Diego Cornejo Menacho CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS

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Diego Cornejo Menacho
CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS
1996

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Diego Cornejo Menacho (Quito, 1949), es escritor y comunicador
social, editor general del diario "Hoy". Para la elaboración de este
informe contó con la colaboración de Juan Francisco Freire y María
Gabriela Paz y Miño, periodistas de "Hoy". Las fuentes informativas
consultadas fueron, principalmente, varias ediciones de los diarios
"Hoy", "El Comercio", "Expreso", "El Universo" y revista "Vistazo".

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EL CASO: Fondos reservados de la Vicepresidencia
de la República del Ecuador en el Gobierno de Sixto
Durán Ballén.
LO PRESUNTOS DELITOS: prevaricato, cohecho,
soborno, utilización dolosa de fondos reservados,
concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento
ilícito
LA CIFRA: 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres
LOS SINDICADOS: Alberto Dahik, ex presidente de la
República (con orden de prisión, prófugo, tramita un
estatuto de refugiado político en Costa Rica); Diego
Paredes, ex ministro de Relaciones Exteriores del
Ecuador (con orden de prisión, prófugo, destino
desconocido); Mauricio Pinto, ex ministro de Finanzas
(sin orden de prisión); Juan Carlos Faidutti, contralor
general del Estado (sin orden de prisión); Francisco
Costales, subcontralor (sin orden de prisión); Ricardo
Muñoz Chávez, ex superintendente de Bancos (sin
orden de prisión); Gladys Isabel Merchán Merchán, ex
secretaria de la Vicepresidencia de la República (con
orden de prisión, prófuga, destino desconocido); Juan
Mario Crespo Burgos, ex secretario de la
Vicepresidencia de la República (con orden de prisión,
prófugo, destino desconocido).
LA ACUSACION FISCAL: Autores de los delitos de
peculado y enriquecimiento ilícito: Alberto Dahik, Gladys
Merchán y Juan Mario Crespo. Autores del delito de
peculado: Diego Paredes Peña y Mauricio Pinto.
Cómplice del delito de peculado: Juan Carlos Faidutti.
Encubridores del delito de peculado: Ricardo Muñoz
Chávez y Francisco Costales.
LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS: 287 personas
naturales y/o jurídicas.

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LOS DENUNCIANTES: Xavier Neira y Rafael Cuesta,
los dos diputados del Partido Social Cristiano en el
periodo 1994-1996 del Congreso Nacional.
EL JUEZ: Carlos Solórzano Constantine, presidente de
la Corte Suprema de Justicia del Ecuador.
EL FISCAL: Fernando Casares, ministro fiscal general
de la Nación.

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CONTENIDO
Prólogo
1. El escenario
2. El pez por su propia boca muere
3. Los gastos reservados
4. La historia de Radio Democracia
5. El juicio en el Congreso
6. De acusado a acusador
7. Intermedio patético
8. Las cuentas secretas
9. La aritmética del contralor
10. La lista de Dahik
11. Un incidente procesal
12. Poder y clientelismo
13. La opinión pública
14. La teoría de la venganza
15. Posfacio
16. Anexos

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PROLOGO
Por Alberto Acosta
"Habían sido inútiles las muchas y arduas diligencias
oficiales para aplacar el ruido público de que la matriarca
de la patria se estaba pudriendo en vida, divulgaban
cédulas médicas inventadas, pero los propios bandos
confirmaban que era cierto lo que ellos mismos
desmentían, que los vapores de la corrupción eran tan
inmensos en el dormitorio de la moribunda que habían
espantado hasta a los leprosos, que degollaban carneros
para bañarla con la sangre viva, que sacaban sábanas
ensopadas en una materia tornasol que fluían de sus
llagas y por mucho que las lavaran no conseguían
devolverlas su color original..."
"El otoño del patriarca", Gabriel García Márquez
La corrupción se ha transformado en un tema de urgente
actualidad en el Ecuador. Los medios de comunicación están llenos
de denuncias y escándalos. Sin embargo, a pesar de la creciente
difusión, en pocas ocasiones se realiza un análisis profundo sobre
este fenómeno social y menos aún se llega a alguna sanción. La
mayoría de las veces las denuncias que devienen escándalos son
olvidadas por la llegada de nuevos escándalos, con lo que la
corrupción se complementa con una rampante impunidad.
En esta oportunidad Diego Cornejo Menacho, uno de los
investigadores periodísticos más perseverantes y profundos, nos

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ofrece una crónica pormenorizada de un delito de blancos. Una
crónica apasionante sobre la aritmética del poder, en la cual la suma
del despilfarro y del cinismo pretende ser minimizada o aún anulada,
restando las responsabilidades en el marco de leyes insuficientes y
confusas. Operación en la cual también se resta desde el exterior, a
través de un "asilo político", que hoy sirve para proteger a un reo de
la justicia...
En concreto estamos frente a un delito de blancos, digámoslo más
claramente de "cuello blancos", que implica a la cúpula del poder
gubernamental, empezando por su vicepresidente, ahora prófugo. Y,
a pesar de su resonancia, este es un delito que aparece condenado
a la desmemoria, perdido en los vericuetos legales que no
desembocarán en una sentencia legal contra sus implicados.
Algo que no es inédito en nuestra República. Cuántas veces los
implicados en un atraco, pasado el tiempo de la prescripción o aún
antes, retornan libres de cualquier sospecha, envalentonados para
volver a figurar en la vida pública: en la acción política, en la gran
empresa, en los mismos medios de comunicación... Si pudiéramos
escribir una historia de la corrupción y de su complemento, la
impunidad, ésta sería una suerte de telón de fondo del devenir en
nuestra sociedad. Corrupción e impunidad que serían impensables
sin el cinismo y la prepotencia.
A tal nivel hemos arribado que hay quienes reconocen haber
realizado prácticas corruptas y que, al mismo tiempo, intentan
erigirse como campeones en la lucha contra la corrupción: basta
observar la actuación del propio ex vicepresidente de la República,
Alberto Dahik Garzozi, quien pretendió liderar una gran campaña en
contra de los corruptos al tiempo de aceptar públicamente que su
Gobierno, en repetidas ocasiones, tuvo que recurrir a arbitrios poco
santos, digámoslo mejor, corruptos, al ceder ante diversas presiones
políticas o chantajes, según sus diversas versiones, destinados a
impulsar su programa "modernizador", entre otros a aprobar la ley
que permita privatizar la Empresa Estatal de Telecomunicaciones o a
reformar la Ley de Hidrocarburos, con el fin de crear las condiciones
para que las transnacionales del petróleo sienten sus bases
oligopólicas en el mercado doméstico.
Y este personaje poderoso, el de mayor trascendencia e influencia
en el Gobierno de Durán Ballén, desde su autoexilio en Costa Rica,
luego de recibir el malhadado asilo, no tiene empacho en afirmar que
"no me arrepiento de lo que dije y si se presenta la oportunidad, lo
diré las cien veces que sea".

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El pez por su propia boca muere, demuestra Cornejo en su texto.
El autodenunciante, que presidía el Consejo Directivo de
Transparencia Internacional, una organización creada para combatir
globalmente a la corrupción, acató, además, una norma generalizada
en los diversos gobiernos del mundo: en sus acusaciones de
corrupción no asomaron sus correligionarios y tampoco sus
compañeros de régimen, sino exclusivamente los opositores... Y por
igual, cual si fuera otra norma del oficialismo de todo tiempo y lugar,
los allegados a Dahik, empezando por el propio presidente, echan
tierra sobre los escándalos propios y desatan presiones para
propiciar su olvido. Lo cual es factible por la debilidad de las
instituciones y la fragilidad de la trama social.
Lo notable de este delito de blancos, deshuesado meticulosamente
por Cornejo, es que en pocas ocasiones como en ésta hemos
registrado una situación de corrupción tan flagrante como el manejo
de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República:
apenas una tercera parte del problema, en tanto faltaría por indagar
el destino de los gastos reservados de la Presidencia y del Ministerio
de Gobierno; no se diga los gastos reservados correspondientes a
anteriores administraciones. Un acto de corrupción indudable y no
solo por estar vinculado al mal uso de recursos económicos o porque
habría provocado una serie de violaciones, susceptibles de ser
castigadas legalmente. Insisto, la corrupción no consiste sólo en la
comisión de actos ilícitos, que competen a los tribunales, o en el
simple mal manejo o malversación de recursos económicos. La
corrupción, en una amplia definición cultural, es la esencia del abuso
del poder e incluye también actos incorrectos, aunque éstos no sean
antijurídicos. Incluye, por tanto, abusos económicos, sociales y
políticos, sea en la órbita estatal o privada.
Y en este caso, que lo recordaremos simplemente como el caso
Dahik, se sintetiza lo ilícito y lo incorrecto. En tanto representa un
claro abuso del poder público, que alcanzó un inusitado nivel en
manos del vicepresidente Dahik. Abuso destinado a provocar una
serie de transformaciones para reorganizar la sociedad y la
economía en función de objetivos aperturistas y liberalizadores a
ultranza, útiles a los intereses de reducidos grupos dominantes y de
sus aliados externos. Abuso que favoreció a sus allegados políticos y
religiosos. Abuso que, también, habría funcionado en beneficio
particular de Dahik, de sus amistades y familiares.
A pesar de su singularidad, no es un acto de corrupción aislado el
que nos preocupa. Hay que ubicarlo en un contexto de multiplicación

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de casos corruptos, en un ambiente de clara consolidación del
individualismo y de una extrema valoración del dinero. En un
ambiente donde la modernidad justifica los medios, permitiendo que
demasiadas personas den muestras públicas de un endurecimiento
de su percepción sobre lo corrupto. Tanto, que algunos pretendieron
voltear apresuradamente la página del caso Dahik para no afectar la
estabilidad económica, otros no siquiera encontraron motivo de
crítica en la actuación del vicepresidente y no faltaron algunos -como
el cardenal- que se solidarizaron con el vicepresidente. Sin embargo,
así como afloró el declive moral o la simple conveniencia
crematística, experimentamos también una suerte de progreso social
que no podemos negar y que debemos destacar.
En esta ocasión, "los medios de comunicación del Ecuador, y
diversas organizaciones sociales, jugaron un papel importante para
que los presuntos delitos cometidos en el manejo de los fondos
reservados de la Vicepresidencia de la República fueran puestos en
evidencia y sometidos a los procesos político y penal". Esta acción -
según Diego Cornejo- articuló la opinión pública "que, a la larga,
imposibilitó que la verdad se esfumara en arreglos de personajes
'notables' y que se mantuviera en reserva, bajo la protección tutelar
del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, en una
inexpugnable bóveda del Banco Central del Ecuador". Episodio que
constituye otro de los capítulos bravos de este libro.
Libro escrito con fuerza y singular agilidad, que se inscribe como
un texto de obligada elaboración para consolidar la democracia. Sí,
la democracia. En tanto ésta no se caracteriza por la ausencia de
corrupción, sino por la forma en que la hace frente. Y, también, por
supuesto, por la forma en que se la sanciona. Importa, entonces,
rescatar la democracia, nuestro frágil y a veces tan vilipendiado
proceso democrático, como un espacio donde pueden aparecer y ser
denunciados los escándalos de la corrupción. Allí, a pesar de todas
las limitaciones, hay posibilidades para descubrirlos y combatirlos,
aún en los casos cuando en éstos están involucradas las altas
esferas del poder.
Si profundizamos nuestra reflexión desde la democracia, podemos
llegar a una serie de conclusiones renovadoras. En especial cuando
nos adentramos en la corrupción del poder. En ese terreno, la
corrupción, desde esta perspectiva democrática, no sería otra cosa
que la privatización del poder, en la medida que un burócrata del
nivel que sea, o indirectamente un agente privado, instrumenta el

