Contralínea 556

Año 16 • Número 556 • $30
Del 11 al 17 septiembre de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

6 11 de septiembre de 2017
CONTENIDO
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
556, del 11 al 17 de septiembre de 2017– es una publicación semanal
editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Alda-
ma 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Mé-
xico, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.
mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Ba-
dillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-
2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título:
12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Edito-
rial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacale-
ra, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó
de imprimir el 8 de septiembre de 2017. Distribuida por la Unión de
Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Maris-
cal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.
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PORTADA
En el campo mexicano más de 26 millones de
personas subsisten en pobreza. Comen solo lo
que la milpa les da
TLCAN: EL PEOR DESASTRE
PARA LOS CAMPESINOS
MEXICANOS
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL 6 MILLONES DE RECLAMACIONES ANUALES CONTRA
LA BANCA Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN LOS SALARIOS DE HAMBRE QUE
DEFIENDE ILDEFONSO GUAJARDO Nancy Flores
ZONA CERO MAESTROS EN RESISTENCIA: 800 CESADOS POR OPONERSE
A LA REFORMA Zósimo Camacho
CONTRAPODER LARREA Y PEÑA, LOS PORFIRIO DÍAZ DE CANANEA Álvaro
Cepeda Neri
ARTÍCULOS
SUBDIRECTOR DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA DEL INAH: ¿SITUACIÓN
ACADÉMICA IRREGULAR? Roberto E Galindo Domínguez
LA DUDOSA PROTESTA DE LA PRIÍSTA CROC CONTRA NICOLÁS MADURO
Martín Esparza Flores
EL REGRESO DE LA EXTREMA DERECHA EN LAS ELECCIONES EN
ALEMANIA Axel Plasa
ESTADOS UNIDOS AVENTARÁ AL EJÉRCITO COLOMBIANO CONTRA
VENEZUELA Livia Rodríguez Delis/PL
UNIDOS O DEVORADOS, DESAFÍO DE NUESTRA ÉPOCA Andrés Mora
Ramírez/PL
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CONTENIDO
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CONTRALINEA
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INVESTIGACIÓN
PORTADA TLCAN: el peor desastre para los campesinos en México Érika Ramírez
SOCIEDAD Indígenas migrantes: discriminación, miseria y abuso Érika Ramírez
LÍNEA GLOBAL Trump arroja emigrantes a Canadá Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Ursnif robó más de 700 millones de correos electrónicos, quizá el tuyo
también Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Paco Ignacio Taibo II: Los dos tomos de Patria Álvaro Cepeda Neri
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ANÁLISIS
INTERNACIONAL El proyecto militar de EU para el mundo: caos y saqueo total Thierry
Meyssan/Red Voltaire
INTERNACIONAL Utilizan a kurdos para desestabilizar Oriente Medio Sarah Abed/Red
Voltaire
INTERNACIONAL Ecuador: ¿la (contra) Revolución Ciudadana? Juan J Paz y Miño Cepeda/
Prensa Latina
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OPINIÓN
BOLIVIA: ¿TIENEN DERECHO AL DESARROLLO LOS INDÍGENAS
AMAZÓNICOS? Carmen Esquivel/PL
INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y CONTEXTO Frei Betto/PL
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OFICIO DE PAPELOPINIÓN
6 MILLONES DE RECLAMACIONES
ANUALES CONTRA LA
BANCA
MIGUEL BADILLO
A
demás de usurera, la banca (nacional y ex-
tranjera) que opera en México se ha con-
vertido en defraudadora de sus clientes, a
quienes no sólo proporciona un deficiente y pésimo
servicio, sino que les cobra elevadas tasas de interés,
además de que se lava las manos cuando sus cuen-
tahabientes o inversionistas son defraudados por
terceros o en ocasiones hasta por los mismos em-
pleados bancarios.
En medio de la impunidad con que la banca
realiza millones de operaciones diarias, sólo en lo
que va del año suman más de 5 millones de recla-
maciones contra instituciones financieras, y a esta
cifra hay que agregar todos aquellos millones de
usuarios bancarios que omiten quejarse para evitar
trámites burocráticos y la consecuente pérdida de
tiempo, y prefieren asumir el costo como víctimas
de los fraudes.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef), el número
promedio de reclamaciones trimestrales rebasa los
2 millones, por lo que para septiembre la cifra po-
dría alcanzar los 6 millones de quejas concentra-
das principalmente en cuatro instituciones: BBVA
Bancomer y Santander, ambos de capital español;
Citibanamex, de Estados Unidos, y HSBC, de ori-
gen británico.
Las cifras oficiales de Conducef explican que
fueron 2.1 millones de reclamaciones, entre ene-
ro-marzo de 2017, en contra de instituciones finan-
cieras, de las cuales los bancos concentraron el 99.7
por ciento de las quejas: 2 millones 95 mil.
Los tres bancos que encabezan la lista de las ins-
tituciones con más reclamaciones de sus clientes en
México son BBVA Bancomer con más de 653 mil;
Citibanamex con 477 mil y Santander con 352 mil.
Es tan elevado el fraude en contra de lo usuarios
bancarios, que en 2016 implicó recursos equivalen-
tes al 20 por ciento de las ganancias totales de los
bancos. Ese año se registraron 7 millones 238 mil
91 reclamaciones en contra instituciones financie-
ras de primer piso, es decir la banca comercial. El
monto reclamado ascendió a 21 mil 184 millones
de pesos, que equivale al 20 por ciento de las uti-
lidades financieras (cuyo ejercicio fue de 107 mil 7
millones de pesos), según revela el informe Desem-
peño de las entidades financieras a diciembre de 2016 de la
Condusef.
Ahora vayamos por servicio. El principal pro-
ducto afectado es la tarjeta de crédito; tan sólo en
2016 se reportaron 4.2 millones de reclamaciones
de las 5 mil 440 millones de operaciones que se rea-
lizaron con este tipo de plásticos. Se estima que por
cada 10 mil transacciones realizadas, 48.5 personas
se ven afectadas en sus créditos vía tarjetas.
La segunda afectación mayor por fraudes es en
las cuentas de ahorro y nómina vía tarjetas de dé-
bito. Sólo el año pasado, 2.5 millones de personas
denunciaron transacciones desconocidas. Esta cifra
muestra un incremento del 48 por ciento respecto
al año anterior; sin embargo, las operaciones sólo
aumentaron 7.8 por ciento.
Como la mayor parte de reclamaciones a insti-
tuciones financieras se realizan en contra del sector
bancario, que ocupa el 99 por ciento de los 7 mi-
llones 481 mil 169 de registros realizados de enero
a diciembre de 2016. El otro 1 por ciento corres-
ponde a Aseguradoras, Afores, Sofomes, Burós de
Crédito, Sofipos y Socaps.
El delito más común en contra de los clientes del
sector financiero es el fraude, con el 73 por ciento

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
(5 millones 238 mil 91, de las 7 millones 243 mil 91
quejas presentadas), y su causa deriva de consumos
no efectuados por el cliente, como “cheques mal
negociados, inconformidad de alteración de paga-
rés, productos no reconocidos, retiros, suplantación
de identidad y transferencias no reconocidas”.
El otro 27 por ciento son malas operaciones
efectuadas por diversos servicios y elevadas comi-
siones que genera la banca. El año pasado se re-
portaron 1 millón 940 mil reclamaciones por este
concepto. El informe de Condusef situó a Bana-
mex en primer lugar, con un total de 590 mil 48
movimientos de este tipo (30.4 por ciento), segui-
do por BBVA Bancomer con 532 mil 596 (27 por
ciento) y Santander con 274 mil 785 movimientos
(14.15 por ciento).
Para la Condusef como órgano responsable
de atender las quejas y reclamos contra la banca,
las operaciones por las que reclaman los tarjetaha-
bientes son por “intereses no reconocidos, cobro de
anualidades, retraso de
pagos en créditos y abo-
no de intereses en una
cuenta de ahorro”.
En los últimos años,
las reclamaciones por
estos movimientos de la
banca han aumentado:
mientras que en 2011 eran de 1 millón 382 mil 226,
en 2016 fueron 1 millón 940 mil 582. Mientras que
las quejas por posible fraude aumentaron de 2 mi-
llones 847 mil 846 a 5 millones 297 mil 509, en los
mismos periodos.
Investigaciones de Conducef confirman que en
algunas instituciones algunos empleados se han co-
ludido con los ladrones para hacer movimientos de
retiro y depósito indebido a los clientes.
Según el Índice de Desempeño de las Institu-
ciones Financieras (Idatu), la banca en su conjunto
tuvo en 2016 una puntuación de 7.98 en escala de
10, y 1 mil 545 sanciones, con valor monetario de
51 millones 776 mil 743 pesos. Para determinar el
Idatu se evalúan los criterios de gestión electrónica
(50 por ciento), gestión ordinaria (20 por ciento) y
conciliación (30 por ciento).
El año pasado, Banamex fue la única institución
que tuvo una calificación menor a 6 en el Idatu, por
lo que fue sancionado con una multa de 22 millo-
nes 904 mil 654 pesos.
Puntos suspensivos… El pésimo servicio de las
instituciones financieras no sólo se da con la banca
extranjera, que es mayoría, también se presenta en
los pocos bancos que quedan con capital nacional.
Un ejemplo es Banorte, el tercer grupo financiero
más importante del país, aquel del cual fue dueño
Roberto González Barrera, conocido como el Ma-
seco y cuyos hijos aún pelean la herencia, aunque
antes de morir el empresario regiomontano pasó
la estafeta de la institución a su amigo Guillermo
Ortiz Martínez, quien fue secretario de Hacienda
en gobiernos priístas. Un cliente abrió una cuenta
de inversión en Banorte y le proporcionaron una
tarjeta de débito; para usarla y poder disponer de
su dinero, le indicaron que tenía que comunicarse
vía telefónica para activar el plástico. La primera
vez que lo intentó, asesorado por un empleado de
la sucursal, se suponía que no llevaría más de 10
minutos, pero después de 20 minutos sin que na-
die contestara prefirió
colgar y hacerlo en otra
ocasión. La segunda vez
que lo intentó pasaron
más de 30 minutos y
ningún ejecutivo tomó
la llamada. Así que la
tercera vez volvió al
banco para quejarse y hacer desde allí la llamada.
Nuevamente con la asesoría del empleado tuvieron
que esperar 55 minutos al teléfono antes de que pu-
diera activar su tarjeta de débito y hacer uso del
dinero que confiado había guardado en Banorte.
Si esto no es un pésimo servicio, entonces qué es…
Y ya que hablamos de pésimos servicios está el caso
de Izzi, la empresa de telecomunicaciones de Tele-
visa que acosa en los teléfonos móviles permanente-
mente a quienes no son sus clientes. Cuando éstos le
reclaman por los mensajes y llamadas que reciben
para el pago de servicios que jamás contrataron, la
compañía dice que “por favor los ignoren”, porque
no puede borrar los números telefónicos de su base
de datos de cobranza. Por redes sociales se com-
promete a hacerlo una vez que ha sido exhibida,
pero al final no lo hace y los afectados continúan
soportando a los acosadores-cobradores, sin que las
autoridades pongan un freno a este abuso vincula-
do al mal uso de datos personales.
El principal producto afectado es la
tarjeta de crédito: en 2016 se reportaron
4.2 millones de reclamaciones contra
instituciones ﬁnancieras por fraudes
El principal producto afectado es la
instituciones ﬁnancieras por fraudes

