado’ le sirven al capital para expulsar a millones de campesinos de sus tierras, llega el momento de emplear el agua misma como arma en el proceso de despojo”, dicen varias investigaciones.
En este número Biodiversidad sustento y culturas busca sistematizar las luchas en torno al agua y las visiones que de ellas podemos invocar para entender la complejidad y la urgencia de defenderla.
Además, una infaltable historia de los orígenes de la agricultura y el fiasco de que la Universidad de Harvard sea acaparadora de tierra completan esta entrega.
América Latina en Movimiento, No. 537, noviembre 2018
Últimamente meses varios países de la región han iniciado proyectos de reformas fiscales de carácter regresivo en un marco de retroceso de indicadores sociales y económicos; algunas de éstas han recibido el rechazo mayoritario de la población. En esta edición, se plantea que las reformas deben apuntar a un mayor desarrollo social y económico de carácter inclusivo en la región, vinculado con la progresividad de los impuestos: que se grave la riqueza, la renta, la herencia y no el trabajo. Co-edición con la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.
Informe 35 del Centre Delàs: Levantando Muros. Políticas del miedo y securiti...Crónicas del despojo
Nuevo informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel.
En el aniversario de la caída del muro de Berlín, este nuevo informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, copublicado por el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel, identifica los muros físicos, marítimos, virtuales y los muros del miedo construidos por los estados en una Europa que vive un auge de la extrema derecha y que se fortifica cada vez más ante las migraciones y los desplazamientos forzados. El informe constata que "estados miembros de la Unión Europea y el Espacio Schengen han construido cerca de 1.000 km de muros, el equivalente a seis Muros de Berlín, desde los años 90, para frenar la llegada de personas desplazadas por la fuerza en Europa".
Adriana Fuentes, Alejandro Angulo S.J, Ana María Restrepo, Andrea Mayorga, Camila Carvajal Oquendo, Consuelo Corredor Martínez, Javier Lautaro Medina, Luz Elena Patarroyo López, Paula Kamila Guerrero, Rosío González Sandoval
Este número de la revista Cien Días vistos por Cinep circula cuando presenciamos el cambio de gobierno nacional. Los anteriores ocho años estuvimos, como nunca antes y como país, debatiendo el significado de la paz: completa, positiva, territorial, sustentada en los derechos de las personas víctimas, más allá de la (importante) dejación de las armas, entre otras adjetivaciones. Y así fuimos pasando de una narrativa de la necesidad de la paz a otra sobre el (in)cumplimiento y la materialización de acuerdos y sobre el papel del Estado y la sociedad civil en anular las causas objetivas del conflicto armado y en resarcir las consecuencias provocadas por la injusticia de la guerra, que le será difícil evadir al nuevo presidente.
Artículos
Editorial| Lo rural, más allá de las narrativas de paz
Acuerdos de Paz| Persistir en la implementación del Acuerdo Final: una oportunidad para cambiar la narrativa de dolor y desesperanza
Acuerdos de Paz| Erradicar la coca no arranca el problema de raíz
Acuerdos de Paz| Un nuevo enfoque para las áreas protegidas a partir de la Reforma Rural Integral
Acuerdos de Paz| Para dónde vamos con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
Educación| Plan Especial de Educación Rural (PEER), desafíos y posibilidades
Movimientos sociales| Movilización campesina en el posacuerdo
Derechos humanos| El asesinato político prefiere matar campesinos
Ciudadanías| Las juventudes rurales: una decisión crucial en la construcción de paz
Índigo Energía e Industria No. 16 |Tradicionalmente, las estaciones de servicio han sido vistas sólo como puntos de suministro de combustible para vehículos. Sin embargo, en la actualidad, estos espacios experimentan una transformación significativa hacia la sostenibilidad y la incorporación de tecnologías verdes.
En este ejemplar también encontrarás:
#Entrevistas
Ignacio Contreras Andrade, director del área oil and gas de Vicer
Carlos León Martín, presidente de Onexpo Puebla
Oscar Del Cueto, presidente de CPKC México.
José Luis del Corral, vp ejecutivo de STRACON y director de operaciones en Dumas.
