El documento describe la estructura política y división administrativa de la provincia de Manabí, Ecuador. La provincia está gobernada por un prefecto y viceprefecto elegidos por voto popular, así como por un consejo provincial. Manabí está dividido en 22 cantones, cada uno administrado por una municipalidad y consejo cantonal. Los cantones son responsables del mantenimiento de carreteras y la administración de presupuestos e infraestructura pública.

1. LCDA. ÁNGELA VICTORIA ALCIVAR MOREIRA

2. Política
La estructura política de Manabí está conformada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
denominado comúnmente como «Prefectura», la cual es una persona jurídica de derecho público que goza
de autonomía política, administrativa y financiera, y ejerce las funciones ejecutivas, legislativas y de
fiscalización dentro de la circunscripción territorial de la provincia. La sede de este gobierno seccional está
en la ciudad de Portoviejo, en calidad de capital provincial.
El gobierno provincial está conformada por un prefecto, un viceprefecto y el consejo provincial. El prefecto
es la máxima autoridad y representante legal de la función ejecutiva dentro de la provincia y es elegido en
binomio junto al viceprefecto por votación popular en las urnas. El consejo provincial es el órgano de
legislación y fiscalización del gobierno provincial, y está integrado por el prefecto -quien lo preside con voto
dirimente-, el viceprefecto, los alcaldes de los veinte y dos cantones manabitas, y representantes de los
gobiernos de las parroquias rurales.

3. División administrativa
Manabí está dividido en 22 cantones, que a su vez están conformados por parroquias
urbanas y rurales. Es la segunda provincia ecuatoriana en número de cantones. Cada uno
de los cantones son administrados a través de una municipalidad y un consejo cantonal,
los cuales son elegidos por la población de sus respectivos cantones. La responsabilidad
de estos cantones es realizar el mantenimiento de carreteras, administrar los presupuestos
del gobierno del estado para programas de asistencia social y económica, y administrar,
infraestructuras tales como parques y sistemas de saneamiento básico