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
LOS SALARIOS DE HAMBRE
QUE DEFIENDE ILDEFONSO
GUAJARDO
NANCY FLORES
A
Ildefonso Guajardo los mexicanos le pa-
gan cada día un monto equivalente a
58.3 salarios mínimos por sus servicios
como secretario de Economía. Esto es que, por
jornada laboral, percibe 4 mil 666 pesos netos
sólo referentes a su sueldo y compensación garan-
tizada, mientras que un obrero apenas obtiene 80
pesos, porque en ese monto está tasado el salario
mínimo.
En otros casos, como el de los jornaleros y los
campesinos, la situación es mucho peor, porque
sus ingresos ascienden a 50 pesos diarios o menos
en las zonas más pobres del país. La diferencia
entre el sueldo del secretario y el del obrero es
abismal (4 mil 586 pe-
sos) y contribuye a las
enormes desigualdades
que se viven en el país.
El salario mínimo
diario ni siquiera al-
canza para comprar
1 kilo de carne de res,
cuyo costo en supermercados asciende a 150 pe-
sos. Menos aún para pagar la cuenta de alguno
de los lujosos restaurantes en los que seguramente
desayuna, come y cena el secretario.
Por eso resulta muy cómodo para él descartar
la discusión de la mejora salarial, que se ha puesto
en la mesa de debate nacional gracias a las presio-
nes de Estados Unidos y Canadá en las rondas de
renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
En el colmo del cinismo, el funcionario señaló
el pasado 6 de septiembre que el tema ya no se
había discutido en la recién concluida segunda
ronda porque nadie se había referido a éste: la
única propuesta en el tema laboral es de Cana-
dá y no se mete en el tema salarial, aseguró a la
prensa.
Por supuesto, ni por equivocación lo planteó el
funcionario federal y militante del Partido Revo-
lucionario Institucional, quien se ha caracteriza-
do por defender como “factor de competitividad”
del país los salarios de hambre de las mayorías.
Por lo visto, para Ildefonso Guajardo el sala-
rio mínimo no resulta indigno ni es, por tanto, un
tema en el que México vaya a ceder durante la re-
negociación. Mucho menos que se vaya a discutir
como parte de la agenda política de los priístas de
cara a las elecciones de
2018.
El asunto de políti-
ca interna, como lo ha
calificado el secretario
Guajardo, ni siquiera
es un tema en la agen-
da de Enrique Peña
Nieto. El presidente no lo presume en su campa-
ña mediática de las cosas buenas que cuentan y
que quiere que sigan contando, porque para esa
élite que encabeza no ha de ser importante.
Es indignante que, ni siquiera por la presión
internacional, el gobierno federal atienda esta
vieja exigencia de la clase trabajadora mexicana
que en los últimos 20 años ha visto cómo se pul-
verizan sus derechos y cómo sustancialmente se
merma su poder adquisitivo.
Tal como se lo han restregado los representan-
tes estadunidenses y canadienses, la administra-
ción de Peña Nieto ofrece como principal “factor
El secretario de Economía, Ildefon-
so Guajardo, deﬁende como “factor de
competitividad” del país los salarios de
hambre que perciben las mayorías
El secretario de Economía, Ildefon-
hambre que perciben las mayorías

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
competitivo” de México la descarada explotación
laboral, por no decir semiesclavitud de los mexi-
canos más necesitados a las trasnacionales “nece-
sitadas” de mano de obra barata.
Es por eso que al secretario Guajardo ni si-
quiera se le ocurre defender a su pueblo, a los
miles de trabajadores explotados, esclavizados
en las fábricas y armadoras extranjeras. La fal-
ta de sensibilidad del funcionario quizá se deba a
su acomodada vida que ha sido garantizada por
pertenecer a la élite política.
Y es que el funcionario no sólo gana los 140
mil pesos netos mensuales, el erario también le
paga dos primas vacacionales por el equivalente
al 50 por ciento de 10 días de sueldo base tabular;
una prima de antigüedad quinquenio que se otor-
ga en razón de la antigüedad, por cada 5 años de
servicios prestados hasta 25 años. En este caso el
monto es de 100 y hasta 225 pesos.
Además un aguinaldo equivalente a 40 días de
salario base. Y para mejorar su economía fami-
liar, se le da una ayuda para despensa de 465 pe-
sos. Ello a pesar de que el erario de la Secretaría
le paga comidas y gastos de representación.
Por si esto no fuera indignante, el secretario –
que no quiere que se le aumente ni un solo peso
al salario mínimo– también goza de prestaciones
como un seguro institucional, cuya suma asegura-
da básica equivalente a 40 meses de la percepción
ordinaria bruta mensual; un seguro colectivo hasta
por 25 mil pesos en relación a los años de servicio;
uno de gastos médicos, con una suma asegurada
básica de 74 a 333 salarios mínimos generales.
Desde su lujosa oficina y con un sueldo que
supera por mucho el que perciben las mayorías de
este país, Guajardo defiende el “factor competiti-
vo” de México, basado en la terrible explotación
de millones de personas.
Factor del que se han beneficiado empresarios
nacionales y extranjeros y que ha posibilitado la
permanencia del PRI en el poder, al igual que el
periodo del Partido Acción Nacional que, durante
su paso por la Presidencia, profundizó el proble-
ma.
ADOLFOVLADIMIR/CUARTOSCURO
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo

ZONA CEROOPINIÓN
S
uman más de 800 los maestros “despedidos”
por oponerse a la reforma educativa. Se trata
de una política perversa aplicada por el des-
pacho de Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) federal, en complicidad
con los gobiernos de los estados.
El aficionado a la “astrología” y a ler, busca que-
brar la resistencia del magisterio en lucha. Se trata
de una política perversa porque hace uso de méto-
dos gangsteriles para deshacerse selectivamente de los
maestros que le incomodan, porque viola los mis-
mos principios que dice enarbolar de la “educación
de calidad” y porque deja sin profesores a grupos
de educación básica.
En principio, si se-
gún las cifras oficiales
son más de 13 mil 600
los docentes que, como
acto de legal y legítima
resistencia, se han ne-
gado a someterse a las
evaluaciones de las au-
toridades, ¿por qué sólo se embiste a 800? ¿Cuáles
fueron los criterios para ordenar el despido de esos
800 profesores de 16 estados de la República?
En todos los casos las autoridades actuaron atro-
pellando los derechos de los profesores y las propias
leyes. En ningún caso notificaron siquiera de mane-
ra correcta a los maestros afectados.
Se trata de 170 de Jalisco; 127 de Querétaro;
100 de Tlaxcala; 50 de Nayarit; 50 de Sonora; 67
de Tabasco; 29 de Quintana Roo; 20 de Veracruz;
siete de Chihuahua, y 175 de otras siete entidades.
Los profesores más recientemente cesados son
88 del estado de Querétaro. Al comienzo del nuevo
ciclo escolar, se les impidió iniciar las clases. De este
grupo de 88, 73 son mujeres (tres de ellas, embara-
zadas). Una de las mujeres cesadas incluso tiene un
permiso por acuerdo presidencial para que regrese
a laborar luego de que se restablezca en salud. Ese
permiso sólo se otorga cuando se padece una enfer-
medad grave.
No se les avisó y tampoco se les entregó docu-
mento alguno. Simple y sencillamente les dijeron
que no podían ingresar a la escuela. No se les noti-
ficó en su momento que había un proceso jurídico
en contra de ellos. Por lo tanto no se les escuchó ni
se les venció en un juicio.
En algunos casos se les conminó a retirarse
bajo la amenaza de fincarles responsabilidades por
“usurpación de funcio-
nes” o “allanamiento”.
En otros, los directores
de las escuelas les ma-
nifestaron su solidari-
dad y les dijeron que si
querían quedarse en la
escuela lo hicieran, pero
no se les pagaría nada. En la mayoría de los plan-
teles afectados, los padres de familia respaldaron a
los profesores cesados y manifestaron su repudio a
las autoridades.
La profesora Susana Botello Pérez trabajó de
manera normal en el consejo técnico escolar los
días previos al inicio de clases. El lunes 21, antes
de las 8:00 de la mañana preparó su salón para dar
la bienvenida a los niños. Salió a la formación de
los grupos en el patio y ahí fue presentada como
maestra titular. Una vez que los niños ingresaron al
salón, la directora de la escuela le pidió a la profeso-
ra Susana que acudiera a su oficina.
Ahí la esperaba el supervisor de zona, quien
ZÓSIMO CAMACHO
MAESTROS EN RESISTENCIA
800 CESADOS POR
OPONERSE A LA REFORMA
Como medida de represión, la Secre-
taría de Educación Pública ha despedido
a más de 800 maestros opositores a la
aplicación de la reforma educativa
Como medida de represión, la Secre-
aplicación de la reforma educativa

ZONA CERO OPINIÓN
leyó un documento que está dirigido a él mismo
en donde se señala que a la maestra no se le debe
permitir la entrada a la escuela ni al salón. Que ya
no es requerida para el servicio. Y ahí presentan a
la persona que cubrirá su lugar. La maestra sólo
regresó al salón a recoger sus pertenencias. Estos
hechos ocurrieron en la escuela Reforma CNOP,
ubicada en la colonia Santa Catarina, del munici-
pio de Querétaro, zona 60.
Otro caso es el de la profesora Alma Iliana
Mendoza Herrera, de la Escuela Secundaria Gene-
ral ubicada también en la capital del estado. Antes
de las 7:00 horas se encontró con la directora del
plantel. Ahí le hizo saber que había recibido órde-
nes del supervisor para que se le impidiera el acceso
a la escuela y que llegaría un maestro de remplazo.
Como no se le dijo nada de manera formal, Alma
Iliana fue a su salón e, incluso, trabajó dos módulos
con dos grupos. Finalmente se presentó el supervi-
sor para decirle que, por órdenes de la Unidad de
Servicios Educativos de Educación Básica del Es-
tado de Querétaro (USEBEQ), no podía estar en
el plantel.
Las dos profesoras, como los demás “cesados”,
no han recibido hasta la fecha documento alguno
que les demuestre que fueron despedidos o que “ya
no son requeridos”.
Para los profesores de Querétaro, integrantes
del Movimiento Magisterial de Bases de Queréta-
ro y del Movimiento del Magisterio Democrático
Nacional, lo que pasa en el país –y específicamente
en su estado– es el desmantelamiento de la escuela
pública, el atropello al derecho a la educación de los
niños y el despojo de los derechos laborales de los
trabajadores docentes.
Las políticas de Aurelio Nuño y del gobernador
Francisco Domínguez Servién se han reflejado en
grupos sin docentes, fusión de grupos y hacina-
miento de alumnos, cierres de turnos vespertinos y
“concentración” de escuelas. ¿Es esto preocuparse
por la “calidad” de la educación? Peor aún, se con-
trata a personal que no cumple con el perfil “de
idoneidad” que exige su ley. Este hecho confirma
que los despidos no buscan mejorar la educación,
sino sustituir a los maestros en resistencia por otros
que sean incondicionales de las autoridades.
Lejos de la imagen que buscan construir las au-
toridades y los grandes medios de comunicación
de los maestros en lucha (de “no idóneos” para es-
tar frente a un grupo), los profesores en resistencia
cuentan con propuesta pedagógica. Nunca se han
opuesto a una evaluación, siempre y cuando no sea
punitiva, sino procesual, continua, permanente, me-
todológica y dialéctica. A lo que se han opuesto es
al desmantelamiento de la educación pública y a la
conculcación de sus derechos como trabajadores.
123RF