#Opinión
Dra. Alicia Zazueta Payán, presidenta de la AMPES
Dr. Leonardo Ramos, subgerente operativo de anteproyectos hidroeléctricos de la CFE
Por Julio Zugasti, asociado senior de Hogan Lovells
Coberturas
BYD SHARK: potente, eficiente y amigable con el medio ambiente
IV Foro de Biogás fomentan el uso de Biometano
Takeda celebra 60 años de presencia en México con inauguración del ICC
AMID presenta decálogo para mejorar la salud y la economía de México
#Noticias
CFE adquiere crédito para desarrollar la primera central solar flotante de Latam
Sempra Infraestructura dona 7 mdp a la Cruz Roja Mexicana
Histórica multa de COFECE a gasolineras
Mantenimiento garantiza el óptimo funcionamiento de estaciones de servicio: Petrogas
Destacada participación de AMPES en UNITI Expo 2024
Gilbarco mostrará equipos y soluciones en los GVR Tech Days
Informe A.I 2013: El estado de los derechos humanos en el mundo. Colombia
1. Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo. Amnistía
InternacionalAmnistía Internacional
Colombia
En octubre se iniciaron en Noruega conversaciones formales de paz
entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC); eran las primeras de esta índole en un decenio. Persistía la
preocupación de que una paz estable no fuera posible sin el
compromiso verificable por ambas partes de poner fin a los abusos
contra los derechos humanos, y sin el compromiso de las autoridades
de llevar ante la justicia a los autores de abusos. El Congreso aprobó
en diciembre una ley que otorgaba al sistema de justicia militar un
mayor control de las investigaciones sobre violaciones de derechos
humanos, lo cual amenazaba con menoscabar el derecho de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Todas las partes en el dilatado conflicto –las fuerzas de seguridad,
actuando solas o en connivencia con paramilitares, y los grupos
guerrilleros– continuaron siendo responsables de abusos graves
contra los derechos humanos y de violaciones del derecho
internacional humanitario, como homicidios ilegítimos,
desplazamiento forzado, tortura, secuestros o desapariciones
forzadas y violencia sexual. Las víctimas fueron sobre todo miembros
de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas;
defensores y defensoras de los derechos humanos, y sindicalistas.
El 1de enero entró en vigorla Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras, cuyo objetivo era devolver a sus legítimos propietarios parte
2. de los millones de hectáreas de tierras que habían sido objeto de
apropiación indebida, en muchos casos mediante la violencia, durante
el conflicto. Sin embargo, la reacción violenta de quienes se
beneficiaban de la apropiación indebida de tierras hizo que quienes
hacían campaña porla restitución y quienes intentaban regresar a sus
tierras fueran víctimas de amenazas y homicidios.
Conflicto armado interno
La población civil siguió siendo la más afectada por los abusos contra
los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional
humanitario relacionados con el conflicto. Aunque no se disponía de
cifras concretas, se sabía que decenas de miles de personas se
habían visto obligadas a abandonar sus hogares en 2012, como
consecuencia directa del conflicto. La mayoría de ellas eran miembros
de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes y
campesinas de zonas rurales.
En junio, más de 130 personas de El Tarra, departamento de
Norte de Santander, y unas 400 de Leiva, departamento de
Nariño, se vieron obligadas a huir de sus hogares.
Las comunidades civiles que, como la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó, en el departamento de Antioquia, hacían campaña para
conseguir que las partes beligerantes no las arrastraran al conflicto
seguían siendo objeto de graves abusos contra los derechos
humanos.
El 28 de junio, 50 paramilitares armados de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia siguieron a dos miembros de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó y amenazaron con
matar al líder campesino Fabio Graciano.
El 4 de febrero, dos paramilitares que viajaban en una
motocicleta dispararon contra Jesús Emilio Tuberquia,
representante legal de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó. El atentado, llevado a cabo en esta localidad, tuvo
lugar a tan sólo unos 100 metros de un puesto de control de la
policía.
Se perpetraron atentados con explosivos en zonas urbanas, que
causaron víctimas mortales entre la población civil.
El 15 de mayo, una bomba colocada en un vehículo causó
heridas a más de 50 personas, entre ellas el ex ministro del
Interior Fernando Londoño, en la capital, Bogotá. Su chófer y
su guardaespaldas murieron. Ningún grupo reivindicó la
autoría, aunque las autoridades culparon a las FARC.
3. En julio, Colombia ratificó la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Sin embargo, no reconoció la competencia del Comité de la ONU
contra la Desaparición Forzada, negando de ese modo a las víctimas
y sus familias un importante recurso para obtener justicia. Aunque
resultaba difícil establecer la cifra exacta, se creía que al menos
30.000 personas habían sido víctimas de desaparición forzada
durante el conflicto.
Hernán Henry Díaz, portavoz de la Mesa Departamental de
Organizaciones Sociales en el departamento del Putumayo y
miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria (FENSUAGRO), fue visto por última vez el 18 de
abril. En el momento de su desaparición forzada coordinaba la
participación de las delegaciones del Putumayo en una
manifestación política nacional prevista para ese mismo mes en
Bogotá.
