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Tribuna Abierta
P O R J E S Ú S B A R C O S ( * )
Elrelatoconservador
D
ESDEque en 1984 Amnis-
tía Internacional publi-
case sus 12 puntos para
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cia del caso Egunkaria, en que algu-
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lencia de motivación política. Este
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un determinado concepto del res-
peto. Experta en acusar de victi-
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emplea la altisonancia como sinó-
nimo automático de integridad,
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sentarse como bomberos.
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conservador es su tendencia a fijar
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ción. Pero esa inclinación por lo que
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* Asociación Pro Derechos Humanos
Argituz
Tribuna Abierta
P O R B E N I T O M O R E N T I N Y A N D R É S K R A K E N B E R G E R ( * )
Latortura:investigaciónyprevención,nocuestióndefe
ce más necesaria. Y cuando se habla
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derecha vende seguridad (policial)
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Área Natural Municipal Protegida Juan Caro – Cebollar
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LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1075
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La tortura: investigacion y prevencion, no cuestion de fe

  • 1. Diario de Noticias de Álava Lunes, 29 de noviembre de 2010 OPINIÓN 5 Tribuna Abierta P O R J E S Ú S B A R C O S ( * ) Elrelatoconservador D ESDEque en 1984 Amnis- tía Internacional publi- case sus 12 puntos para la abolición de la tortura y su informe sobre la práctica de la tortura en España hasta la senten- cia del caso Egunkaria, en que algu- nos jueces de la Audiencia Nacio- nal aseguran que con los informes forenses en la mano no se explican cómo no se investigó y controló qué estaba pasando en los calabozos, han pasado 26 años. Durante todo este tiempo la respuesta del Gobier- no español a las denuncias de tor- tura y malos tratos ha sido la nega- ción, cuando no la acusación a quie- nes denuncian. Frente a los infor- mes del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa o de los Relatores de Naciones Unidas sobre la Tortura, la respuesta tam- bién ha sido siempre la negación o mirar para otro lado. Los casos se han seguido dando con diferente frecuencia, especial- mente en contextos donde no fun- cionan las garantías judiciales de forma efectiva, como en el régimen de incomunicación, o cuando no se aplican protocolos específicos como cámaras e intervención efectiva de forenses y abogados, o en numero- sos casos de detención de población inmigrante, donde las garantías son menores. La sentencia del caso Egunkaria no es la única en la que los propios tribunales señalan la falta de inves- tigación. Una muestra de ello es la última sentencia del Tribunal Euro- peo de Derechos Humanos del pasa- do 28 de septiembre (caso San Argi- miro Isasa) en que el foco es otra vez por qué no se investigó cuando había evidencias que apuntaban a malos tratos, inhumanos y degra- dantes. Pero también el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (caso Sara Majare- nas) obligando al Juzgado de Ins- trucción número 14 de Valencia a reabrir e investigar adecuadamen- te la denuncia por torturas archi- vada en el año 2005. El punto clave es, por tanto, la impunidad. La impunidad no es sólo la ausen- cia de justicia, sino la falta de inves- tigación, la falta de colaboración o de voluntad política de erradicar estas prácticas. Incluyendo una ten- dencia a minimizar estos casos, su gravedad, o simplemente su exis- tencia, especialmente en casos de detenciones consideradas duras, aún con evidencias claras de mal- trato como en el informe forense sobre el estado físico y mental de los detenidos (caso Portu y Sarasola, por ejemplo), y con una fuerte ten- dencia a la insensibilización frente a dicha práctica. El terrible impacto de la violencia de ETA, incluyendo muertos, heri- dos o amenazados, no puede obviar la obligación del Estado