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aparato estatal y sus recursos -los gastos reservados en el caso
Dahik- para su beneficio particular o de clase.
Entonces, el punto de partida pasa por descubrir e individualizar
estas prácticas corruptas, que dependen de mecanismos que
garantizan no sólo su funcionalidad sino también su ocultamiento y
olvido. Por eso resulta imprescindible reforzar la transparencia y la
memoria, como medios para robustecer los espacios orientados a
combatir la corrupción individual y la institucional. Entendiéndola en
su verdadera magnitud y comprendiendo sus repercusiones, para no
quedarnos en la simple denuncia de los culpables y menos aún solo
para contribuir a un vulgar ajuste de cuentas entre compadres
resentidos: hipótesis de la venganza, que también encuentra cabida
en estas páginas de Cornejo.
Busquemos la verdad y apoyemos su difusión. Que el control
social se concrete en primera línea a través de la opinión pública,
con una auténtica de libertad de prensa y de independencia para los
medios de comunicación. Permitamos a los comunicadores sociales
el acceso a la información. Acabemos con toda forma de secretismo.
En este empeñó la transparencia y la memoria asoman como las
herramientas de mayor importancia. La transparencia desbrozará el
camino si queremos que la corrupción sea la excepción y no la
norma. Y la memoria impedirá que la corrupción encuentre su asilo
en la impunidad...
Entonces, para no perder el sentido de violación moral del caso
Dahik, sobre todo cuando la violación política no fue censurada por
el Parlamento y la violación legal al parecer no encontrará una salida
adecuada, es preciso recurrir a este tipo de investigaciones
periodísticas que garanticen la sanción moral a los actores, tanto
como a sus pretensiones.
Reportajes como éste, de Cornejo, facilitan no solo un expansivo e
intensivo conocimiento de los casos de corrupción, sino que ofrecen
elementos para combatirlos. Son instrumentos para alertar y
comprometer a la sociedad sobre la necesidad de enfrentar a la
corrupción y a sus vapores. Un esfuerzo que crecerá en el futuro, en
la medida en se multipliquen trabajos como éste y en tanto nuevos
investigadores, contando con el respaldo de los medios de
comunicación, refuercen esta tarea.
20 de abril de 1996

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1. EL ESCENARIO
El 28 de septiembre de 1995, durante un "juicio popular" en la
Casa de la Cultura de Quito, un ciudadano hizo notar que ninguno
los sindicados en el escándalo del presunto mal uso de los gastos
reservados de la Vicepresidencia de la República era de raza
negra.
La inesperada referencia parecería carecer de sentido alguno, si
no fuese porque quien habló era un negro y porque, pocos días
antes, el sábado 9 de septiembre de 1995, en un país que presume
de democrático e igualitario, como es el Ecuador, dos jefes
policiales -los coroneles Edmundo Egas, jefe del Regimiento Quito,
y Aníbal de la Torre, jefe de la Oficina de Investigación del Delito
(OID)- responsabilizaron a la "raza morena" de la ola de violencia
delincuencial que vivía la ciudad de Quito.
El juicio popular, organizado por la agrupación civil anticorrupción
"Manos Limpias", y varias otras organizaciones de la llamada
sociedad civil, fue denominado "Etica y Legalidad de los Fondos
Reservados".
El proceso fue representado al modo de los estrados
estadounidenses: un juez, el fiscal, un equipo de defensores y un
jurado encargado de evaluar los argumentos de la parte acusadora
y de la defensa, para emitir el veredicto.
Como juez actuó el escritor y periodista Simón Espinosa. El fiscal
fue el abogado Galo Chiriboga. La defensa no concurrió al juicio: se
había invitado a Jorge Zavala Egas (un político próximo al
vicepresidente Alberto Dahik), a Rodrigo Bucheli (para entonces
abogado de Dahik) y a Freddy Bravo (diputado conservador
estrechamente vinculado con el vicepresidente). Por ese motivo,
Raúl Moscoso hizo de defensor de oficio.
En calidad testigo de la parte acusadora actuó Alexis Ponce, de
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.

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El fiscal admitió como válido el testimonio del coronel (r) Jorge
Cevallos F., ex director nacional del Movilización del Consejo de
Seguridad Nacional, con el cual se evidenció que cuando los gastos
reservados están sometidos a las leyes y a los fines y objetivos
lícitos que persigue un gobierno, "son éticos".
"Un país requiere tener una estructura jurídica que le permita
tener estos gastos de seguridad si se los utiliza para fines
absolutamente éticos en función del bien común de toda la
sociedad ecuatoriana y no de una parte de esta", según palabras
del fiscal Galo Chiriboga.
El Jurado estuvo conformado por personalidades de diversos
ámbitos de la cultura, la economía y la política ecuatoriana, como el
escritor Jorge Enrique Adoum, el vicealmirante (r) Raúl Jaramillo del
Castillo, la periodista Luz Elena Coloma y la economista y profesora
universitaria Zonia Palán, entre otros.
Mientras ellos deliberaban a puerta cerrada, el público debatió en
un foro abierto acerca de la crisis de corrupción que atraviesa el
país.
Fue en esas circunstancias que un ciudadano negro rechazó las
declaraciones racistas de la Policía, e insistió en que "los casos
Flores y Miel-Irandina, y gastos reservados, no los hemos cometido
los negros".
Madres de familia, trabajadores y profesores intervinieron y
rechazaron una posible renuncia del vicepresidente Dahik para
eludir el juicio político en el Congreso Nacional: a la sazón el
Parlamento se alistaba para la audiencia del juicio político al
vicepresidente.
Finalmente, el Jurado leyó su veredicto: "El Estado es culpable de
un manejo poco ético e ilegal de los fondos para los gastos
reservados."
Este hecho fue comentado por el diario "Hoy" así: "La sociedad se
divide. La clase política en el Parlamento, la sociedad civil en un
espacio cultural. En el juicio popular la gente tomó la justicia en sus
manos -aunque sea de forma simbólica-".
La dimensión escénica y teatral del juicio fue una expresión de la
crisis institucional que vivía -y vive- el Ecuador como consecuencia
de varios escándalos de corrupción y, especialmente, del
relacionado con la presunta utilización dolosa de los fondos
reservados de la Vicepresidencia de la República, al que, a nivel
penal, se añaden otros posibles delitos.

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En una dimensión propiamente política, las irregularidades
detectadas fueron juzgadas bajo los cargos de cohecho y grave
ofensa al honor nacional: el 5 de octubre de 1995, sin embargo,
aunque luzca paradójico, el Congreso Nacional absolvió al
vicepresidente Alberto Dahik de tales acusaciones.
Pero ya que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano Constantine, sindicó el 11 de octubre al vicepresidente
de la República como presunto autor de los delitos penales que
dieron lugar al proceso, y dictó orden de prisión preventiva en su
contra, Alberto Dahik renunció a su alta dignidad y fugó
subrepticiamente del país, refugiándose en San José de Costa
Rica, en donde tramitó con éxito un estatuto de refugiado político.
El polémico Alberto Dahik Garzozi, guayaquileño de ascendencia
árabe, es matemático y "master" en Economía, graduado en
Princeton, EEUU.
No tuvo éxito en la empresa privada pero sí en la vida política.
Asesor económico de León Febres Cordero, fue en el gobierno
socialcristiano de 1984-1988 presidente de la Junta Monetaria
(febrero-junio de 1986) y ministro de Finanzas (junio-agosto de
1986), antes de cumplir 35 años de edad.
Dahik -según lo reveló el ex presidente León Febres Cordero el 14
de julio de 1995- fue, luego de haber sido destituido, asesor del
Gobierno socialcristiano (aun cuando ya estaba imposibilitado
legalmente de serlo). "Se lo mantuvo a sueldo inclusive con gastos
de los fondos reservados", precisó Febres Cordero quien, por
añadidura comentó que, en una ocasión, como producto del juicio
político del que Dahik fue objeto como ministro de Finanzas, "sufrió
una crisis de nervios que lo llevó a llorar en mis hombros, por lo que
fue trasladado a una clínica ayudado de altos oficiales militares, en
una claro acto de cobardía".
Autor de radicales medidas de ajuste económico, Alberto Dahik
fue objeto de una de las interpelaciones parlamentarias más
importantes de la década. Destituido, su prestigio se acrecentó a tal
punto que en 1988 fue elegido diputado nacional por el Partido
Conservador, al que se había afiliado en julio de 1987.
Para 1992 estuvo ya enfrentado con León Febres Cordero y el
Partido Social Cristiano, quienes lo califican de "terrorista
económico". El Partido Conservador, en alianza con el Partido de
Unidad Republicana (PUR), tomó el poder el 10 de agosto de 1992,
luego de derrotar en las elecciones al socialcristiano Jaime Nebot:

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Sixto Durán Ballén asumió la Presidencia de la República; Alberto
Dahik la Vicepresidencia.
Antes de aquello Dahik tuvo notable éxito como diputado en el
Congreso Nacional, lo que le permitió "conseguir" presidente para
las elecciones de 1992. Según algunos analistas, Dahik buscó la
presencia de Sixto Durán Ballén como una alternativa a la
candidatura socialcristiana de Jaime Nebot, ya que por su escasa
popularidad necesitaba alguien que portara la banda presidencial
"en su nombre".
Tuvo más poder que cualquier otro vicepresidente de la época
republicana en el Ecuador. Cerebro del proceso de modernización y
de privatizaciones, su gestión y capacidad económica es destacada
por los analistas, incluso por los más críticos.
Su "fundamentalismo" ideológico lo condujo, sin lugar a dudas, a
concebir y desarrollar de una manera muy particular el ejercicio de
la segunda más alta magistratura de la Nación.

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2. EL PEZ POR SU PROPIA BOCA MUERE
Este delito de blancos, este penoso episodio de la historia política
nacional -quizás el más vergonzoso de los últimos años- empezó a
tomar la forma de un mayúsculo escándalo la tibia noche del 5 de
junio de 1995 en la ciudad de Guayaquil, cuando el vicepresidente
Alberto Dahik reveló a un selecto grupo de periodistas -entre los
que se encontraba el editorialista y subdirector del diario "Expreso",
Jorge Vivanco-, que ciertos diputados y magistrados de la Corte
Suprema de Justicia exigieron dinero al Gobierno para aprobar
leyes y dictar fallos de interés gubernamental.
La reunión, según lo reveló el periodista Jorge Vivanco, tuvo lugar
en la sala de sesiones de la Junta Monetaria, en el Banco Central
de Guayaquil, "una de las principales oficinas públicas del país".
A ella asistieron, además del vicepresidente de la República y de
Vivanco, Patricia Estupiñán de Burbano, editora general de la
revista "Vistazo"; Nicolás Ulloa Figueroa, director del diario "Extra";
Carlos Pérez Perasso, directo de "El Universo"; Roberto Hanze
Salem, director de "El Telégrafo"; Rafael Guerrero Valenzuela,
director de la radioemisora CRE; Armando Romero Rodas, director
de radio "Cristal"; Carlos Manzur, director de diario "El Meridiano";
Luis Hanna Musse, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión,
AER; Manuel Maldonado, editor de Noti 10, el noticiero de Canal 10
de TV y editorialista de diario "El Telégrafo"; Mario Valdez, de
Radio "Caravana"; y Carlos Gil Loor.
El asunto no tomó mayor gravitación en la opinión pública, hasta
que los comentarios de Vivanco sobre las revelaciones
vicepresidenciales trascendieron a otros medios. El diario "Hoy" dio
la campanada el 4 de julio: "Borrasca política en torno a Dahik",
tituló en la primera página.
Las denuncias del vicepresidente Dahik, recogidas por Jorge
Vivanco, eran las siguientes:

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1. Un bloque legislativo exigió 200 mil millones de sucres para ser
canalizados por los organismos seccionales controlados por él y
para realizar proselitismo político;
2. Deciséis diputados exigieron medio millón de dólares, cada
uno, para aprobar la ley de la Empresa Estatal de
Telecomunicaciones (EMETEL);
3. Ministros de la Corte Suprema exigieron dinero para declarar
constitucional una resolución que interesaba al Gobierno; y,
4. Se entregaron varios nombramientos en el Instituto Ecuatoriano
de Electrificación (INECEL) y Petroecuador a cambio de apoyos
legislativos.
Inmediatamente el régimen se percató de dos peligros, pues la
difusión de tales revelaciones obligaba al vicepresidente Alberto
Dahik a confirmarlas o negarlas. Si las negaba, varios periodistas
que estuvieron en la reunión junto a Jorge Vivanco podían
confirmarlas contra la versión de Dahik; si las aceptaba, admitía
implícitamente la participación del Gobierno en supuestos actos de
cohecho.
Entonces se abrió un periodo de silencio por parte del
vicepresidente, al que se añadieron maniobras defensivas de
funcionarios como Carlos Larreátegui Nardi, entonces secretario
general de la Administración, y del ministro de Gobierno para esa
fecha, Abraham Romero.
Poco después, el 10 de julio, Jorge Vivanco precisó ante la Corte
Suprema los términos de las denuncias formuladas por Alberto
Dahik.
Según Vivanco, el vicepresidente habría llegado a afirmar,
inclusive, que se entregaron cinco nombramientos a funcionarios
que "se dedicaron a robar desaforadamente".
Esa misma fecha, los diputados opositores Santiago Bucaram
(PRE), Oscar Célleri (PRE) y Juan José Castelló (MPD) iniciaron el
trámite constitucional para llamar a Alberto Dahik a juicio político en
el Parlamento.
Y tres días más tarde, dos testigos de la conversación en la sala
de sesiones de la Junta Monetaria, ratificaban lo afirmado por el
subdirector de "Expreso". Ellos fueron Nicolás Ulloa, director de
Diario "Extra", Carlos Armando Romero Rodas, director de radio
"Cristal".
Esto dio lugar a que el Gobierno, como tal, anunciara el apoyo al
vicepresidente. Sin embargo ello no pudo impedir que, el 19 de
julio, veinte diputados formalizan ante la Presidencia del Parlamento

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un pedido de enjuiciamiento político a Dahik, bajo las acusaciones
de cohecho y de atentado al honor nacional.
Como respuesta, Sixto Durán Ballén lanzó una campaña contra la
corrupción en las dependencias públicas, y ordenó el levantamiento
del secreto bancario de las cuentas personales de sus
colaboradores, los ex presidentes y los ex vicepresidentes, mientras
que Alberto Dahik admitía que el Gobierno cedió a presiones
políticas "para no poner en peligro el sistema democrático", pero
negando haber cometido cohecho.
Pero el 15 de agosto de 1995, los diputados socialcristianos
Xavier Neira y Rafael Cuesta denunciaron ante la Corte Suprema
de Justicia que dos secretarios de Alberto Dahik depositaron, en
cuentas privadas, 1.100 millones de sucres en veintisiete días, y
acusaron al vicepresidente de la República de manejo ilegal de
fondos del Estado.
Dahik replicó acusando a esos diputados de haber violado el sigilo
bancario de las cuentas de gastos reservados de la Vicepresidencia
en un banco privado.
Y el 16 de agosto el presidente de la Corte Suprema de Justicia -
entonces Miguel Macías Hurtado- abrió el sumario del juicio penal
contra Alberto Dahik y sus secretarios, Gladys Merchán y Juan
Mario Crespo. La acusación: prevaricato, cohecho, soborno,
utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado,
exacciones y enriquecimiento ilícito.
Luego de cinco días, el vicepresidente Dahik acudió al Congreso
Nacional a explicar cómo la Vicepresidencia usó los fondos
reservados, negándose así a comparecer ante la Corte Suprema,
como lo había solicitado su presidente.
En respuesta, Macías Hurtado dictó auto de prisión preventiva en
contra de los secretarios de Dahik, que desaparecieron de
inmediato.
Poco después, el 29 de agosto de 1995, el propio Miguel Macías
Hurtado fue censurado y destituido por el Congreso Nacional -por
razones aparentemente lejanas al caso fondos reservados de la
Vicepresidencia-.
Su censura se produjo en el marco de un juicio político a tres
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el fallo dentro de
un juicio que mantenían el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) y el constructor Jorge Aguilar.
El diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD), Juan
José Castelló, acusó a Miguel Macías Hurtado, Jorge Fantoni

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Camba y Alejandro Bermúdez Arturo, ministros jueces de la Sala de
lo Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, de "haber
incurrido y transgredido expresas disposiciones constitucionales y
legales, perjudicando deliberadamente los intereses del IESS y
contribuyendo, de esta manera, a desestabilizar económicamente a
esta institución de los trabajadores, para así continuar en la
campaña de desprestigio, orquestada con el objeto de pretender su
privatización."
Según el acusador, con el fallo judicial se pretendía que el IESS
pagara aproximadamente 9 mil millones de sucres, "no obstante que
la acción propuesta se encontraba prescrita".
El presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, negó que la
Legislatura pretendiera "descabezar" a la Corte Suprema de Justicia
para favorecer al vicepresidente Alberto Dahik.
Y, por fin, el Congreso, con una mayoría de cuarenta y ocho votos,
censuró y destituyó a los acusados. Votaron por la censura los
diputados del Movimiento Popular Democrático, Partido Roldosista
Ecuatoriano, Partido Conservador, Izquierda Democrática,
Democracia Popular, siete independientes, y el socialista Diego
Delgado. Por la absolución de los magistrados votaron los diputados
socialcristianos, los dos cefepistas y se abstuvo el ex conservador
Rodrigo Suárez Morales.

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3. LOS GASTOS RESERVADOS
A lo largo de la época republicana, y especialmente en los últimos
gobiernos, los mandatarios han dispuesto de recursos del Estado
que se los ha manejado en secreto, pues se estima que sirven para
ejecutar acciones especificas que tienen que ver con la seguridad
pública.
Así se los ha venido entendiendo, y utilizando, conforme a un
reglamento expedido en 1967. Tal documento especificaba que los
fondos o gastos reservados son asignado en el Presupuesto
General del Estado y su inversión es necesaria para el
mantenimiento de la seguridad interior o exterior del Estado, y/o del
orden público.
Así, los funcionarios autorizados para disponer de estos fondos
tenían la obligación de mantenerlos en una cuenta especial, en el
Banco Central o en sus agencias, bajo la denominación de "Gastos
Secretos o Reservados del Ministerio" tal o cual.
El Reglamento advertía que para movilizar los fondos de esta
cuenta, tan pronto hubiesen tomado posesión para el desempeño
de su cargo, dichos funcionarios debían registrar sus firmas en la
institución bancaria depositaria, sin que esta facultad pudiera ser
delegada a persona alguna.
En cuanto al control de esos gastos, era el contralor general del
Estado quien tenía las atribuciones para adoptar las medidas
necesarias destinadas a conseguir la identificación de quien
suscribiría el o los documentos que respaldasen un egreso, o
evacuar las pruebas conducentes a establecer la legitimidad del
egreso.
Sin embargo, el 19 de julio de 1984 Pedro Pinto, ministro de
Finanzas en el Gobierno de Osvaldo Hurtado (DP), expidió una
resolución que estableció una nueva definición de los gastos
reservados.

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"Son gastos en que se incurre para asegurar la estabilidad del
Estado o del Gobierno", decía la referida resolución. "Incluyen
también los gastos que el presidente y vicepresidente de la
República y el ministro de Gobierno ordenen cubrir con este rubro,
así como el resto de ministros de Estado, previa autorización del
contralor general del Estado".
De modo que los gastos reservados de la Vicepresidencia de la
República se crearon en el mes de agosto de 1984, con el carácter
de asignación permanente en el Presupuesto General del Estado.
Aunque no se menciona expresamente en ninguna disposición
legal, los fondos reservados para la Vicepresidencia constan en una
partida del Presupuesto de la Vicepresidencia. Y seguían siendo
restringidos a fines específicos de seguridad, hasta que el 10 de
junio de 1993, ya bajo el Gobierno de Sixto Durán Ballén, otro
ministro de Finanzas, Mario Ribadeneira, expidió el llamado
"clasificador por objeto de gastos para el sector público" (COG),
como parte de las Ley de Presupuestos. Lo hizo con conocimiento -
y previa autorización- del contralor general del Estado, Juan Carlos
Faidutti.
El COG es un instrumento contable que rige obligatoriamente en
todas las entidades del sector público y busca actualizar los
códigos, clasificaciones y la nomenclatura de los gastos según su
objeto, para identificar el destino final de los recursos
presupuestarios.
En el anterior clasificador se tenía un renglón especial para los
gastos reservados. Con el COG, esos gastos se incorporaron a la
partida de "imprevistos", eliminándose su categoría de "rubro
especial".
Según explicó al autor de este informe uno de los técnicos que
elaboró el sistema, el COG es un instrumento que sirve para fines
de formulación presupuestaria, "pero los gastos reservados,
durante su ejecución, son desagregados en conceptos específicos
para dar mayor transparencia a la acción presupuestaria".
Lo claro, según el técnico, es que el clasificador no tiene otro
papel que el de nomenclator y codificador, lo que permite una
mayor transparencia en el registro de las operaciones
presupuestarias. También es evidente que, al momento de
ejecutarse la formulación presupuestaria, se les otorga conceptos
específicos, aunque estén dentro de la carpeta de imprevistos.
Desde ese punto de vista, tienen que ser supervisados por el
contralor general del Estado y el ministro de Finanzas.

22
Antes de la Ley de Presupuestos y de la vigencia del COG, los
gastos reservados de ciertos ministerios de Estado estaban -como
se ha dicho- en la categoría de imprevistos, con el carácter de
circunstanciales y, en consecuencia, no incorporados en la
programación presupuestaria.
Incluían también los gastos que el presidente de la República o el
ministro de Gobierno ordenaban cubrir con este rubro, así como el
resto de ministros, previa autorización del contralor.
Pero con el nuevo clasificador se trasladaron a la partida de
erogaciones globales, con el criterio de que son gastos que por su
naturaleza no son previsibles durante la formulación de los
presupuestos. Y solamente pueden ser presupuestadas por el
Ministerio de Finanzas. Es decir imprevistos, con un concepto
mucha más amplio: "gastos amparados en las leyes vigentes,
destinados a cubrir actividades y proyectos para gastos
circunstanciales no susceptibles de programación durante la
formulación del Presupuesto. Estos gastos se aplican en conceptos
específicos durante la ejecución presupuestaria".
Un punto de vista ilustrativo, de Andrés Vallejo, ex ministro de
Gobierno de Rodrigo Borja, consta en los anexos de este informe.
En medio del creciente escándalo que atrapó al ex vicepresidente
de la República, Alberto Dahik, el contralor general del Estado, Juan
Carlos Faidutti, explicó este tema del clasificador en una
comparecencia pública televisada, el 29 de agosto de 1995, y en
una entrevista en su despacho de la Contraloría, en Quito, con el
autor de este informe, el 11 de septiembre de ese mismo año.
Faidutti pretendió entregar toda la responsabilidad al Ministerio de
Finanzas respecto a la autoría del COG pero, después, admitió
haber puesto el visto bueno a esa ley: Faidutti había firmado un
oficio con observaciones al sistema.
El contralor insistió en que el nuevo clasificador amplió el
horizonte de los gastos reservados y rebasó el concepto de
seguridad interna y externa. Señaló, además, que él no había
justificado los gastos imprevistos de la Vicepresidencia. Y mencionó
que se debería dictar una nueva ley, que dividiera los gastos de
seguridad interna y externa del país y los imprevistos.
De cualquier manera, Faidutti se vio obligado realizar una serie de
reformas al "obsoleto" reglamento de gastos reservados el 25 de
noviembre de 1995. Se eliminó la disposición que permitía que la
Vicepresidencia de la República maneje dichos gastos y quedó
establecido que "los fondos asignados para gastos reservados o