Derechos de los pueblos indígenas
El impacto del conflicto en los pueblos indígenas se intensificó a
medida que las hostilidades se extendían a sus territorios,
especialmente en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, al menos 84
indígenas, entre ellos 21 líderes, perdieron la vida en 2012.
El 12 de agosto, Lisandro Tenorio, líder espiritual del pueblo
indígena nasa, murió a la puerta de su casa, en Caloto,
departamento del Cauca, por disparos de guerrilleros de las
FARC, según informes.
Miles de indígenas se vieron obligados a abandonar sus hogares
debido a las hostilidades. En julio, más de 1.500 indígenas fueron
desplazados por la fuerza de sus tierras en Bagadó, departamento del
Chocó.
Algunos altos cargos hicieron declaraciones en las que se vinculaba a
líderes y comunidades indígenas con grupos guerrilleros. Por ejemplo,
en agosto, el ministro de Defensa acusó a las FARC de infiltrarse en el
movimiento indígena. Estas declaraciones promovieron un clima en el
que se toleraban, alentaban o facilitaban los abusos contra indígenas.
Restitución de tierras
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras provocó una violenta
reacción de algunos beneficiarios de tierras que habían sido objeto de
apropiación indebida. Se mataba o amenazaba a quienes luchaban
por la restitución de tierras, y continuaba la preocupación por la
4. capacidad de las autoridades para brindarles protección. Se tuvo
noticia de acciones de paramilitares autodenominados “ejércitos anti-
restitución” en varias zonas de Colombia. Durante el año, estos
grupos lanzaron amenazas de muerte contra varias organizaciones de
derechos humanos y activistas por el derecho a la tierra.
La Ley excluía a muchas víctimas de abusos cometidos por grupos
paramilitares, a los que el gobierno no reconocía ya como parte en el
conflicto. Además, incluía disposiciones que menoscababan las
iniciativas de restitución de tierras y el derecho de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación. El 12 de septiembre, la Corte
Constitucional declaró inconstitucionales algunas partes de la Ley,
entre ellas las medidas que eximían de enjuiciamiento a los
“testaferros” que entregaban tierras objeto de apropiación indebida.
La Corte también declaró inconstitucional la disposición que negaba la
restitución de tierras a las víctimas que supuestamente hubieran
emprendido acciones “ilegales” para luchar por la devolución de
tierras ocupadas de las que habían sido expropiadas indebidamente.
Fuerzas de seguridad
Las fuerzas de seguridad fueron responsables de graves abusos
contra los derechos humanos y de violaciones del derecho
internacional humanitario, a veces en connivencia con grupos
paramilitares. Se siguieron denunciando ejecuciones extrajudiciales
directamente perpetradas por las fuerzas de seguridad, aunque no en
la escala de años anteriores.
El 2 de octubre, las fuerzas de seguridad entregaron a las
autoridades civiles en la ciudad de Cali el cuerpo de Norbey
Martínez Bonilla, de 15 años de edad, de quien afirmaron que
era un guerrillero muerto en combate. El muchacho había
desaparecido de su domicilio en Caloto, departamento del
Cauca, el 28 de septiembre durante los combates entre fuerzas
de seguridad y grupos guerrilleros. Norbey Martínez Bonilla
vivía en El Pedregal, pequeña localidad en cuyo favor la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado
medidas cautelares en 2010.
Apenas hubo progresos en lo relativo a poner a disposición de la
justicia a los autores de abusos. Por lo general, el sistema de justicia
militar cerraba las investigaciones sobre violaciones de derechos
humanos en las que estaban implicados miembros de las fuerzas de
seguridad. Un informe del relator especial de la ONU sobre
ejecuciones extrajudiciales publicado en mayo señaló: “[p]reocupan
sobremanera los continuos intentos de la justicia militar de asumir la
competencia sobre ciertos casos”.
5. Grupos paramilitares
A pesar de su supuesta desmovilización, los grupos paramilitares,
calificados de “bandas criminales” (“bacrim”) por el gobierno, fueron
responsables de violaciones graves de derechos humanos, como
homicidios y desapariciones forzadas, y de operaciones de “limpieza
social” en barrios urbanos pobres. Algunos de estos actos se
cometieron con la connivencia o la aquiescencia de las fuerzas de
seguridad. Las víctimas fueron principalmente sindicalistas y
defensores y defensoras de los derechos humanos, así como
representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas.