CONTRAPODER
OPINIÓN
L
a reportera Angélica Enciso, como otros
periodistas atentos a los problemas sociales,
como el de los mineros, en este caso, de So-
nora y precisamente de Cananea, ha renovado la
información acerca de que “A tres años de que la
mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de
litros de residuos peligrosos a los ríos Bacanuchi y
Sonora, la contaminación persiste y aún hay pozos
connivelesdearsénicoymanganesosuperioresalos
establecidos por la Organización Mundial de la Sa-
lud, señalaron los comités de la cuenca del río Sono-
ra que agrupan a ciudadanos afectados” (La Jornada,
2 de agosto de 2017). El multimillonario Germán
Larrea, del Grupo México, con ese derrame causó
daños irreversibles a seis
municipios, sus tierras
agrícolas, su ganado, su
comercio. Y, lo peor: en-
fermedades y muertes
en la población. Y como
esaLarrea tiene la pro-
tección de Peña Nieto,
Navarrete Prida y la ya desgobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano, entonces el perverso, maldito, dueño
de minas donde explota a los trabajadores, vive en
la total impunidad. A la que contribuye el secretario
del Medio Ambiente, el tal Pachiano.
De los cuatro funcionarios, el más cómplice es
Peña, ya que éste ha mantenido un apoyo, obvia-
mente corruptísimo, a esos empresarios también
corruptos. Y el tal Larrea ha sido uno de los favori-
tos. Por todo el territorio, las inversiones canadien-
ses, estadunidenses e inglesas (todos igual de depre-
dadores), y larreanas, han estado protegidas para
que roben los minerales, traten a los mineros como
esclavos e invadan tierras comunales, ejidales y de
la pequeña propiedad, como parte de la impuni-
dad; causando miles de daños y jamás pagan sala-
rios acordes con el duro trabajo. Además de que no
respetan las huelgas. Todo porque Peña, quien jue-
ga golf con empresarios, ha ordenado protegerlos.
El reportero Cesar Martínez (Reforma, 2 de agosto
de 2017) informa que un juez de distrito, en Sono-
ra, acaba de otorgar un amparo por los pozos enve-
nenados. Y ordenó al ISSSTE, IMSS y al Seguro
Popular, que sus médicos practiquen exámenes a
los pobladores se esas 24 comunidades que beben
agua contaminada por las minas de Larrea, contra
las que ni la desgobernadora Claudia Pavlovich, en su
competencia, ha hecho
nada para exigirle que
cumpla con sus obliga-
ciones de pagar los efec-
tos de la contaminación
de los pozos Sinoquipe
y La Labor.
Así que en colusión,
el presidente de la República, el secretario del Tra-
bajo, el secretario del Medio Ambiente y la desgo-
bernadora, ejecutaron la fuerza militar y policiaca
defendiendo las minas de Larrea y pisoteando los
amparos. Estas injusticias son para que los mine-
ros, campesinos y todos los trabajadores de Sono-
ra, apliquen la huelga general en la entidad, para
ver si así sus peticiones en grado de reclamos, son
atendidas por un peñismo que insiste en proteger
a Larrea; y se ha convertido en un nuevo Porfirio
Díaz con su capataz Navarrete Prida; quienes están
empeñados en orillar a los trabajadores de la mina
sonorense, no sólo a hacerse justicia por su propia
LARREA Y PEÑA
LOS PORFIRIO DÍAZ DE
CANANEA
ÁLVARO CEPEDA NERI
Al derramar residuos peligrosos a los
ríos Bacanuchi y Sonora, el Grupo México
causó daños irreversibles a seis munici-
pios, sus cosechas, ganado y comercio
Al derramar residuos peligrosos a los
pios, sus cosechas, ganado y comercio

CONTRAPODER OPINIÓN
mano, sino a utilizar el recurso histórico de un esta-
llido revolucionario como el de 1906.
Hoy, a los mineros les adeudan el reparto de uti-
lidades desde 2007 y una década después Peña y
Navarrete se niegan a cumplir el fallo judicial que
les concede el pago del adeudo. En virtud de eso,
los mineros han decidido ocupar las instalaciones
de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 47,
porque esos funcionarios no acatan lo dispuesto por
el laudo. Incluso, estallaron una huelga que Peña
y Navarrete, como esquiroles, rompieron con mi-
litares y policías. Luego, Larrea logró cambiar de
nombre a la empresa, contrató otros mineros y se
burló de los antiguos mineros, negándose a cubrir
los salarios y utilidades que les adeuda.
Por eso es que se gesta una rebelión laboral con-
tra el nuevo Porfirio Díaz que representan Larrea y
Peña. No hay otra solución a la injusticia que han
estado sufriendo los mineros, ya que han agotado
todos los recursos legales cuyos fallos los favorecen.
Es el Grupo México de Germán Larrea el encapri-
chado en no cumplir la legalidad, porque cuenta
con el apoyo de Peña y Navarrete. La reportera
Patricia Muñoz Ríos (La Jornada, 17 de agosto de
2017), informa que una vez que Larrea no cum-
plió con entregar lo que adeuda y que fue acordado
para el 16 de agosto, decidieron retomar la Junta 47
e intensificar sus acciones de protesta, como la de
cerrar las carreteras de Cananea-Agua Prieta y Ca-
nanea-Imuris. E impedir la entrada de los nuevos
mineros, para aumentar las presiones y ver sí de esa
manera Peña obliga a Larrea a cumplir.
No hay duda de que los síntomas de rebelión en
Cananea pueden recrear el levantamiento de 1906,
porque nuevos Porfirio Díaz han aparecido para ata-
car a los trabajadores. Lo que ha hecho en la Ca-
nanea de hoy Germán Luciano Larrea, apoyado
por Peña y Navarrete, no puede conducir más que
a un estallido social que puede hacer nacer una cri-
sis política que llevaría a un grave problema social,
porque los mineros explotados por Larrea y a los
que no quiere pagarles lo que les debe, han llegado
a la alternativa de que les cumplan sus demandas
legalmente válidas, o llevarán sus protestas contra
un gobierno peñista-porfirista que ha tomado par-
tido con el patrón.
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
H
asta hace unas semanas, en el portal del
Registro Nacional de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública (SEP,
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/
presidencia/indexAvanzada.action) no aparecía al-
guna cédula profesional con el nombre del nue-
vo representante de la Subdirección de Arqueo-
logía Subacuática (SAS) del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH). Ahora ya se
puede consultar a nombre de Roberto Esteban
Junco Sánchez la cédula 10503722 de la licen-
ciatura en administra-
ción de negocios in-
ternacionales por The
American University
of Paris, Estados Uni-
dos con fecha de expe-
dición de 2017. Esa es
la licenciatura de Jun-
co, y con la que de manera condicionada por
no tener la mencionada cédula, se registró a la
maestría en arqueología en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH) hace varios
años; condicionado a obtener la equivalencia
de sus estudios, para poder concluir su trámi-
te de ingreso y permanencia, el cual concluyó
hasta este año, como lo demuestra el portal de
profesiones, y así “cubrió” el plan de estudios de
la maestría. ¿Qué autoridades de la ENAH de-
cidieron a discreción contravenir el reglamento
de posgrado de esa casa de estudios, y quiénes
en el doctorado lo aceptaron sin contar con el
título y la cédula de maestría, en un proceso
irregular y violatorio de las normas? Aun así,
Junco Sánchez “concluyó” el doctorado como
él mismo lo señala en su tesis:
“Esta tesis es fruto de circunstancias acadé-
micas más que de un interés genuino por escri-
birla. Justo después de acabar la carrera de Ad-
ministración de Em-
presas en el año 2000,
me encontré con el
anhelo de encaminar
mis esfuerzos a la ar-
queología, por lo que
decidí ingresar en la
Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH) y cursar los
prerrequisitos para matricularme en la Maes-
tría en Arqueología a la par que revalidaba mis
estudios de licenciatura llevados a cabo en el ex-
tranjero. Después de un año y medio de cursos,
pude al fin entrar en el programa de maestría.
Concluí el programa exitosamente y me titulé
con la tesina: “Periplo de la porcelana China en
Nueva España: Arqueometría y Arqueología
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
SUBDIRECTORDEARQUEOLOGÍA
SUBACUÁTICA DEL INAH
¿SITUACIÓN ACADÉMICA
IRREGULAR?
Al nuevo subdirector de Arqueología
Subacuática del INAH, Roberto Junco, le
faltaba el título: apenas se agregó en la
SEP su número de cédula profesional
Al nuevo subdirector de Arqueología
SEP su número de cédula profesional

ARTÍCULO OPINIÓN
Histórica en la Costa Grande de Guerrero”,
con lo que obtuve mención honorífica. Con la
tesina tuve el pase directo hacia el Doctorado
en Arqueología de la ENAH, pero desafortuna-
damente por cuestiones burocráticas de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), no pude
obtener la revalidación de estudios y me vi en
la difícil situación de no lograr obtener un títu-
lo avalado por la SEP, aunque sí acreditado por
la ENAH y el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH)” (sic, Roberto Junco Sán-
chez, Arqueología marítima del pacífico novohispano:
las naves perdidas del almirante Anson en Zihuatanejo,
INAH-SEP, 2011).
Este año, con todas las irregularidades men-
cionadas y sin contar con los títulos de maestría
y doctorado, que ha dicho tener, y sus corres-
pondientes cédulas –al menos no aparecen en el
portal de profesiones– fue nombrado Subdirec-
tor de la SAS del INAH (http://inah.gob.mx/es/
boletines/6085-roberto-junco-nuevo-subdirector-de-ar-
queologia-subacuatica). Porque por más que Junco
enfatice que la ENAH y el INAH avalan sus
títulos, la que los expide es la SEP. Así que llegó
a su cargo de manera irregular: es sabido que
designado por Pilar Luna Erreguerena, la an-
terior subdirectora, quien debe tener muchas
influencias con las altas autoridades del INAH
para que hayan aceptado como su sucesor a un
licenciado en administración de negocios sin
cédula profesional –cuando fue nombrado aún
no aparecía la cédula en el portal, probable-
mente se encontraba en trámite (revalidación
de estudios)–, y sin los requisitos legales ni las
cartas oficiales de una formación arqueológica,
aunque de manera discreta hubiera cursado la
maestría y doctorado correspondientes.
Lo más lacerante del caso es que hay ar-
queólogos con mucha experiencia, además de
licenciatura, maestría y doctorado en arqueo-
logía, que han sido relegados de la subdirec-
ción por no seguir los mandatos de Luna Erre-
guerena, quien no se cansa de seguir manejan-
do dicha dependencia, ahora tras un escritorio
de “investigadora” que rara vez ocupará, a
través de un oficialísimo ya administrador de
negocios, que ejerce cómo arqueólogo desde
hace muchos años sin tener cédula como tal.
Y aunque ahora con la cédula de su carrera
en París, oficializada en México, pueda de al-
guna manera obtener sus títulos de maestro y
doctor en arqueología, así como las cédulas co-
rrespondientes, lo cierto es que él y la maestra
Pilar Luna Erreguerena han logrado sortear
ciertos detalles académicos normativos y admi-
nistrativos, digamos burocráticos, para lograr
su posicionamiento en la SAS. Y es que en este
país todo se le puede achacar a la burocracia.
Y como casi todo se puede lograr en México,
es posible que tengamos un Subdirector de Ar-
queología Subacuática con licenciatura en ne-
gocios internacionales y maestría y doctorado
en arqueología, con títulos y cédulas aunque
irregulares y extemporáneas.
INAH

