Contralínea 578

Año 16 • Número 578 • $30
Del 19 al 25 de febrero de 2018
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 19 de febrero de 2018
CONTENIDO
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
578, del 19 al 25 de febrero de 2018– es una publicación semanal
editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Alda-
ma 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Mé-
xico, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.
mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Ba-
dillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-
2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título:
12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial
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dad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de impri-
mir el 16 de febrero de 2018. Distribuida por la Unión de Voceadores
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bertad y Expresión, SA de CV.
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Hermida y Cía, SC,
folio: 00010-RHY
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PORTADA
Diariamente, en el país se registran cuatro desapariciones
y tres asesinatos de menores de edad, desde que fue
declarada la “guerra” contra el narcotráfico
ESTADO MEXICANO, INCAPAZ
DE PROTEGER LA VIDA DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL DETECTAN FRAUDES MULTIMILLONARIOS EN
EJERCICIOS 2016 Y 2017 EN SEDATU Miguel Badillo
ZONA CERO MARICHUY Y EL CNI EN MEDIO DE LA TORMENTA Zósimo
Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN TRUMP Y NUESTRA FUTURA CRISIS
DE LAS REMESAS Nancy Flores
CONTRAPODER EL PAÍS EN EXTREMA POBREZA, PERO PEÑA DESEA:
“SALUD, TRABAJO Y FELICIDAD” Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
NI JUAN DÍAZ NI ELBA ESTHER: A PONER FIN AL CACICAZGO EN EL
SNTE Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha
EN LA FRONTERA CON COLOMBIA SE EMPOLLA AGRESIÓN A
VENEZUELA Luis Beatón/Prensa Latina
BOLIVIA NO QUITA EL DEDO DEL RENGLÓN EN SU DERECHO A SALIDA
AL MAR Lourdes Pérez Navarro/Prensa Latina
LA OTAN Y LAS BOMBAS ATÓMICAS NO SON TEMAS ELECTORALES
Manlio Dinucci/Il Manifesto/Red Voltaire
DESTITUCIÓN PARA EL PRESIDENTE KUCZYNSKI Y DEBIDO PROCESO
LEGAL Guillermo Olivera Díaz/Páginas Libres/Red Voltaire
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CONTENIDO
DIRECTOR Miguel Badillo
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ANÁLISIS
INTERNACIONAL La misión militar semiclandestina italiana en África Alessandro Pagani
INTERNACIONAL Consenso entre sirios en Sochi Thierry Meyssan/Red Voltaire
INTERNACIONAL La acumulación originaria en América Latina Juan Paz y Miño-Cepeda/
Prensa Latina
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MISCELÁNEO
EX LIBRIS ¡Ciudadanos, a las urnas!, los ensayos por más democracia Álvaro Cepeda Neri
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Estado mexicano, incapaz de proteger la vida de niños y adolescentes Érika
Ramírez
SOCIEDAD Racismo en México: discriminación estructural y desigualdad social José Réyez
LÍNEA GLOBAL Cuba: deuda y sostenibilidad del gasto público María Julia Mayoral/Prensa
Latina
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OPINIÓN
EL AUTOENGAÑO DEL VOTO DESDE EL EXTERIOR Carlos Miguélez Monroy
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ESPECIALES
ENTREVISTA Hablar de paz en medio de las balas Carmen Aída Guerra Miguel
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OFICIO DE PAPEL
OPINIÓN
DETECTAN FRAUDES
MULTIMILLONARIOS
EN EJERCICIOS 2016 Y 2017
EN SEDATU
MIGUEL BADILLO
E
n la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) todos tienen claro que la Secretaría
de Estado más emproblemada por las múl-
tiples irregularidades y desvíos de recursos públicos
que presenta en su administración es la de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo
de la experredista Rosario Robles y su oficial mayor,
Emilio Zebadúa. Y un acto de justicia sería que, en
este año electoral, el presidente Enrique Peña Nieto
ordenara una investigación judicial imparcial.
Uno de los mayores problemas de la actual ad-
ministración es el uso de recursos públicos destina-
dos a programas sociales, pues históricamente han
sido utilizados para comprar y coaccionar el voto a
favor del partido en el poder.
Es por ello que tanto la secretaria de la Función
Pública, Arely Gómez, como el auditor interino de
la ASF, deben dar seguimiento puntual al gasto pú-
blico, tanto federal como en los estados, para frenar
la enorme sangría de recursos públicos que signifi-
ca la corrupción gubernamental.
Y más porque de por sí hay evidencias de un
mal uso de los recursos destinados a objetivos socia-
les, como en el caso de la Sedatu.
En esa dependencia, la ASF ha encontrado un
probable desfalco multimillonario en las cuentas
públicas de 2016 y 2017, tanto en el Programa de
Apoyo a la Vivienda (que se opera bajo la tutela
no sólo de esa Secretaría, sino también del Fideico-
miso Fondo Nacional de Habitaciones Populares,
Fonhapo), como en la compra de cientos de miles
de tinacos. Esas graves irregularidades tendrán que
ser subsanadas.
En el primer caso, la Auditoría Superior “pre-
sume un probable daño o perjuicio o ambos a la
hacienda pública federal, por 1 mil 792 millones
645 mil 50 pesos, por la falta de reintegro de recur-
sos no ejercidos por las delegaciones estatales de la
Sedatu, correspondientes a 86 mil 891 acciones de
vivienda”.
El reporte señala que los más de 1 mil 790 mi-
llones equivalen al gasto del 63.5 por ciento del to-
tal de hogares que no fueron concluidos de acuerdo
con lo establecido en los convenios de ejecución. El
dinero tampoco se reintegró a la Tesorería de la Fe-
deración, como lo establece la normativa.
Tanto el Fondo como las delegaciones de la Se-
datu incumplieron con el objetivo del programa,
señala el Informe individual del resultado de la fiscalización
superior de la Cuenta Pública 2016.
Dicho programa tiene como fin “atender la
demanda nacional de vivienda de los hogares en
pobreza y garantizar el acceso a la vivienda digna,
mediante el otorgamiento de subsidios para com-
plementar la capacidad de compra de las familias,
para la adquisición, ampliación o remodelación y
autoconstrucción de vivienda en áreas rurales y ur-
banas de alta marginalidad y rezago social”.
Y según el informe de la ASF, en 2016, el Pro-
grama de Apoyo a la Vivienda fusionó los pro-
gramas de Vivienda Digna y Vivienda Rural, que
hasta el ejercicio 2015 operaba el fideicomiso, “con
el fin de contar con una mejor estructura progra-
mática presupuestal, atender con mayor eficiencia
a su población objetivo, fomentar la transparencia
y facilitar la rendición de cuentas”.
Algo que definitivamente no se cumplió, pues el
propio informe de fiscalización señala que, en ese

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
ejercicio, las delegaciones estatales de la Sedatu in-
cluyeron 123 mil 500 acciones de vivienda, por 2
mil 824 millones 68 mil pesos, de las cuales, al 30 de
junio de 2017, un total de 86 mil 891 acciones por
los más de 1 mil 790 millones de pesos no fueron
concluidas conforme a lo establecido en los conve-
nios de ejecución celebrados en 2016.
Fonhapo se lava las manos
De estas anomalías, que podrían constituir un
fraude multimillonario, el Fonhapo se ha tratado de
deslindar. Así lo revela el informe de la ASF, que
apunta que, como consecuencia de la reunión de
resultados finales y observaciones preliminares, en
agosto de 2017 el Fondo
remitió oficios a las 31
delegaciones estatales de
la Sedatu, mediante los
cuales comprueba que
cumplió las Reglas de
Operación del Programa
2016.
Ello, al solicitar a las
delegaciones estatales de
la Sedatu la documenta-
ción para comprobar los
avances en la construc-
ción de las acciones de las
viviendas y, en su caso, el
reintegro de los recursos
no ejercidos.
Según la Auditoría,
el Fonhapo también proporcionó oficios mediante
los cuales remitió 81 convenios de ejecución a la
Gerencia de Asuntos Jurídicos, correspondientes
a 13 delegaciones estatales de la Sedatu, para que
realicen los trámites administrativos y legales que
correspondan para recuperar los recursos no ejer-
cidos, de acuerdo con el Manual de Operación del
Programa.
Pero esto no comprueba el gasto ni resarce el
daño a la hacienda pública. Más aún, la Audito-
ría señala que “esta situación se ha observado de
manera recurrente, ya que en las revisiones de las
Cuentas Públicas de 2014 y 2015, la ASF detectó la
misma problemática”.
Por ello, indica, emitió una recomendación
para que el Fonhapo y las delegaciones de la Seda-
tu establezcan medidas de coordinación y supervi-
sión para garantizar que los subsidios autorizados
para la construcción de las acciones de vivienda se
ejerzan de forma eficiente, eficaz y transparente, a
fin de cumplir con los objetivos del programa de
vivienda.
El máximo órgano de fiscalización indica que,
“por tratarse de una irregularidad recurrente, se
mantiene la recomendación y la promoción de
responsabilidad administrativa sancionatoria, emi-
tidas en la revisión de la Cuenta Pública 2015, y se
emite una acción superveniente”.
Dicha promoción de responsabilidad también
pide al Órgano Interno de Control en la Sedatu
que investigue y, en su
caso, inicie el procedi-
miento administrativo
correspondiente, por los
actos u omisiones de los
servidores públicos de
las delegaciones estatales
y la Dirección General
de Coordinaciones de
Delegaciones, que en su
gestión no reintegraron a
la Tesorería los recursos
que no se ejercieron de
86 mil 891 acciones de
vivienda, de las cuales 79
mil 838 se encontraban
en proceso de construc-
ción, 6 mil 278 no inicia-
das, 168 no localizadas y 607 sin estatus.
Además, recomendó a la SFP que, “en el ámbi-
to de sus atribuciones, instruya al Órgano Interno
de Control en el Fonhapo, a fin de que dé segui-
miento a las acciones promovidas por la Auditoría
Superior de la Federación, relacionadas con el esta-
blecimiento de medidas de coordinación y supervi-
sión, para garantizar que los subsidios autorizados
para la construcción de las acciones de vivienda se
utilicen de forma eficiente, eficaz y transparente,
para cumplir con los objetivos de los programas de
Apoyo a la Vivienda”.
La duda es si el actual gobierno de Peña Nieto
hará algo al final de su gestión en contra de la co-
rrupción o todo seguirá igual.
FONHAPO

ZONA CERO
OPINIÓN
A Eloísa Vega Castro, in memóriam
Q
ué fácil hubiera sido para el Congreso
Nacional Indígena (CNI) plegarse a una
de las candidaturas derechistas que se
disputan la Presidencia de la República: PRI, Mo-
rena, PAN. Qué fácil, subirse a uno de esos trenes
para ver qué se puede negociar y con qué se puede
lucrar. Treparse a uno de los cabús para recibir la
bendición de alguno de los políticos de arriba y
la promesa de que se verá “la cuestión indígena”
cuando se consiga la Silla Presidencial. Qué fácil.
Y qué irresponsable. E indigno.
Peor aún. Los pueblos indígenas sólo podrían
hacerlo traicionando principios y traicionándose
ellos mismos; cancelan-
do su futuro. Así que
era imposible que su-
cumbieran, primero, a
los halagos, el dinero,
las promesas y, luego,
los regaños, los recla-
mos y las condenas.
El CNI (del cual forman parte los pueblos
zapatistas junto con otras decenas de tribus, pue-
blos y naciones indígenas del país) es una de las
organizaciones con mayor credibilidad y autori-
dad moral de toda la nación. No está exento de
contradicciones y disputas internas. De hecho, sus
discusiones son intensas, vivas. Y son honestas, en-
tre hermanos y entre iguales. Sería interminable
enlistar a quienes con su trabajo cotidiano, incan-
sable, inquebrantable, han logrado construir un
espacio de encuentro, diálogo y acción entre los
pueblos originarios. Tal vez sea injusto mencionar
apenas a una persona. O tal vez no, por el recono-
cimiento de “hermano mayor” o “tata” que –en
vida y luego después de muerto– le dieron los pro-
pios pueblos al purépecha Juan Chávez Alonso.
Desde hace 5 lustros, el CNI ha venido ex-
plorando las vías pacíficas de resistencia y tras-
formación. La decisión de participar en el actual
proceso electoral con un Concejo de Gobierno
Indígena en el que una vocera figurara como can-
didata a la Presidencia de la República, ha sido
una propuesta, sobre todo, para generar organi-
zación ante lo que viene: el remate final del país,
el desgarramiento de todo vestigio de propiedad
comunitaria, colectiva o nacional.
Los programas de los candidatos “punteros”
en realidad son uno solo. Apenas modificaciones
cosméticas cada vez
más difíciles de distin-
guir los hacen supues-
tamente distintos. An-
teriormente se podía
decir que en la lucha de
los de arriba al menos
se encontraban perso-
najes y grupos diferentes. Hoy se han reagrupado
y los enemigos son amigos y hasta compañeros de
causa.
El país está al borde del abismo y los pueblos
indígenas lo ven con claridad. Se han echado a
cuestas la organización que enfrente la peor tor-
menta que ya se cierne sobre el país y que ame-
naza incluso su existencia. En el CNI ya lo vie-
ron, como también lo han visto millones que no
se sienten representados en el sistema de partidos
vigentes.
La campaña de María de Jesús Patricio Mar-
tínez, Marichuy, ha sido la única impulsada desde
ZÓSIMO CAMACHO
MARICHUY Y EL CNI
ENMEDIODELATORMENTA
Desde hace 5 lustros, el Congreso
Nacional Indígena ha venido explorando
las vías pacíﬁcas de resistencia y trans-
formación, ante el remate del país
Desde hace 5 lustros, el Congreso
formación, ante el remate del país

