El documento resalta la falta de una ley general en México sobre desaparición forzada a casi tres años de una reforma constitucional que lo permite, evidenciando un incumplimiento legislativo de 18 años. Se argumenta que las desapariciones forzadas son un crimen de estado y que es necesario legislar específicamente para prevenir, investigar y sancionar estos delitos, asegurando la justicia y los derechos de las víctimas. La propuesta busca incluir tanto las desapariciones forzadas como las cometidas por particulares, ante la clara participación del estado en estos crímenes.