23
secretos deberán mantenerse depositados en cuentas especiales y
secretas del Banco Central del Ecuador o sus sucursales".
Pero ya era tarde. Durante la audiencia del juicio político en su
contra, los días 2 y 4 de octubre de 1995, el ex vicepresidente
Alberto Dahik insistió en el nuevo carácter "amplio" que se dio a los
gastos reservados, para lo cual recurrió al nuevo clasificador por
objeto del gasto. De ese modo, Dahik afirmaba que no había
cometido ningún delito sino, a lo sumo, ciertos "errores
administrativos": se refería con ello a la apertura de cuentas en un
banco privado (el Banco del Pacífico), a su nombre o el de sus
secretarios, cuentas que se alimentaron con fondos reservados que
los obtenía del Banco Central.
Según el diario "Expreso", del 22 de febrero de 1996, los peritos
designados por la Corte Suprema de Justicia para auditar los
microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia y los
documentos anexos, revelaron que Alberto Dahik y sus dos
secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, mantuvieron
siete cuentas en el Banco del Pacífico. En seis de las siete cuentas,
Dahik y sus secretarios depositaron un total de 9 mil 281 millones
de sucres; giraron 8 mil 798 millones de sucres. De la séptima
cuenta salieron 75 mil 681 dólares, en cheques (189 millones 204
mil 450 sucres, al cambio de 2 mil 500 sucres por dólar).
Gladys Merchán se desempeñaba de secretaria de la
Vicepresidencia de la República. Según diversas publicaciones, ella
fue asesora particular de Alberto Dahik desde antes de que Dahik
se iniciara en la política. Henry Raad ("El Telégrafo", 31 de agosto
de 1995) reveló que ella -que había sido secretaria del diario "El
Universo"-, seguía recibiendo sueldo de esa empresa periodística
para actuar de secretaria en la Vicepresidencia, donde manejaba
todos los asuntos o negocios políticos que tenía Alberto Dahik.
Merchán conocía también todos los asuntos privados y bancarios
del ex vicepresidente. A la vez, mantenía una estrecha relación con
la familia Dahik.
Juan Mario Crespo Burgos, especializado en Administración de
Empresas, actuó como secretario particular de Alberto Dahik.
Conforme a diversas informaciones, su vinculación con el ex
vicepresidente se inició cuando Crespo era secretario de Francisco
Swett, ex ministro de Finanzas del Gobierno socialcristiano de León
Febres Cordero. Cuando Dahik asumió el Ministerio de Finanzas,
en junio de 1986, Juan Mario Crespo quedó como legado de Swett
para el nuevo ministro. Desde esa época acompañó al ex

24
vicepresidente. Manejaba su agenda personal. Diseñaba cada día
de Dahik, minuto a minuto. Determinaba todas sus citas y
actividades.

25
4. LA HISTORIA DE RADIO DEMOCRACIA
El 24 de agosto de 1995, cuando se profundizaban las
indagaciones en torno a los gastos reservados de la
Vicepresidencia de la República, el conocido radiodifusor Gonzalo
Rosero -propietario de Radio Democracia, que emite su señal
desde Quito- denunció que el ex canciller de la República del
Gobierno de Sixto Durán Ballén, Diego Paredes Peña, negoció la
compra de su radioemisora con fondos que él, Rosero, presumía
que provinieron de gastos reservados del Estado. Fue por esta
presunción, según él lo admitió, que decidió hacer público el
asunto.
El 25 de agosto, el diario "Hoy" registró el siguiente testimonio de
Rosero: "Para salvaguardar mi honor hago conocer al magistrado
mi preocupación por el origen de los fondos de un cheque girado a
mi favor por Gladys Merchán. Me anticipo a las indagaciones que
hagan las autoridades de justicia a las cuentas de la
Vicepresidencia".
Según se conocería más tarde, el 2 de agosto de 1995 el ex
canciller Paredes comunicó a Gonzalo Rosero que desechaba el
negocio. ¿Se veía venir el escándalo? La denuncia de "cheques
calientes" de las cuentas de la Vicepresidencia la hicieron los
diputados socialcristianos el 16 de agosto de 1995, catorce días
después de que Paredes abortó la compra de la radioemisora.
Diego Paredes Peña es un diplomático quiteño de carrera que,
siendo un personaje irrelevante de la derecha política, se había
desempeñado como subsecretario de Relaciones Exteriores en el
Gobierno de León Febres Cordero. También fue embajador del
Ecuador ante la Comunidad Económica Europea. Durante el
gobierno de Rodrigo Borja fue embajador en Guatemala.
Paredes se incorporó al grupo íntimo de Sixto Durán Ballén un
año antes de las elecciones presidenciales de 1992. Fue un activo
propulsor del llamado Partido de Unidad Republicana (PUR), tienda

26
política bajo cuyas banderas llegó el ex socialcristiano Sixto Durán
Ballén a la Presidencia de la República. Integró el comité que se
llamó el Grupo de los Nueve, que dirigía Mauricio Gándara. Luego
fue director de campaña electoral en la Sierra de Sixto Durán Ballén
y, tras la expulsión de Gándara, director del PUR.
Un hermano suyo está casado con Susana Durán Ballén
Villalobos, una de las hijas de Durán Ballén.
Desde el 10 de agosto de 1992, Diego Paredes fue integrante del
gabinete presidencial, ni más ni menos que en calidad de ministro
de Relaciones Exteriores.
Dos años después, el 30 de septiembre de 1994, el Congreso
Nacional lo censuró en un juicio político.
Los interpelantes fueron Mauricio Gándara (ex FRA y ex PUR) y
Rafael Cuesta (PSC). Entonces, desde el Gobierno se sostuvo que
el proceso respondía a "venganzas personales", pues había el
antecedente de que Rafael Cuesta recibió presiones para que
renunciara a su cargo, cuando era periodista en Gamavisión, luego
de una entrevista con el ex canciller; y Gándara -uno de los
fundadores del PUR- fue desplazado por Diego Paredes de la
Presidencia de ese partido.
La censura se produjo después de trece horas de sesión en el
Congreso. El Gobierno no pudo impedirlo, aun cuando alcanzó una
alianza con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y buscó por
todos los medios que Paredes no fuese destituido, pero la sanción
se produjo con cuarenta y dos votos a favor de la moción de
censura.
Los argumentos para procesarlo fueron que Paredes tenía
impedimentos legales para asumir el cargo de canciller, por un
documento -presentado por Rafael Cuesta- en que constaba como
deudor del fisco; se le acusó de "sospechosa" actuación en el
arreglo de la devolución de un terreno fronterizo que estaba en
manos peruanas; se aseguró que boicoteó la candidatura del ex
presidente de la República, Rodrigo Borja, a la Secretaría General
de la OEA; también de "política deficiente en la Cancillería" -sin más
explicaciones-; y de la compra e internación ilícita al país de un
vehículo de lujo, para su uso personal, cuando Paredes era
embajador en Guatemala.
También se presentaron acusaciones en contra de Paredes por su
vinculación con las financieras NAFINSA Y FINANSA, que
estafaron 18 mil millones de sucres a sus ahorristas, "sin considerar
la cuantiosa cifra en dólares con la que fueron embaucados

27
aquellos ecuatorianos ingenuos que a través de FINANSA
depositaron en Financiera del Centro de Panamá los ahorros de
toda su vida, los ahorristas que fueron engañados por la campaña
publicitaria de ECADFIN y NAFINSA y las entidades estatales que
adquirieron inexplicablemente certificados financieros cuando
FINANSA se hallaba en estado de coma", conforme lo afirma María
Albán Estrada en su libro "Las financieras. El atraco del siglo".
Luego de haber sido censurado y, por tanto, imposibilitado de
ejercer algún cargo público, este hombre de confianza del
presidente Durán Ballén mantuvo una oficina en la Presidencia de
la República, como discreto asesor político del primer mandatario,
invitado permanente a las cenas de Palacio.
Desde allí, según se puede presumir, planificó la compra de Radio
Democracia con gastos reservados, quizás para usarla como
instrumento de la política de difusión del Gobierno, posiblemente en
la campaña electoral de 1996.
La denuncia del radiodifusor Gonzalo Rosero tuvo repercusión en
el Congreso Nacional, donde el diputado Heinz Moeller (PSC) la
hizo pública ese mismo 24 de agosto.
Según testificó ante Fernando Casares, fiscal general de la
Nación, Gonzalo Rosero había convenido con Paredes un anticipo
de 50 mil dólares "previo a la suscripción de un compromiso de
compra-venta notariado y la entrega de alícuotas mensuales de 25
mil dólares cada una, hasta la cancelación definitiva".
Aunque las negociaciones del ex canciller empezaron en enero de
1995, el 27 de abril Rosero recibió la primera parte del anticipo, 66
millones 100 mil sucres, equivalente a 25 mil dólares a la cotización
de esa fecha.
El cheque, firmado y entregado por la secretaria de Alberto Dahik,
Gladys Merchán, provenía de la cuenta vicepresidencial en el
Banco del Pacífico: luego se llegaría a establecer que el referido
cheque era de la cuenta No. 2598377, calificada por el propio
vicepresidente Alberto Dahik como cuenta de gastos reservados.
De acuerdo a lo manifestado por el radiodifusor, el ex canciller
Paredes le informó -ese 27 de abril de 1995- que "en los próximos
ocho días se entregarían otros 25 mil dólares en el propósito de
suscribir y notarizar el compromiso".
Sin embargo, en los tres meses subsiguientes no se concretó
ninguna otra entrega. Y el 2 de agosto Diego Paredes descartó el
negocio: todo conduce a pensar que lo hizo porque el escándalo en
torno a los gastos secretos de Alberto Dahik sacaba del control del

28
vicepresidente y sus más cercanos colaboradores el manejo
secreto de esos fondos.
Nada de esto se pudiera registrar en este informe si no fuese
porque, curiosamente, los 25 mil dólares del primer cheque
quedaron en manos de Gonzalo Rosero, "como una reposición de
los daños y perjuicios causados" al abortar la negociación.
A día siguiente de que el asunto se hizo público, es decir el 25 de
agosto de 1995, Diego Paredes negó haber intervenido en
negociación alguna con el propósito de adquirir Radio Democracia
con dineros provenientes de fondos reservados. Y emplazó al
diputado socialcristiano, Heinz Moeller, a que demostrara
documentadamente sus afirmaciones.
Inclusive el ex canciller Paredes pidió ser sindicado en el proceso
penal por el presidente de la Corte Suprema y por el fiscal, con el
propósito de presentarse a declarar en la etapa sumarial del juicio.
Dijo, además, que las afirmaciones del propietario de Radio
Democracia no tenían fundamento alguno.
Las acciones legales anunciadas por Paredes para defender su
honorabilidad "hasta las últimas consecuencias" únicamente fueron
dirigidas en contra de Moeller, pero no incluyeron al director de la
emisora, Gonzalo Rosero, a quien calificó de "buen amigo" suyo.
En días posteriores, los abogados de Paredes procuraron
demostrar que el cheque entregado a Gonzalo Rosero correspondía
a pagos por servicios prestados durante el conflicto bélico entre
Ecuador y Perú.
Luego, el 24 de agosto, Diego Paredes testificó ante la Corte
Suprema de Justicia y rechazó la versión de una negociación de la
radiodifusora con fondos del Estado.
Durante el desenvolvimiento del sumario, el 6 de septiembre,
Gonzalo Rosero testificó ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia. El periodista nombró a varios testigos que podían rendir
testimonio sobre la frustrada compra de su emisora por parte del ex
canciller, y sobre las conversaciones que mantuvo con él con ese
motivo.
Según Rosero, el principal testigo era el abogado Julián Trueba,
funcionario la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.
Trueba había redactado la minuta de compra-venta de la radio y fue
la persona encargada de recolectar todos los documentos para la
transacción. El otro testigo citado por Rosero fue Judith Ramírez,
secretaria de los asesores de la Presidencia. Según el denunciante,

29
Ramírez incluso conversó con la esposa de Rosero y sus tres hijos
sobre los trámites de la venta de la radioemisora.
Asimismo, Rosero puso como testigo a Alberto Rivadeneira,
técnico de varias radios, quien hizo un informe junto con otro
técnico delegado por Paredes (cuyo nombre no recordó) de las
instalaciones de la radio.
Rosero desvirtuó las afirmaciones de los defensores de Paredes,
que afirmaron que a aquél se le pagó por trabajos cumplidos
durante el conflicto bélico: la prueba de descargo fue que su
emisora no estuvo en el aire durante el conflicto, por lo que rechazó
que hubiera podido cumplir cualquier trabajo durante esa
circunstancia.
También exhibió la minuta del contrato de compra-venta que no
se llegó a firmar porque Paredes desistió de la negociación, y
porque Juan Mario Crespo y Gladys Merchán -secretarios del
vicepresidente Alberto Dahik- desaparecieron.
Los testigos mencionados por Rosero, los periodistas Pilar Núñez
y Rubén Darío Buitrón -funcionarios de la Secretaría Nacional de
Comunicación (SENACOM)- confirmaron que vieron dialogando a
Gonzalo Rosero y Diego Paredes en la Vicepresidencia de la
República. Eso también lo ratificó el ex secretario de Comunicación
del Estado, Enrique Proaño.
Con esos antecedentes, el 20 de septiembre, Carlos Solórzano, el
nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, dictó orden de
prisión preventiva en contra de Diego Paredes. Esa misma fecha
Carlos Julián Trueba ratificó lo que había dicho doce días antes,
que redactó el proyecto de minuta compra-venta de Radio
Democracia.
Al día siguiente, el 21 de septiembre de 1995, Diego Paredes
también desapareció.