ZONA CERO OPINIÓN
taje oficial es claro, pero el CNI decidió continuar
porque la precampaña sí estaba dando frutos en lo
realmente importante: la generación de organiza-
ción y celebración de acuerdos.
Antes del muy lamentable accidente de este 14
de febrero, el recorrido por el país real ya había
implicado otros incidentes, como el asalto en Mi-
choacán a reporteros que se habían rezagado de
la caravana el 21 de enero pasado.
Hoy otro dolor se acumula entre los integran-
tes del CNI. La volcadura del vehículo en que se
trasladaban representantes del Concejo Indíge-
na en una zona desértica de Baja California Sur
dejó como saldo irreparable la muerte de Eloísa
Vega Castro, de la Red Sudcaliforniana de Apoyo
al CIG, y en estado grave al concejal del pueblo
cochimi, Francisco Grado. Marichuy resultó con
fractura de brazo e inflamación de la cabeza. La
concejala kumiai, Lucero Yslava Meza; Juana Vi-
lla Poblano, delegada comichi del CNI; Lorena
Moreno Gómez, y Ramona Avilés Aviña presen-
tan contusiones. Además, con lesiones leves Carlos
González y Oscar Espino, de la coordinación del
Concejo Indígena de Gobierno.
El CNI ha suspendido el recorrido de Mari-
chuy, por respeto y solidaridad con la compañera
muerta y los lesionados. Pero advierte que la orga-
nización y las actividades seguirán. La tormenta
recrudece. Los pueblos indios la miran de frente.
las entrañas de este país que aún se llama Mé-
xico. Sin la cobertura de los grandes consorcios
mediáticos y sin el presupuesto del Instituto Na-
cional Electoral, la indígena nahua ha recorrido
casi toda la República para reunirse con los pue-
blos indios, las colectividades agrarias, los ejidos,
los pueblos de pescadores, los trabajadores de
fábricas, los estudiantes, los familiares de vícti-
mas de desaparición forzada… Sus viajes han
sido siempre modestos, costeados por los pueblos
indígenas representados en el CNI y por los an-
fitriones que la han recibido en los cuatro puntos
cardinales de la nación.
No les ha prometido absolutamente nada. Ni
crecimiento de 7 por ciento de
la economía, ni becas para es-
tudiantes, ni dinero para todos
como una “renta universal”.
En realidad Marichuy, princi-
palmente, escucha. Y convoca
a encontrar y construir las solu-
ciones entre los propios afecta-
dos. Es la campaña (precampa-
ña, si nos atenemos a las dispo-
siciones ilógicas pero legales del
sistema electoral mexicano) por
la Presidencia de la República
más honesta que se ha realizado
en mucho tiempo.
Concejalas y concejales la
acompañan en los recorridos.
Por supuesto también partici-
pan en los encuentros y en los
diálogos. Todo con los propios medios de quienes
los invitan. Muchas veces en comunidades encla-
vadas en sierras o montañas a los que nunca acu-
dirán los candidatos “punteros”.
Desde un principio, el CNI y el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN) dijeron que
era una propuesta muy arriesgada. Que tal enco-
mienda los pondría en peligro. Aun así, se empe-
ñaron en llevarla a cabo.
Cumplieron los engorrosos requisitos para
registrar la precandidatura y se enfrentaron a un
sistema electoral profundamente discriminatorio
y clasista, donde resulta casi imposible recibir el
apoyo legal para que el nombre de una candidata
indígena aparezca en la boleta electoral. El sabo-
ADOLFO
VLADIMIR/CUARTOSCURO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
OPINIÓN
TRUMP Y NUESTRA FUTURA CRISIS
DE LAS REMESAS
NANCY FLORES
U
no de los principales problemas de Méxi-
co es, sin duda, su dependencia a Estados
Unidos. Hecho que se ha profundizado
en los últimos años y que inició con la imposición
del sistema neoliberal, en la época de Miguel de la
Madrid y Carlos Salinas.
Esa dependencia no sólo es en el ámbito co-
mercial –que muestra su peor cara con la renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, TLCAN–, sino que abarca otras
áreas fundamentales de la economía, e incluso
toca la seguridad alimentaria, pues ahora las im-
portaciones desde el vecino del Norte resuelven
más de la mitad de la canasta básica de los mexi-
canos.
Otro punto sensible tiene que ver con las reme-
sas, pues, por años, México ha sostenido una bue-
na parte de su economía interna en esos recursos
que envían a sus familias los migrantes documen-
tados, pero sobre todo indocumentados.
Al igual que ocurre con el TLCAN, las reme-
sas están amenazadas por lo menos en la retóri-
ca antiinmigrante y antimexicana del presidente
Donald Trump. Por lo que dos situaciones po-
drían afectar esos recursos de forma directa (la
prohibición de los servicios financieros que facili-
tan las transferencias del dinero y la confiscación
del mismo para construir el muro), y una más,
de forma indirecta (la deportación masiva de los
migrantes).
En esteúltimo punto, aunque aún no se aplican
sus aspiraciones de deportar a los miles de mexi-
canos que radican ilegalmente en su país, Trump
mantiene esta promesa electoral como uno de los
puntos urgentes de su agenda. Y tan locuaz como
es, en cualquier momento podría ejecutarla.
Si ello llegara a cumplirse, el problema sería
mayúsculo para México, pues no sólo estaríamos
hablando de la cancelación de las remesas, sino
sobre todo del arribo de miles de mexicanos que
necesitarán una cobertura mínima (en todos los
ámbitos, desde el laboral hasta el de los servicios
sociales como salud, educación y vivienda), que ni
siquiera existe para quienes ya vivimos aquí.
De esto se desprende que lo peor no es sólo esa
dependencia multifactorial a Estados Unidos, sino
sobre todo que hasta hoy no existan estrategias de
la administración de Enrique Peña para enfrentar
el riesgo que ha representado Trump durante más
de 1 año.
Hasta ahora no hemos visto un solo indicio
que responda a la altura de tales amenazas, ni si-
quiera en el tema del TLCAN. Es evidente que
a este gobierno no le ha alcanzado para blindar
progresivamente los aspectos más amenazados
por Trump, como si ninguno de los asesores de
Peña fuera capaz de siquiera reaccionar ante los
ultimátums del magnate.
Remesas
Aunque pareciera estar fuera de la agenda pú-
blica o por lo menos carecer de la misma atención
que se le presta a la renegociación del TLCAN, el
tema de las remesas y la migración no es menor.
De acuerdo con el informe El flujo migratorio
México-Estados Unidos y la captación interna de remesas
familiares 2018, elaborado por la Dirección de Ser-

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
vicios de Investigación y Análisis de la Cámara de
Diputados, “ninguna nación en el mundo tiene un
saldo emigratorio tan alto” como nuestro país.
Ello porque la población de mexicanos que
emigró hacia otras regiones del mundo, principal-
mente hacia Estados Unidos, es superior respecto
a la que se internó en nuestro territorio.
El informe agrega que, a nivel mundial, la
India y México fueron las naciones que expulsa-
ron más migrantes en 2015, con 15.58 millones y
12.34 millones de personas, respectivamente.
Ello explica la importancia que tienen las re-
mesas. Al respecto, el Banco de México acaba de
informar que las miles de familias que cuentan
con parientes del otro lado de la frontera Norte
recibieron 28 mil 771 millones de dólares (unos
490 mil millones de pesos) tan sólo en 2017.
Es un hecho que la mayoría de esas familias
dependen de ese recurso para sobrevivir a las te-
rribles condiciones socioeconómicas que reinan
aquí: pobreza generalizada (oficialmente se reco-
noce que más de 53 millones de mexicanos están
en esa situación, y de ellos, unos 10 millones, en
pobreza extrema), desempleo o empleo precario
y marginación.
En América Latina, México es el principal país
receptor neto de remesas con 23 mil 419.6 millo-
nes de dólares, señala el informe El flujo migratorio
México-Estados Unidos y la captación interna de remesas
familiares 2018.
Agrega que nuestro país mantiene el balance
financiero favorable más importante de la región,
y que le siguen en orden de importancia: Guate-
mala, con un superávit de 6 mil 426 millones de
dólares; Colombia, con 4 mil 418 millones; Re-
pública Dominicana, con 4 mil 334 millones, y El
Salvador, con 4 mil 157 millones.
Economía interna
Si las remesas sufrieran un revés por las políti-
cas de Trump, no sólo las familias de los migrantes
sufrirían, sino que el impacto se extendería al resto
de la sociedad, puesto que son motor importante
del mercado interno.
Según el informe Modelos econométricos de migra-
ción y remesas México-EU 2018 –también de la Di-
rección de Servicios de Investigación y Análisis–,
la captación de remesas incrementa el poder de
consumo de los hogares beneficiados y, desde la
perspectiva macroeconómica, potencializan la
actividad económica a través del incremento del
producto interno bruto.
En un escenario donde las políticas de Trump
impidieran el flujo de remesas sería inminente la
crisis, sobre todo para ciertos estados mayormente
beneficiados por estos recursos.
El análisis El flujo migratorio México-Estados Uni-
dos y la captación interna de remesas familiares 2018 in-
dica que las zonas tradicionales de expulsión de
mano de obra (Michoacán, Jalisco, Guanajuato,
Estado de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero)
son las que captan más ingresos por remesas.
Hogares devastados
Pero sin duda quienes sufrirían más serían las
familias que dependen de ese dinero. El informe
Modelos econométricos de migración y remesas México-EU
2018 refiere que estas transferencias pueden re-
presentar más del 50 por ciento de los ingresos del
hogar.
Desde la perspectiva microeconómica, explica,
las remesas coadyuvan a fortalecer los ingresos de
los familiares ascendentes y descendentes de los
migrantes que laboran temporal o permanente-
mente en Estados Unidos.
El análisis, elaborado por el maestro en econo-
mía e investigador parlamentario Reyes Tépach
Marcial, señala que esos recursos se emplean para
cubrir servicios básicos: “como tal, se utilizan para
cubrir gastos médicos y de educación”. Y cuando
hay excedentes, indica, éstos constituyen una base
para el ahorro e inversión del hogar.
A nivel macroeconómico, refiere el informe,
“las remesas reducen la pobreza de la población
donde existe migración, son una fuente de forta-
lecimiento del tipo de cambio, y flexibilizan las
restricciones en los créditos mejorando el clima de
inversión en los países expulsores.”
Por ello es alarmante que la administración fe-
deral no muestre reacción alguna para ir blindan-
do a esos hogares y, con ello, a la macroeconomía
nacional, a más de 1 año de que Trump asumió la
Presidencia de Estados Unidos. Más clara la negli-
gencia no puede estar.