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os dirigentes de la Confederación Revolu-
cionariadeObrerosyCampesinos(CROC),
que el pasado 26 de agosto encabezaron un
acto frente a la embajada de Venezuela exigiendo al
gobierno de Nicolás Maduro respeto a los derechos
laborales, a la libertad y autonomía sindicales para
los trabajadores de la nación centroamericana, ol-
vidaron mencionar que tales exigencias nunca las
han planteado en México a favor de sus empobre-
cidas y expoliadas bases.
Desde su nacimiento en abril de 1952, la
CROC formó parte del sector obrero del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y gozó, a la par
de los engendros corporativos del pasado siglo,
como la Confederación de Trabajadores de Méxi-
co y la Confederación Regional Obrera Mexicana,
de canonjías políticas para sus dirigentes. Al paso
del tiempo, de su lema “Unidad y emancipación
proletaria” no queda ni el recuerdo, como tampoco
de lo asentado en sus principios doctrinarios de lu-
char por mejores salarios en pro de sus agremiados
y en contra de los sindicatos blancos.
La CROC del siglo XXI es una pasarela de di-
rigentes al servicio de la clase empresarial, carentes
del más mínimo consenso y legítimo apoyo de sus
afiliados, la mayoría de ellos sumados a su membre-
sía contra su voluntad. En su organización sencilla-
mente no existen las demandas externadas hasta el
cansancio frente a la sede diplomática venezolana:
derechos laborales y libertad sindical. Tampoco li-
bertad de expresión.
Su actual dirigente nacional, el senador Isaías
González Cuevas, bajó la guardia en el momento
histórico que obligaba a la defensa de las conquistas
sociales de los trabajadores, menoscabadas con la
aprobación de la reforma laboral. Hay que refres-
carle la memoria al clan croquista para evidenciar
su ausencia total de compromiso con el proletaria-
do del país.
Cuando el 1 de septiembre de 2012 el presiden-
te saliente, Felipe Calderón Hinojosa, envió su ini-
ciativa al Congreso con carácter de “preferente”, el
líder de la CROC apareció como uno de sus más
acérrimos críticos y opositores. Ya en funciones, el
recién electo senador del PRI advirtió que su cen-
tral no estaba de acuerdo con el pago por horas ni
en permitir que se vulnerara el derecho de huelga
y la autonomía sindical, porque con esto, dijo, “se
intenta dar libre paso a la flexibilización laboral”.
González Cuevas añadió que ni central ni los
legisladores priístas permitirían que la reforma de
Calderón se aprobara, pues “afectaría los derechos
de los trabajadores, nulificaría la contratación co-
lectiva y el derecho a la seguridad social”.
Sin embargo, semanas después cuando la pro-
puesta panista entró al terreno de los acalorados de-
bates legislativos en el Senado, el dirigente hizo mu-
tis y votó al lado de su grupo parlamentario a favor
de la iniciativa que había calificado de contraria “al
crecimiento económico, a la justicia social y al em-
pleo decente”, planteados en el proyecto de nación
de Enrique Peña Nieto. Unas fueron sus palabra
pero otra su actitud de cara a la reforma laboral.
En la grey corporativa del PRI, no causó ex-
trañeza la posición del dirigente obrero. A valores
entendidos se sumó al proyecto político que había
pactado la aprobación de una iniciativa de corte
ciento por ciento empresarial sin tomar en cuenta
la opinión de los directamente afectados: los traba-
jadores.
LA DUDOSA PROTESTA
DE LA PRIÍSTA CROC
CONTRA NICOLÁS MADURO
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
A cambio de su apoyo a la que sería la primera
de las reformas estructurales del actual sexenio, las
autoridades laborales fingieron no ver los miles y
miles de contratos de protección firmados a favor
de la patronal y cobijados por organismos como la
CROC y bajo los cuales millones de mexicanos en
todo el país reciben bajos salarios, son víctimas de
la explotación laboral y están impedidos de afiliarse
a otros sindicatos o crear otros que realmente los
defiendan.
Bajo este esquema de antidemocracia, los tra-
bajadores se encuentran bajo la mirada vigilante
de grupos de golpeadores, dispuestos a obligarlos
por la fuerza a silenciar sus demandas. Es decir que
los croquistas, como otros organismos corporativos,
ejercen en México los métodos ilegítimos que su-
puestamente emplea el gobierno de Nicolás Madu-
ro contra los obreros venezolanos.
Uno de los oradores en el mitin celebrado a las
afueras de la sede diplomática de Venezuela, Salim
Kalkach Navarro, sub-
secretario de Relaciones
Exteriores de la central
charra, se dijo preocupa-
do por la vida de los tra-
bajadores en aquel país:
“está en peligro: literal-
mente se están murien-
do de hambre y eso no lo podemos permitir”. Pero
en su discurso olvidó anexar un añadido exigiendo
mejores salarios para la clase obrera de México, la
peor pagada de la región y que, expoliada, toca a
las puertas de la marginación.
El funcionario croquista debería reflexionar an-
tes de abordar temas como la libertad sindical. Hace
unos años cuando los empleados de la vidriera que
trabajabaparaGrupoModelolograronelregistrode
su sindicato y se desligaron de la CTM, muy pronto
debieronenfrentarunenemigoaúnpeorpueslaem-
presa firmó a sus espaldas un contrato de protección
con otro organismo adherido a la CROC.
Su líder era nada menos que Salim Kalkach, el
mismo que ahora cuestiona al gobierno de Maduro
de bloquear la libertad sindical en Venezuela. En
connivencia con la empresa, la organización cro-
quista alentó los despidos injustificados contra los
miembros del sindicato independiente y recurrió a
métodos de presión para afiliar al resto de los traba-
jadores a la CROC.
En este recuento de acciones en contra de los
derechos laborales, debe citarse lo acontecido tras
la irrupción, en el ámbito nacional e internacional,
de la brutal explotación que por años han padecido
los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en
Baja California. Contratos de protección firmados
por los dueños de los ranchos agrícolas con organis-
mos de filiación priísta como la CROC, pusieron
contra las cuerdas a las autoridades y en entredicho las
ventajas y beneficios de la reforma laboral.
De pronto apareció a los ojos de la nación la
abrumadora realidad en que subsistían más de 80
mil jornaleros agrícolas con sus familias, obliga-
dos a trabajar en condiciones infrahumanas e in-
salubres, cobrando míseros sueldos y sin la menor
atención médica. En Venezuela ningún organismo
internacional ha denunciado abusos de esa natura-
leza, pero en México, muchos sindicatos charros son
expertos en permitirlas y ocultarlas, despojando de
sus derechos a los traba-
jadores en beneficio de
los intereses patronales.
Lo más execrable
de la amañada protesta
ante la embajada vene-
zolana es que lejos de
combatir la simulación
laboral y los atropellos en contra de millones de
mexicanos, y cuestionar las regresiones contenidas
en la reforma laboral, los sindicatos corporativos
buscan sumarse a la lista de provocadores en con-
tra de Nicolás Maduro, excusando la defensa de la
Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), sindi-
cato de derecha cuya dirigente, Marcela Maspero,
busca ser victimizada para atacar al gobierno vene-
zolano. En abril pasado, la CROC y la CTM en-
cabezaron en Bogotá, Colombia, la fundación del
organismo denominado Alternativa Democrática
Sindical de las Américas (ADS).
Se entiende el por qué los orquestados ataques
del pasado 26 de agosto no son casuales y respon-
den a una estrategia que trata de vulnerar tanto a
los gobiernos democráticos y de izquierda en Amé-
rica Latina como a las organizaciones sindicales
independientes. Debemos denunciar esta sucia ma-
niobra y poner un alto a los que insisten en vulnerar
los derechos de los trabajadores.
La CROC alentó los despidos injustifi-
cados de los miembros del sindicato inde-
pendientedelGrupoModeloypresionólas
afiliaciones del resto a esa organización
La CROC alentó los despidos injustifi-
afiliaciones del resto a esa organización

ARTÍCULOOPINIÓN
B
erlín, Alemania. La cuenta regresiva para las
elecciones alemanas del 24 de septiembre
ha comenzado. En el inicio de las campañas
electorales de los diversos partidos políticos alemanes
cabe destacar un desarrollo particular: el del sector
de la extrema derecha con partidos como la Alter-
nativa para Alemania (Alternative für Deutschland,
AfD) o el Partido Nacionaldemócrata Alemán –he-
redero del extinto Partido Nacionalsocialista Obrero
Alemán (NSDAP, también conocidos popularmente
como Nazi)–. Ambas agrupaciones constituyen ac-
tualmente el grueso del sector extrema-derecha ale-
mán, que parece tener oportunidades para conquis-
tar aún más escaños en los parlamentos nacionales
y regionales teutones,
según las encuestas.
Mientras que el
NPD fue vetado a
participar en la ciu-
dad-estado de Berlín,
a nivel federal no ha
sido ilegalizado pese
a varios intentos previos, los cuales nunca consiguie-
ron su objetivo final, por mucho o poco margen.
Simplemente la libertad de expresión y la aparente
conformidad de sus estatutos políticos no han dado
suficiente evidencia de su carácter antidemocrático,
xenófobo y antimigrante. En la vía de los hechos, no
obstante, no sólo sus argumentos parecen ganar en
fuerza, en la medida que también parece atraer más
votantes que en elecciones previas.
La AfD por su lado, agrupación de menor anti-
güedad que la antes mencionada NPD, puede presu-
mir de un auge sin igual en la historia política reciente
alemana. Sus postulados desde, sus inicios en 2013,
fueron controvertidos e inclinados hacia una postura
abiertamente antimusulmana y xenófoba. Cabe des-
tacar que desde el año 2015 con la llegada masiva de
refugiados al país, la polarización y la tensión entre las
comunidades ha estado en crecimiento, al igual que
la normalización de ideas, según las cuales la depor-
tación en masa es una solución a la situación actual.
El uso de lemas como “Atrévete Alemania”
(“Trau dich Deutschland”) y una recurrencia en los
valores cristianos y conservadores en contraposición
con la civilización musulmana, ha llevado a que esta
corriente política afirme que vienen a invadir el país
y a cambiarlo por dentro hacia una sociedad mayo-
ritariamente islámica. Y se refugian en una versión
idealizada de los valores
alemanes.
En su página personal
la parlamentaria berline-
sa y candidata de la AfD,
Jeannette Auricht, se dirige
a su potencial electorado
directamente: “Estimados
ciudadanos, había una vez una Alemania donde
existía la justicia, seguridad jurídica, libertad de opi-
nión e igualdad ante la ley. El Estado podía propor-
cionar seguridad, integridad física y protección a la
propiedad.[…]Habíajusticiasocialylapolíticabus-
caba el bienestar de la población”.
Resumiendo sus palabras en pocas ideas: todo
esto se ha perdido, sin dar una explicación sobre las
razones puntuales para ese proceso. Sí, en cambio,
recalca buscar “un país –mi país– del cual puedo
sentirme orgullosa. Dónde la ciudadanía conoce y
sabe defender sus logros y valores”. Y se prometió
trabajar para ello.
AXEL PLASA
A nivel federal, Alemania permitirá al
NPD presentarse como opción electoral
pese a su carácter antidemocrático, xe-
nófobo y antiinmigrante
A nivel federal, Alemania permitirá al
nófobo y antiinmigrante
REGRESA LA EXTREMA
DERECHA A LAS ELECCIONES
DE ALEMANIA

ARTÍCULO OPINIÓN
Otro de los tópicos empleados es el caso suizo,
donde mediante un referéndum se determinó que
Suiza podría establecer un límite superior de mi-
grantes admitidos a la nación helvética. Éste fue pro-
movido por un partido de extrema derecha local y
además es violatorio con las obligaciones adquiridas
al ingresar al tratado de Schengen sobre el espacio
comúnmigratorioeuropeo.Ésteesunejemplopues-
to adelante para Alemania tanto por la NPD, como
por la AfD.
La NPD, por su lado, elabora temas como la na-
ción y las efemérides de antiguos líderes nazis, como
Rudolf Hess, para su trigésimo año de su controver-
tida muerte en una cárcel berlinesa. Busca polemi-
zar con los Nafris, una contracción con connotación
despectiva para los africanos del Norte (Nordafrika-
ner) que dicen que amenazan con la integridad de la
nación. Ante todo, se oponen al paradigma del mul-
ticulturalismo y de la integración de otras culturas en
Alemania, sobre todo si se trata de musulmanes. Y
last but not least, despotrica sobre toda la izquierda, sea
ésta radical o no, viéndolos como sus enemigos por
excelencia (como ya sucede en las confrontaciones
entre militantes de una y la otra tendencia en la calle
desde hace años en Alemania).
Después de haber sobrevivido a dos intentos de
ilegalización por vía judicial, y finalmente haber ob-
tenido sus primeros escaños en algunos distritos de la
periferiadeBerlín,comoenMarzahn-Hellersdorf,la
NPD ahora busca hacer su ingreso a la gran política
nacional, al Parlamento Alto (Bundestag) o a todos
los locales que pueda alcanzar. Con unas elecciones
para el 24 de septiembre 2017, y una tendencia ge-
neral hacia la derecha en el país, se pueden observar
cómo las encuestas tienen incluso divergencias ma-
yores sobre el potencial volumen de votantes de la
NPD o AfD.
Lejos de crear consenso, estas corrientes divi-
den la sociedad, ante todo a los más desfavorecidos
y menos educados de Alemania, que ahora ven un
enemigo en el extranjero, sin importar si este fuera
refugiado asilado o incluso de forma legal en el país.
Lejos de quitarle protagonismo sólo a los grandes
partidosestablecidos,lerestavotosaformacionespe-
queñas desde la Izquierda (Die Linke): los comunis-
tas, los verdes u otros, y se ha apropiado de un elec-
torado propio, elcual es tendencialmente xenófobo,
racista, antimusulmán y ultranacionalista.
CARTELDELNPD
Propaganda del derechista NDP