en la pre- vención e investigación de los casos de tortura, y una conciencia cívica de respeto a los derechos humanos. No es una cuestión de fe. Cuando se dan denuncias, deben investi- garse de forma independiente así como controlar de forma efectiva las garantías de detención, para confirmar o descartar los casos. No puede argüirse que esa inves- tigación mancharía el nombre de las Fuerzas de Seguridad del Esta- do. La mancha es la falta de inves- tigación. La frecuencia de casos de tortura ha cambiado en estos años. Ha pasa- do de ser sistemática en los años de la Transición a ser muy frecuente todavía a mediados de los años 80- 90 y, por último, a darse en menor medida en la actualidad. Pero los sucesivos informes muestran que su práctica no ha desaparecido. Lo que se ha mantenido sin cam- bio alguno es la actitud de negación y la falta de esclarecimiento de numerosos casos, ya sea porque no se pudieron obtener pruebas por las propias condiciones de inco- municación o porque no se pudo identificar a los autores materiales debido a la falta de colaboración policial. En los escasísimos casos en que se pudieron superar esos obstáculos y hubo condenas judi- ciales éstas fueron leves, las sen- tencias llegaron como media entre 15-20 años más tarde, y en algunos casos se indultaron incluso a los perpetradores. Además, el baremo de la reparación judicial aún hoy en día se realiza en base a los cri- terios de los accidentes de tráfico. Y ningún reconocimiento moral se ha hecho a estas víctimas. Mien- tras, los relatores de la ONU o el CPT han venido ratificando con cada informe periódico que el Gobierno español no atiende sus recomendaciones, el problema sigue ahí, negado y desatendido. El Pleno Monográfico sobre Víc- timas del Terrorismo de octubre 2007 encargó a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de dere- chos humanos derivadas de la vio- lencia de motivación política. Este informe, presentado en junio de 2008, fue actualizado y comple- mentado con otro anexo realizado por un equipo independiente de forenses. En dicho estudio se ana- lizaron los datos de más de 900 detenciones en régimen de inco- municación en el periodo 2000-2008, cerca de 300 testimonios escritos (denuncias judiciales) de personas que habían declarado haber sido objeto de malos tratos o torturas; más de 500 informes médico foren- ses y unas 200 declaraciones judi- La respuesta del Gobierno español ha sido siempre la negación sistemática o mirar para otro lado La impunidad no es sólo la ausencia de justicia, sino la falta de investigación L A derecha sabe de comu- nicación. Resulta eviden- te que a lo largo de esta década que ahora termi- na, el PP y su entorno mediático han construido con eficacia narra- tiva un discurso político enraiza- do en una parte importante de la opinión pública. Parte de la habi- lidad conservadora en fijar la agen- da radica en el manejo del lengua- je, con una estrategia que descan- sa ideológicamente sobre cuatro grandes pilares. El primero deriva de su propia trayectoria histórica. La derecha española a menudo se dibuja a sí misma desacomplejada y derivada del sentido común. Como si el cen- tro estuviese lleno de complejos y la izquierda fuese medio acéfala. Como si la forma conservadora de entender la vida estuviese menos ideologizada, por ser la natural. Esta idea de lo despolitizado, inte- riorizada en amplias capas de la sociedad no puede desvincularse históricamente del cínico despre- cio por la política del que hizo gala la dictadura franquista. Cuarenta años de monocultivo político con el mito de la paz a cuestas crearon profundas mímesis en una genera- ción que ha educado a la siguiente. Un segundo pilar del conserva- durismo ha sido su firmeza, leit- motiv que sitúa a sus adversarios en el terreno de lo débil o pusiláni- me. La derecha vende fortaleza y un determinado concepto del res- peto. Experta en acusar de victi- mismo, recurre a la movilización de sus bases con un lenguaje que habla de humillaciones infligidas a España y a los españoles de bien, expresión ilustrativa de un rama- lazo excluyente. La derechona emplea la altisonancia como sinó- nimo automático de integridad, incendiando las palabras para pre- sentarse como bomberos. La tercera