CONTRAPODER
OPINIÓN
L
a revista Contralínea publicó la investigación
de sus reporteros sobre la miseria en los mu-
nicipios. Después fue un libro coordinado
por su director, Miguel Badillo. De esto hace más
de 5 años. Pero esta terrible desgracia nacional ha
ido en aumento, particularmente desde que la po-
lítica federal adoptó el neoliberalismo económico,
a la par del Tratado de Libre Comercio (TLC),
cuando Salinas de Gortari se robó las elecciones en
1988. Ese salinismo ha imperado hasta ahora con
Peña, pues varios de sus alfiles están en el primer
plano: Otto Granados, la Ruiz Massieu, los Carre-
ño, González Anaya, etcétera, y tienen a más de
la mitad de los mexi-
canos, empezando por
los indígenas, en los tres
grados de la pobreza, la
extrema y la hambruna.
Así que otra vez el
Consejo Nacional de
Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval) sale con la
canción de siempre: los municipios están en dra-
mática situación social, casi al borde de la muerte
por hambre. De los más de 2 mil municipios –su-
puestamente células de la democracia– 2 mil ago-
nizan. Y 190 que se encuentran en el centro del
país, prácticamente están sin alimento; muertos de
hambre en sus últimos momentos de sobreviven-
cia, abandonados por el peñismo, los desgobernadores
y sus presidentes municipales, como nos informan
los reporteros Diana Baptista (Reforma), Pedro Villa
(El Universal) y Angélica Enciso (La Jornada), 8 de
diciembre 2017.
En su informe 2015, el Coneval nos dice que
la mayoría de los municipios siguen en pobreza. O
sea que los mexicanos de esas regiones están en los
límites de morir de hambre y de todos los males que
acarrea esa miseria. Es un informe desde los aguje-
ros donde se asoman los que en breve serán ente-
rrados; y que sin metáfora alguna, son muertos-vi-
vientes. No se trata de piedad ni lástima, sino de
obligación gubernamental (sobre todo de la fede-
ral), que no cumplen; pues esos obesos gobernantes
comen de manera gratuita –y hasta desperdician
alimentos– porque les pagan con cargo a los dine-
ros de esos municipios en total desgracia. Dice Co-
neval, sin embargo, que
comparado su análisis
con el de 2010… ¡hu-
bo-avances en el com-
bate a la pobreza! Es
falso. El avance es que
hay más pobres rayan-
do con la hambruna.
El Coneval quiere engañarnos, pero los mexi-
canos ya no creemos a los funcionarios, porque
sabemos a ciencia cierta cómo las instituciones
maquillan las cifras; porque la pobreza, la extre-
ma pobreza y la hambruna han aumentado. Esos
“puntos porcentuales” con los que evalúan cuan-
titativamente, son mediciones tramposas por más
que demuestren que dos y dos son cuatro. Pues
no basta con reducir aritméticamente la pobreza,
profundizada por la política del neoliberalismo eco-
nómico peñista. Pues las cifras del Inegi en 2017
arrojan más de 50 millones de pobres… ¿entonces,
por qué contabilizó Coneval menos pobres?
EL PAÍS EN EXTREMA POBREZA
PERO PEÑA DESEA: “SALUD,
TRABAJO Y FELICIDAD”
ÁLVARO CEPEDA NERI
El Coneval conﬁrma que la mayoría de
los municipios siguen en pobreza: la gen-
te está en los límites de morir de hambre
y los males que acarrea esa miseria
El Coneval conﬁrma que la mayoría de
y los males que acarrea esa miseria

CONTRAPODER OPINIÓN
Pero el señor Peña, quien ya ingresó al montón
de presidentes que ha padecido la nación, ha envia-
do un hipócrita deseo para este año 2018, basán-
dose en sus “5 años de esfuerzo para transformar
al país como nunca en décadas”. Pero es claro que
los hechos demuestran todo lo contrario, y sus 11
“reformas” han sido medidas de política económi-
ca conforme al neoliberalismo de un capitalismo
donde obtuvieron ventaja los capitalistas extranje-
ros con uno que otro nativo, para hacerlas culmi-
nar con su temeraria ley de seguridad, aplazada en
su total ejecución para que los once ministros de la
Corte la aprobaran por mayoría.
Por eso el general Cienfuegos de
antemano se comprometió a res-
petar el fallo constitucional, pues
ese poder judicial, como el Con-
greso, están sometidos al “señor
presidente” en calidad de general
de cinco estrellas.
Los cinco años de Peña han
sido un desastre social: más po-
bres. Y una violencia sangrienta
a la par de violaciones a los mí-
nimos derechos humanos; ya
que, con ley de seguridad o sin
ella, los militares fueron sacados
de los cuarteles por órdenes de
Peña, sin que hayan podido so-
meter a los delincuentes. Y mu-
cho menos al narcotráfico. Y con
o sin mando único, las policías
quedaron reducidas a retaguar-
dia militar. Económicamente, el
peñismo significó billonario en-
deudamiento, con millones en
la informalidad a pesar de que Peña ha tocado las
campanas a vuelo con la “creación de 3 millones de
empleo”, aunque con salarios de hambre.
La corrupción e impunidad son las “transfor-
maciones profundas” de que se vanagloria Peña.
Casi todos los funcionarios son ladrones. Y sus re-
presentantes son los Javier y César Duarte, los Bor-
ge, los Medina, los Padrés, etcétera. El peñismo ha
corrompido todo. Y, políticamente, ha estado mar-
cado por los desatinos de los mexiquenses: Miran-
da, Videgaray, Ruiz Esparza, Navarrete. ¡Lozoya!,
Korenfeld, Robles, Castillejos y el mismo Peña. Ya
usó la metáfora de que ha mantenido el barco a
flote, pasando por alto que quienes reman son 50
millones de pobres. Y que hay síntomas de motín
a bordo por la terrible inseguridad, los 43 de Ayot-
zinapa, los fusilados por los militares, etc., etc., a lo
cual no ha dado soluciones, mientras prepara la
huida al concluir su devastador sexenio.
Desea Peña “un año pleno de salud, trabajo y
felicidad”. Pero sus 5 años han sido peor que un
terremoto y contradicen sus deseos. Millones de
mexicanos padecen desigualdades, no tienen de-
recho a salud y no tienen trabajo. Y de esto depen-
de la felicidad real. Desear no es cumplir con las
obligaciones de un buen gobierno y los hechos ne-
gativos imperan abrumadoramente. La incapaci-
dad política de Peña ha llevado al país a someterse
más a los intereses estadounidenses y a los odios
de un Trump tan loco como el norcoreano Kim
Jong-un. Y el “vicepresidente” Videgaray –con
su casa blanca en Malinalco–, viaja costosamen-
te a Washington para empeorar esas relaciones.
Así que sólo hay desastres, problemas, corrupción,
impunidad; y control peñista de los tres poderes
federales.
TERCERO
DÍAZ/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
E
l Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) ha padecido a lo largo de
su historia de longevas e ilegítimas dictaduras
caciquiles; la más reciente, la de Elba Esther Gordillo
Morales. Cada una de estas dictaduras ha sido prece-
didadehistoriasdetraiciones:JongitudBarriostraicio-
na a Robles Martínez e impone su periodo dictatorial
hasta el momento de ser traicionado por Elba Esther
Gordillo, en 1989; y ésta, a su vez, por Juan Díaz de la
Torre, quién ocupa su lugar en febrero de 2013.
Gordillo Morales modificó el Estatuto Sindical
en distintos momentos para garantizar su cacicazgo
en el SNTE. Incluso se declara presidenta vitalicia
con la complacencia de gobiernos priístas y panis-
tas que la mantienen en la escena política nacional
como fiel impulsora de las reformas neoliberales en
materia educativa. Con Vicente Fox arma la estruc-
tura electoral que les permite el fraude de 2006 y la
imposición de Felipe Calderón en la Presidencia de
la República, del cual obtuvo como premio varias
secretarías de Estado y su factura política, el Partido
Nueva Alianza.
En 2008 surge –como una alternativa de lucha
para recuperar el SNTE y ponerlo al servicio de las
bases– el Comité Ejecutivo Nacional Democrático
(CEND) del SNTE, surgido de un Congreso Nacio-
nal de Bases como un comité contrahegemónico a
la ilegitimidad que encabezaba Gordillo y a la que le
disputó la dirección formal en instancias laborales y
en el escenario sindical.
En febrero de 2012 concluye el periodo de la
toma de nota que la mantenía al frente del SNTE,
por lo que el CEND-SNTE –encabezado ya en
ese momento por el profesor Artemio Ortiz Hurta-
do– demanda al Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje la titularidad de la relación laboral en el
SNTE, ya que la representación se encontraba acé-
fala e inicia el proceso legal de disputa por la titulari-
dad del SNTE. De manera real, el CEND-SNTE se
convierte en un comité de contraposición a Elba Es-
ther Gordillo. Felipe Calderón la salva destituyendo
a Alfredo Farid Barquet antes de resolver para obli-
garla a realizar un Congreso Nacional. Nuevamente
en 2012, en Playa del Carmen, Quintana Roo, des-
pués de huir de Playas de Rosarito, Baja California,
de la persecución de las Bases del Movimiento del
Magisterio Democrático Nacional, Gordillo Mora-
les modifica el Estatuto, pues al no poder reelegirse
como presidenta del SNTE, se nombra presidenta
del Consejo General Sindical para el Fortalecimien-
to de la Educación Pública.
El 26 de febrero de 2013 Elba Esther Gordillo es
detenida en el aeropuerto de Toluca, cuando se diri-
gía a una reunión de su Consejo Político Nacional,
acusada de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese mismo
díaporlanocheJuanDíazdelaTorreestrasladadoa
la Secretaría de Gobernación y desde ahí se pacta la
nueva traición contra el cacicazgo en el SNTE. Esta
traición implicó no solamente mantener a Gordillo
enlacárcel,sinoelavalalareformaeducativa,elhos-
tigamientoamilesdemaestrosyconestolatraicióna
los derechos adquiridos de los trabajadores de la edu-
cación y convertir al SNTE en cascarón y en palero
y aplaudidor del gobierno peñista. Se profundiza la
destrucción de la plaza base y la educación pública.
Juan Díaz de la Torre realizó un Congreso Na-
cional Extraordinario los días 12, 13 y 14 de febrero
en Puerto Vallarta, Jalisco, pensando en que el Esta-
doqueloentronizóenelSNTEleotorguecobertura
y apoyo en su entidad de origen. El objetivo de Díaz
de la Torre con este Congreso Nacional fue impo-
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEMOCRÁTICO DEL SNTE EN LUCHA
NI JUAN DÍAZ NI ELBA ESTHER
A PONER FIN AL CACICAZGO
EN EL SNTE