El 23 de marzo, unos paramilitares sometieron a desaparición
forzada a Manuel Ruíz y a su hijo de 15 años, Samir de Jesús
Ruíz, miembros de la comunidad afrodescendiente y
afromestiza de Apartadocito, en la cuenca del río Curvaradó,
departamento del Chocó. El 24 de marzo, un paramilitar
informó a su familia de que ambos habían muerto. El 27 de
marzo se encontró el cuerpo de Manuel Ruíz; el de su hijo, que
había sido torturado, apareció al día siguiente. Los homicidios
se cometieron poco antes de una inspección que el gobierno iba
a llevar a cabo para determinar la propiedad de la tierra de Los
Piscingos, lugar de donde la familia de Manuel Ruíz y otras
familias habían sido desplazadas por paramilitares y fuerzas de
seguridad en 1996.
El proceso de Justicia y Paz, iniciado en 2005, siguió negando a las
víctimas de abusos cometidos por los paramilitares su derecho a la
verdad, la justicia y la reparación. Según la Fiscalía General de la
Nación, a fecha de 1 de diciembre sólo 14 paramilitares habían sido
declarados culpables de violaciones de derechos humanos en virtud
de dicho proceso.
En diciembre, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Justicia y
Paz que permitía a los combatientes ilegales que no se habían
desmovilizado cuando la ley entró en vigor beneficiarse de sus
disposiciones.
Grupos guerrilleros
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cometieron
abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho
internacional humanitario, tales como homicidios ilegítimos, toma de
rehenes, desplazamientos forzosos, reclutamiento de menores de
edad y uso indiscriminado de armas. En los primeros siete meses de
2012, murieron 25 civiles y 22 miembros de las fuerzas de seguridad
6. a causa de minas terrestres, colocadas en su mayoría por grupos
guerrilleros.
En febrero, las FARC anunciaron que pondrían fin al secuestro de
civiles a cambio de rescate, pero no se comprometieron a acabar con
todos los abusos. Más de 305 personas fueron secuestradas en 2012,
la mayoría por grupos delictivos, pero también por grupos
guerrilleros.
El 24 de julio, la periodista Élida Parra Alfonso y la ingeniera
Gina Paola Uribe Villamizar fueron secuestradas por el ELN en
Saravena, departamento de Arauca. Las dos fueron liberadas
unas semanas después.
En abril, las FARC liberaron a seis agentes de policía y cuatro
soldados que el grupo mantenía cautivos desde la década de
1990.
Las FARC fueron responsables de ataques indiscriminados que
pusieron en situación de riesgo a civiles.
En julio, las FARC atacaron la infraestructura petrolera del
departamento del Putumayo; cinco civiles murieron como
consecuencia del ataque.
Impunidad
Hubo algunos éxitos en lo relativo a hacer rendir cuentas a los
autores de abusos contra los derechos humanos.
En agosto, un tribunal civil condenó al general retirado Rito
Alejo del Río a 26 años de prisión por el asesinato de un
campesino a manos de paramilitares. El tribunal falló que Rito
Alejo del Río no había participado directamente en este
homicidio ni en los muchos que se cometieron en la zona bajo
su mando, pero mantenía estrechos vínculos con paramilitares,
a quienes permitía cometer abusos con impunidad.
La gran mayoría de los responsables de abusos contra los derechos
humanos siguieron eludiendo la acción de la justicia. Hubo amenazas
y homicidios contra personas que intervenían en causas penales
relacionadas con los derechos humanos, como abogados y testigos.
El 10 de octubre, un hombre apuntó con un arma a Alfamir
Castillo, cuyo hijo había muerto a manos de soldados en 2009
en el departamento del Valle del Cauca, y amenazó con
matarlos a ella y a sus abogados, Jorge Molano y Germán
Romero. El ataque tuvo lugar días antes de una audiencia
judicial sobre la participación de cuatro oficiales del ejército en
7. el caso; siete soldados cumplían ya largas penas de prisión por
el homicidio.
Dos leyes amenazaban con exacerbar la impunidad. En junio, el
Congreso aprobó el “marco legal para la paz”, que podría permitir
que los autores de abusos contra los derechos humanos eludieran la
acción de la justicia. En diciembre, el Congreso aprobó una reforma
de la Constitución que concedía a los militares un mayor control sobre
las investigaciones criminales que afectaran a miembros de las
fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos
y podría tener como consecuencia la transferencia de muchos casos
de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, en
contra de lo establecido por las normas internacionales de derechos
humanos. En octubre, 11 relatores especiales y expertos
independientes de la ONU criticaron la reforma.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
A pesar de la condena pública del gobierno a los ataques contra ellos,
los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron
sufriendo ataques, amenazas, persecución judicial y robo de
información confidencial sobre casos. En 2012, al menos 40
defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes
comunitarios y 20 sindicalistas perdieron la vida.