ARTÍCULOOPINIÓN
C
aracas, Venezuela. Desde su instalación el
4 de agosto, la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) infundió la paz a Venezue-
la, tras un cruento asedio por parte de la ultrade-
recha nacional que integra la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) contra la institucionalidad
del país.
Luego de los comicios, que contó con la partici-
pación de más de 8 millones de personas, la calma
se volvió real en un país que resistió durante más
de 125 días una operación desestabilizadora, con el
objetivo de derrocar al gobierno bolivariano demo-
cráticamente electo.
Aun con la asesoría de Estados Unidos y el apo-
yo de varios gobiernos de América Latina y Euro-
pa, la estrategia opositora resultó derrotada en gran
medida por su propio concepto de terror.
Reavivó la conciencia patriótica del pueblo ve-
nezolano obstinado por las muertes de más de 170
personas, los miles de heridos, así como los daños
y vandalismos a centros del Estado y a comercios
privados, que generaban las convocatorias de calle
de la oposición.
Sin embargo, el incremento de las sanciones de
Estados Unidos y del discurso político internacional
contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro,
muestran que la guerra contra la nación suda-
mericana entró en una nueva fase en la cual no se
descarta la agresión armada a través de la frontera
entre Venezuela y Colombia.
Recientemente, el mandatario venezolano ad-
virtió sobre una probable provocación en la fronte-
ra con Colombia con la creación de falsos positivos,
por lo que urgió a garantizar el máximo cumpli-
miento de las órdenes, leyes, reglamentos militares
de funcionamiento preventivo en todo lo largo y
ancho de la zona limítrofe entre los dos países.
Asimismo, precisó que Washington utiliza a las
mafias colombianas para desarrollar métodos de
desestabilización a la vida social, política y econó-
mica contra la patria del Libertador Simón Bolívar.
De igual modo, apuntó que el gobierno boliva-
riano siempre tuvo conciencia sobre cómo reper-
cutiría en Venezuela la negociación para la paz
entre el Ejecutivo de Bogotá y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP), y posteriormente con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), bien necesaria para la
reconciliación de los hermanos colombianos.
“El Pentágono y el Ministerio de la Defensa de
Colombia venían trabajando los modelos postcon-
flictos [...], para iniciar la preparación de una fuer-
za militar colombiana, para venir a una guerra con
Venezuela”, sentenció.
Plan Balboa en marcha contra
Venezuela
Las referidas afirmaciones del jefe del Estado
bolivariano cobraron vida con las acusaciones del
gobernador del departamento colombiano de La
Guajira, Weildler Guerra, sobre una supuesta in-
cursión en ese territorio neogranadino de efectivos
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Ni siquiera por canales oficiales, sólo por medio
de la red social Twitter, una de las que se mantiene
en la avanzada de la matriz de opinión distorsiona-
da sobre la realidad venezolana, Guerra se convir-
tió en la vía para la instalación del falso positivo que
necesita la derecha internacional con vista a justi-
LIVIA RODRÍGUEZ DELIS/PRENSA LATINA
ESTADOS UNIDOS AVENTARÁ
AL EJÉRCITO COLOMBIANO
CONTRA VENEZUELA

ARTÍCULO OPINIÓN
ficar la agresión a Venezuela, dado el fracaso de la
incursión de la oposición nacional.
Dicha estrategia no causó sorpresa en analistas,
como el internacional Basem Tajaldine y la perio-
dista colombo-venezolana María Fernanda Barre-
to, quienes ratificaron a Prensa Latina las preten-
siones de Washington de utilizar en la invasión al
ejército colombiano, el cual tiene una preparación
en la guerra de guerrillas de más de 50 años.
Para Tajaldine, Colombia es el brazo armado
ideal para hacer efectivo el denominado plan Bal-
boa por las características de la frontera que divide
a los dos países y por las numerosas bases militares
estadunidenses que existen en su territorio, las cua-
les pueden servir de apoyo a los militares.
Sin embargo, afirmó, para su efectividad, Was-
hington apuesta por un acto de traición dentro de
las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB), lo cual no consiguen para llevar a cabo su
proyecto intervencionista.
Recordó que, durante el mandato del coman-
dante Hugo Chávez, el
expresidente colombia-
no Álvaro Uribe, reco-
nocido por el Senado
estadunidense como el
capo 82 por los víncu-
los con el narcotráfico,
confirmó sus intencio-
nes de atacar las vecinas tierras venezolanas.
Asimismo, explicó que ese plan lo dibujó un ofi-
cial de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), y que consistía en una operación
militar para la toma de la región de Zulia, Barinas y
otros estados fronterizos venezolanos con la excusa
de un presunto cordón humanitario.
Posteriormente avanzar con el ejército de Co-
lombia, como fiel vasallo de Estados Unidos, y de la
OTAN para reforzar la embestida con la toma del
Distrito Capital, indicó Tajaldine.
Al respecto, Barreto apuntó que, aun cuando se
niega una vinculación directa de Colombia con la
OTAN, pues no ha sido aprobada por las cámaras
de ese país, resulta determinante y pública la aseso-
ría de esa organización y la de Estados Unidos en
la nueva doctrina militar de las tropas colombianas
como ejército subrogado.
De igual modo, consideró que las confrontacio-
nes de Estados Unidos en varios países en los últi-
mos periodos, así como la que enfrenta en Siria y su
conflicto con la República Popular Democrática de
Corea, le restan capacidad a la Casa Blanca para ir
directamente contra Venezuela.
“Además, Rusia y China manifestaron su apoyo
irrestricto a la Revolución Bolivariana”.
Por eso, afirmó, Colombia se convirtió en su
candidato ideal, pues el proceso de pacificación
con las FARC-EP, como lo denomina el gobierno
colombiano, ha dejado cesante a un ejército bien
preparado para la guerra convencional. “Exhortar-
le al ejército colombiano a que asuma ese conflicto,
le permite a Estados Unidos una intervención indi-
recta la cual es mucho más viable”.
No obstante, Barreto sopesó que el mandatario
Juan Manuel Santos se ha estado negando al pedi-
do de Washington, pese al chantaje con el retiro de
los millonarios fondos para la lucha contra el nar-
cotráfico, entre otras preferencias. Y esa negativa
de Santos a la confrontación directa es la que hace
que se implementen
otras estrategias como
los falsos positivos, hasta
obligar a Santos a to-
mar una decisión en ese
sentido.
En los próximos días
los conflictos aumenta-
rán en la frontera, la derecha internacional arrecia-
rá los ataques en el área diplomática, al igual que
la penetración paramilitar a territorio venezolano
desde suelo colombiano.
Sin dudas van a venir más presiones económi-
cas, pero estas tienen un límite debido a los propios
intereses de Estados Unidos y de la oligarquía co-
lombiana en Venezuela.
Los venezolanos ganaron una batalla importan-
tísima al alcanzar la paz con la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), pero la presión no va a ter-
minar mientras prosiga la contradicción histórica
entre el socialismo y el capitalismo.
“Esa guerra no va a terminar hasta que no cai-
ga uno de los dos sistemas: o la revolución bolivaria-
na se rinde, o el capitalismo definitivamente fracase
y ya no tenga más viabilidad. Pero tampoco hay
dudas de que nosotros los revolucionarios hemos
sabido resistir”, sentenció Barreto.
Colombia, brazo armado ideal para el
plan Balboa, por las características de la
frontera y las bases militares estaduni-
denses que existen en su territorio
Colombia, brazo armado ideal para el
denses que existen en su territorio

24 11 de septiembrede 2017
ARTÍCULOOPINIÓN
A
l cabo de casi 2 décadas de experiencias
políticas, sociales y culturales de cambio
en nuestra región, con mayor o menor
profundización, con más o menos obstáculos en
cada caso, los procesos políticos posneoliberales
de nuestra América enfrentan su hora más difí-
cil: no sólo en aquellos países donde los gobier-
nos nacional-populares todavía ejercen el poder
(Venezuela, Bolivia, Ecuador), sino también
donde las fuerzas y partidos de izquierda asu-
men, una vez más, el reto de ser oposición y de
reconstruirse para recuperar la iniciativa luego
de las derrotas electo-
rales y el shock de los
golpes parlamentarios
(Argentina, Brasil).
Sin temor a la auto-
crítica, conviene reco-
nocer de una vez que
lo que en su momento
identificamos como un cambio de época impulsa-
do por las izquierdas plurales y diversas de nuestra
América, hoy se encuentra estancado, empanta-
nado en una coyuntura sumamente adversa.
Como si esto no bastara, vivimos en un con-
texto mundial marcado por dos grandes fenó-
menos: uno, la fractura del discurso y la praxis
de la globalización neoliberal, cuyos dogmas se
derrumban por los efectos de la prolongada cri-
sis del capitalismo, la caída del comercio inter-
nacional y las contradicciones entre potencias
que dan bandazos entre las soluciones proteccio-
nistas y librecambistas, sin ser capaces de forjar
un nuevo consenso.
El otro fenómeno corresponde a la creciente
y peligrosa beligerancia del imperialismo estadu-
nidense, que se agita, herido, ante las tendencias
a la multipolaridad del sistema internacional y lo
que parece ser un indetenible cambio en la he-
gemonía mundial, que se desplaza hacia el eje
geopolítico y económico de Asia.
En nuestra región latinoamericana y cari-
beña, la crisis hegemónica del imperialismo se
expresa en el nerviosismo y la impaciencia de la
dirección política en la Casa Blanca, que amena-
za con intervenciones como en los viejos tiempos
(comprobando así que
el soft power del pre-
sidente Obama sólo
fue una maniobra mo-
mentánea, un refina-
miento de los modales,
pero no una renuncia
a los apetitos imperia-
les ni a los objetivos mayores de dominación).
Washington no aspira a otra cosa que no sea
recuperar el control total de los recursos natura-
les, y destruir las alianzas estratégicas con Chi-
na y Rusia, como parte de la guerra económica
y militar no convencional que ya está en curso
por la supremacía global. Por su parte, la nueva
derecha, antilatinoamericanista y abiertamente
proimperialista, ha leído en esta actitud agresi-
va de Estados Unidos una bocanada de oxígeno
para apuntalar su proyecto de restauración con-
servadora, que muy temprano empieza a mos-
trar desgaste y fisuras.
En este escenario, el peligro de ser devorados
ANDRÉS MORA RAMÍREZ, INVESTIGADOR,ANALISTAY DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA/PRENSA LATINA
UNIDOS O DEVORADOS
DESAFÍO DE NUESTRA ÉPOCA
Lo que en su momento fue un cambio
de época impulsado por las izquierdas
plurales y diversas de América, hoy está
estancado en una coyuntura adversa
Lo que en su momento fue un cambio
estancado en una coyuntura adversa