ARTÍCULO OPINIÓN
nerse como el nuevo cacique, pero también poner la
estructura sindical a disposición de un desesperado
José Antonio Meade, ofertando a los maestros como
carne electoral para obtención de votos y asegurar
el fraude, que finalmente afirma la continuidad de
la reforma educativa, las reformas estructurales, las
subsecuentes privatizaciones. Es decir, la destrucción
de la educación pública y los derechos de los maes-
tros y demás efectos como el aumento de la pobreza
y la inseguridad. Un objetivo coyuntural es que, al
facilitar dicho fraude, evita la inminente victoria de
Andrés Manuel López Obrador y su llegada a la
Presidencia de la República.
Ante la salida de Gordillo Morales de la cárcel
y su nueva condición de prisión domiciliaria en su
Penthouse de Polanco, donde ahora despacha y
atiende a su clase política que nuevamente se pone
a sus órdenes, sabedores de los hilos que aún mueve
la “maestra”, se aprecian escenarios donde Gordillo
intentará cobrarle la factura de la traición a Díaz de
la Torre. Sus pleitos legales sacan a la luz los desaseos
que han prevalecido al interior del charrismo sindical.
El reciente Congreso Nacional fue el ring de las dos
posiciones ilegítimas que buscan el poder para el
usufructo de los recursos y bienes de 1 millón 700
mil trabajadores de la educación. Quien gane de
ellos, los que pierden son las bases magisteriales. El
patrón, es decir, la Secretaria de Educación Pública,
ha tomado posición a favor de su actual lacayo.
Pese a los pleitos legales entre Juan Díaz de la To-
rre y Elba Esther Gordillo, con argumento en rea-
lización, o no, de plenos extraordinarios, congresos
extraordinarios,etcétera,incluso,conelpropio reco-
nocimiento, a través de la toma de nota del Tribunal
FederaldeConciliaciónyArbitraje;aunquehayade-
cretos judiciales que otorguen o retiren validez a las
actuaciones de quienes se ostentan como “represen-
tantes sindicales”; con la creación de figuras estatuta-
rias alejadas de una real defensa de los trabajadores
de la educación, el SNTE reconocido formalmente
por el Estado carece de total reconocimiento y legiti-
maciónporpartedelasbasesmagisterialesenelpaís.
Es necesario conocer que el origen histórico de
un sindicato obedece a la organización de los traba-
jadores para la defensa de sus derechos frente a los
abusos del patrón. Es un derecho social. Significa el
reconocimiento a la condición del trabajo y del tra-
bajador, el trabajo entendido no como mercancía
sino la forma en que el trabajador se allega los ele-
mentos materiales básicos para tener una vida digna
junto a su familia. La organización sindical posee
autonomía y soberanía en sus propias decisiones, es
decir, corresponde exclusivamente a los agremiados
sindicales decidir sobre lo que a éste afecte, en las ins-
tancias destinadas para ello, sea congreso nacional,
plenos, etcétera, donde se vea reflejado el sentir y ne-
cesidades mediatas e inmediatas de las bases.
Laconvocatoriaaespaciosdondenoestánrepre-
sentadostodoslostrabajadoresdelaeducaciónagre-
miados al SNTE no tiene validez legítima porque no
escuchan ni reconocen facultades de decisión de la
base trabajadora.
En el SNTE la máxima autoridad, y a quien
corresponde la soberanía sindical, lo que conlleva
las facultades exclusivas de decisión, corresponde
a la base. No a los representantes sindicales. Estos
últimos están obligados a cumplir los mandatos de
la base trabajadora emanados, en este caso, de un
Congreso Nacional de Bases.
La actitud que toma la representación ilegítima
en el SNTE, de decidir contrario a los intereses de
los trabajadores, trastoca la soberanía de las bases y
usurpa facultades que no le corresponden.
El bien jurídico y social que debe ser protegido
por los estatutos del sindicato y por el derecho la-
boral en general, son los derechos laborales de los
trabajadores, tanto individual como colectivamente
(salarios, jornada laboral máxima, derecho de sindi-
cación, huelgas...). Al trabajador se le reconocen de-
rechos en cuanto sujeto jurídico, a través de ordena-
mientoslegales.Noesquesele“otorguen”derechos.
El ser humano reconocido como trabajador tiene fa-
cultadesdeorganización,dedecisión,depetición,de
ejecución, al interior de determinada organización
sindical, es decir, es quien tiene la legitimación para
actuar, para decidir al interior de su organización
gremial. Está prohibida la intromisión del patrón
en las acciones de un sindicato, así como las deci-
siones de aparentes representaciones pasando por
encima de la voz y el voto de las bases. El Congreso
Nacional Extraordinario de Juan Díaz de la Torre
fue ilegítimo, al igual que el resultado de las disputas
legales con Elba Esther Gordillo. Por lo tanto, no son
reconocidos por la base magisterial agremiada en el
SNTE y se continuará reconociendo a la dirección
emanada de los Congresos Nacionales de Bases.

ARTÍCULO
OPINIÓN
C
aracas, Venezuela. Entre mentiras hechas
parecer verdades se crea un ambiente en
la frontera colombo-venezolana que pue-
de ser el anticipo de la agresión contra la patria
de Simón Bolívar con el repetido guion de la crisis
humanitaria.
Rumores, conversaciones de esquinas, de filas
donde siempre hay corillos sobre los efectos de la
agresión económica y la guerra de precios, ilustran
el acontecer venezolano. Es el termómetro que
sube o baja según el tamaño de las mentiras o tal
vez medias verdades.
En estos días un venezolano, sin el menor son-
rojo, afirmaba con una seguridad pasmosa que
el fin de semana último 2 millones de personas
abandonaron el país por la frontera hacia Colom-
bia.
Habladurías como éstas son ya comunes en el
país, donde muchos olvidan que el tráfico de per-
sonas en ambas direcciones es algo normal e his-
tórico, aunque tal vez ahora hay muchos más que
van a Colombia a comprar productos de diversa
índole, los cuales luego de salir de contrabando son
más baratos del otro lado.
No es un secreto que en territorio colombiano
hoy viven millares de venezolanos que abandona-
ron el país por diversas razones, entre ellas eco-
nómicas, pero de igual forma aquí en esta parte
residen desde hace tiempo muchos más colombia-
nos, que algunas fuentes plantean son más de 5
millones; de eso pocos hablan.
El protagonismo lo tienen hoy los venezolanos.
Son la atención de los medios empeñados en dar
una imagen de caos total como parte de un libreto
ejecutado para “justificar” esa ayuda humanitaria
que vendría con botas, uniformes y balas por de-
lante, y muy probablemente “Made in USA”.
El 8 de febrero, el presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, anunció que su gobierno no expedi-
rá más tarjetas de movilidad fronteriza a los ciudada-
nos venezolanos que ingresen al país.
“A partir de este momento no se van a expedir
más tarjetas de movilidad fronteriza”, aseguró el
mandatario a la prensa en la colindante ciudad de
Cúcuta, uno de los lugares donde se fijan los precios
que atacan los bolsillos de los venezolanos.
La tarjeta de movilidad fronteriza se expide para
losvenezolanos queingresanaterritoriocolombiano
sin utilizar su pasaporte, y permite transitar por va-
rias regiones de la nación vecina durante seis meses.
Como consecuencia de esa medida, los extran-
jeros que desean ingresar a ese territorio deberán
presentar el pasaporte vigente o la TMF expedida
por Migración Colombia, entidad según la cual du-
rante el último año unos 550 mil venezolanos se han
instalado en Colombia y la cifra va en aumento, de
acuerdo con medios afines al gobierno de Santos.
Hay preocupación por el flujo de los venezola-
nos, algo que siempre fue normal, y más aún, de al-
guna forma están involucrando a Naciones Unidas.
El jefe de Estado encabezó una reunión con
gran parte del gabinete ministerial, la cúpula mili-
tar y autoridades y alcaldes de Norte de Santander,
para discutir fórmulas a fin de afrontar la situación
que calificaron “sin precedentes”. En ese encuen-
tro también participó Martín Santiago, coordi-
nador residente de Naciones Unidas (ONU) en
Colombia.
Santos anunció que se abrirá un centro para
atender a los migrantes venezolanos, lo cual se hará
LUIS BEATÓN/PRENSA LATINA
EN LA FRONTERA CON COLOMBIA
SE EMPOLLA AGRESIÓN A
VENEZUELA

ARTÍCULO OPINIÓN
enasociaciónconlaONU,dondealbergarána2 mil
personas.
Entre otras medidas anunciadas, está el desplie-
gue de unos 3 mil militares y policías para custodiar
los 2 mil 200 kilómetros de frontera binacional. Esta
fuerza estará integrada además por otros organis-
mos. Quizás entre las tareas de esa agrupación esté
impedir el contrabando de combustible que se roba
en Venezuela y genera más de 2 mil millones de dó-
lares anuales, parte de los cuales van a las arcas co-
lombianas.
Esta crisis que se empolla en la frontera no sólo
es vista desde la tierra de Santander; también al nor-
te, en Estados Unidos, se intensifica la campaña que
pone a Venezuela y a sus autoridades en la picota.
El diario The Hill, conocido como una publica-
ción seria y objetiva dentro de los estándares esta-
dunidenses y que es algo así como el periódico del
Congreso de ese país, publicó el 9 de febrero un artí-
culo de opinión que elevó la temperatura al señalar
que la crisis de refugiados en Venezuela supera la de
Siria.
Suscritoporunvenezolano,DanyBahar,colabo-
rador de esa publicación, el texto incluye un llamado
a “ayudar” y una clara incitación a la intervención
extranjera contra el gobierno constitucional de Ni-
colás Maduro.
Señala el articulista que la próxima crisis de re-
fugiados (la de Venezuela) no está siendo impulsada
por una guerra violenta sino por un desastre socioe-
conómico de magnitudes apenas vistas anterior-
mente. Sin embargo peca en no abordar la agresión
económica abierta y encubierta que desde hace casi
18 años enfrenta este país.
Baharplanteaque“lamayoríadelosvenezolanos
estánpasandohambreymuriendodeenfermedades
prevenibles”, una mentira que de tanto repetirse ya
parece una verdad. Así siguen otros argumentos que
distan de la realidad. “Las imágenes de personas que
buscan comida en la basura se han convertido en la
nueva norma, y alrededor de las tres cuartas partes
de la población en el país ha perdido involuntaria-
mente casi 20 libras de peso. Mientras tanto, las ta-
sas de mortalidad infantil aumentaron en un 30 por
ciento solo en 2016”.
Sin embargo eso no es lo que reflejan los infor-
mes de organismos internacionales, los cuales man-
tienen hasta ahora su imparcialidad. No es menos
cierto que hay escasez pero de ahí a estarse murien-
do de hambre hay camino por recorrer.
Esta crisis es producto de una enorme mala ges-
tión por parte de los que están en el gobierno, y nada
más, señala el artículo que publica The Hill y otra vez
le da un rodeo a las verdaderas causas del problema
y que están a la vista pública. El chavismo y la Re-
volución Bolivariana representan el mayor obstáculo
para la política de dominación, control y hegemo-
nismo que históricamente caracteriza la relación de
Washingtonconsusvecinosdelsur,deahílosdiseños
y planes para acabar con ese ejemplo.
Retomando el tema de los refugiados, el autor
plantea que “estas condiciones infrahumanas son los
factores determinantes de la crisis de refugiados en
curso originada en Venezuela. Algunas estimaciones
sugieren que ya hay cuatro millones de venezolanos
que han abandonado el país en busca de mejores
condiciones de vida: más del 10 por ciento de la po-
blación del país”.
Quizás más sean los colombianos que residen en
esta nación. Razones económicas, refugiados por la
guerra paramilitar, del narcotráfico y de la represión
oficial de los movimientos de izquierda y sociales, y
las autoridades no los persiguen si no violan la ley del
país, según informes.
EnelartículodeBaharhayunaabiertaapelación
a la intervención. “A medida que la crisis política en
Venezuela se ha exacerbado, particularmente desde
las protestas de 2016, la comunidad internacional ha
intentado, sin éxito, hasta ahora, restablecer la de-
mocracia”.
Señala el comentario que “bajo este escenario,
hay algo más que la comunidad internacional puede
hacer: preparar e implementar un plan para lidiar
con la oleada saliente de refugiados venezolanos”.
El informante habla de la política de Bogotá, que
recibió “alrededor de 600 mil venezolanos”, algo
queesnormalenlahistoriadelasdosnaciones,pero,
agrega: “Otros países de la región han reaccionado
de diferentes maneras, pero ninguno de ellos ha to-
mado la iniciativa de proporcionar una solución sos-
teniblealproblema.Eshoradequealguienlohaga”.
Cabría preguntarse, ¿cuál es la iniciativa que
pide el opinador? Dany Bahar es oriundo de Vene-
zuela, miembro del programa David M Rubenstein
de Economía Global y Desarrollo en la Institución
Brookings.