30
5. EL JUICIO EN EL CONGRESO
El mes de septiembre de 1995 se le abrió al vicepresidente de la
República, Alberto Dahik, con un desafío doble: las amenazas de
un juicio político con la intención de destituirlo, por un lado, y el
desarrollo del proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, por
otro.
En esos días ya Miguel Macías había sido relevado en la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por Carlos Solórzano
Constantine.
Solórzano es un abogado manabita (1939) que vivió en Guayaquil
desde los dos años de edad. Tiene fama de hombre duro -según
una crónica del 1º de enero de 1996 aparecida en "Hoy",
publicación que designó "el hombre del año" 1995, luego de una
encuesta interna entre 50 periodistas y editorialistas- y durante el
sumario del juicio penal contra Dahik se ha demostrado
absolutamente parco: "hablo a través de providencias", lo ha
repetido una y otra vez. Es un apasionado por lo que él llama "el
cumplimiento del deber".
Abrumado por los reconocimientos que ha recibido por su
insospechada lucha contra la corrupción, ha dicho que "lo que
ocurre es que en el Ecuador muy pocas personas cumplen con su
deber y cuando alguien lo hace parece algo de otro mundo".
Fue compañero de estudios de Derecho -Universidad de
Guayaquil- del ex presidente de la República Jaime Roldós (1979-
1981), embajador en Italia durante ese Gobierno. También gerente
regional del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (1988-1989), y por
25 años profesor universitario. Fue designado ministro juez de la
Corte Suprema de Justicia en 1991.
En septiembre de 1995 el Gobierno de la alianza PUR-Partido
Conservador pretendió entrampar en sus propios argumentos a la
oposición: el juicio político contra el vicepresidente -según los
abogados de Dahik- sólo podía tener sustento previa una sentencia

31
judicial que culpabilizara al segundo mandatario de cohecho. Ellos
consideraba que no tenían sustento las otras dos causales de
enjuiciamiento político del vicepresidente Dahik por el presunto mal
uso de los gastos reservados: atentado al honor nacional y traición
a la Patria. A la vez, argumentaban que el proceso penal tenía
inspiración política y que adolecía de errores jurídicos de fondo.
Es decir, como lo haría notar posteriormente uno de sus
acusadores, el diputado Xavier Neira (PSC), Alberto Dahik primero
pretendió tachar de incompetente al Congreso para juzgarlo,
aduciendo que el cohecho tenía que ser previamente establecido por
medio de una sentencia penal. Luego, cuando el juez Macías lo
procesó penalmente, dijo que su juez natural era el Congreso. Y
cuando compareció al juicio político declaró -y consta en actas- que
ni el Congreso ni la Corte eran competentes puesto que su único y
privativo juez era el contralor del Estado, ante quien ya había rendido
cuentas, éstas habían sido aprobadas, y los comprobantes
incinerados, por supuesto.
Pero el 8 de septiembre el abogado Carlos Julián Trueba, ex
asesor de la Presidencia de la República, admitió públicamente que
redactó la minuta de la fallida compra de radio "Democracia" por
parte del ex canciller Diego Paredes -lo que ratificó las versiones de
Gonzalo Rosero y puso en una situación insostenible al ex canciller-
. Esto condujo a que Solórzano pidiera la prisión del ex canciller
quien, ni corto ni perezoso, se dio a la fuga.
Luego, el 27 de septiembre, considerando que Ricardo Muñoz
Chávez, el superintendente de Bancos, obstruía la acción de la
justicia por no facilitar el acceso a los cheques de los gastos
reservados, el presidente de la Corte Suprema dictó orden de prisión
preventiva en contra de aquél. Ante esa situación Muñoz Chávez
renunció a su cargo y se refugió en una clínica de Cuenca -su ciudad
natal- para evitar la prisión en un centro penitenciario común.
Desde su aséptico refugio, Muñoz Chávez argumentó su rechazo a
la decisión del juez y dijo que "no se ha encontrado todavía delito
alguno contra el vicepresidente de la República Alberto Dahik", y que
el presunto mal manejo de fondos reservados "solo se trata, hasta
ahora, de fallas administrativas menores, que no constituyen delito
alguno, por lo que no entiende y le causa sorpresa el verse sindicado
en esta causa".
Muñoz dijo que él sí colaboró con la justicia, "pues en la
Superintendencia de Bancos se revisó más de 15 millones de
documentos, y se seleccionó únicamente lo que se necesitaba, labor

32
que hubiera demorado años a la Corte Suprema, y que solo con la
ayuda de los Bancos Central y del Pacífico, se pudo entregar al juez
Solórzano lo que éste pidió. Fácil hubiera sido hacer lo que me
aconsejaban muchos, que entregue todos los documentos y me
olvide del problema, pero no, eso demuestra mi ímproba actuación y
mi afán de colaborar, no de obstruir a la justicia", declaró.
Muñoz, sin embargo, anotó que había ordenado que los
microfilmes fuesen depositados en las bóvedas del Banco Central a
nombre de la Contraloría General del Estado, y no de la Corte
Suprema, y que había entregado al contralor la clave de la bóveda
del Banco Central donde se guardaron los microfilmes de los gastos
reservados de la Vicepresidencia. Se quejó de que la Contraloría no
le había proporcionado la ayuda adecuada.
Meses más tarde, en una comparecencia ante el juez (el 19 de
diciembre) Ricardo Muñoz Chávez ratificó que le insinuaron y
sugirieron cortar, destruir e incinerar los microfilmes de los gastos
reservados de la Vicepresidencia de la República, antes de
depositarlos en las bóvedas del Banco Central. Pero no precisó los
nombres de las personas que le hicieron esa sugerencia.
Mientras esto sucedía en el ámbito jurisdiccional, en el Congreso
cuarenta y dos legisladores suscribieron la moción de censura y
destitución de Dahik y, enseguida, el presidente del Congreso,
Fabián Alarcón, citó a juicio político al vicepresidente para la tarde
del 2 de octubre.
En esas circunstancias, el presidente de la República intentó
recurrir a un viejo artificio que, en otras ocasiones y en otros
gobiernos, permitió superar los conflictos políticos graves: la
reunión de "notables". Pero a Durán Ballén no le dio resultado. Una
prolongada reunión en el Palacio de Gobierno, el 28 de septiembre,
entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente
del Congreso Nacional, los jefes de las FFAA y los jerarcas de la
Iglesia Católica no pudieron torcer el curso de los acontecimientos.
En una maniobra desesperada, Dahik intentó infructuosamente
que el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), el mismo que
el propio Gobierno había cuestionado en otras oportunidades,
evitara el desarrollo del juicio penal, argumentando la
inconstitucionalidad.
Y, en una polémica decisión, la noche del 29 de septiembre, tres
días antes de que Dahik compareciera a juicio político al Congreso,
haciendo uso de un enlace nacional de televisión, el presidente

33
Sixto Durán Ballén solicitó la renuncia del vicepresidente Alberto
Dahik "para que el país recupere la tranquilidad".

34
6. DE ACUSADO A ACUSADOR
Una carga de rumores y tensiones antecedieron al juicio político de
Alberto Dahik. En los últimos días de septiembre el escándalo se
tornó insostenible: la Policía se tomó las instalaciones del Banco
Central para impedir que el presidente de la Corte Suprema de
Justicia revisara los microfilmes de las cuentas reservadas; manos
fantasmas secuestraron un vehículo de Carlos Solórzano; en el
Congreso se cocinaban las posibilidades de que el vicepresidente
fuese absuelto de los cargos en su contra o depuesto del cargo.
Bueno, eso de "fantasmas" es un decir.
El 29 de septiembre los vehículos del presidente de la Corte
Suprema de Justicia y de los magistrados Carlos Julio Arosemena y
Raúl Coronel, fueron retirados de circulación y llevados a los patios
de la Contraloría, por orden del contralor Juan Carlos Faidutti, según
lo confesó un funcionario que no quiso identificarse ante los
periodistas.
El contralor, en apariencia inocente del incidente, explicó que el
operativo se hizo para sacar de circulación automóviles oficiales "que
no cumplían con las disposiciones vigentes" (la nota de prensa no
explicó cuáles).
"Vamos a ver si me detienen a mí", dijo Solórzano al ocupar el
vehículo a su servicio y ordenar al chofer conducirlo fuera de la
Contraloría. El incidente no pasó de lo anecdótico, aun cuando tuvo
el mismo sello autoritario de los piquetes de Policía que ocuparon -
"por órdenes superiores"- las bóvedas del Banco Central, donde
estaban los microfilmes de los cheques de los gastos reservados de
la Vicepresidencia.
En esos días se empezaban a sentir con más rudeza las
consecuencias de una recesión económica que afectó al sector
financiero e industrial del país. La crisis energética por la escasez de
lluvias en la central hidroeléctrica más importante del Ecuador y el
impacto del conflicto territorial con el Perú a inicios de año, reflejado

35
en tasas de interés bancarias inaccesibles para buena parte de los
sectores productivos, llevaba a la quiebra a dos mil empresas de la
mediana y pequeña industria.
Sin embargo, el ambiente noticioso tenía su escenario predilecto en
la política.
El país entero volvió la vista al Palacio Legislativo, lugar donde
Alberto Dahik debía comparecer el lunes 2 de octubre y responder a
la petición del presidente por su renuncia. El Partido Social Cristiano
(PSC), que había sido su padrino nueve años antes, ahora lo llevaba
al banquillo.
La noche del 2 de octubre su exposición podría resumirse como
una arremetida valiente, inusitadamente frontal, en contra de León
Febres Cordero -ex presidente de la República por el Partido Social
Cristiano y alcalde de Guayaquil a la fecha del juicio-, y sus más
cercanos colaboradores.
Jugó todas sus cartas para tomar la calidad de acusador del
Partido Social Cristiano, en lugar de la calidad de acusado. Tras una
primera parte destinada a defenderse de la acusación de cohecho,
Dahik entró a acusar al ex presidente León Febres Cordero y a sus
colaboradores por la corrupción de su gobierno.
Exigió que la esposa de Joffre Torbay abriese tres cuentas con
depósitos de millones de dólares en Miami. Luego reveló
documentos de los que se deduce que se depositó una comisión de
447.533 dólares por la compra de medicamentos a la empresa
MEDICORP de Hungría, previa la autorización decretada por Febres
Cordero para que se comprasen medicamentos por 11 millones 164
mil 95 dólares. "Todo esto ocurrió nueve días antes de que se
eligiera a un nuevo presidente del Congreso", recordó.
Insistió en que es un perseguido político en razón de haber pedido
que se investigaran las cuentas de Febres Cordero en el exterior.
"Todos los ex presidentes están dispuestos a abrir sus cuentas
menos Febres Cordero. Todos declararon sus bienes al entrar y salir
del poder, menos Febres Cordero", insistió.
Dahik también acusó a León Febres Cordero de haber casi
duplicado su patrimonio -solo en La Florida- en los cuatro años de su
Gobierno. Presentó una larga lista de empresas inmobiliarias y
cuentas bancarias de Febres Cordero en La Florida, sobre las cuales
se pidió información en un juicio que Febres Cordero tuvo con el
Banco de Bilbao. "Sin embargo el ex presidente -aseguró Dahik- se
opuso a la entrega de esa información". Tampoco -dijo- presentó el