El 28 de febrero, el grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque
Capital envió amenazas de muerte a varias ONG de derechos
humanos, entre ellas organizaciones de mujeres y
organizaciones que trabajaban sobre cuestiones relacionadas
con la restitución de tierras, a las que acusaba de hacer “lavado
de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por líderes
defensores de derechos humanos”; en los mensajes, el grupo
conminaba a las organizaciones a que “dejen de joder con el
tema de la recuperación de tierras”.
Las defensoras de los derechos humanos eran objeto de ataques,
sobre todo por parte de grupos paramilitares. Algunas fueron violadas
como castigo y para silenciarlas.
El 29 de enero, Cleiner María Almanza Blanco, dirigente
comunitaria que trabajaba con mujeres desplazadas, fue
obligada a entrar en un taxi por un grupo de desconocidos. La
llevaron a un lugar no especificado, donde la interrogaron sobre
personas a las que conocía y con las que trabajaba. Le dieron
patadas y la golpearon contra el taxi. Uno de los hombres la
violó después. En 2010, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos había ordenado a las autoridades que
8. proporcionasen medidas de protección a Cleiner María Almanza
y otras 13 dirigentes en situación de riesgo; 4 de las14 mujeres
habían sido violadas.
Violencia contra mujeres y niñas
Todas las partes en el conflicto sometían a las mujeres a violencia
sexual, incluida la violación, y a otras formas de violencia de género.
El 18 de mayo, una mujer indígena fue violada por un soldado
del ejército al borde de una carretera en el Departamento del
Putumayo. Según los informes, la unidad del ejército a la que
pertenecía el soldado estaba a sólo 100 metros de distancia en
ese momento.
El 16 de marzo, ocho hombres enmascarados, fuertemente
armados y vestidos de civil, a los que se creía paramilitares,
entraron en una comunidad de afrodescendientes en Tumaco,
departamento de Nariño. Amenazaron y golpearon a los
residentes, violaron a dos mujeres y sometieron a abusos
sexuales a una joven de 16 años.
Muy pocos autores de este tipo de abusos fueron puestos a
disposición de la justicia. Sin embargo, en un caso poco
frecuente de éxito, el subteniente Raúl Muñoz Linares fue
condenado a 60 años de prisión el 27 de agosto por la violación
y el asesinato de Jenni Torres, de 14 años, y por el asesinato
de sus hermanos, de 9 y 6 años, y la violación de otra niña en
Tame, departamento de Arauca, en octubre de 2010.
Al terminar el año estaba pendiente de tramitación en el
Congreso un proyecto de ley “para garantizar el acceso a la
justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la
violencia sexual en ocasión al conflicto armado”. En caso de ser
aprobado, este proyecto de ley, entre otras cosas, reformaría el
Código Penal para tipificar como delitos específicos ciertas
formas de violencia sexual relacionada con el conflicto, como la
desnudez forzada o el aborto y el embarazo forzados.
La representante especial de la ONU sobre la violencia sexual
en los conflictos visitó Colombia en mayo. Durante su visita
declaró que era preciso hacer más esfuerzos para garantizar el
acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia sexual
relacionada con el conflicto.
Ayuda estadounidense
9. En 2012, Estados Unidos destinó unos 482 millones de dólares a
asistencia militar y no militar a Colombia, de los que 281 millones
fueron para las fuerzas de seguridad. En septiembre se liberaron unos
12 millones de dólares en fondos de asistencia en materia de
seguridad correspondientes a 2011, tras determinar el Departamento
de Estado estadounidense que en Colombia se habían registrado
avances significativos en la mejora de la situación de los derechos
humanos.
Escrutinio internacional
El informe sobre Colombia de la alta comisionada de las Naciones
Unidas para los derechos humanos, publicado en enero, reconocía
que el gobierno había emprendido “importantes iniciativas legislativas
y de política pública [y condenado] una serie de violaciones de
derechos humanos”, pero que estos esfuerzos no habían logrado “el
impacto deseado a nivel local”. El informe señalaba también que
habían continuado cometiéndose “un número significativo de
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, sobre todo por grupos armados ilegales, pero también
presuntamente por agentes estatales” y que esto tenía “graves
consecuencias humanitarias para la población civil”. Según la alta
comisionada, la impunidad seguía siendo “un problema estructural”.