ARTÍCULO
OPINIÓN
L
a Paz, Bolivia. “Banderazo”, así denominó
el presidente de Bolivia, Evo Morales, a la
confección de una bandera gigante, que se
estima llegue a los 70 kilómetros de largo, capaz
de movilizar a todo el país en apoyo a la demanda
marítima contra Chile.
No se trata de romper récord, sino de “un
llamado patriótico a la unidad para recuperar
nuestra salida soberana al mar y lograr justicia en
memoria de todos quienes dieron su vida en esta
lucha y por el futuro de nuestro país”, aseveró el
mandatario al invitar a todos los bolivianos a con-
feccionar esta bandera.
La convocatoria la
hizo el 14 de febrero,
justo a 139 años de la
invasión y asalto a An-
tofagasta por tropas
chilenas, hecho que
–coinciden los investi-
gadores– fue uno de los
episodios más negros de la historia boliviana.
El acontecimiento provocó la pérdida de 400
kilómetros de costas y otros 120 mil kilómetros
cuadrados de terrenos ricos en recursos naturales,
entre ellos cobre, litio y salitre.
En 2013 La Paz presentó una demanda ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya,
para que Chile negociara de buena fe el pedido de
una salida soberana al océano Pacífico.
Dos años después, la Corte se declaró com-
petente para resolver las diferencias entre los dos
países, los cuales concluyeron sus alegatos escritos
y se preparan para iniciar este 2018 la fase oral,
previa a la sentencia.
Según Morales ese estandarte representará la
unidad de los bolivianos en el “sano orgullo” de
su demanda por una salida soberana al océano
Pacífico, como un derecho que corresponde a los
pueblos “por la historia, la razón, la paz y la fra-
ternidad”.
“Ahora que La Haya está cerca al inicio de
los últimos alegatos orales (del 19 al 28 de mar-
zo) aquí en Bolivia es tiempo de la unidad más
sólida, es tiempo de juntarnos todos en apoyo a la
demanda marítima, en
apoyo a nuestro equi-
po para demostrarle al
mundo que Bolivia es
una sola”, manifestó.
Cada bandera, de-
talló, deberá tener tres
metros de ancho y me-
dir como mínimo 10
metros de largo; será de color azul mar y en su
cuadrante superior izquierdo contará con la in-
signia tricolor y la whipala (enseña) con las nueve
estrellas que representan a los departamentos del
país.
En tanto, en su cuadrante derecho mostrará
una estrella que simboliza el departamento del li-
toral boliviano.
El banderazo se realizará el sábado 10 de mar-
zo de 2018, como parte de las actividades por el
Día del Mar.
A las nueve de la mañana se unirán todas las
LOURDES PÉREZ NAVARRO/PRENSA LATINA
BOLIVIA NO QUITA
EL DEDO DEL RENGLÓN
EN SU DERECHO A SALIDA
AL MAR
En Bolivia es tiempo de la unidad más
sólida, de juntarnos todos en apoyo a la
demanda marítima (...) para demostrarle
al mundo que Bolivia es una sola
En Bolivia es tiempo de la unidad más
al mundo que Bolivia es una sola

ARTÍCULO OPINIÓN
banderas y al mediodía ondeará este gigantesco
gallardete a lo largo de una de las vías que articu-
la las localidades intermedias de Sica Sica, en La
Paz, y Caracollo, en Oruro.
La respuesta no se hizo esperar, y en ese empe-
ño ya están movilizadas las diversas organizacio-
nes que integran la Coordinadora Nacional por
el Cambio (Conalcam) e instituciones como las
Fuerzas Armadas.
Bolivia nació con acceso
soberano al mar
De acuerdo con el mapa cartográfico publi-
cado en 1859, durante el gobierno del presidente
José María Linares, Bolivia nació como República
con un territorio de 2 millones 363 mil 769 kiló-
metros cuadrados de extensión.
Limitaba al Norte y al Este con Brasil, al Sur
con Paraguay, las Provincias Unidas del Río de La
Plata y Chile; y al Oeste con Perú, donde está el
litoral boliviano.
Voces acreditadas como la del canciller boli-
viano Fernando Huanacuni, afirman que ante la
CIJ se han presentado todos los argumentos jurí-
dicos, documentales e históricos para demostrar
que el país nació con acceso soberano al mar.
Luego la invasión chilena de 1879 cercenó el
territorio, un departamento importante, e hizo
perder la cualidad marítima, hecho que ha sido
discutido en diversas ocasiones por autoridades
de ambos países, incluso en el Tratado de 1904;
pero, más de 100 años después, la solución está
aún pendiente.
Actualmente, con el liderazgo del presidente
Evo Morales, se ha hecho tangible este reclamo
en un espacio internacional.
A juicio de Huanacuni, en primer lugar por-
que tomó una decisión valiente, para lo cual “hay
que tener una capacidad de ver un poco más de
lo que denominamos el presente, ser visionario...
Evo tiene todas las cualidades de ser un estadis-
ta, es intuitivo, osado en esta acción de presentar
la demanda marítima ante la
CIJ”, resaltó.
Este, dijo en entrevista al
periódico Cambio, “es un espa-
cio generado en el Derecho In-
ternacional en tiempos de paz,
por lo tanto no es ningún rol de
agresión, más al contrario, es
apelar en tiempos de paz a es-
pacios para resolver temas evi-
dentes”.
De acuerdo con el calenda-
rio establecido, Bolivia iniciará
las audiencias orales en la CIJ el
19 y 20 de marzo en la deman-
da que tiene contra Chile por
una salida soberana al océano
Pacífico.
Se realizarán seis audiencias
orales: tres para Bolivia y tres para Chile, comunicó
recientemente el ministro de Justicia, Héctor Arce.
El 21 de marzo habrá un espacio sin actividad,
y el 22 y 23 del mismo mes Chile iniciará su expo-
sición. Bolivia presentará su alegato final el lunes
26 y Chile cerrará el miércoles 28 de marzo.
“Hay una buena distribución de los tiempos
que ha hecho la Corte y Bolivia está en buenas
condiciones, óptimamente preparada para esta
etapa que es la más importante del procedimien-
to”, subrayó el ministro.
De ahí el llamado del presidente Morales a
apoyar con un banderazo todo este proceso que
para Bolivia significa justicia, derecho, unidad,
paz y reivindicación.
IVÁN
STEPHENS/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
R
oma, Italia. El gobierno de Italia, que
durante el periodo electoral supuesta-
mente debe abstenerse de tomar grandes
decisiones políticas, está sin embargo a punto de
contraer nuevos compromisos en el seno de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). Esos compromisos se harán oficiales
durante el Consejo del Atlántico Norte que re-
unirá en Bruselas, el 14 y el 15 de febrero, a los
ministros de Defensa de los países miembros de
la alianza atlántica.
Aunque la agenda de ese encuentro aún no
se ha dado a conocer, en realidad ya está escrita
en el documento National defense strategy 2018, que
el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim
Mattis, anunció el 19
de enero [1]. Pero este
año, a diferencia de los
anteriores, el informe
del Pentágono está cla-
sificado como secreto
militar. Sólo se publicó
un resumen, pero su
contenido basta para que comprendamos lo que
se está preparando en Europa.
Acusando a Rusia de “violar las fronteras de
naciones limítrofes y de ejercer un poder de veto
sobre las decisiones de sus vecinos”, el documen-
to estadounidense estipula: “El medio más segu-
ro de prevenir la guerra es estar preparados para
ganarla”.
Así que Estados Unidos exhorta a sus aliados
europeos a “mantener su compromiso de elevar
los gastos para elevar el poderío de la OTAN”.
Italia ya se comprometió, en la OTAN, a elevar
sus gastos militares de los alrededor de 70 millo-
nes de euros diarios actuales a unos 100 millones
de euros al día. Pero prácticamente nadie habla
de eso en los debates preelectorales.
Como tampoco se habla del contingente ita-
liano desplegado en Letonia, junto a la frontera
rusa, ni de los aviones de guerra italianos Eurofi-
ghter Typhoon desplegados en Estonia desde el
10 de enero pasado, a unos 10 minutos de vuelo
de San Petersburgo, supuestamente para prote-
ger a los países bálticos de la “agresión rusa”.
Silencio también sobre el hecho que Italia
asumió, el 10 de enero, el mando del compo-
nente terrestre de la Nato Response Force, que
puede ser enviada a cualquier lugar del mundo
“bajo la autoridad del Comandante Supremo
de las Fuerzas Aliadas
en Europa”, un militar
estadunidense desig-
nado siempre por el
presidente de Estados
Unidos.
Tampoco se dice
que la marina de gue-
rra italiana recibió el 26 de enero el primer avión
de guerra del tipo F-35B de despegue corto y
aterrizaje vertical, cuyo personal recibirá entre-
namiento en la base del US Marine Corps en
Beaufort, Carolina del Sur.
Todo eso y muchas otras cosas se mantienen
en silencio en el debate previo a las próximas
elecciones italianas. Las discusiones se concen-
tran en las implicaciones económicas que tiene
para Italia su condición de miembro de la Unión
Europea, mientras se dejan de lado las conse-
cuencias políticas y militares, así como las con-
secuencias, también económicas, del hecho que
MANLIO DINUCCI/IL MANIFESTO-REDVOLTAIRE
LA OTAN Y LAS BOMBAS ATÓMICAS
NO SON TEMAS ELECTORALES
El 10 de enero, Italia asumió el man-
do del componente terrestre de la Nato
Response Force, que puede ser enviada
a cualquier lugar del mundo
El 10 de enero, Italia asumió el man-
a cualquier lugar del mundo

ARTÍCULO OPINIÓN
Italia sea miembro de una alianza militar –la
OTAN– que se halla bajo el mando de Estados
Unidos y a la que también pertenecen –después
del Brexit– 21 de los 27 países miembros de la
Unión Europea.
No se habla en los debates preelectorales de
la cuestión de las nuevas bombas atómicas B61-
12 que Estados Unidos comenzará a desplegar
en Italia dentro de 2 años para reemplazar las
actuales B-61, lo cual pondrá a nuestro país en la
primera línea de la confrontación nuclear, cada
vez más peligrosa, con Rusia.
Para romper el manto de silencio sobre esas
cuestiones fundamentales tendremos que hacer,
como propone el Comité No a la Guerra, No a la
OTAN, dos preguntas muy precisas a los candi-
datos y candidatas que participan en las eleccio-
nes italianas, tanto durante los mítines públicos,
como a través de las redes sociales y los progra-
mas de radio y televisión:
“¿Es usted favorable o no a que Italia salga de
la OTAN? ¿Es usted favorable o no a que se reti-
ren inmediatamente de Italia las armas nucleares
de la OTAN? Responda “Sí” o “No”, y explique
eventualmente su respuesta.”
A los 243 miembros del Parlamento –entre
los que se halla el candidato líder del Movimien-
to 5 Estrellas, Luigi Di Maio– que firmaron el
compromiso del ICAN [siglas en inglés de la
Campaña Internacional para Abolir las Armas
Nucleares] para lograr que Italia se sume al Tra-
tado de la Organización de las Naciones Unidas
para la Prohibición de las Armas Nucleares, po-
dríamos hacerles una tercera pregunta:
¿Sobre la base del compromiso ya contraído
por usted, se implicará usted durante la próxima
legislatura en obtener la retirada inmediata del
territorio de Italia de las bombas nucleares B-61,
que ya violan actualmente el Tratado de No Pro-
liferación nuclear, y evitar la instalación de las
bombas B61-12 y de cualquier otro armamento
nuclear?
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
L
ima, Perú. Vacancia es echar a alguien de
su cargo, que queda vacante al sacarlo o
destituirlo, porque corresponde hacerlo, al
haber demostrado sus hechos una “permanente
incapacidad moral” para el puesto, aunque haya
sido elegido para el mismo.
Debido proceso legal no es sino el conjunto
de pasos o procedimientos que se siguen para
declarar tal vacancia, y que los haya establecido
con antelación el ordenamiento jurídico nacio-
nal. Quienes producen la vacancia no pueden
sacar reglas de su cabeza; a su mera discreción,
antojo o por inquina
personal, tienen que
estar escritas y vigen-
tes. Ergo, nadie debe
añadir nada a lo que
las normas hayan pre-
cisado.
La Constitución
Política del Perú, en
su Artículo 113, inciso 2, ha establecido escue-
tamente que la Presidencia de la República vaca
por la “permanente incapacidad moral” que el
Congreso de la República declare. No regula
regla alguna respecto del modo de alcanzarla,
aunque señala que el Congreso mismo expide su
propio Reglamento para el cumplimiento de sus
funciones.
El Artículo 94 dice: “El Congreso elabora y
aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley”,
en cuyo cuerpo normativo encontramos el llama-
do procedimiento de vacancia.
He aquí las precisiones de este Reglamento
con fuerza de ley, sobre el procedimiento de va-
cancia presidencial, y que nadie ha cuestionado
su constitucionalidad desde su dación, el 4 de ju-
nio del año 2004:
“Procedimiento para el pedido de vacancia
de la Presidencia de la República, por la causal
prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Cons-
titución:
Artículo 89-A. El procedimiento para el pedi-
do de vacancia de la Presidencia de la República,
por la causal prevista en el inciso 2 del artículo
113 de la Constitución,
se desarrolla de acuer-
do con las siguientes
reglas:
“a) El pedido de
vacancia se formula
mediante moción de
orden del día, firmada
por no menos del 20
por ciento del número legal de congresistas, pre-
cisándose los fundamentos de hecho y de derecho
en que se sustenta, así como de los documentos
que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del
lugar donde dichos documentos se encuentren.
Tiene preferencia en el orden del día y es vista
antes que cualquier otra moción pendiente en la
agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se
remite, a la mayor brevedad, al presidente de la
República.
“b) Para la admisión del pedido de vacancia se
requiere el voto de por lo menos el 40 por ciento
GUILLERMO OLIVERA DÍAZ/PÁGINAS LIBRES/REDVOLTAIRE
DESTITUCIÓN PARA EL
PRESIDENTE KUCZYNSKI
Y DEBIDO PROCESO LEGAL
La vacancia del preesidente peruano
se impone a gritos por su conducta des-
honrosa (inmoral y amoral) que adopta
sobre hechos pasados y presentes
La vacancia del preesidente peruano
sobre hechos pasados y presentes

