El documento critica la postura de la jerarquía eclesial española frente a la muerte digna y el sufrimiento, cuestionando su interpretación de la moral cristiana en relación a los derechos humanos. Además, menciona la necesidad de avanzar hacia un respeto efectivo de los derechos humanos y la verdad sobre los crímenes de estado, así como la transformación política en el País Vasco tras las elecciones. Se aboga por la justicia y el reconocimiento de las víctimas, señalando que la inercia o negligencia no deben socavar este proceso.