El gobierno de Ecuador condena la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, a quien considera fue removida de forma ilegítima de su cargo legítimamente obtenido. El proceso de juicio político no probó que cometiera delitos y fue orquestado por políticos corruptos buscando desestabilizar el gobierno. Estos hechos representan un grave riesgo para la democracia en la región y un retroceso en la consolidación de sistemas democráticos.