ARTÍCULO OPINIÓN
de congresistas hábiles. La vota-
ción se efectúa artículos del 64
al 95, 149 indefectiblemente en
la siguiente sesión a aquella en
que se dio cuenta de la moción.
“c) El Pleno del Congreso
acuerda día y hora para el de-
bate y votación del pedido de
vacancia, sesión que no puede
realizarse antes del tercer día
siguiente a la votación de la ad-
misión del pedido ni después del
décimo, salvo que cuatro quin-
tas partes del número legal de
congresistas acuerden un plazo
menor o su debate y votación
inmediata. Si fuera necesario
se cita, para este efecto, a una
sesión especial. El presidente de
la República cuya vacancia es
materia del pedido puede ejer-
cer personalmente su derecho
de defensa o ser asistido por le-
trado, hasta por 60 minutos.
“d) El acuerdo que declara la vacancia de la
Presidencia de la República, por la causal prevista
en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución,
requiere una votación calificada no menor a los
2/3 del número legal de miembros del Congreso
y consta en Resolución del Congreso.
“e) La resolución que declara la vacancia se
publica en el diario oficial dentro de las 24 ho-
ras siguientes al de la recepción de la transmisión
remitida por el Congreso. En su defecto, el pre-
sidente del Congreso ordena que se publique en
uno de los diarios de mayor circulación nacional,
sin perjuicio de las responsabilidades a que hu-
biere lugar.
“f) La resolución que declara la vacancia rige
desde que se comunica al vacado, al presidente del
Consejo de Ministros o se efectúa su publicación,
lo que ocurra primero. (Artículo adicionado. Re-
solución Legislativa del Congreso 030-2003-CR,
publicada el 4-6-2004).”
En consecuencia, el debido proceso legal es
aquel que este Reglamento estableció y que los
congresistas deben acatar. No existe otro ni pue-
de proponerse reemplazo alguno luego que se ha
propuesto la vacancia del actual presidente Pedro
Pablo Kuczynski.
Esta vacancia se impone a gritos por la per-
manente conducta deshonrosa (inmoral y amoral)
que viene adoptando el cuestionado mandatario,
respecto de hechos pasados y presentes, todos le-
sivos para el país, que se investigan en la actuali-
dad, de los que pretende zafarse o sustraerse con
manoletinas. Ahora último se guarece en Jorge
Barata: ¡que manifestará ante la Comisión Lava
Jato después que Barata. Antes espetaba que no
estaba obligado a declarar, porque sus asesores le
han dicho!
La cacareada presunción constitucional de
inocencia no es óbice para declarar vacante el
cargo de presidente, así como no es impedimen-
to alguno para ordenar la prisión preventiva de
todo aquel que se presume inocente, aunque no
lo fuere. Ya tenemos dos expresidentes presos que
se reputan “inocentes”. Incluso Alberto Fujimori
después de haber sido condenado. Es que aquella
presunción no impide que la “incapacidad mo-
ral” exista, se la constate y, por fin, se la declare
como causal de vacancia.
DAVID
MANRIQUE

ARTÍCULO
OPINIÓN
S
i asumiéramos que el 90 por ciento de los
mexicanos en España tiene vigente su cre-
dencial de elector, el documento oficial para
poder ejercer voto, se tendrían que haber habili-
tado 5 mil 300 citas en toda España para garan-
tizar que todos puedan votar en las elecciones del
próximo 1 de julio. En Madrid, con cerca de la
mitad de la población mexicana en España, un
máximo de 700 personas podrán tramitar esa cre-
dencial con las cinco citas diarias que facilita la
Embajada de México. Entró en funcionamiento
en septiembre de 2017 la página web para regis-
trarse, y puede tramitarse hasta el 31 de marzo
de este año. La participación de mexicanos desde
España sería irrelevante una vez más; como su-
cedió en 2012, cuando
ejercieron su derecho y
deber de votar sólo 2
mil 180 ciudadanos.
Ningún voto vale
más que otro, pero el
voto de los mexicanos
que están fuera del
país tiene un significado especial en un momento
marcado por una “guerra” contra el narcotráfico
que ha dejado más de 170 mil muertos y desa-
parecidos. Esta cifra podría superar las muertes
y desapariciones en América Latina de todas las
dictaduras militares de la época de la Guerra Fría.
La violencia se ha convertido en “marca Méxi-
co”, junto con la gastronomía y las playas que pro-
mueve Enrique de la Madrid (secretario de Turis-
mo) en la Feria Internacional de Turismo (Fitur),
para contrarrestar la imagen a la que se reduce
todo un país en muchos medios de comunicación.
Esta violencia tiene una relación de simbiosis con
la impunidad, con la corrupción y con la “ley del
más fuerte” que ha suplantado al estado de dere-
cho.
México no es sólo desaparecidos, violencia y
corrupción pero tampoco es sólo gastronomía,
cultura, playas paradisíacas, sonrisas y amabili-
dad. Muchos Méxicos configuran una realidad de
país que podemos cambiar en lo negativo y ratifi-
car en lo que nos distingue para bien.
Los mexicanos en el exterior se exponen a
formas de vivir y de relacionarse distintas. Pier-
de normalidad sacar una licencia de manejo sin
examen o dar mordidas para conseguir cualquier
trámite o para que la gente cumpla con su trabajo
o con sus obligaciones.
En otros países tam-
bién existe la corrup-
ción, pero en México
ha podrido desde den-
tro a los distintos estra-
tos de la sociedad.
Los mexicanos en
España se acostumbran a caminar sin miedo por
la calle a cualquier hora, a sacar dinero de los ca-
jeros sin mirar atrás cada 2 segundos, a confiar en
su cuerpo de policías y dejar de tenerles miedo.
Se desacostumbra uno a la tensión cotidiana de
sentir que “el otro” va a “ser más vivo”, va a enga-
ñarte y a sacarte ventaja para todo.
Al cabo del tiempo, se pierde la desconfianza
de que la otra persona te va a pedir algo cuando
se muestra amable y dejas de esperar que te pidan
dinero para que la gente haga su trabajo.
En España, muchas veces se clasifica a los in-
CARLOS MIGUÉLEZ MONROY, PERIODISTA, CO-CREADORY EDITOR DE ESPACIO MÉX
EL AUTOENGAÑO DEL VOTO
DESDE EL EXTERIOR
Ningún voto vale más que otro, pero el
de los mexicanos en el extranjero se en-
marca en un contexto donde la violencia
se ha convertido en lamarcaMéxico
marcaMéxico

ARTÍCULO OPINIÓN
migrantes en función de su nivel educativo y de su
poder adquisitivo. Los mexicanos suelen sacar pe-
cho al reconocerse entre la “inmigración cualifica-
da” que viene a estudiar carreras, másters y doc-
torados, o que vienen con un contrato de trabajo,
que tienen la nacionalidad por vínculos familiares
o que obtienen la residencia por haber gastado
500 mil euros en una vivienda. Incurren en un
ejercicio de separar a “ellos”, los ecuatorianos, los
colombianos, los marroquíes o los inmigrantes de
otros países de África, de nosotros. Como si no-
sotros, en Estados Unidos, no viviéramos en la si-
tuación de los inmigrantes a los que ninguneamos
con orgullo de “mexicanos cualificados”.
La participación en las elecciones pasadas des-
de Estados Unidos no resulta demasiado alenta-
dora, con sólo 29 mil 348 votos de las más de 12
millones de personas que viven ahí. Esos mexica-
nos han conocido la falta de oportunidades y la
pobreza por falta de políticas adecuadas. Tienen
derecho a exigirle a su gobierno cambios para
frenar esa huida masiva a un país donde muchas
veces ni siquiera se sienten ciudadanos, a pesar de
trabajar y pagar impuestos y para que se les dé
otro trato a quienes ya contribuyen a la sociedad
estadunidense.
Conformarse con 30 mil votos desde Estados
Unidos, 2 mil desde España y los miles restantes
desde otros países significa ningunear a más de
12 millones de mexicanos con derecho a expre-
sar su sentir democrático por medio del voto. Po-
drían, además, darle a unas elecciones el sentido
de cambio que necesita un país en guerra y con
una situación económica y social tan delicada. Si
nada cambia, las votaciones desde el extranjero se
convertirán en una nueva oportunidad perdida.
DAVID
MANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
ESTADO MEXICANO
INCAPAZ
DE PROTEGER
LA VIDA DE NIÑOS
Y ADOLESCENTES

INVESTIGACIÓN
PORTADA
A diario, cuatro menores
de edad desaparecen y tres
son asesinados en México.
En 9 años se cometieron
más de 11 mil homicidios
contra la población infantil
y adolescente. Rebasado
e ineficiente, el sistema de
protección gubernamental
L
a imagen de Nadia, una pequeña de 6 años,
circula en el portal de la Alerta Amber.Suma
13 días en calidad de desaparecida. Estaba
acompañada de su hermana María, apenas 4 años
mayor que ella, de quien tampoco se tiene rastro.
Ambas niñas dejaron de ser vistas desde el 30 de
enero pasado. Se “considera que la integridad de la
menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser
víctima de la comisión de un delito”,advierte el bole-
tín de búsqueda AAMX952.
La violencia en México ha provocado que dia-
riamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes
mexicanos; mientras, otros tres son asesinados, do-
cumenta la Red por los Derechos de la Infancia en
México (Redim). Es el México en el que el Estado
ha abandonado a la infancia y adolescencia,pese a los
compromisos internacionales asumidos y los pactos
institucionales plasmados en la Ley General de los
Derechos de Niñas,Niños y Adolescentes,dicen de-
fensores de la infancia.
El año que recién concluyó, “México se enfren-
tó a la emergencia nacional”, indica la Redim, en su
ÉRIKA RAMÍREZ
TERCERO
DÍAZ/CUARTOSCURO

Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los
derechos de la infancia en México. Y es que de acuerdo
con su análisis y documentación,2017 fue el de“ma-
yor vulnerabilidad”para los niños y adolescentes, en
tantoqueelEstadonodioavancessignificativospara
erradicar la violencia en su contra.
“La epidemia de niñez desaparecida, el crimen
organizado y el escaso cumplimiento de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, se traducen en cifras desalentadoras que
se transforman en retos a superar para el siguiente
gobierno”,menciona el documento.
“Tenemos una realidad muy compleja,somos un
país muy grande con muchos Méxicos en perspectiva
de la desigualdad y con un gran rezago institucional
en el marco de la protección de derechos de niños y
niñas”, dice en entrevista Juan Martín Pérez García,
director ejecutivo de la Redim.
Esta violencia se desató a partir de la llamada
guerra contra el narcotráfico, desatada por el presi-
dente panista Felipe Calderón. Las cifras de la Re-
dim exponen que de 2007 a 2016, los homicidios
contra la población infantil y adolescente suman 11
mil 749 casos.Tan sólo en 2016, 1 mil 126 niños y
adolescentes fueron víctimas de homicidio, a nivel
nacional. Los principales estados donde mayor vio-
lencia se registra son: Estado de México,Guerrero y
Chihuahua,documentó la organización con base en
las Estadísticas de mortalidad, del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Un ejemplo de la violencia en contra de los niños
se muestra con el caso de Lupita, a quien en redes
sociales se le conoció como “la niña de las calceti-
tas rojas”. Las investigaciones de la periodista Frida
Guerrea, quien se ha encargado de documentar el
mapa de feminicidios en el país,reveló que la peque-
ña, de 5 años de edad, había sido asesinada por su
padrastro,con la complicidad de su madre.
Lupita nació el 16 de enero de 2013 en Ne-
zahualcóyotl,Estado de México.Era la cuarta hija de
“Monse”… “proveniente de una madre con proble-
mas de drogadicción en un mundo donde la pobreza
y la dejadez institucional se palpan a diario sin buscar
realmente la manera de atender tan grave problema”,
describe la periodista en su blog.
Luis Alberto Muñoz,de la Oficina de Defenso-
ría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega
que en México se está pasando una situación grave
de vulneración a derechos humanos en general,“ten-
dríamos que partir de ese escenario. Sin embargo, el
Estado tiene una obligación de protección especial
para los niños, niñas y adolescentes, lo que hace que
cuando se vulnera esta población sea todavía más
grave.Este tipo de violaciones las vemos en todos los
escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.
Ley, inhabilitada
El 4 de diciembre de 2014, se echó a andar la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. A la fecha, representantes de diversas
organizaciones critican la falta de acciones para hacer
efectiva la protección a este sector.
A partir de entonces,y con dicha ley,pareciera que
hay un sistema de protección a los derechos de la ni-
ñezylosadolescentes;pero“elcontextoindicaqueeste
sistema no está siendo efectivo aún, es muy nuevo, y
sindudaestáhaciendountrabajoimportante,peroto-
davía hace falta fuerza y voluntad política importante
paragarantizarunaprotecciónintegralcomolorefiere
la ley”,dice Nancy Ramírez Fernández,coordinadora
de incidencia política en Save de Children México.
A través de ésta,se obliga a crear y regular la inte-
gración, organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Protección Integral de los Derechos de
Niñas,Niños y Adolescentes,“a efecto de que el Es-
tado cumpla con su responsabilidad de garantizar la
protección,prevención y restitución integrales de los
derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan
sido vulnerados”.
ElprimerderechoquemarcalaLeyensuartículo
13 es el del “Derecho a la vida,a la supervivencia y al
desarrollo”;entantoqueensupárrafoVIIIseestipula
el“Derechoaunavidalibredeviolenciayalaintegri-
dad personal”.“el contexto que les estamos dando sin
duda,no es un contexto de protección,es un contexto
querespondealaviolenciageneralizadaqueseviveen
el país”,dice la integrante de Save de Children.
La misma ley,establece la creación de una Procu-
raduría Federal de Protección, que va a estar dentro
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF),y procuradurías locales de cada es-
tado. El primer problema, dice Muñoz López, de la
ODDI,ha sido que éstas entren en funcionamiento.
Se tardaron un par de años para echarlas a andar. Y
las que entraron, “no sé si es falta de capacitación o

INVESTIGACIÓN
PORTADA
recursos pero no están haciendo el trabajo que debe-
rían de hacer”,comenta.
El artículo 123 de la Ley indica que para solicitar
la protección y restitución integral de los derechos de
niños y adolescentes,las Procuradurías de Protección
deberán,entre otros procedimientos,“Determinar en
cada uno de los casos identificados los derechos que
se encuentran restringidos o vulnerados”(párrafo III).
Así como: “Elaborar, bajo el principio del interés su-
periordelaniñez,undiagnósticosobrelasituaciónde
vulneración y un plan de restitución de derechos,que
incluya las propuestas de medidas para su protección”
(párrafo IV);y“dar seguimiento a cada una de las ac-
ciones del plan de restitución de derechos,hasta cer-
ciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o
adolescente se encuentren garantizados”(párrafo VI).
Mecanismos tardíos
Uno de los casos exhibidos en medios de comu-
nicación y redes sociales, en fechas recientes, fue la
desaparición del adolescente Marco Antonio Sán-
chez Flores, quien fue “encontrado” 5 días después
de que se había registrado en un video su detención
por parte de policías de la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México.
La presión social promovió la búsqueda del estu-
diante de la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel
E Schulz,de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM),pero la Alerta Amber se emitió 5
días más tarde de su desaparición.
Simón Hernández León, abogado del Instituto
de Justicia Procesal Penal y quien lleva el caso del jo-
ven practicante de taekwondo,dice en entrevista que
el caso de Marco Antonio ha sido difícil de acompa-
ñar porque las autoridades han venido minimizando
el tema, aunque “hay un contexto de desaparición
forzada y criminalización de juventudes que no está
siendo considerado”.
Agregaqueculpabilizaralasvíctimassehavuelto
En el marco de la protección de derechos de niños y niñas hay un gran rezago institucional: Pérez García, director de la Redim
DAIVD
POLO/CUARTOSCURO

en una política gubernamental.La relevancia en este
caso es que él apareció, dice, aunque sabemos que
esto fue gracias a la presión social.Y esto pudo facili-
tar que fuera localizado con vida.
El abogado y su equipo, relatan, han tenido dos
fases de tratamiento por parte de la Procuraduría.
Mientras él estuvo desaparecido e,incluso,cuando el
caso estaba en la Fiscalía Antisecuestros,la clasifica-
ciónlegalerade“personaextraviada”,aunquesesabía
de la participación de agentes del Estado.
En el segundo momento, expone, una vez que
ya fue localizado,“la lógica de seguir mediatizan-
do el caso,de presentar elementos de la investiga-
ción de manera sesgada, nos parece también muy
preocupante: se va a ir construyendo una narrativa
para culpabilizar a Marco Antonio, exonerar toda
posible participación de autoridades y relativizar
que esto haya sido un caso de desaparición for-
zada”.
Todo adolescente víctima de delito tiene una se-
rie de derechos de protección a la honra, el nombre,
a su propia imagen,“que no están siendo respetadas
por la Procuraduría en esta reiterada mediatización o
exposición pública de su imagen e incluso en contra
de una resolución de un juez de amparo”.
“No tuvimos una actividad de la Procuraduría en
Protección de la Infancia, que debería ser algo rele-
vante a la luz de la promulgación de la Ley General
sobre Desaparición Forzada,que establece obligacio-
nes para distintas autoridades y una de ellas tiene que
ver con la coordinación institucional, con los meca-
nismos de búsqueda y localización y con garantizar
que estas denuncias y las subsecuentes búsquedas
sean de manera inmediata sin ningún tipo de obstá-
culos, como sucedió en el caso de Marco Antonio”,
explica Hernández León.
El abogado recuerda que parte de la dificultad de
la familia radicó en que, incluso, teniendo datos de
Cada 24 horas desaparecen cuatro menores de edad en México, y muchos de ellos ya nunca son recuperados
ÁNGEL
HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN
PORTADA
qué policías lo habían detenido,la agencia del Minis-
terio Público les comentó que tenían que esperar 48
horas para recibir una denuncia, lo cual supone una
violación a la Ley General de Desaparición Forzada
e incluso a las sentencias en las que México ha sido
sentenciado en la Corte Interameriana.
Otro error de la Procuraduría, dice el abogado,
fue señalar que emitir la Alerta Amber podía poner
en riesgo a Marco Antonio,que fue la manifestación
que le hicieron a la familia y por eso no se activó en
lo inmediato sino ya que existía presión inmediata de
localización.
“Nos parece que esto también es una de las defi-
ciencias estructurales que da cuenta del tratamiento
inadecuado en los casos de desaparición forzada, es
decir que las autoridades siguen desconociendo sus
obligaciones legales y constitucionales; segundo, te-
niendo un trato muy indolente hacia las víctimas e
incluso revictimizante,que generan obstáculos inne-
cesarios y configuran afectaciones para acceder a la
justicia.Entonces,el tema de que no se haya activado
la alerta con la debida diligencia supone que la bús-
queda fue obstaculizada.”
El tema de criminalización es algo más sistémico
en la práctica de las corporaciones policiacas hacia los
jóvenes, acusa. “En los últimos 5 años, justamente,
7 mil menores de 18 años han desaparecido y nos
parece que tiene esto tiene un vínculo directo con la
política de seguridad y las consecuencias que ha teni-
do la participación de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública,como la política de combate al
narcotráfico, la estrategia desarrollada por el gobier-
no federal en los últimos 10 años, vinculada a otros
factores que son parte de la violencia hacia este sector
de la población”.
Inequidad social
Otro de los aspectos que destacan los especialis-
tas,así como el Balance Anual de la Redim,es la in-
equidad social en que se desenvuelve este sector de la
población mexicana.Datos del Consejo Nacional de
Población (Conapo) indican que en el país,20.7 mi-
llones de niñas, niños y adolescentes se encontraban
en situación de pobreza, durante 2016. De acuerdo
con las estratificaciones de pobreza que se han eva-
luado oficialmente,el 51.1 por ciento de la población
de entre 0 y 17 años era pobre; el 42.1 por ciento
en pobreza moderada y el 9 por ciento en pobreza
extrema.
Las cifras de Conapo indican que entre 2014 y
2016, a nivel nacional se observa una disminución
de 2.8 puntos porcentuales de la población infantil y
adolescenteencondicióndepobreza.Sinembargo,el
porcentaje de población de 0 a 17 años en condición
de pobreza extrema o moderada se incrementó en
seis entidades (Veracruz, Oaxaca,Tabasco, Chiapas,
Campeche y Ciudad de México) en el mismo lapso
de tiempo.
Contralínea solicitó entrevista con Enrique Gue-
rra García,titular de la Procuraduría Federal de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de
la Unidad de Comunicación Social del DIF.Hasta el
cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Alerta Amber y programas gubernamentales, incapaces de enfrentar el problema de las desapariciones

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
DISCRIMINACIÓN
ESTRUCTURAL Y
DESIGUALDAD SOCIAL
RACISMO EN MÉXICO

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
En México, el 70 por
ciento de la población
es discriminado. El 30
por ciento que no lo es,
concentra la mayor riqueza:
son blancos, no indígenas
ni afroamexicanos, señala
el Conapred. Pero no sólo
esos ricos discriminan: lo
hace quien se cree superior,
sin importar su situación
económica
L
a discriminación estructural se ceba en las
poblaciones afrodescendiente, indígena y
morena, cuya condición social está determi-
nada por el tono de piel. A éstas, además, se les
niega un trato igualitario en derechos y servicios.
Esto reproduce la desigualdad y dominación
de clase en el país, concideran catedráticos de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (Flacso), así como el propio Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Con-
apred).
“La discriminación estructural es un conjun-
to de prácticas en las que se vulneran derechos y
acceso a servicios de salud, educación y justicia a
grupos de población afromexicana, indígenas y
morenas, y en las que se reproducen esquemas de
desigualdad y privilegios que se fundamenta en un
sistema de relaciones de dominación de una mi-
noría sobre el resto de la población”,advierteTania
Ramírez Hernández, directora adjunta de Vincu-
lación, Cultura y Educación del Conapred.
JOSÉ RÉYEZ
BERNANDINO
L