36
pago de impuesto a la renta sobre ese patrimonio. "¿Si no tiene nada
que ocultar por qué no abre esas cuentas?", preguntó.
Luego se refirió a Miguel Orellana, secretario privado de Febres
Cordero durante su Gobierno. "En 1987 compró en Miami un
departamento en 140 mil dólares. Y luego se compró una casa en un
millón 200 mil dólares".
Además, apuntó: "Queda demostrado que la cifra de seis millones
de dólares (aceptada por Febres Cordero como su patrimonio) no es
cierta".
Al terminar la parte de su exposición dedicada a denunciar a los
socialcristianos, juró por Dios, con la mano sobre la Biblia, que
accidentalmente fue testigo de una llamada (se supone que de
Febres Cordero) al entonces gobernante panameño Manuel Noriega,
en que le manifestaba que le enviaba un emisario y que "lo que él le
pida será como si lo pido yo".
En algún momento dijo temer por su vida y la de sus hijos por
denunciar lo que estaba denunciando.
En la última parte de su intervención, el ex vicepresidente de la
República se refirió someramente al manejo que hizo de los gastos
reservados y dedicó buena parte de su tiempoa algunas
disquisiciones políticas, éticas y personales que, a momentos,
según las notas de prensa, "adquirieron un tono patético".
Al hablar sobre los gastos reservados, dijo que se han cometido,
por parte de sus detractores, abusos y violaciones contra los
derechos de las personas y del sigilo bancario, aunque al respecto
no aportó nuevos elementos distintos de aquellos que anteriormente
había esgrimido.
Argumentó que no ha habido transferencias de una cuenta a otra
de las abiertas en el Banco del Pacífico. "Esas cuentas no se han
utilizado en beneficio personal ni para obtener créditos en otros
bancos".
Además expresó que, tras las revelaciones contra Febres Cordero
y el Partido Social Cristiano, teme por su vida, la de su mujer y la de
sus hijos. Se declaró perseguido, aunque reafirmó su convicción de
que "era necesario" decirle al país lo que le había dicho.
Reveló también que durante el último conflicto con el Perú, en una
reunión en el Palacio presidencial se explicó a los legisladores la
verdad sobre el costo de la guerra: "ellos aceptaron las cifras y el
tamaño de la brecha fiscal", subrayó. Sin embargo, para que el
informe sobre la brecha se aprobara, algunos legisladores exigieron

37
nuevas partidas, reveló Dahik. "Ni la sangre del Cenepa sirvió para
que no nos chantajearan", dijo en tono dramático.
Luego manifestó que no se puede seguir con un sistema político
como el actual y terminó diciendo que él no guarda odio en su
corazón, "aunque es inconcebible que él sea una víctima expiatoria
de ese sistema".
Dahik también reveló que el Partido Social Cristiano pactó con el
gobierno a cambio de partidas presupuestarias y cargos en las
comisiones del Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, en el
Tribunal Supremo Electoral y en el Tribunal de Garantías
Constitucionales.
A cambio, la administración podría contar con el apoyo del Partido
Social Cristiano, el bloque legislativo con mayor número de
diputados para llevar a cabo sus proyectos.
La exposición de Dahik fue calificada de contundente por diversos
sectores de la opinión pública. Sorprendió por las denuncias.
Provocó la ira del ex presidente Febres Cordero, quien lo llamó
cobarde y cínico. En declaraciones televisivas hechas a Gamavisión,
la misma noche del juicio, León Febres afirmó: "He concluido que
Alberto Dahik o es un cómplice o es un cobarde, porque se quedó
callado. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de escuchar a
un tipo de tal cinismo".
Apenas cumplida la primera jornada del juicio político en contra del
vicepresidente de la República, la suerte del acusado estaba
echada.
Dahik sería absuelto, no por su extraordinaria capacidad histriónica
y verbal demostrada en el banquillo, tampoco por la contundencia de
sus testimonios. Simplemente se había confirmado el respaldo del
Partido Roldosista Ecuatoriano, que su líder, Abdalá Bucaram, había
anunciado con antelación, mas los votos de los diputados
independientes.
Sin el apoyo de esos dos bloques, que contenían nueve votos
roldosistas y trece independientes -aunque al final de la contienda
solo serían once- y los ocho del Partido Conservador -que dirige
Alberto Dahik- no era posible alcanzar la suma de votos
indispensables para censurarlo (cincuenta y dos).
Sin embargo, los interpelantes dieron rienda suelta a sus
acusaciones a partir de las 17h50 del martes 3 de octubre.
Fueron seis diputados acusadores. Podemos decir que se trató de
tres legisladores socialcristianos, dos candidatos a la Presidencia y
el hermano de otro "presidenciable".

38
En la segunda jornada del juicio político intervinieron los tres
primeros: Juan José Castelló, del Movimiento Popular Democrático y
luego candidato a la Presidencia de la República; Frank Vargas
Pazzos, también candidato a la primera magistratura de país por el
APRE; y, Santiago Bucaram, hermano de Abdalá Bucaram y
dirigente del PRE, agrupación política que finalmente apoyó a Dahik.
Castelló denunció que el ex vicepresidente cayó en cohecho para
ejercer el poder. Hizo extensiva su acusación contra Sixto Durán
Ballén y pidió al Congreso iniciar un juicio político en su contra. Hizo
también acusaciones en contra de los líderes socialcristianos, para
quienes pidió investigaciones de sus cuentas bancarias.
Por su parte, Vargas Pazzos presentó 33 "pruebas" de la
culpabilidad de Dahik, de índole más bien administrativa y
fundamentadas en un informe de Contraloría. Entre ellas se
destacan partidas presupuestarias entregadas a municipios
presididos por socialcristianos, las declaraciones del periodista Jorge
Vivanco ante la Corte Suprema, pagos indebidos, acusaciones
contra los secretarios de Dahik por el manejo de fondos reservados.
En tanto, Santiago Bucaram fue concordante con la posición de
apoyo al ex vicepresidente, asumida por el líder de su partido,
Abdalá Bucaram. Sostuvo que primero debió darse el juicio penal,
que estableciera la culpabilidad de Dahik, para luego dar paso al
enjuiciamiento político.
A día siguiente tomaron la posta aquellos catalogados de
interpelantes "fuertes". Fueron los diputados socialcristianos Xavier
Neira, Rafael Cuesta y Marco Flores.
Sus acusaciones se dirigieron a responsabilizar a Alberto Dahik de
diversos delitos.
Cuesta denunció que el vicepresidente Alberto Dahik posee una
cuenta cifrada en un banco de Ginebra (Prive de Rothchild), la cual -
dijo- es manejada por el señor Pietro Solari. Dijo Cuesta que a dicha
cuenta no se hacen transferencias directas sino por medio del Banco
Lambert, de Bruselas. Pidió que Dahik dé el número de esa cuenta y
exigió que la abriera.
Además, solicitó que algunos de los amigos más íntimos del
segundo mandatario abrieran las cuentas que tienen en el país o en
el extranjero.
"Si ellos no son testaferros no tienen nada que temer", dijo Cuesta
y citó los nombres de Carlos Gil, Gladys Merchán, Jorge Carrillo,
Roberto Gómez, Luis Rueda, Mario Elgarresta, Franklin Maldonado,

39
Diego Paredes, Hernán Benítez, José Vicente Maldonado, Ana Lucía
Armijos, Mario Ribadeneira, Jacinto Jijón y Hernán Pérez.
En otra parte de su intervención, Cuesta señaló que Dahik es socio
de Matricsa, empresa encargada de fabricar losetas de hormigón,
creada con el objeto de ganar una licitación para la construcción del
terminal terrestre de Guayaquil. Matricsa -dijo Cuesta- estafó a la
ciudadanía porque la deficiente construcción de las losetas produjo
que el terminal esté en trance de destrucción. Expresó que el país no
ha conocido este hecho hasta el momento, "porque el socio de Dahik
en esa empresa es el dueño del diario 'El Universo', Carlos Pérez".
Cuesta se refirió también al patrimonio declarado por el
vicepresidente, que asciende a 600 mil dólares. Su vida de
funcionario público -dijo- merece que explique de dónde proviene
esa fortuna que, además, aseguró que es mayor.
El diputado también señaló que Dahik dispuso que durante el
conflicto bélico del Alto Cenepa (enero-febrero de 1995), se pagaran
100 millones de dólares de intereses de la deuda externa y que,
además, se hizo entregar 4,5 millones de dólares de fondos
reservados, que "no se gastaron en la defensa nacional".
Por su parte, Xavier Neira ocupó su tiempo en desmentir un
cogobierno entre Sixto Durán Ballén y el Partido Social Cristiano.
En cuanto a las denuncias vertidas por Dahik, Neira aseveró que
el contrato entre el Ministerio de Salud y MEDICORP no se ejecutó
durante el régimen de Febres Cordero, y que "por tanto no hay razón
para hablar de una comisión pagada por dicho contrato".
Desmintió también que la empresa Caribe National Rialty
pertenezca a Febres Cordero. Señaló también que el Partido Social
Cristiano solicitó abolir los gastos reservados y la facultad del
Congreso para designar a los jueces.
También comparó el volumen de 19 mil millones de sucres de
gastos reservados del vicepresidente Dahik, con un volumen de 329
millones de sucres de gastos reservados ejecutados durante el
régimen de Febres Cordero.
Neira denunció que mientras el Ministerio de Finanzas entregó a la
Vicepresidencia de la República 19 mil millones de sucres para
gastos reservados, apenas 8 mil millones fueron transferidos a las
dos cuentas de gastos reservados del Banco del Pacífico. "¿Qué
ocurrió con el faltante de 11 mil millones de sucres?", se preguntó el
diputado.

40
Sin embargo, la participación de los interpelantes fue, a voz de
muchos analistas, poco menos que la sombra del discurso del
vicepresidente.
La capacidad argumental de Dahik resaltó en los días de juicio
político y mantuvo a la opinión pública en expectación. Los
resultados, registrados por una encuestadora nacional, destacaban
que 66 por ciento de la población calificaba las declaraciones del ex
vicepresidente de buenas o muy buenas, aunque 78 por ciento de
los encuestados pedía su renuncia y 63 por ciento su destitución.
En los primeros tres días de juicio político se registró uno de los
mayores "ranking" de sintonía televisiva. Cerca de 85 por ciento de
hogares en Quito y Guayaquil tuvo encendido su televisor en la
primer jornada del suceso. Con el paso de los días el interés fue
bajando.
En la contrarréplica Dahik presentó una larga lista de denuncias de
inmoralidades y arbitrariedades que cometió el gabinete
febrescorderista en su gobierno. Sus declaraciones siguieron la
misma tónica con la que se presentó dos días antes, al inicio del
juicio.
A las 07h30 del viernes 6, luego de las discusiones de rigor, que
tardaron más de cuarenta y ocho horas, el Congreso concluyó la
votación de la moción de censura y destitución del vicepresidente de
la República.
El resultado no sorprendió a nadie. La acusación de cohecho
político y de lesión a la dignidad nacional, levantada contra el
vicepresidente de la República por socialcristianos, bucaramistas,
emepedistas y apreístas, no pudo ser sostenida con la misma fuerza
de los argumentos del acusado.
El PRE pagó el favor que recibió del Gobierno y de los diputados
oficialistas, qlos que días antes ayudaron a los roldosistas a
decapitar al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel
Macías Hurtando, quien mantenía vivo un juicio en contra de la
hermana de Abdalá Bucaram, Elsa, ex alcaldesa de Guayaquil quien,
así, se salvó de una acusación de peculado en la compra de carros
recolectores de basura cuando ocupó la Alcaldía.
El resultado final de las votaciones se compuso de nueve votos del
bucaramismo -ocho abstenciones (entre los que estaban los votos de
la Democracia Popular) y uno en contra de la moción de censura-,
once de los trece independientes y ocho del Partido Conservador,
por la absolución del vicepresidente.