ARTÍCULO OPINIÓN
por el imperialismo y la vorágine destructiva de
este tiempo de incertidumbres y recomposicio-
nes, deja de ser una simple metáfora interpreta-
tiva y se convierte en una posibilidad real. Ya los
gobiernos de la nueva derecha, que conspiran
contra Venezuela, han comprobado que la locura
que impera en la Casa Blanca puede conducirlos
incluso a abrir las puertas de una agresión militar
contra un país hermano de nuestra América.
En circunstancias como estas, cobra mayor
sentido aquella vieja pregunta: ¿qué hacer?, y la
respuesta que en 1993 ensayara Fidel Castro en
la reunión del Foro de Sao Paulo en La Habana,
cuando planteó la necesidad de “crear una espe-
ranza para el futuro” de los pueblos, un proyecto
movilizador, a partir de la integración política y
económica.
“Es una cuestión vital, es una cuestión de
supervivencia, estamos viviendo en un mundo
de grandes gigantes económicos e industriales,
de grandes comunidades económicas y políticas.
¿Qué perspectivas de independencia, de seguri-
dad y de paz, qué perspectivas de desarrollo y
bienestar tendrían nuestros pueblos divididos?
(…) ¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué
menos puede hacer la izquierda de América La-
tina, que crear una conciencia a favor de la uni-
dad?”, dijo Fidel en aquella ocasión.
Los tiempos que corren no son los más favo-
rables para la integración, lo sabemos. Y es cier-
to que los gobiernos posneoliberales, más allá de
la retórica, dejaron muchas tareas pendientes
para consolidar las instituciones y mecanismos
de la integración emancipadora diseñada en
torno a la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nues-
tra América (Alba), la Unión
de Naciones Suramericanas
(Unasur) y la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeño (Celac).
Pero también creemos que,
más temprano que tarde, es
posible que vivamos una nue-
va oleada progresista (las crisis
de los gobiernos de Temer en
Brasil y Macri en Argentina
dan una señal en ese sentido)
y es preciso que no abandone-
mos la batalla de ideas por la
construcción de la unidad lati-
noamericana y caribeña como
horizonte de época.
Los procesos políticos pue-
den sufrir reveses coyunturales,
pero las ideas son las que dan
aliento a las resistencias, las lu-
chas sociales y la búsqueda de
alternativas en el largo plazo.
Ahí es preciso seguir disputando la hegemonía.
Se nos impone, desde todos los frentes, reivin-
dicar la idea de la integración como proyecto
histórico necesario, en medio de las difíciles con-
diciones de nuestra época.
Todo está por hacer, y esa es una oportuni-
dad. En ello nos jugamos el futuro, la paz y el
derecho a una vida mejor para nuestros pueblos.
Y también, la posibilidad de construir el equili-
brio del mundo que alguna vez José Martí soñó
como la gran contribución de nuestra América a
la civilización moderna.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a Paz, Bolivia. Asentados en la Amazonía
boliviana, los pueblos indígenas de la re-
gión del Tipnis están hoy en el centro del
debate a raíz de la aprobación de una ley para el
desarrollo que busca integrar a esa zona con el
resto del país.
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isi-
boro Sécure (Tipnis) es un área de 1 millón 236
mil hectáreas, ubicada entre los departamentos del
Beni y Cochabamba, donde habitan los pueblos
indígenas Chiman, Yuracaré y Mojeño Trinitario.
Son alrededor de 14 mil personas distribui-
das en 68 colectividades dispersas que viven fun-
damentalmente de la
pesca, la agricultura, la
ganadería y la recolec-
ción.
Debido a lo intrin-
cado de las comunida-
des y la falta de vías de
comunicación, hay allí
carencia de servicios básicos como agua potable,
salud y educación, según pudimos constatar en un
recorrido por esa región.
El transporte fluvial es el principal medio de
locomoción, pero el viaje demora horas y hasta
días y los ríos no son navegables en todas las épo-
cas del año. De ahí la decisión de diputados de esa
zona de impulsar una ley para mejorar sus condi-
ciones de vida, que fue aprobada por la Asamblea
Legislativa y promulgada por el presidente Evo
Morales durante un masivo acto en la ciudad de
Trinidad.
La legislación 266 de Protección y Desarrollo
Integral del Tipnis, propuesta por la parlamenta-
ria indígena Ramona Moye, se adoptó luego de
una consulta realizada en 2012 donde 58 de las 68
comunidades abogaron por su aprobación.
En virtud de esta normativa, se elimina la in-
tangibilidad del Tipnis, lo cual viabiliza la cons-
trucción de la carretera San Ignacio de Moxos-Vi-
lla Tunari, que conectará al departamento del
Beni con Cochabamba y, por ende, con el resto
del país.
Sin embargo, la legislación generó una profun-
da polémica debido al rechazo de algunas organi-
zaciones ecologistas y,
sobre todo, de políticos
de la oposición que
manipulan el tema y
se presentan como pro-
tectores del medioam-
biente. Uno de ellos es
el exmandatario Carlos
Mesa (2003-2005), según el cual esa legislación “hi-
potecaría el futuro del agua y del oxígeno del país”.
“Mesa tiene un doble discurso porque preten-
de salir como defensor de los indígenas, cuando
como mandatario y aliado de los gobiernos neo-
liberales no hizo nada a favor de esas regiones”,
declaró el dirigente de los pueblos autóctonos de
Santa Cruz, Jacinto Murua.
Parlamentarios de la opositora Unidad Demó-
crata presentaron dos recursos de inconstituciona-
lidad contra la ley y exigieron frenar su aplicación.
Para el diputado y analista Víctor Gutiérrez, la
CARMEN ESQUIVEL/PRENSA LATINA
BOLIVIA
¿TIENEN DERECHO AL DESARROLLO
LOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS?
En Tipnis, los pueblos indígenas Chi-
man, Yuracaré y Mojeño Trinitario care-
cen de servicios básicos, como agua po-
table, salud y educación
En Tipnis, los pueblos indígenas Chi-
table, salud y educación

ARTÍCULO OPINIÓN
oposición no se ha tomado la molestia de indagar
o estudiar de manera seria el problema alrededor
del Tipnis, porque su único interés es cerrar filas
en contra del gobierno, sin importar si les asiste o
no la razón.
En esa región el índice de mortalidad infantil
y materna es elevado, sobre todo por infecciones
respiratorias agudas y porque la mayoría de los
partos se realizan en la casa.
Médicos del programa Mi Salud que viajan
hasta ese territorio a través de los ríos, señalan
como las enfermedades con mayor incidencia a
la leishmaniasis, tuberculosis, anemia, parasitosis
y diarreas agudas asociadas al consumo de agua
contaminada de los afluentes. La leishmaniasis
es un mal provocado por un parásito transmitido
por mosquitos y ocasiona llagas en la piel. Aun-
que existe tratamiento para curarla, en el Tipnis
todavía se recurre a prácticas como el empleo de
hierros calientes para intentar acabar con el vec-
tor y cerrar la herida.
Esta es la situación que condujo al debate y la
aprobación de la nueva ley en la Asamblea Legis-
lativa. Al hacer un análisis de la normativa, debe-
mos partir del hecho de que ésta surge de los pro-
pios indígenas del Tipnis y no de ninguna entidad
ministerial o parlamentaria.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la idea
de construir la carretera data de hace muchos
años porque desde el gobierno de Hernán Siles
Suazo (1982-1985) ya se analizaba la posibilidad
de llevar a cabo esa obra.
Posteriores administraciones, como las de Jai-
me Paz Zamora (1989-1993); Gonzalo Sánchez
de Lozada (1993-1997); e incluso, la de Carlos
Mesa, también impulsaron la vía, según recordó el
presidente de la Cámara de Se-
nadores, José Alberto González.
En el centro de la polémica
también está el tema de la in-
tangibilidad, contemplada en la
Ley 180, y que prohíbe la ejecu-
ción de cualquier proyecto en
esa zona.
La oposición aboga por
mantener esa antigua normati-
va, pero la mayoría de los habi-
tantes de ese parque están por
eliminarla para terminar obras
inconclusas y mejorar la vida de
las comunidades.
La Organización de las
Naciones Unidas reconoce la
validez de revisar el estado de
intangibilidad, toda vez que ese
concepto no está contempla-
do en la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indí-
genas, ni en el Convenio 169 de
la Organización Internacional
del Trabajo. De acuerdo con la Organización de
Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen
derecho a participar activamente en la elabora-
ción y determinación de los programas de salud,
vivienda y otros proyectos económicos y sociales y,
en lo posible, administrarlos mediante sus propias
instituciones.
La legislación 266 sobre el Tipnis, promul-
gada por el presidente Evo Morales, tiene como
objetivo la protección, desarrollo integral y sus-
tentable del Tipnis, en armonía con los derechos
de la Madre Tierra.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l flujo de información que recibimos en la
actualidad es avasallador. Tanto que no
logramos retenerla. Nuestra memoria es
inteligentemente selectiva. Si me preguntan si
ayer vi innumerables anuncios publicitarios en
las calles y los medios, diría que sí. Si me pidie-
ran que los mencionara, sólo podría citar cuatro
o cinco.
La mente “pesca” si posee “carnada”, es de-
cir, si está enfocada en lo que pretende aprender.
Eso ocurre cuando investigo en internet sobre el
arte del Aleijadinho o la política de la felicidad
en el reino de Bután. Entonces la información se
transforma en conoci-
miento.
Durante mi visita
a una escuela, les pedí
a los alumnos que es-
cribieran en un papel
cuánto tiempo había
navegado cada uno
en internet el día anterior. La media fue de 3
horas. A continuación les solicité que anotaran
10 temas que habían aprendido en esas horas.
La mayoría no llegó a enumerar cinco. Lo que
demuestra, digo yo, que no navegaron; en reali-
dad, naufragaron… Tiempo perdido debido a
la dispersión y la desatención de la mente.
Transformar la información en conocimien-
to requiere cierta pedagogía. La información
puede ser falsa, como la relativa a alimentos sa-
brosos desprovistos de propiedades nutricionales
beneficiosas para la salud. Por eso la publicidad
es repetitiva: se empeña en convencernos de
que lo superfluo es necesario y está impregnado
de valor social. Se dirige a nuestra autoestima.
Nos hace sentir que no podemos ser felices pres-
cindiendo de aquel producto, aquel refresco o
sándwich impregnado de felicidad.
Para que la información se transforme en co-
nocimiento debe ser contextualizada. No basta
saber que Estados Unidos amenaza con castigar
a Corea del Norte por lanzar misiles. Es preciso
conocer por qué Corea es un país dividido; por
qué Estados Unidos lanza misiles sin que nadie
proteste; por qué la Organización de las Nacio-
nes Unidas propone
la no proliferación de
las armas nucleares
y, al mismo tiempo,
acepta en su Consejo
de Seguridad a países
poseedores de ojivas
nucleares; por qué se
admite que Estados Unidos y Rusia posean, en
conjunto, más de 14 mil ojivas nucleares, capa-
ces de aniquilar varias veces nuestro planeta.
La mente es como un pulpo con varios ten-
táculos. Almacena conocimiento en la memoria
racional.Peronosiemprerecordamosloqueapren-
demos, incluso los nombres de personas próximas.
La memoria emocional enraíza más profun-
damente la información. Porque nos hace sen-
tir además de hacernos pensar. Produce deleite
recibir una invitación para comer nuestro plato
preferido o revisitar una ciudad que nos encan-
FREI BETTO, ESCRITOR BRASILEÑO; FRAILE DOMINICO TEÓLOGO DE LA LIBERACIÓN; ASE-
SOR DE MOVIMIENTOS SOCIALES/PRENSA LATINA
INFORMACIÓN
CONOCIMIENTOYCONTEXTO
La mente es como un pulpo con va-
rios tentáculos. Almacena conocimiento
en la memoria racional. Pero no siempre
recordamos lo que aprendemos
La mente es como un pulpo con va-
recordamos lo que aprendemos

ARTÍCULO OPINIÓN
ta; u ojeriza toparnos con quien nos ofendió; o
miedo andar de noche por calles inseguras.
La información se convierte tanto más en
conocimiento cuanto más se inserta el texto en
su contexto. Un brasileño está más apto para
comprender la obra de Machado de Assis que
un alemán, porque vive en el contexto en que
se produjo el texto. El alemán, en cambio, com-
prende mejor las obras de Goethe.
De ahí la importancia de la experiencia en
la asimilación de la información al ser trans-
formada en conocimiento. ¿Cómo podrían los
médicos ejercer con calidad su profesión si de
estudiantes nunca diseccionaran un cadáver?
¿Cómo podría un maitre explicar las sutilezas de
un plato si nunca lo hubiera probado?
Eso no significa que los sentidos sean confia-
bles. Copérnico desbancó a Tolomeo al demos-
trar que el sol no gira alrededor de la Tierra,
como nos parece. Ocurre lo contrario.
En resumen, toda información debe ser de-
bidamente comprobada y contextualizada para
que merezca ser absorbida como conocimiento.
Y todo conocimiento exige reflexión crítica para
no ser asimilado como verdad. Al contextualizar
el texto, la información, satisfacemos mejor el
incentivo, lo que nos motiva a adquirir ese co-
nocimiento.
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INVESTIGACIÓN PORTADA
TLCAN
EL PEOR DESASTRE
PARA LOS
CAMPESINOS
MEXICANOS

