Un país que no esté en capacidad de proteger a su población es un Estado indolente. El gobierno al no incluir el problema del asesinato de líderes sociales está fomentando una amenaza directa contra la paz. Los dirigentes se han acostumbrado a conocer las atrocidades que grupos criminales efectúan contra la población inocente, sin preocuparse por investigar lo que sucede, por qué y quien lo hace. El Estado no se inmuta frente a la ola de violencia que lo azota, en parte porque se trata de un asunto político en un proceso de posconflicto frágil, donde el gobierno no muestra su preocupación por cumplir con el acuerdo de paz firmado con las Farc. La Colombia profunda es la que más sufre el flagelo las violaciones de los derechos humanos, ya que cuando se presenta una masacre el Estado trata de justificar sus acciones contra la población señalando a los muertos como subversivos, y mostrando ante la opinión pública pruebas incongruentes. El panorama en cuanto a la denuncia y encarcelamiento de los perpetradores de crímenes no es alentador, el Estado se preocupa por proteger las fuerzas militares de sus acciones irresponsables y sin ninguna planificación. Los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia común, los terratenientes, hacen de la suya en un país que se desangra sin la protección adecuada a la ciudadanía. En Colombia lo que se quiso representar con la paloma de la paz con el olivo en su pico, pasó de ser blanca a negra porque esa es la verdadera realidad de la nación. En el libro se presenta una encuesta sobre dicha problemática y una serie de tipologías que reflejan la indiferencia de un Estado que no hace nada para acabar con las masacres y crímenes atroces, que ponen en primera plana de la opinión internacional a un país cuya bandera se tiñe de rojo con la muerte de inocentes.