41
Veintiún votos del Partido Social Cristiano, ocho del MPD, cinco de
la Izquierda Democrática, dos del APRE, uno de los socialistas, uno
del Frente Radical Alfarista y un independiente, sumaron los treinta y
nueve votos, que estuvieron muy lejos de los cincuenta y dos
necesarios para la censura, conforme lo dispone la Constitución.
Cuatro diputados se ausentaron. A dos de ellos, de la ID, se los
acusó de haber recibido 200 millones de sucres por cabeza para que
no asistieran a la sesión. La ID los expulsó de sus filas.
Dahik salvó el cuello, pero por muy poco tiempo. Cinco días
después fugaría del país en un avión de su propiedad, porque ya
había caído en las redes del juicio penal.

42
7. INTERMEDIO PATETICO
Las cuentas del precandidato presidencial independiente, que
luego confirmaría su candidatura, Ricardo Noboa Bejarano, fueron
sometidas a investigación en el mes de noviembre por el juez del
proceso penal contra Dahik, quien procesó, así, la denuncia de que
la campaña del referido candidato había recibido fondos reservados
de la Vicepresidencia.
Mientras, el contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti,
decidió realizar una serie de reformas al "obsoleto" reglamento de
gastos reservados.
Como ya se mencionó, uno de los principales cambios fue eliminar
la disposición de que la Vicepresidencia de la República manejara
dichos gastos. En las reformas se anotó -porque ya era inevitable-
que "los fondos asignados para gastos reservados o secretos
deberán mantenerse depositados en cuentas especiales y secretas
del Banco Central del Ecuador o sus sucursales".
Y José Iturralde, ex superintendente de Bancos encargado,
denunció que fue objeto de presiones de altas figuras del Gobierno
para obstaculizar el acceso a los microfilmes de los gastos
reservados. Pocos días después, ante el juez, daría los nombres de
quienes, presumiblemente, lo presionaron: los conservadores Ana
Lucía Armijos, presidenta de la Junta Monetaria, y José Vicente
Maldonado, ministro de Industrias; también el ex secretario general
de la Administración, Carlos Larreátegui Nardi.
Pero el aria más sonora en el intermedio sumarial de los meses de
noviembre y diciembre estuvo a cargo del cardenal Bernardino
Echeverría. Él afirmó, el 6 de diciembre, que diversas iglesias
recibieron recursos de los fondos reservados de la Vicepresidencia.
Sus revelaciones provocaron declaraciones de sorpresa por parte de
la jerarquía episcopal, por supuesto en sentido contrario. Y el
presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana insinuó,
públicamente, que Echeverría estaba trastornado por la senectud.

43
Esto, por supuesto, animó el debate nacional hasta que, el 22 de
diciembre, fue el propio Echeverría quien, en confesión judicial,
ratificó que templos parroquiales, capillas, escuelas y otras obras
sociales recibieron fondos reservados. La publicación de la "lista de
Dahik" -semanas más tarde- demostró que no era la senectud lo que
le hacía "cantar" de ese modo al cardenal pues, en efecto, algunas
iglesias recibieron dineros de los gastos reservados.
Pero lo más patético del episodio es que el cardenal también había
dicho otras palabras, meses atrás. Aparecieron publicadas
precisamente en "El Universo", el 25 de agosto de 1995: "El Ecuador
está viviendo momentos de confusión, de oscuridad, de caos. Como
nunca, hemos perdido los valores del respeto a la persona, del
respeto a nosotros mismos y a los demás; juzgamos sin madurez,
acusamos sin responsabilidad, sembramos el odio y así destruimos
la unidad nacional. Es muy doloroso lo que está ocurriendo con la
Segunda Autoridad del Pueblo Ecuatoriano, con el economista
Alberto Dahik Garzozi. Quienes hemos tenido la oportunidad de
tratarlo muy de cerca, hemos tenido el privilegio de apreciar la
profunda fe cristiana que inspira la rectitud de su conducta, la
firmeza de su criterio, la responsabilidad en el desempeño de sus
deberes sociales. Por esto, me ha causado un gran dolor presenciar
la campaña de desprestigio que se ha producido en contra de su
persona, de su honorabilidad, en general de su proceder como
Segundo Mandatario del Pueblo Ecuatoriano. Por lo que estima que
es una obligación solidarizarse con el Segundo Mandatario y
ratificarle los sentimientos de grande afecto y admiración por la altura
con que ha enfrentado todas estas duras pruebas de la vida,
manifestarle así mismo que hoy más que nunca se siente unido a su
persona".
Estas frases emocionadas del cardenal fueron reproducidas, poco
después, el 22 de septiembre de 1995 (también en "El Universo"),
seguidas de 400 firmas, en un remitido que se tituló "El cardenal se
solidariza con el vicepresidente".
El primer nombre de esa lista fue el de Mariana Argudo Chejín, ex
ministra de Bienestar Social del gabinete de Sixto Durán Ballén -
antes, en el Gobierno de Rodrigo Borja, ella había ocupado la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno-. Ese nombre
volvió a aparecer el 29 de enero de 1996, en el décimo quinto lugar
de la lista de presuntos beneficiarios de gastos reservados de la
Vicepresidencia (ver anexos). Junto a él una cifra: 10 millones de

44
sucres... Meses más tarde, el 23 de marzo de 1996, al ex ministra
devolvió el dinero recibido.

45
8. LAS CUENTAS SECRETAS
Según las investigaciones periciales ordenadas por el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, un total de siete cuentas corrientes
en el Banco del Pacífico, tres a nombre de Juan Mario Crespo, dos
a nombres de Gladys Merchán, una compartida por Alberto Dahik y
Gladys Merchán, y una compartida por Juan Mario Crespo y Gladys
Merchán, sirvieron para disponer de los gastos secretos de la
Vicepresidencia de la República entre 1992 y 1995.
Esas cuentas constan en el auto cabeza de proceso penal y, de
acuerdo a una certificación escrita por Luis Rueda, ex secretario de
la Vicepresidencia de la República, todas ellas fueron alimentadas
con fondos del Estado.
Una información publicada por Milton Arroba ("Expreso", 22 de
febrero de 1996), cuya fuente es la documentación del proceso
penal, aseguró que Juan Mario Crespo abrió tres cuentas a su
nombre. Dos de ellas el 27 de agosto de 1992 y la tercera al día
siguiente.
La misma fuente indicó que Gladys Merchán abrió una de sus
cuentas el 28 de agosto del mismo año, 17 días después de que
Dahik llegó a la Vicepresidencia. Casi un año después, Merchán
volvió a abrir otra cuenta, pero esta vez conjunta con Alberto Dahik.
La última fue abierta el 19 de mayo de 1994, conjuntamente por
Merchán y Crespo.
En estas siete cuentas del Banco del Pacífico se depositaron un
total de 9 mil 281 millones 308 mil 837 sucres. De ellas se giraron
cheques por 8 mil 798 millones 634 mil 379 sucres.
CUENTA FECHA TITULAR DEPOSITOS CHEQUES
2598361 28.08.92 Crespo 4.254.270.775 4.158.243.159*
2592495 27.08.92 Crespo 513.437.260 499.821.816*

46
2632939 27.08.92 Crespo 75.4681,78**
2598377 28.08.92 Merchán 4.032.641.720 3.583.410.871
2433729 30.07.92***Merchán 274.504.641 247.508.516
2955423 23.07.93 Merchán
y Dahik 145.754.441 120.445.567
2997843 19.05.94 Merchán
y Crespo****
TOTAL 9.281.308.837 8.789.634.379
* Hasta agosto de 1995
** Cifra en dólares. Los peritos designados por la Corte Suprema de Justicia
aplican l cotización de 2 mil 500 sucres por dólar.
*** Abierta 11 días antes de asumir el cargo de secretaria de la
Vicepresidencia.
**** No registra depósito ni cheques en el informe de los peritos, aunque sí un
saldo promedio de 596 millones 568 mil sucres.
Fuente: diario "Expreso" (22.02.96).

47
9. LA ARITMETICA DEL CONTRALOR
A las cuentas reservadas de la Vicepresidencia, manejadas por
los secretarios de Alberto Dahik, Mario Crespo y Gladys Merchán,
sólo se les hizo un peritaje "aritmético" en la Contraloría General del
Estado..
Esto se estableció solo el 31 de enero de 1996, cuando declaró
ante el presidente de la Corte Superior de Quito el director de
Control de Ingresos Públicos, Rafael Gutiérrez.
Según él, nunca se verificaron los saldos, ni se auditaron, ni se
revisaron justificativos, pues la solicitud del contralor, Juan Carlos
Faidutti, era que se limitara a un examen de los reportes
presentados por Mario Crespo y Gladys Merchán, los cuales solo
contenían cifras globales de ingresos y egresos por un determinado
lapso. Luego se procedía a comprobar si el saldo inicial
correspondía al saldo final del acta anterior.
El perito declaró, respecto a los ingresos por concepto de
intereses sobre saldos en cuentas corrientes y regulación anulación
de cheques, que aquellos sí constaban en los reportes de los
secretarios de Dahik, lo cual, incluso, quedó escrito en el acta del
19 de julio de 1994, que levantó este funcionario y donde se lee:
"valor que se ingresa por regulación anulación de cheque Nº 270
del 1 de julio de 1993, cuenta corriente 2598377 del Banco del
Pacífico."
Sin embargo, el contralor Juan Carlos Faidutti negó
insistentemente conocer sobre la existencia de las cuentas en
bancos privados.
Gutiérrez precisó ante el juez que "la cuenta de gastos reservados
estaba sujeta al juzgamiento del contralor, los demás elementos de
juicios relacionados con las cuentas privadas fueron examinadas
por el señor contralor general del Estado, doctor Juan Carlos
Faidutti".

48
El procedimiento regular del juzgamiento lo describió, ante la
misma instancia judicial, el ex contralor Oswaldo Molestina
(Gobierno de Rodrigo Borja, 1988-1990): "Se iniciaba con la
certificación de los saldos oficiales que informaba el Banco Central
del Ecuador, luego de lo cual comparecían los titulares de los
ministerios y organismos sometidos a control de los gastos
reservados, para proceder a hacer un examen pormenorizado de
dichas cuentas y, luego, proceder a solicitar justificativos
adicionales si así se lo consideraba procedente, una vez que se
estaba conforme con los resultados y estaban conciliados tanto los
ingresos como los egresos. Con la aceptación de las justificaciones
que se habían emitido se procedía a levantar el acta de juzgamiento
de los gastos reservados, conciliando de forma exacta las cuentas
y, una vez que la firmaba el contralor, se entregaba una copia al
declarante y otra quedaba archivada en el Registro de la
Contraloría para, finalmente, proceder a la destrucción de todos los
comprobantes que habían sido presentados para la debida
justificación dentro del período que estaba siendo revisado".
A pesar de estos testimonios, el contralor Juan Carlos Faidutti
insistió en que a él le correspondía únicamente examinar los
recibos y no los cheques.
Su opinión también entró en conflicto con la expresada por el ex
superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, también
sindicado en el caso, quien insistió en que Faidutti debió revisar los
microfilmes de los cheques girados contra las cuentas de gastos
reservados del Banco del Pacífico. Pero para el contralor Faidutti,
los microfilmes de los cheques eran parte de la esfera de acción del
superintendente, mientras que para Muñoz Chávez esos cheques
debían ser revisados por el contralor, "por ser de cuentas
reservadas".
Faidutti finalmente argumentó que él había sido engañado por los
ex asesores de la Vicepresidencia de la República, al momento de
recibir de ellos los justificativos de los gastos reservados. Pero la
defensa de Dahik insistió, una vez más, en que aquél sabía
perfectamente que los gastos reservados se manejaron en cuentas
del Banco del Pacífico y que, además, revisó todos los documentos
que justificaron los pagos.
"El contralor no puede dejarse engañar por ninguna persona, ni
engañar al pueblo ecuatoriano, cualquiera puede ser engañado,
menos el contralor", dijo el abogado Walter Guerrero Vivanco,
pocos días antes de que se cerrara el sumario.