INVESTIGACIÓNPORTADA
En el campo más de 26
millones subsisten en
pobreza. Comen sólo
lo que les da la milpa y
carecen de medios de
comercialización. A 23
años del TLCAN, los
campesinos en peores
condiciones que
antes de 1994
S
e alquila como peón por 150 pesos diarios
en campos ajenos, con los que mantiene a
una de sus hijas, esposa y suegra. Ha dejado
su milpa porque de ella ya no puede vivir. Él es un
campesino que tiene que comprar maíz porque ya
no le alcanza el dinero para sembrarlo en su pro-
pia tierra. Francisco López es originario de Arroyo
Grande de Ometepec,en el municipio de Xochist-
lahuaca,Guerrero.
Francisco se siente al margen del negocio agro-
pecuario.Es uno de los millones de campesinos que
no ha disfrutado de los “beneficios” del capítulo
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), pactado con Esta-
dos Unidos y Canadá, firmado el 17 de diciembre
de 1992 y que entró en vigor desde el 1 de enero
de 1994.
Vestido de manta y huaraches,Francisco ha ve-
nido de uno de los municipios más pobres del país
a reclamarle al gobierno el abandono en que vive.
Marcha entre los suyos, entre cientos de otros pue-
blos que levantan banderas de organizaciones cam-
ÉRIKA RAMÍREZ
XXX

pesinas, y gritan consignas que no hacen eco en los
edificios de públicos.
Apenas habla español,y la pobreza se le mira en
su cuerpo magro de 63 años. Campesino, indígena,
a Francisco se le agotan cada vez más las posibili-
dades de salir adelante, de superar la miseria, reúne
las dos condiciones que tienen los más pobres de
este país.
A su edad,dice,se le están acabando las fuerzas,
y ya ni siquiera puede emplearse en la albañilería,
como antes. “En el pueblo hay muchos árboles y
suficiente agua para trabajar el campo; lo que no
hay es dinero para comprar semilla, ni limpiar, ni
abonar”,explica.
Francisco es parte de la población campesina
que vive con menos de 50 pesos al día. Las ganan-
cias de su jornada se dividen entre los suyos.En este
sector,la pobreza ha sometido a más de 26 millones
de personas, contrario a los discursos prometidos
por los firmantes del TLCAN, en los que decían
que México ya era un país de “primer mundo”.
Xochistlahuaca es el municipio 35 más pobre
del país, del listado de los 125 Municipios de Me-
nor Índice de Desarrollo Humano por estado y po-
blación indígena de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
En esta comunidad, donde vive Francisco y su
familia, vive en pobreza más del 90 por ciento de
la población, según datos del Consejo Nacional de
Evaluación: 28 mil 294 individuos pobres, de los
cuales 7 mil 585 (24.3 por ciento) son pobres mo-
derados y 20 mil 709 (66.3 por ciento) en situación
de pobreza extrema.
Pobreza del campo mexicano
Francisco Chew Plascencia, líder del Movi-
miento Social por la Tierra (MST) y del Frente
Auténtico del Campo hace un balance sobre las
más de dos décadas que lleva vigente el acuerdo co-
mercial, actualmente en mesas de renegociación, y
comenta que el capítulo que ha tenido el capítulo
19 del TLCAN para el campo mexicano es nega-
tivo.
“Nosotros hemos sido muy claros desde 1994,
no hay que olvidar que en ese año hubo un levan-
tamiento indígena que protestaba por la entrada en
vigor del TLCAN. Ahora hemos estado pidiendo
que el capítulo agropecuario salga del Tratado y sin
lugar a dudas lo mejor es que México salga del tra-
tado.No podemos estar en esas condiciones,necesi-
tamos hacer una diversificación de las relaciones co-
merciales con otros países y tenemos que impulsar,
además, un esquema de soberanía alimentaria que
garantice nuestra propia alimentación”,dice.
Con la firma del TLCAN,dice Chew Plascen-
cia,vemos cómo se ha deteriorado la capacidad pro-
ductiva del campo;la situación de millones de fami-
lias que han sido desplazadas hacia las ciudades o al
extranjero en calidad de “desplazados económicos”.
Al final, añade: “Hoy, Trump dice que renego-
ciemos con las condiciones de los Estados Unidos.
Tenemos el gravísimo problema de una economía
y un sector agropecuario integrado con los Estados
Unidos; cualquier medida que tomen nos afecta de
una manera significativa, basta decir que estamos
importando poco más del 40 por ciento de los ali-
mentos”.
Juan Antonio Medrano es un líder duranguen-
se, perteneciente a la Coalición de Organizaciones
Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc),que
Por elTLCAN se ha deteriorado la capacidad productiva del campo: Chew Plascencia
ENRIQUEMONTOYA

ha visto mermado el trabajo de él y sus compañeros,
dedicados al cultivo de dos de los alimentos princi-
pales de los mexicanos.Durango,dice,es uno de los
estados del norte en los que la mayoría de la gente
tiene hasta 10 hectáreas para la agricultura de tem-
poral,donde siembra maíz y frijol.“Cada año bata-
llamos para vender nuestro frijol, nos lo compran
bien barato y nos venden los insumos caros”.
Explica que anteriormente, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación –encabezada por José Eduardo Cal-
zada Rovirosa– les brindaba apoyos por 2 mil 200
pesos por hectárea, a través del Programa de Apo-
yos a Productores de Maíz y Frijol; sin embargo,
ese programa ya no llega a todos los municipios del
estado y a algunos sólo les da 1 mil 500 pesos por
hectárea. “Esto tiene que ver con las políticas apli-
cadas en el país,bajo el marco del TLCAN: se han
retirado los subsidios a los pequeños productores”.
Por ello,“nosotros decimos que se debe cancelar
el TLCAN y recuperar nuestra soberanía alimen-
taria como país. Aquí se puede producir lo que se
come en la patria; con el Tratado sólo se apoya a
los grandes exportadores,a los que se quedan con la
riqueza de este país”.
El artículo 704 del TLCAN, Apoyos internos,
indica que las partes “reconocen que las medidas de
apoyo interno pueden ser de vital importancia para
sus sectores agropecuarios, pero que también pue-
den distorsionar el comercio y afectar la producción.
Además, reconocen que pueden surgir compromi-
sos sobre reducción de apoyos internos en las nego-
ciaciones agropecuarias multilaterales en el marco
del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). De esta manera, cuando una
Parte decida apoyar a sus productores agropecua-
rios,deberá esforzarse por avanzar hacia políticas de
apoyo interno que:
En el marco delTratado de Libre Comercio se han retirado los subsidios a los pequeños productores. En la imagen, protesta campesina contra la renegociación delTLCAN
ENRIQUEMONTOYA

“(a) tengan efectos de distorsión mínimos o
inexistentes sobre el comercio o la producción; o
“(b) estén exceptuadas de cualquier compromi-
so de reducción de apoyos internos que pudiera ser
negociado conforme al GATT.”
Además, los países firmantes reconocen que
cualquiera “podrá modificar a discreción sus me-
didas internas de apoyo, incluyendo las que pue-
dan estar sujetas a compromisos de reducción,
conforme a sus derechos y obligaciones derivados
del GATT”.
Balanza negativa del campo
Y es que a 23 años de la firma del TLCAN los
números del campo están en rojo, un sector con
signos de “agotamiento”, reconoce el Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 20132018.
“El campo mexicano presenta signos de agota-
miento reflejados en un estancamiento de la pro-
ductividad, competitividad y rentabilidad, no es
incluyente y carece de un manejo sustentable de
los recursos naturales. Se requiere impulsar una es-
trategia para construir el nuevo rostro del campo y
del sector agroalimentario”, dice el diagnóstico del
Programa.
Las cifras oficiales del Censo 2010 de Población
y Vivienda indican que en este sector había en el
país 188 mil 596 localidades rurales (hasta ese año).
Ahí habitaban poco más de 26 millones de perso-
nas, 13.1 millones de mujeres y 12.9 millones de
hombres, que representaban 23.5 y 22.8 por ciento
de la población nacional,respectivamente.
El Consejo Nacional de Evaluación, en el In-
forme Evaluación de la Política de Desarrollo Social
2016, indica que el medio rural se caracteriza por
tener bajos niveles de desarrollo humano y una casi
“El campo mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad”
JUANJOSÉESTRADASERAFÍN/CUARTOSCURO

nula capitalización social y productiva, lo que ha
impedido a esta población aumentar su produc-
tividad y su ingreso. Las cifras de este organismo,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social,
indican que el 58.2 por ciento de la población rural
vive en pobreza; de la cual, el 17.4 por ciento no
tiene ni qué comer y el 40.8 por ciento restante está
en “pobreza moderada”.
Entre las demandas de los campesinos que salen
a las calles en reclamo de mayores beneficios para
este sector, se encuentra el de la soberanía alimen-
taria. Y es que, dicen, México se ha convertido en
un país dependiente de su principal socio comercial,
Estados Unidos.
Si bien México es el octavo productor mundial
de agroalimentos y las exportaciones agroalimen-
tarias muestran un gran dinamismo con niveles
superiores a las remesas y los ingresos por turismo,
el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero y Alimentario 20132018 reconoce que“la
producción nacional es insuficiente para abastecer
la demanda interna de algunos alimentos básicos.
Así,en 2012 se importó el 79 por ciento del consu-
mo doméstico de arroz, 93 por ciento de oleagino-
sas, 58 por ciento de trigo y 82 por ciento de maíz
amarillo para consumo pecuario e industria.
“Por esta razón es necesario dinamizar la pro-
ductividad de sectores estratégicos, principalmente
la producción de granos y oleaginosas, con estrate-
gias y líneas de acción focalizadas”,ordena el docu-
mento oficial.
El desmantelamiento del campo
A lo largo de las 2 décadas de negociación co-
mercial,fueron desarticuladas –desde el propio Es-
tado– las instituciones que respaldaban el trabajo
de los campesinos, comentan líderes y los propios
agricultores.
En el recuento de los daños se encuentran: la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares
(Conasupo), la Productora Nacional de Semillas
(Pronase), Fertilizantes Mexicanos, SA de CV
(Fertimex) y el Banco Nacional de Crédito Rural
(Banrural). Cada una, desmantelada y con irregu-
laridades en sus operaciones.
Conasupo fue la empresa que el Estado man-
tenía para establecer las relaciones comerciales en-
tre los productores y los consumidores, misma que
desapareció en 1999. Entre los personajes que se
relacionaron con las irregularidades de la paraes-
tatal estuvo el nombre de Raúl Salinas de Gortari,
hermano del entonces presidente de la República,
Carlos Salinas de Gortari.
Pronase fue liquidada a inicios de la adminis-
tración de Vicente Fox Quesada,bajo el argumen-
to de “malos manejos administrativos y acumula-
ción de pasivos”(Contralínea 41).
Fertimex “fue vendida a empresas extranjeras a
un precio muy por debajo de su valor, a pesar de
que era una productora de fertilizantes rentable y
con altas ganancias”(Contralínea 344).
Banrural inició su proceso de liquidación en
julio de 2003, bajo la administración del Sistema
de Administración y Enajenación de Bienes,con el
intento de recobrar los créditos que no alcanzaron
a saldar los campesinos desde que inició la crisis
económica de 1994.La filosofía de la dependencia,
hay que “maximizar la recuperación de los bienes
en el menor tiempo posible” (Contralínea, abril,
2005).
Como peón, Francisco López gana 150 pesos diarios
CARLOSLÓPEZ