En México, siete de cada 10 personas son
discriminadas, reza el slogan del Conapred. Pero,
¿quiénes son el 3 por ciento de los que no son dis-
criminados? “Los no discriminados concentran
la mayor riqueza y éxito, y cuentan con todos los
servicios y derechos. Son ocho personas que re-
únen la mitad de la riqueza que el 50 por ciento
de la población del país, cuya característica es que
son blancos, no provienen de origen indígena o
afroamexicano”, responde Tania Ramírez.
Sin citarlos, Tania Ramírez podría referirse a
los empresarios y magnates Carlos Slim (quien
además acupa el sexto lugar mundial entre los más
ricos), Sara Mota de Larrea, Alberto Bailleres,
Germán Mota-Velasco, David Martínez, María
Asunción Aranburuzabala y Emilio Azcárraga
Jean, por ejemplo.
Todos discriminan
En México, la discriminación, sin embargo, no
se concentra en erse 30 por ciento de la población
acaudalada. No sólo las personas con más recursos
discriminan por razones sociales o económicas: lo
hace cualquiera que crea estar por encima de las
personas que considera pobres o con un estatus so-
cial “inferior”, precisa la directora de Vinculación
del Conapred.
Señala que, en general, según datos de medi-
ción de la pobreza del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social de 2017
(recuadro 1), sólo una quinta parte de la población
mexicana no es pobre ni tiene alguna carencia so-
cial (rezago educativo, acceso a servicios de salud,
alimentación, seguridad social, servicios básicos
en la vivienda). De la pobla
ción restante, más de
la mitad es pobre y casi un tercio tiene una o más
carencias.
“Esa enorme desigualdad es resultado, entre
otras cosas, de la discriminación estructural”, su-
braya la maestra en lingüística y teoría de la litera-
tura por la UNAM.
“La discriminación es resultado de un sistema
de gobierno y de dominación que ha separado y
dado un trato diferente a la población afromexica-
na e indígena”,asegura Federico Navarrete Linares,
doctor en estudios mesoamericanos por la facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM.
Sin embargo, acota, es difícil saber quiénes no
son discriminados. “Es muy subjetivo, porque de-
pende de las personas, de la educación”. Aunque
admite que las personas blancas tienen ventaja so-
bre el resto de la población, y contra las que tam-
bién hay formas de discriminación: “se les acusa de
no ser suficientemente mexicanas,sino extranjeras,
por ejemplo”.
En entrevista, el catedrático considera que el
racismo es muy dañino porque hace que un sec-
tor muy importante de la sociedad tenga menos
oportunidades, que la desigualdad social sea más
profunda y los problemas sociales sean más difíciles
de resolver.
“El racismo tiene una historia muy profunda,
tan profunda como los cambios que requiere la so-
ciedad mexicana para poder eliminarlo”,apunta.
Explica que el racismo estructural que permea
a la sociedad mexicana desde hace siglos tiene que
ver con la diferenciación que se hace de las perso-
nas por su origen y vulnera en particular a indíge-
nas y afromexicanos.
Actualmente, dice, “hay un racismo tan visible
de los medios de comunicación, que no es tan es-
tructural sino empresarial, que debe ser combatido
como tal”.
Piel morena, motivo de discriminación en México
BERNANDINO

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
Nuevos hallazgos, misma
discriminación
En entrevista, Tania Ramírez Hernández se-
ñala que el racismo es una forma concreta de dis-
criminación y se compone de discriminaciones
múltiples. Por ejemplo, dice, “una persona afro-
mexicana o indígena tiene mayor probabilidad de
ver vulnerados sus derechos si es mujer que vive en
una comunidad rural y con alguna discapacidad.
La convergencia de esas características conlleva
que tenga menos acceso a servicios”.
La directora de Vinculación del Conapred va-
ticina nuevos hallazgos donde la discriminación
se hace patente entre la población vulnerable del
país,con base en resultados de la Encuesta Nacional
sobre Discriminación (Enadis) 2018, que se dará a
conocer en marzo de este año.
Señala que en la tendencia de la Enadis 2018,
“todo parece indicar que el número de casos de dis-
criminación ascendió, en virtud de que en 2017 el
Módulo sobre Movilidad Social Intergeneracional
(MMSI) del Inegi [Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía] arrojó datos que relacionan el tono
de piel con la dificultad para tener movilidad social,
pregunta que se planteó por primera vez a los en-
trevistados en este tipo de encuestas (recuadro 2).
El reporte del MMSI –cita la maestra Tania
Ramírez– destaca que “en términos de movilidad
social, uno de los temas comunes para su estudio
es el que se refiere a asuntos étnico-raciales, de-
bido a su relación con el grado de desigualdad y
discriminación presentes en una sociedad”.
En ese sentido, añade, el Inegi precisa que “el
color de piel funge como detonante para medir las
diferencias de acceso a oportunidades experimen-
tadas por las personas, y éstas perpetúan las barre-
ras sociales que condicionan el poder lograr o no
movimientos ascendentes en su nivel de riqueza y
bienestar”.
Asimismo,para efectos de la Anadis 2018,dice
la funcionaria del Conapred, todo indica que en
los últimos 8 años hay una tendencia, sobre todo
desde la encuesta intercensal del Inegi 2015, en
que la población que se autodescribe como afro-
descendiente puede ser mayor en este año y que
no viven en un solo lugar como los grupos indíge-
nas, sino en muchas poblaciones del país.
Considera que habrá pocas variables respecto
de la Enadis 2010, aunque la encuesta de este año
develará no sólo percepciones de la gente de por
qué se discrimina, sino experiencias concretas de
discriminación.
Es decir, destaca que la Enadis 2018 contiene
experiencias directas de discriminación, con datos
desagregados para pueblos indígenas, mujeres, jó-
venes, gente de la diversidad sexual, afrodescen-
dientes, trabajadoras del hogar, percepción de la
discriminación en niños y adultos mayores,y reve-
la que no es un asunto de minorías,sino que todos
estamos expuestos a la lupa de la discriminación.
“No sólo nos limitamos a la percepción de las
personas frente un hecho discriminatorio, sino en
dónde y cómo sucede la discriminación.Por ejem-
plo, ser jóvenes y estar reunidos en la noche, para
mucha gente sería meritorio llamar una patrulla,
El racismo es una forma concreta de discriminación y se compone de discriminaciones múltiples:Tania
Ramírez, directora adjunta deVinculación, Cultura y Educación del Conapred
JOSÉ
RÉYEZ

públicos por distintas razones y condiciones.
Las más recurrentes son: embarazo, condición
de salud, apariencia física y discapacidad en los
centros de trabajo. La Ciudad de México registra
la mayor cantidad de casos por esta causa.
De enero al 15 de diciembre de 2017, prosi-
gue Tania Ramírez, el Conapred radicó un total
de 1 mil 142 expedientes de quejas y reclamacio-
nes por actos de discriminación; de ellos, 803 por
actos atribuidos a particulares, y 339 a servidores
públicos.Los derechos más vulnerados son al trato
digno,al trabajo y a la igualdad de oportunidades.
Detalla que entre las causas que motivaron los
expedientes por actos de discriminación sobresa-
len: discapacidad (247), condición de salud (198),
apariencia física (159), preferencia sexual (125),
embarazo (124) y género (107). Y los tres princi-
pales ámbitos en los que se cometieron fueron el
laboral (597),educativo (152) y servicios al público
(136),entre otros.
En México hay 53.4 millones
de personas en pobreza (43.6
por ciento de la población total
del país), de las cuales 44 mi-
llones (35.9 por ciento) viven
en pobreza moderada (ingresos
por debajo de la línea de bien-
estar económico, y al menos
una de seis carencias sociales).
De ese primer total, 9.4
millones (7.6 por ciento de la
población) viven en pobreza
extrema (ingresos por debajo de
la línea de bienestar mínimo y
al menos tres de seis carencias).
Estas cifras describen la
enorme desigualdad y dis-
criminación estructural que
prevalecen en México, señala el
documento Discriminación es-
tructural por razones económi-
cas del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
(Conapred), con base en datos
del último informe del Coneval
de 2017.
El documento señala que
el porcentaje de mujeres en
situación de pobreza (44 por
ciento) es mayor al de los hom-
bres (43 por ciento). Desde
2014, la brecha se ha ampliado
de 0.3 a 1 punto porcentual. La
disparidad se mantiene tanto
en pobreza moderada (36.4
versus 35.4 por ciento) como en
pobreza extrema (7.7 versus 7.6
por ciento), según el registro
del Coneval de 2017.
Asimismo, refiere que siete
de cada 10 personas indígenas
(71.9 por ciento) están en si-
tuación de pobreza. Mientras
tanto, entre personas no indíge-
nas sólo cuatro de cada 10 (40.6
por ciento) están en situación
de pobreza, lo que significa que
la brecha entre ambos grupos se
amplió, de 2014 a 2016, de 30 a
31.3 puntos porcentuales.
Mientras que ocho de cada
10 (77.6 por ciento) personas
hablantes de lengua indígena
viven en pobreza, la proporción
se reduce a 41 por ciento entre
quienes no hablan lengua indí-
gena. De hecho, prácticamente
todas las personas que hablan
una lengua indígena viven con
al menos una carencia social
(94.1 por ciento).
Finalmente, el reporte
anota que el porcentaje de per-
sonas en pobreza, en pobreza
moderada y extrema es mayor
entre personas con alguna dis-
LAS CIFRAS DE LA DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL
sin más argumento que su apariencia de ser jóve-
nes reunidos en una esquina en la noche”.
Las quejas por discriminación
La directora deVinculación del Conapred ofre-
ce algunos datos de cómo se manifiesta la discrimi-
nación, de acuerdo con las quejas presentadas ante
el Conapred por quienes consideran vulnerados
sus derechos en diversos ámbitos de la vida social:
De 2011 al 30 de noviembre de 2017 se radi-
caron 3 mil 191 quejas por discriminación laboral,
rubro que más casos registra,seguido del educativo.
Sólo de enero a noviembre 2017,se registraron 560
quejas por discriminación laboral, una cifra amplia
para un solo año,lo cual significa mayor conciencia
de denuncias en este ámbito.
Ramírez agrega que del total de quejas, 2 mil
392 casos de discriminación laboral fueron atri-
buibles a personas particulares y 799 a servidores

INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD
Medios de comunicación promueven estereotipos que discriminan a la mayoría de mexicanos. Se destaca la imagen europea cuando los rasgos predominantes son la piel morena y los
ojos oscuros
SAÚL
LÓPEZ/CUARTOSCURO
Asimismo,refiere que entre los derechos vulne-
rados sobresale el derecho a un trato digno (1 mil
32),al trabajo (537),a la igualdad de oportunidades
(257), a la prestación de servicios al público (149),
a una vida libre de violencia (141) y al derecho a la
educación (125).
Las principales entidades federativas vinculadas
con actos de discriminación,de acuerdo con los ex-
pedientes,fueron la Ciudad de México (574 casos),
el Estado de México (115),Jalisco (62),Guanajuato
(32) y Nuevo León (26).
También refiere que entre 2011 y septiembre de
2017,se presentaron al Conapred 80 expedientes ca-
lificados como presuntos actos de discriminación por
condición económica o social,de los cuales 69 fueron
quejascontraparticularesy11contraservidorespúbli-
cos.Unterciodeesoscasossedioenelámbitolaboral.
Entre los derechos vulnerados, el más frecuente
fue trato digno (88 por ciento), seguido por los de-
rechos al trabajo (31 por ciento) y a una vida libre de
violencia (26 por ciento).
Entreloscasoshayhistoriasdeniñasyniñosque
no son atendidos en hospitales públicos,porque sus
padres no pueden pagar un estudio de laboratorio;
trabajadoras del hogar que reciben mala atención
en servicios médicos privados; mujeres acosadas
laboralmente por ser “nacas”, “feas” y “huevonas”
(según muestran los testimonios en las quejas), así
como hombres despedidos por no cumplir las con-
diciones sociales deseables para los “colaboradores”
del jefe (vivir en ciertos lugares,asistir a ciertos res-
taurantes, tener autos de lujo o haber estudiado en
universidades de prestigio).
Privilegioblancoyprácticasracistas
Al documentar diferencias en la posición so-
cioeconómica, experiencias de discriminación y

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