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Las afirmaciones del contralor tuvieron consecuencias procesales.
A partir de ellas, el fiscal Fernando Casares sostuvo que las actas
de juzgamiento de los fondos reservados, de la Contraloría, no
tienen valor dentro del juicio penal, ya que el fue el propio contralor
que admitió que pudo ser engañado durante el proceso de
justificación de esas actas. Su criterio, por supuesto está reñido con
el del defensor de Dahik, Walter Guerrero, y el de Merchán y
Crespo, Rodrigo Bucheli.
Esta discrepancia se insertó en un marco estupendo: una
inspección de diez actas de juzgamiento -efectuada el 7 de marzo
de 1996- demostró que la suma total de las actas aprobadas por el
contralor Faidutti no coincidió con el determinado en el informe
contable de los peritos.
Según esos documentos, los ex secretarios de Dahik, Gladys
Merchán y Juan Mario Crespo, manejaron 17 mil 663 millones 51
mil 716 sucres; pero de acuerdo al peritaje usaron 19 mil 580
millones 500 mil 9 sucres. La diferencia es de 1.917 millones 448
mil 293 sucres. ¿Se despejará esta incógnita? Nadie lo sabe. Lo
cierto es que, como corolario de su polémica actuación, Juan Carlos
Faidutti renunció al cargo de contralor el 11 de marzo de 1996, ante
la inminencia de un juicio político en su contra, en el Congreso
Nacional, por motivos distantes al caso fondos reservados. Y,
después, el 2 de abril, un ausente Faidutti fue censurado y
destituido por el Congreso Nacional.
Al dimitir, Faidutti dejó una extensa carta para el presidente del
Congreso. En ella respondió a las preguntas planteadas del bloque
legislativo de la Izquierda Democrática. Al cargo de haber aceptado
la función de contralor a pesar de haber sido deudor moroso del
IESS, el ex funcionario señaló que su nombramiento emanó del
Congreso, en cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución y por
reunir los requisitos específicos del artículo 307 de la Ley de Servicio
Civil y Carrera Administrativa. Además, puntualizó que el Seguro
Social no es parte del fisco.
Acerca de la deuda a la empresa CADASA, de la cual fue gerente,
por el supuesto incumplimiento de un convenio de purga de mora,
con el IESS, argumentó que esa firma contrajo una obligación antes
de su ingreso a ella, pese a lo cual, indicó, "cancelé la obligación que
se me imputó".
Faidutti también rechazó la acusación de haber incurrido en
perjurio al declarar sus bienes, omitiendo mencionar algunos bienes

50
de menor cuantía. "Más tarde amplié mi declaración juramentada",
aseguró en la carta.
A la tercera pregunta, sobre el supuesto pago de cinco mil dólares
por parte de la Cancillería, como cancelación de su menaje cuando
concluyó las funciones de embajador en Canadá, señaló que ese
portafolio le pagó apenas dos mil 500 dólares, "a pesar de haber
justificado un importe de siete mil dólares".
Sobre la base legal que lo llevó a vender una casa de propiedad
del Estado, en Guayaquil, el ex contralor indicó que se trataba de un
bien que no prestaba ningún servicio a la Contraloría, y que la venta
se la hizo mediante concurso público.
También explicó que fue el sub contralor, Jorge Cevallos, quien
dio informes favorables para la realización de dos contratos con la
compañía "MITSUI del Ecuador SA.", de la cual Faidutti -según él
mismo- es accionista en 0.20 por ciento.

51
10. LA LISTA DE DAHIK
El 29 de enero de 1996, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Carlos Solórzano Constantine, dictó una providencia por la
cual declaró la nulidad absoluta el decreto reservado Nº 64 del
presidente de la República, Sixto Durán Ballén, con el que se había
impuesto la reserva de los microfilmes y demás documentos de los
gastos reservados de la Vicepresidencia, bajo custodia del propio
Durán Ballén.
Además, el juez incorporó al proceso los informes periciales de
dichas cuentas.
De esa manera hizo públicos un total 287 nombres -de personas
naturales y jurídicas- que recibieron cheques de las cuentas
secretas de la Vicepresidencia de la República, y los involucró en el
juicio penal.
Así se estableció que los depósitos del Ministerio de Finanzas en
la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia de la
República, en el Banco Central del Ecuador, totalizaron 21 mil 527
millones de sucres (luego, la cifra sería precisada con exactitud por
los peritos: 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres).
"Si Dahik, como lo manifestó en cadena nacional de televisión,
manejó un tercio del total de gastos reservados del Gobierno, pues
el secretario de la Administración y la Presidencia de la República
tenían cuentas iguales, el total ascendería aproximadamente a 66
mil millones", escribió el 8 de febrero de 1996 la periodista Patricia
Estupiñán de Burbano, en la revista "Vistazo".
Ella también advirtió: "Una cifra escalofriante, que equivale a casi
dos años del presupuesto total del Ministerio de Relaciones
Exteriores: 35 mil millones en 1995. También lo es si se la compara
con lo que gastaron otros gobiernos de esta etapa democrática en
gastos reservados. La administración Durán Ballén-Dahik habría
gastado 21 millones de dólares frente a 9 millones del quinquenio

52
Roldós-Hurtado; 5,7 de León Febres Cordero y 12 de Rodrigo
Borja".
Al hacerse pública una primera lista de los beneficiados, en base
al informe pericial, se encontraron cantantes, restaurantes, tiendas
exclusivas, asesores políticos, diputados, grupos religiosos y otras
personas particulares.
Los personajes más conocidos que, inmediatamente, llamaron la
atención, fueron Pablo Lucio Paredes (ex secretario del CONADE),
el diputado conservador Freddy Bravo, el diputado conservador
Wilman Costa, el gerente del Banco Central Augusto de la Torre, el
consultor cubano Mario Elgarresta, el ministro de Industrias José
Vicente Maldonado (conservador), el político izquierdista René
Maugé, el ex canciller Diego Paredes, y el ex secretario de
Comunicación Enrique Proaño, entre muchos otros.
Según esa primera lista, 242 personas entre naturales y jurídicas
recibieron cheques en sucres de los fondos reservados de la
Vicepresidencia de la República que eran administrados por los dos
secretarios del ex vicepresidente Alberto Dahik en cuentas del
Banco del Pacífico. El monto total: 8 mil 832 millones 144 mil 102
sucres, en 834 cheques (ver anexos).
Una semana más tarde, el 6 febrero, se reveló una lista adicional
de 29 presuntos beneficiarios de la compra de divisas del Banco de
la Producción con cheques del Banco del Pacífico, de las cuentas
de gastos reservados manejadas por los secretarios Gladys
Merchán y Juan Mario Crespo. Suma un total de 276 mil 964
dólares con 3 centavos (ver anexos).
Sin embargo, el informe consolidado de la cuenta dólares,
realizado por los peritos Lionel López y Washington Pacheco,
conocido el 26 de febrero de 1996, estableció que se compraron
845 mil 564 dólares y, además, 12 mil 738 francos (el presunto
beneficiario de esta divisa es Maurice Roosin).
De acuerdo con los peritos, se realizaron las transacciones en los
bancos De la Producción, De Préstamos, Del Pacífico y la cambista
Casa Paz. Los cheques de dólares llegaron a 44 personas. Los
propios secretarios de Dahik, Juan Mario Crespo y Gladys Merchán
recibieron 208 mil dólares y 558 mil 535 dólares, respectivamente.
Se ratificó que Rodrigo Mera, esposo de la diputada conservadora,
Teresa Minuche, recibió 100 mil dólares; y que se entregaron 68 mil
113 dólares a la firma AFAC Cía. Ltda., de propiedad del ex
vicepresidente Alberto Dahik.

53
Entre otros presuntos beneficiarios de los dólares se mencionaron
también a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (101 mil 240 dólares); el
consultor político (ya mencionado) Mario Elgarresta (8 mil dólares);
la popular cantante Silvana Ibarra (10 mil dólares); el consultor
económico Fidel Jaramillo Buendía (22 mil 588 dólares); la
"University of Miami" (mil 820 dólares).
El 18 de febrero de 1996 el diario "Expreso" hizo pública una
información según la cual los secretarios de Dahik giraron 125
cheques por un total de 384 millones 923 mil 759 sucres, de dos
cuentas no auditadas, con las que, conforme a dicha publicación,
se pagaron "desde diputados hasta supermercados".
Ahora bien, si el total de depósitos del Ministerio de Finanzas en
la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia, en el Banco
Central, fue de 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres, y lo
detectado en las cuentas del Banco del Pacífico suman 9 mil 288
millones 862 mil 497 sucres, existe un saldo sin justificar de 10 mil
291 millones 637 mil 512 sucres: de ellos 1.324 en cheques a
nombre de o endosados por el modesto conserje de la
Vicepresidencia, Luis Andrade, y 8 mil 967 millones 637 mil 512
sucres que se manejaron en contante y sonante.
Además, los peritos informaron que los intereses que ganaron los
fondos reservados en el Banco del Pacífico totalizan 8 mil 305
millones de sucres. ¿Dónde está ese dinero? Por fin, los peritos no
pudieron aclarar cómo se realizaron transacciones bancarias por 3
mil 155 millones 145 mil 704 sucres: se giraron con cheques al
portador, que presumiblemente se hicieron efectivo.
RESUMEN DE LOS GASTOS RESERVADOS DE DAHIK
Agosto de 1992-septiembre de 1995
(en sucres)
Concepto Montos
Total de gastos 19.580'500.009
En actas de Faidutti 17.663'051.716
Diferencia 1.917'448.293
Gastos en cheques 9.288'862.497
Gastos sin respaldo 10.291'637.512
Gastos en cheques al portador 3.155'145.704*
Intereses según Dahik 30'000.000
Intereses según Faidutti 14'967.457
Intereses según los peritos 8'305.000

54
Supuestos beneficiarios 287
Justificaron 250
*El dato es de "El Expreso". En "El Comercio" se señaló que no se conocía la
cifra en efectivo
Fuente: Diario "El Comercio" (14.03.96), que cita el informe de los peritos, las
actas de juzgamiento de la contraloría, y los documentos de la defensa de
Alberto Dahik.

55
11. UN INCIDENTE PROCESAL
La decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano, de declarar nulo el decreto presidencial reservado Nº 64,
con lo que incorporó al proceso e hizo públicos documentos y
cuentas de los gastos reservados de la Vicepresidencia, fue
criticada de inconstitucional.
Según la Constitución, corresponde al Tribunal Constitucional o al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo la capacidad de declarar
si un decreto es constitucional o no.
Hernán Pérez Loose, consultado por Patricia Estupiñán en
"Vistazo" (Nº 683 de 8 de febrero de 1996), argumentó que "si bien
la Constitución prevé que los jueces pueden suspender la vigencia
de una norma inconstitucional, la misma ley suprema aclara que
esa facultad le está permitida solo a los tribunales de última
instancia, y el presidente de la Corte Suprema no lo es".
No opinó igual el rector de la Universidad de Guayaquil y ex
vicepresidente de la República, León Roldós: "Creo que el
presidente de la Suprema tenía facultad para descartar un decreto
al margen de la Constitución... creo que está haciendo bien a la
justicia", dijo.
Existía un antecedente: Italo Ordóñez (ID) y Diego Delgado (PS),
impugnaron ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) el
decreto reservado. Pero el TGC, como un perro que se muerde la
cola, no podía llegar a conocerlo por la propia calidad secreta del
decreto.
Según "Vistazo", los argumentos que tuvo Solórzano para tomar
una decisión que conmocionó al país y dio un salto en el proceso
penal, fueron: 1. El juez consideró la expedición del decreto
reservado como un incidente procesal, porque impidió el
reconocimiento de la prueba documental depositada en las
bóvedas de seguridad del Banco Central. Lo que, según el juez,
"traduce objetivamente la intención de incidentar el proceso,
estorbando y entorpeciendo el normal desarrollo del sumario,

56
puesto que al calificarla de secreta prohíbe su divulgación a través
de su incorporación a un proceso penal que es público". Y, 2.
Según Solórzano, el decreto reservado no tiene fuerza obligatoria,
debido a la nulidad absoluta y manifiesta que la invalida de pleno
derecho. Según el juez, el decreto vulneró la Constitución y varias
leyes secundarias. En consecuencia, "el decreto ejecutivo llamado
reservado no es más que una episódica y circunstancial
interferencia en el proceso penal, que proviene de una
inconstitucional intromisión del señor presidente de la República en
los asuntos propios de la administración de justicia".

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