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
DISCRIMINACIÓN,
MISERIA Y ABUSO
INDÍGENAS MIGRANTES

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
Más de 700 mil indígenas
han emigrado a la Ciudad
de México desde hace tres
décadas en busca de superar
la miseria de sus pueblos. Sin
embargo, en la capital del país
encuentran nuevas formas de
pobreza, discriminación, abuso
de poder y falta de acceso a la
justicia
C
on la vestimenta rasgada, famélico y sin la
posibilidad de comunicarse porque no ha-
bla español,un niño indígena de ocho años
deambula sollozo por una de las principales aveni-
das de la Ciudad de México.Una persona lo auxilia
y lo entrega en una agencia policial,en donde nadie
lo entiende porque el pequeño habla su lengua na-
tal: el tzeltal.
Este no es el primer caso de un niño indígena
perdido en la gran ciudad. De la agencia de policía
se comunican con Abraham Girón,indígena tzeltal
originario de Tenejapa, Chiapas -localidad ubicada
a casi mil kilómetros al sureste de la Ciudad de Mé-
xico-, para que les ayude en la traducción y puedan
encontrar a la familia del menor que emigró a la
capital.
Ataviado con vestimenta étnica y un sombrero
de palma con listones de colores, el traductor indí-
gena habla de la desprotección, falta de acceso a la
justicia y cruda discriminación que padecen miles
de indígenas migrantes en la capital del país.
Abraham cuenta otro caso de abuso contra un
ÉRIKA RAMÍREZ
ÉRIKARAMÍREZ

indígena migrante. Se trata de César, otro joven
tzeltal encarcelado por “robar 30 pesos”del mostra-
dor de una tienda. “Lo hizo porque no tenía qué
comer y ahora la está pasando muy mal.Fue encar-
celado, lejos de su familia y en un lugar donde no
hablan su misma lengua y con más pobreza”, duce
el indígena traductor.
Abraham Girón, de 52 años de edad, es uno de
los más de 700 mil migrantes indígenas que habitan
en la Ciudad de México y de los pocos traductores
certificados que hay en esta urbe. Llegó desde muy
joven, en busca de un mejor nivel de vida, como
lo han hecho sus compañeros triquis (de Oaxaca),
mazahuas (del Estado de México), purépachas (de
Michoacán) y tzeltales (de Chiapas) que han salido
de sus pueblos huyendo de la miseria, del abuso de
los caciques y de la indiferencia de las autoridades.
Abraham y César son oriundos del municipio
de Tenejapa,Chiapas,la localidad con el menor ín-
dice de desarrollo humano en México, según esta-
dísticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas.
Actualmente, Abraham vive en uno de los ba-
rrios más violentos de la capital de la República:
la colonia Buenos Aires. Cuando sale de casa lleva
atado al cuello un silbato que hará sonar en caso de
emergencia. Atraviesa por locales donde se venden
accesorios para auto robados. Grupos de vendedo-
res de autopartes se agrupan en las esquinas en bus-
ca de clientes. Él ya sabe dónde no debe atravesar
para evitar cualquier acto violento. Un fuerte olor a
marihuana inunda el ambiente. “A esta colonia no
entran los taxistas, no se atreven”, comenta. Habi-
ta un pequeño departamento de interés social que
comparte con otras tres familias indígenas.
La Encuesta intercensal 2015, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, in-
dica que en todo el país el 21.5 por ciento del total
de la población se reconoce indígena.El documen-
to también menciona que hay 7 millones 382 mil
785 personas de 3 años y más de edad que hablan
alguna lengua indígena,cifra que representa 6.5 por
ciento del total nacional.
Y son ellos,los indígenas migrantes en la capital,
el grupo más discriminado, según la Encuesta sobre
discriminación en la Ciudad de México 2013 (la más
reciente hasta el momento). Encabezan la lista de
grupos más segregados. Le siguen los grupos que
tienen preferencia por el mismo sexo, de piel mo-
rena, los pobres, los adultos mayores y con distinta
lengua,idioma o forma de hablar.
La cartilla de Derechos humanos de los pueblos in-
dígenas en México, elaborada por la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH),señala:
“Los pueblos y las personas indígenas constituyen
uno de los sectores de la sociedad mexicana que re-
quiere mayor atención para su desarrollo económi-
co,político,social y cultural”.
El 21.5 por ciento del
total de la población se
reconoce indígena. En
México hay 7 millones
382 mil 785 personas que
hablan lengua indígenahablan lengua indígena
Evangelina Hernández Duarte, directora de Equidad para los Pueblos y Comunidades, de la Sederec
CORTESÍASEDEREC

“Nos quieren lejos”,
indígena triqui
Originario de la comunidad de San Juan Copa-
la, Oaxaca, Pascual González es un indígena triqui
que ha padecido la discriminación social en su pro-
pia tierra y, ahora, en el centro político de México:
“Nos quieren lejos”,dice.
Pascual es coordinador del Movimiento de Pue-
blos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en
la Ciudad de México, a donde llegó hace 30 años
y desde entonces observa y sufre la discriminación
contra los habitantes de estos pueblos. Cifras ofi-
ciales aseguran que son 784 mil indígenas los que
viven en la capital del país.
En esta ciudad,las lenguas indígenas que cuen-
tan con un mayor número de hablantes son: ná-
huatl (27.4 por ciento), mixteco (10.8 por ciento),
otomí (10.2 por ciento), mazateco (9.6 por ciento),
zapoteco (7.9 por ciento),mazahua (6.3 por ciento)
y totonaca (4.1 por ciento). De las cifras oficiales,
101 mil 901 de los hablantes de lengua indígena
hablan español (82.7 por ciento), mientras que 20
mil 623 personas no especificaron este punto,indi-
ca el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación de la Ciudad de México (Conapred).
Algunos grupos étnicos han encontrado su “re-
fugio”en edificios abandonados del Centro Histó-
rico, pero las condiciones de precariedad y hacina-
miento se replican en las viviendas urbanas.
“Aquí mejora sólo un poco nuestra economía,
porque nos empleamos en el ramo de la construc-
ción (como albañiles), en el comercio ambulante o
la venta de artesanías”. La pobreza se vive de otro
modo,dice el líder indígena.
Entre las principales problemáticas que encuen-
tra es que “no tenemos acceso a vivienda digna, ya
que con el paso del tiempo se han ido encareciendo
los predios y no podemos acceder a créditos, se los
quedan las grandes inmobiliarias”,comenta.
“Los indígenas migrantes llegan solos o con sus
familias enfrentando múltiples dificultades; sin em-
bargo, siempre cuentan con parientes y amigos del
mismo pueblo que les proporcionan alojamiento y
contactos para ‘llevar la vida’. De esta manera, van
reproduciendo los núcleos comunitarios en donde
Protesta contra la discriminación en la Ciudad de México
ÉRIKARAMÍREZ

pueden hablar su idioma y practicar sus costum-
bres”, indica Claudio Albertani, catedrático de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México,en
su libro Los pueblos indígenas y la Ciudad de México.
Una aproximación.
El investigador expone que muchos de los indí-
genas migrantes viven en espacios donde “un solo
baño y un solo lavadero prestan servicio a decenas
de familias; las instalaciones eléctricas,cuando exis-
ten, son precarias y de alto riesgo; los cuartos no
tienen ventanas y hospedan hasta 10 personas en
espacios sumamente reducidos.
“Por eso la lucha por una vivienda digna,segura
y propia se ha vuelto uno de los ejes unificadores de
la lucha de los indígenas migrantes. Su demanda
principal es acceder a créditos de largo plazo para
adquirir los predios que actualmente habitan y me-
jorarlos.Sin embargo,para esto se necesitan nuevas
políticas públicas,ya que en las actuales condiciones
los indígenas, ya sea por los bajos salarios o porque
sus ingresos provienen de la economía informal,no
son sujetos de crédito”,documenta.
Entre los problemas más apremiantes que en-
frentan los pueblos originarios y las comunidades
indígenas en la Ciudad de México son:“la falta de
reconocimiento a sus derechos individuales y co-
lectivos; desarrollo de políticas públicas inadecua-
das para los fines de preservación y reproducción
de las culturas de las que son personas portadoras
o herederas; la discriminación social e institucio-
nal; falta de capacitación y sensibilización al per-
sonal del servicio público en materia de derechos
indígenas para la atención con pertinencia cultu-
ral; carencia o deficiencia de programas educati-
vos pertinentes; mecanismos nulos o deficientes
para el acceso a la justicia y al debido proceso;
políticas públicas ajenas a las cosmovisiones y ne-
cesidades indígenas, sin enfoque de derechos que
fomentan el individualismo y la división comuni-
taria. Todos estos problemas propician la invisi-
bilización de los pueblos indígenas, lo que atenta
contra la diversidad social y cultural del entorno
citadino”, indica el capítulo 20 del Programa de
Derechos Humanos de la Ciudad de México. Meca-
nismo de Seguimiento y Evaluación, del gobierno
de la Ciudad de México.
Abraham Girón: en la Ciudad de México los indígenas padecemos desprotección, falta de acceso a la justicia y discriminación
CARLOSLÓPEZ

Sederec no cubre a la población
indígena de la capital
Evangelina Hernández Duarte, directora de
Equidad para los Pueblos y Comunidades,de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Co-
munidades (Sederec), acepta que esta dependencia
del gobierno de la Ciudad de México “todavía no
alcanza a cubrir a toda la población indígena en la
capital del país”.
No obstante, la funcionaria destaca que se han
dado avances importantes en la materia,pues “ya se
incluyó en la Constitución de la Ciudad de México
la declaración de los pueblos indígenas de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, el instrumento
internacional que contiene todos los derechos o el
estándar más amplio de derechos a nivel internacio-
nal que tendría que haber para la población indíge-
na en el mundo. La Constitución de la Ciudad de
México se convierte en la primera en contenerla”.
En entrevista, dice que este proceso que se lle-
vó a cabo recientemente “obliga” al gobierno de la
capital del país a atender a los indígenas que viven
aquí, aunque todavía hay que dar algunos pasos en
términos legales y de consulta.
“La Sederec ha tenido la encomienda de traba-
jar en eso; al día de hoy todavía no podríamos decir
que somos un parteaguas que cubra toda la pobla-
ción de la Ciudad de México (que de acuerdo con
el Inegi son arriba de 700 mil personas y 228 mil
que son hablantes de lenguas indígenas).No alcan-
zamos a cubrir esa cifra,estamos pugnando porque
los próximos instrumentos del Inegi o padrones se
levanten con mucha precisión en materia étnica,
para que tengamos bien identificados a este sector
de la población”,arguye.
HernándezDuartecomentaqueyasonvariaslas
generaciones de población indígena que han llegado
esta metrópoli,“gente que tiene ya 30 años viviendo
acá, que incluso al día de hoy todavía no hablan es-
pañol,mantienen su lengua y con ellos estamos tra-
bajando para enseñarles el español y puedan comu-
nicarse, no para que pierdan su lengua.Tenemos al
menos 55 lenguas de las 68 que se hablan en nuestro
país y muchas de ellas con sus variantes”.
Entre los retos que tiene la Sederec con esta
población, dice la directora de Equidad para los
Pueblos y Comunidades, es el tema del acceso a la
justicia. En materia educativa, comenta que es el
rubro que crece en mayor medida, “se trabaja con
segundas generaciones que habían desertado de la
escuela para incorporarse al mercado laboral por las
necesidades de su familia,pero que al mismo tiem-
po eso los llevaba al inicio en el consumo de drogas,
y los pone en situación de riesgo”.
En cuanto a vivienda, asegura que las organiza-
ciones “han resultado ser todo un ejemplo.Va lento,
porque tiene que ver con la forma de organización,
pero con la presión que ellos han ejercido, el apoyo
del gobierno y el trabajo de las organizaciones, se
han conseguido viviendas a través del Instituto de
Vivienda y el apoyo de la CDI (Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).
Ante los recursos que son asignados para aten-
der a los indígenas residentes, indica: “nosotros te-
nemos un presupuesto muy limitado,hay que decir-
lo, es pequeñito, es público y lo estiramos. Estamos
trabajando,acercándonos a la gente de la Asamblea
Legislativa, para ampliar nuestro presupuesto para
el 2018,aunque creo que eso va a ser un poco com-
plicado”.
Pobreza, otro factor que afecta a los migrantes indígenas
CARLOSLÓPEZ

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
TRUMP ARROJA
EMIGRANTES
A CANADÁ

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
Las políticas antiinmigrantes
del presidente estadunidense
complican las fronteras de
Canadá. Los canadienses
reciben cada día entre
200 y 300 solicitudes de
asilo, provenientes de
comunidades minoritarias de
Estados Unidos
L
a Habana, Cuba. Decenas de carpas alre-
dedor del Estadio Olímpico de Montreal
acogen a cientos de refugiados proceden-
tes de Estados Unidos, las caras visibles de un
drama en ciernes derivado de la política anti-
migrante del presidente Donald Trump.
Sólo en las dos primeras semanas de agosto
más de 3 mil 800 personas –fundamentalmente
de nacionalidad haitiana–, solicitaron asilo en
la provincia canadiense de Quebec, confirmó la
Real Policía Montada.
Las cifras ratifican la tendencia al alza en la
llegada de emigrantes irregulares desde la na-
ción vecina, si se tiene en cuenta que en julio la
cifra fue de 2 mil 996, comparó la entidad.
Por su parte, el vocero de la Agencia de
Servicios Fronterizos de Canadá, Patrick Le-
fort, explicó que las autoridades procesan en-
tre 200 y 300 solicitantes de asilo diarios por
el paso fronterizo quebequense de Saint-Ber-
nard-de-Lacolle.
Lefort aclaró que cruzar sin documentación
LUIS BRIZUELA BRÍNGUEZ/PRENSA LATINA
123RF

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