La circular anuncia que los funcionarios y empleados judiciales lograron un acuerdo con el gobierno colombiano para la nivelación salarial que habían estado reclamando durante 20 años. El gobierno dispondrá de 1.2 billones de pesos durante los próximos 5 años para iniciar la nivelación salarial a partir de enero. Una comisión técnica determinará los detalles de la nivelación en 45 días. El tiempo perdido por el cese de actividades será compensado y no habrá sanciones.

1. ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DE LA RAMA JURISDICCIONAL
ASONAL JUDICIAL NACIONAL
Personería Jurídica No. 00484 de Enero 16 de 1976
Filial CUT-Fenaltrase
CIRCULAR 35
FECHA: Bogotá D.C., Noviembre 7 de 2012
DE: Presidente Nacional
PARA: Directivos Nacionales, Seccionales y Activistas
ASUNTO: Día 28 Cese de Actividades
LOGRADA LA UNIDAD, EL TRIUNFO ERA UNA CONSECUENCIA
Cuando en tiempos remotos y, también cercanos, reclamábamos con sustento en la Ley 4ª
de 1.992, la nivelación y revisión salarial para los jueces unipersonales, fiscales y
empleados, los detentadores del poder siempre nos lo negaron, con la pueril afirmación de
que nuestras pretensiones se habían satisfecho con los decretos salariales de 1.993, cuando
se creó un nuevo régimen salarial para quienes en su momento renunciaran a las primas de
antigüedad, capacitación y otras, al igual que a la retroactividad de las cesantías. Un grupo
de funcionarios y empleados cercano a cuatro mil, permanecieron en el régimen antiguo por
lo que no recibieron lo establecido para entonces para quienes se acogieron a la nueva
normatividad prestacional, lo que sumado a aquellas renuncias y a los incrementos
salariales hechos a algunos cargos en la Rama Judicial con soporte en aquella ley 4ª, nos
han servido de fundamento para dejar sin argumento a quienes aun insisten en dar por
cumplido el derecho reclamado. En el fallido intento de Reforma a la Justicia, el ejecutivo y
el legislativo, nos dieron la razón al establecer allí que el congreso procedería a la añorada
nivelación salarial, y en ese orden, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial
incluyó en el presupuesto que propuso al Congreso para el año entrante, un rubro que
permitiera el inicio de la nivelación; pero en forma displicente, provocadora y altanera, ese
ejecutivo y legislativo que reconocieron nuestro derecho, bajaron aquel rubro del
presupuesto, a pesar de los múltiples ruegos que desde diferentes ángulos se les formularon
para que permitieran la realidad de la revisión salarial.
En un mundo marcado por las acciones protagónicas de los indignados frente a tanta
injusticia de los gobernantes, los servidores judiciales indignados en Colombia, no podían
ser inferiores al momento histórico y fue así, como el mismo 4 de octubre se dan los
primeros brotes de inconformidad en Bogotá y nace la idea de convocar para el día 11 de
ese mes un paro nacional indefinido.
Contra cualquier diagnóstico y pronóstico, la indignación irradia el corazón y la mente de
un gran torrente de funcionarios y empleados que en todo el país abrazan la consigna de
AHORA O NUNCA, y con valor y decisión llegan a la conclusión que para tener la
nivelación que les ha sido negada durante 20 años, tienen que hacer algo que nunca han
hecho: LUCHAR.
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Asonal Judicial, comandada por Luis Fernando Otálvaro Calle, se pone a la vanguardia del
movimiento y sobre la base de la propuesta de nivelación salarial que la organización ha
radicado en diversas oportunidades ante el Gobierno y el Consejo Superior de la judicatura,
estalla el movimiento más grande en la historia de las luchas judiciales, compactado sobre
una sola petición: LA NIVELACIÓN SALARIAL.
La justeza inspiradora del reclamo fue tal, que logró de inmediato el respaldo de las altas
Cortes, del Fiscal General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura y del
procurador general de la nación. Las indecentes propuestas del Gobierno y las amenazas
represivas a través de la Ministra de Justicia, del Ministro del Trabajo y la Contralora
General, despertaron mayor indignación, y la base judicial, decidida a todo, radicalizó el
movimiento y fue así como por primera vez en la historia, cerraron sus puertas el bunker de
la Fiscalía en la capital y en la mayoría de los Departamentos, al igual que la de gran
cantidad de Tribunales Superiores de Distrito, muchas Salas Disciplinarias, los Juzgados y
Tribunales Administrativos, incluso las de muchos recintos destacados a descongestionar a
la judicatura en diferentes áreas del derecho. Es indiscutible la fortaleza que le han dado al
movimiento las voces solidarias del sector sindical y popular y tanta otra expresión
organizada de la sociedad civil.
Resaltamos la participación incluyente de todo el componente judicial expresada en la
composición de una comisión negociadora que dio cabida a las instituciones que funcionan
en su interior, como la Corporación Nacional de Jueces y Magistrados, la Asociación de
Trabajadores del CTI, la de Fiscales y el sindicato de trabajadores de la Fiscalía; comisión
que también permitió la presencia de representantes de quienes laboran en todas las áreas
del derecho.
Reconocemos el estupendo acompañamiento brindado por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y las voces de altos jerarcas de la Iglesia, reclamando un trato justo a
las causas de la anormalidad judicial en Colombia. Esa fortaleza interna, rodeada de la
necesaria comprensión y la gran solidaridad de la comunidad en general, hizo posible que
el Congreso mediara en forma interesante en el conflicto y conformara una Comisión
Accidental, que ha venido jugando importante papel a la hora de sentar en la mesa de
negociación a unos representantes del gobierno que ignorando que su poder ha sido
delegado por el constituyente primario del que formamos parte, han querido darle un trato
poco elegante y acorde a la magnitud de la justicia.
Todos esos factores permiten hoy martes 7 de noviembre, el logro del formidable acuerdo,
gracias al cual, el Gobierno Nacional dispondrá durante los cinco años siguientes, de la
suma de un billón doscientos veinte mil millones de pesos, para cumplir con la nivelación
prevista desde hace veinte años. Esta se iniciará a partir del mes de enero del próximo año,
en la forma y cuantía que sea determinada por una comisión técnica integrada, misma que
será integrada por seis representantes del gobierno y otro tanto de los trabajadores, la que
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finalizará su labor en un plazo de 45 días, prorrogable hasta por otros diez. Sobre la base de
los acuerdos en esa comisión, el Gobierno expedirá los decretos correspondientes.
Como es indudable que el tiempo invertido en la jornada se lo debemos al pueblo a quien
nos debemos, se acordó que el mismo será recuperado y, así, se cancelarán los salarios con
la simple promesa de ello y no habrá ningún tipo de sanciones.
Llamamos nuevamente a funcionarios y empleados, a no anticiparse a la labor de la
comisión técnica, esperar que ella realice una revisión salarial ponderada y equitativa,
aprovechando el diciente recurso logrado, para incrementar considerablemente los salarios
de los servidores judiciales en general.
Este triunfo que se ha logrado, debe servirnos de estímulo para inmediatamente empezar las
actividades necesarias para que lo más pronto posible el poder judicial en Colombia cuente
nuevamente con una ASONAL JUDICIAL unida, de tal suerte que permita una adecuada
defensa de los derechos de los trabajadores, cual fue el sueño de su fundador Jaime Pardo
Leal.
Le proponemos a todas las seccionales del país que el próximo 15 de diciembre celebremos
a lo ancho y largo del territorio con un gran baile del triunfo.
VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES JUDICIALES
LUIS FERNANDO OTALVARO CALLE
Presidente Nacional de Asonal Judicial
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