Conclusiones puntuales extraidas de la lectura de la sentencia 39-97 donde a Sala Plena de la Corte Constitucional, revisa el proceso de la acción de tutela radicado bajo el número T-84771 instaurada por el señor Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdoba Triviño, en representación de varias personas integrantes del Grupo Etnico Indígena U'WA, contra el Ministerio del Medio Ambiente y la empresa Occidental de Colombia, Inc., según la competencia de que es titular de conformidad con los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el decreto 2591 de 1991.

1. Universidad de Manizales
Maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente
Cohorte XVI
Asignatura Derecho ambiental internacional
Profesor: Javier Gonzaga Valencia Hernández
Maestrante: Diana Marcela Almeida Monsalve
Informe: Sentencia No. T-039/97
Conclusiones:
Que la comunidad en general deber tener estar al tanto de cada proyecto que pretenda
aprovechar, explorar o explotar los recursos naturales en los territorios donde habita o
desarrolla.
Que más allá del desarrollo económico que determinado proyecto pueda traer a un sector
del país, se debe tener en cuenta que existen perdidas que no son compensables y cuya
existencia está ligada a un patrimonio inmaterial y cultural del país el cual es irremplazable.
En los casos en los que no se llegue a un acuerdo entre la comunidad y el proyecto a
ejecutarse, la autoridad competente para otorgar el permiso deberá fundamentar su sesión
en intereses mayores o generales, de manera objetiva y técnica.
La acción de tutela y la suspensión provisional no pueden mirarse como instrumentos de
protección excluyentes, sino complementarios
Socializar un proyecto con una porción de la comunidad involucrada y/o afectada no
garantiza el derecho a la participación en la toma de sesiones que puedan afectar su
territorio, también es preciso resolver las opciones que allí se generan ya que la comunidad
tiene el derecho si sus opiniones son tomadas en cuenta y si no es así también deben
saber cual es la razón.