Desde 1990, Panamá busca consolidar un pacto social para una sociedad más justa, fundamentado en los derechos humanos y la participación ciudadana tras el impacto de la invasión de EE.UU. en 1989. A pesar de los avances, persisten grandes desigualdades y problemas sociales como la mala distribución del ingreso y el acceso limitado a servicios básicos, afectando principalmente a mujeres, grupos indígenas y niños. La participación ciudadana se ha fortalecido en los últimos años, promoviendo la legitimidad institucional y la atención a las necesidades sociales.