Los derechos humanos no se consultan. Se respetan y garantizan. Exigimos a los Diputados actúen conforme a sus obligaciones constitucionales, basta de impunidad y malas practicas parlamentarias.
Al gobernador constitucional del estado de veracruz
1. Al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz
A las y los miembros del Poder Ejecutivo Judicial
A las y los Legisladores del H. Congreso del Estado
A la opinión pública
Presentes:
Xalapa, Veracruz, a 31 de julio de 2017
Las integrantes de los asociaciones feministas firmantes, hacemos uso de este medio
para hacer público nuestro respaldo a la reforma del Código Penal del Estado de Veracruz,
presentado el día jueves 27 de julio del presente año, por la
Diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, y al mismo tiempo manifestar la importancia de la
aprobación de dicha iniciativa y la solicitud del fortalecimiento urgente del Instituto
Veracruzano de las Mujeres, todo lo anterior con base en los siguientes fundamentos:
La reforma penal presentada, atiende la necesidad de tomar medidas urgentes para
salvaguardar la vida e integridad de las niñas y mujeres veracruzanas; lo
anterior, cumple con las recomendaciones del
CONAVIM y las obligaciones internacionales de derechos humanos a
las que nuestro país voluntariamente se ha sometido, por lo que no se podría
catalogar como una concesión graciosa por parte del Estado.
Actualmente la violencia e inseguridad que se presenta en
Veracruz, tiene connotaciones de mayor impacto para las niñas y mujeres, toda vez
que nos ponen en una doble vulneración, ya que históricamente hemos sido un
sector desfavorecido por los estereotipos y desigualdades que nos rodean, tanto es
así, que, el alto número de feminicidios, llevó a que la Federación declara
en noviembre del 2016, la una alerta de género en el Estado. Sin embargo, a pesar
de que se han llevado a cabo diversas reuniones con las autoridades, nueve meses
después no existe una política pública integral que cumpla con las
recomendaciones hechas por las Instituciones Especialistas; lo que sí existe
son servidoras y servidores públicos omisos a este tipo de vulneraciones, que, sin
realizar un previo análisis de la situación, ni las alarmantes cifras de embarazos de
niñas y mujeres, rechazan de manera categórica la modificación solicitada, y no
conformes con el rechazo, expresan comentarios que de nada abonan a la
2. discusión, comparando una medida necesaria, con las corridas de toros y las
peleas de gallos.
Los derechos de las mujeres no deben compararse con los de los animales,
merecemos respeto y lo exigimos a los legisladores.
Exigimos de manera categórica, que el poder ejecutivo y legislativo sean
garantes reales de nuestros derechos y que se lleve a cabo una discusión real
no una simulación política del tema, también exigimos la destitución inmediata de
la encarga del despacho la Mtra. Sara Gabriela Palacios Hernández, en virtud de
que no cuenta con el perfil para estar frente al instituto encargado de la instalación e
implementación de las políticas públicas para el efectivo goce y disfrute de los
Derechos de las Mujeres, ya que las declaraciones que realizó el día viernes 28 de
julio, dónde asegura que no es necesario la reforma del Código Penal, demuestra su
ignorancia en el tema de Derechos Humanos olvidando su posición de
garante, como ya ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
la sentencia Ríos y otros vs Venezuela, las declaraciones de las y los agentes
estatales no pueden desconocer derechos fundamentales, ni constituir formas de
injerencia directa o indirecta o presión lesiva de estos.
Nosotras no estamos a favor de la muerte, al contrario, queremos que las niñas
y mujeres veracruzanas vivan, este tema no es una cuestión meramente de salud,
sino de libertad, de autodeterminación, de tener la posibilidad de decisión, sin
que tengan que recurrir a la clandestinidad, ya que los derechos de un grupo no
pueden someterse ni a creencias religiosas, ni a la apreciación de la mayoría.
Los derechos humanos no se consultan. Se respetan y garantizan.
Exigimos a los Diputados actúen conforme a sus obligaciones constitucionales,
basta de impunidad y malas practicas parlamentarias.