La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética denuncia la violación sistemática de los derechos de los niños debido a la exposición a radiaciones electromagnéticas clasificadas como posiblemente carcinogénicas. A pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa y otras instituciones para proteger a los grupos vulnerables, el gobierno español sigue sin tomar medidas de precaución. La Plataforma apoya las protestas de padres preocupados por la salud de sus hijos expuestos a antenas cerca

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COMUNICADO DE LA PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACION
ELECTROMAGNETICA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Desde la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética denunciamos ante la
opinión pública la violación sistemática de los derechos de la infancia que supone la no
protección de su salud frente a los constatados y graves riesgos por la exposición a niveles
exponencialmente crecientes de radiaciones electromagnéticas, clasificadas como posibles
carcinogénicas por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, organismo de máxima
referencia dependiente de la OMS.
Desde el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la Agencia Europea de Medio Ambiente
se lleva pidiendo desde hace varios años a los estados miembros la puesta en marcha de
medidas precautorias y urgentes de protección frente a este tóxico ambiental, orientadas
preferentemente a los sectores más vulnerables de la población, entre los que se encuentran
los niños.
El Consejo de Europa es una de las instituciones europeas con mayor peso en la defensa de los
derechos humanos, habiendo recomendado en su Resolución 1815, a la que se han adherido
los Parlamentos Vasco y Navarro, una batería de medidas orientadas a minimizar la exposición,
como el cableado de las aulas como alternativa segura al Wi‐Fi. Sin embargo, el Ministerio de
Sanidad, como administración competente en la protección de la salud pública que es, sigue
ejerciendo la inacción. El coste humano y sanitario de la inacción podría ser muy elevado si son
ignoradas las alertas tempranas, como ocurrió con el amianto y el tabaco.
Podríamos estar asistiendo a un enorme escándalo que giraría en torno a un presunto y
sistemático delito contra la salud pública, cometido precisamente por las administraciones
públicas al incumplir el principio de precaución, al cual tienen que estar sujetas sus
actuaciones de salud pública (Ley 33/2011 General de Salud Pública).
Apoyamos férreamente las movilizaciones de padres de centros escolares como en Solokoetxe
(Bilbao) y Dos Hermanas (Sevilla) para proteger la salud de su hijos expuestos a las radiaciones
electromagnéticas de antenas de telefonía en su entorno, convirtiendo sus centros en lugares
totalmente inseguros. También nos solidarizamos con todo el dolor que ha sembrado un
número inusualmente elevado de casos de cáncer entre los alumnos de los centros,
recordándonos al tristemente conocido caso del colegio García Quintana en Valladolid.
La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) se compone de Confederaciones y
federaciones de asociaciones vecinales (CEAV, FRAVM, CAVA,...), colectivos ecologistas (como los más de 300
grupos que componen la confederación de Ecologistas en Acción), asociaciones de padres y madres, de
consumidores, de personas electrohipersensibles (EHS) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por
los efectos para la salud de la creciente contaminación electromagnética.
Desde la PECCEM se informa a la sociedad de los riesgos de la contaminación electromagnética y se demanda la
aplicación de las recomendaciones proteccionistas de salud pública y medio ambiente de instituciones europeas
como la Agencia Europea del Medio Ambiente, el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, aprobadas con amplios consensos parlamentarios.
Más información en: www.peccem.org