columna del mensaje conservador es su tendencia a fijar un determinado modelo de tradi- ción. Pero esa inclinación por lo que antes llamaba eterno o inmortal no le ha impedido proyectar hábil- mente su encuadre de lo moderno. Especialmente en uno de los prin- cipales caballos de batalla política: la economía, con el uso de dos adje- tivos fundamentales en el relato del modelo laboral, como son rígido y flexible. En síntesis: a menor rigi- dez, más desprotección e inseguri- dad, pero presuntamente mayor modernidad y madurez. La cuarta pata de la mesa dere- chista radica en un cambio deno- minativo: su nacionalismo es patrio- tismo, supuesta virtud reivindica- da también desde la izquierda, y ensalzada en España desde instan- cias de la jerarquía católica. Fue el cardenal Cañizares el que dijo hace unos años que “el amar a la Patria y rezar por ella es un deber que pres- cribe el cuarto mandamiento de la Ley de Dios”. El patriotismo, al con- trario que el amenazante e irracio- nal nacionalismo, es una palabra legitimadora y eufemística. Las palabras conectan con nues- tras emociones y nos dejan huella. Cuando se habla sin matices de la pérdida de la cultura del esfuerzo, de la que por cierto, ya se refería Fraga en los ochenta, la apelación a la mano dura parece más conve- niente. Cuando se dice que vivimos en un sistema igualitarista, la dis- criminación, y no la positiva, pare- ciales ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacio- nal. El novedoso método de análi- sis consistió en un filtrado de toda esa información analizando el gra- do de coherencia y fiabilidad. Si quienes dicen ser torturados mien- ten, el chequeo de las distintas fuentes (lo que dicen en la denun- cia, lo que dicen los forenses, lo que recogen los jueces...) acabaría detectándolo. Los datos de ese estu- dio muestran una complejidad aje- na a supuestas directrices. Por ejemplo, dibujan patrones diferen- tes de malos tratos cada cuerpo policial, siendo más duros en los casos de la Guardia Civil bajo inco- municación, según se prolongue o acorte la incomunicación, según sean los detenidos hombres o muje- res difiriendo el tipo de métodos de tortura denunciados. Y según se apliquen o no los protocolos de pre- vención ya existentes. En el caso de la tortura el silencio se oye. Desde hace demasiado tiem- po. Los poderes públicos no pueden convertir esto en un tabú. En tér- minos de prevención, tiene que garantizarse el cumplimiento de protocolos de intervención que se han mostrado eficaces. Respecto a los casos del pasado, en los que se ha dado una falta de investigación e impunidad, se debería crear un mecanismo de evaluación indepen- diente que contribuya a un recono- cimiento hacia las víctimas y eva- luación realista de los casos. El Gobierno Vasco tiene una opor- tunidad de oro en el Informe sobre las otras víctimas pendiente de publicación para avanzar en esta línea, y que las víctimas de tortura y malos tratos no queden de nuevo en la cuneta de la historia. * Asociación Pro Derechos Humanos Argituz Tribuna Abierta P O R B E N I T O M O R E N T I N Y A N D R É S K R A K E N B E R G E R ( * ) Latortura:investigaciónyprevención,nocuestióndefe ce más necesaria. Y cuando se habla de generosidad en los subsidios, se abona el recorte. Sin embargo, la derecha vende seguridad (policial) y decencia. “España necesita que el PP gane las elecciones para recupe- rar la decencia y el prestigio en el mundo”, dijo Mariano Rajoy en 2004. “En Condoleezza Rice, el mun- do verá la fuerza, la bondad y la decencia de nuestro país” afirmó George W. Bush ese mismo año. ¿Conclusiones para la izquierda? Desde luego, ni seguir encantada de haberse conocido, ni abdicar en la justicia social; no abonarse al cliché, apostar por un relato coherente con su quehacer práctico y explicado con consistencia, que deconstruya las paradojas del relato derechista. La izquierda debería promover y no menguar un concepto liberador de la protección social ante cualquier tipo de arbitrariedad o abuso, ante la pobreza y la injusticia humana, o ante la vulnerabilidad de la vejez. Quienes se llaman progresistas tie- nen materia de autocrítica para rato, desde la inquietud transfor- madora y la honestidad. * Periodista y consultor