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Curso
¿POR QUÉ GÉNERO
EN EL ESTADO?
NIVEL BÁSICO
PLAN DE FORMACIÓN EN GÉNERO

NIVEL BÁSICO
¿POR QUÉ GÉNERO EN EL ESTADO? PLAN DE FORMACIÓN EN GÉNERO NIVEL BÁSICO ¿POR QUÉ GÉNERO EN EL ESTADO?
2 3

NIVEL BÁSICO
4 5
ÍNDICE
6 UNIDAD 1
Institucionalización de Género en el Estado
7 1. ¿Por qué género en el Estado?
8 2. Institucionalización:
cristalizando la igualdad de género
10 3. Neutralidad de la función pública ¿o ceguera de género?

12 UNIDAD 2:
Género en las Políticas Públicas
¿Políticas Públicas de Género?
13 1. Agenda internacional
15 2. Género en la agenda de desarrollo
16 3. Construyendo una agenda pública de género
17 4. Estrategias para la acción pública
20 UNIDAD 3:
Políticas de Género en Acción
21 1. Hacia políticas públicas justas
25 2. Iniciativas e Instrumentos
26 3. Aplicando la perspectiva de género
30 BIBLIOGRAFÍA
Contraparte técnica:
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Paulina Cid Vega Jefa División de Estudios y Capacitación.
Claudia Echeverría Turres Profesional División de Estudios y
Capacitación.
Equipo de Trabajo
ISONOMA Consultorías Sociales
Carolina Muñoz Rojas Coordinadora
Patricia Varela Pino Desarrollo de contenidos
Marcela Aedo Rivera Desarrollo de contenidos
Karim Berlien Araos Desarrollo de contenidos
Andrea Peroni Desarrollo de contenidos
Loreto Pavez Diseño e Ilustraciones
Santiago de Chile, Diciembre 2017

NIVEL BÁSICO
UNIDAD 1: INSTITUCIONALIZACIÓN DE GÉNERO EN EL ESTADO UNIDAD 1: INSTITUCIONALIZACIÓN DE GÉNERO EN EL ESTADO
7
6
UNIDAD 1/
Institucionalización de Género en el Estado
¿POR QUÉ GÉNERO EN EL ESTADO?
1.
Sobre la base de los elementos conceptuales revisados en el curso
1, orientados a comprender el origen, significado y trayectoria de
la categoría y concepto género, cabe preguntarnos cómo y porqué
llega el tema al Estado y en especial porqué éste debe abordarlo
como parte de sus políticas públicas, criterios de gobierno y
gestión. ¿Son las desigualdades de género un asunto público?,
¿deben ser materia de discusión política?, ¿es el Estado un actor
neutral o reproductor de desigualdades?, estas y otras preguntas
serán abordadas en el transcurso de las unidades de este segundo
curso del nivel básico.
Cuando nos preguntamos por qué el Estado debe abordar este
tema, ya sea mediante políticas públicas, planes, programas o
proyectos públicos, y en consecuencia por qué las personas que
se desempeñan en el Estado deben aprender sobre género, nos
encontramos con más de una respuesta posible que involucran al
contexto internacional, las demandas sociales y la propia naturaleza
del quehacer del Estado.
En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas
desde mediados de la década de 1970 ha impulsa con fuerza
una agenda global en favor de las mujeres. Así, el año 1975 fue
declarado el año internacional de la mujer y contó con la primera
Conferencia Mundial del año internacional de la mujer celebrada
en México. A partir de entonces cada 5 años fueron convocadas
conferencias mundiales hasta llegar al año 1995 en Beijing que
constituye un hito para la agenda internacional con la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing que “marca una hoja de ruta y el
marco de políticas internacional más exhaustivo para la acción, y la
actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad de
género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el
mundo” (ONU MUJERES, 2014).
De acuerdo con ONU MUJERES (2014) a dos décadas de esta
declaración sigue siendo “necesario adoptar medidas urgentes y
continuadas para transformar las estructuras, las instituciones y las
normas —ya sean económicas, políticas o sociales— que impiden
progresar en materia de igualdad de género” y agrega que, para ello,
es necesario:
• Que los gobiernos demuestren un inequívoco liderazgo y
un sólido compromiso para promover los derechos de las
mujeres;
• Llegar a las mujeres y las niñas más marginadas abordando
lasgravesycrecientesdesigualdadesasícomolasmúltiples
formas de discriminación;
• Reforzar la rendición de cuentas respecto a la igualdad de
género y respaldar los mecanismos nacionales a favor de
la igualdad de género y las organizaciones de mujeres para
ejercer una mayor influencia en las decisiones políticas;
• Contar con una mayor implicación de los hombres como
defensores de la igualdad de género; y
• Aumentar exponencialmente los recursos destinados a la
igualdad de género y a los derechos de las mujeres.

NIVEL BÁSICO
9
8
En primer lugar, la institucionalización como proceso constituye la consolidación
de nuevo ámbito de la acción pública. Para Inchaustegui (1999) de acuerdo con el
neoinstitucionalismo “las instituciones son cristalizaciones de compromisos que
nacen o se construyen para administrar un valor social surgido del acuerdo político
o del consenso cultural”, acuerdo que en cada país es producto de la confluencia de
una serie de factores relevantes.
EnelcasodeChileelprocesodedemocratizaciónpolítica,elmovimientodemujeres
y los acuerdos internacionales han sido los principales factores que determinaron la
institucionalización del valor social de la igualdad y justicia de género y la creación
de un organismo público y mecanismos en este ámbito que se expresa con la
creación del Servicio Nacional de la Mujer en 1991 y posteriormente el Ministerio
de la Mujer y la Equidad de Género en 2015.
En la agenda pública, institucional e internacional, a este tipo de instituciones
públicas se les ha denominado “mecanismos institucionales de género” o de
“mecanismos de adelanto de la mujer” cuya principal expresión han sido entidades
públicas, también denominadas “oficinas de la mujer” que desde el Estado se han
encargado de formular y diseñar políticas públicas. Para Guzmán (2001) la creación
de los mecanismos de género representa la “legitimación e institucionalización de
una nueva problemática en la sociedad y en el Estado”, siendo aquella problemática
novedosa no por su ocurrencia, sino por su reconocimiento.
Por otra parte, siguiendo a Guzmán (2001) “son consideradas institucionalidades las
leyes, las normas, organismos estatales, mecanismos institucionales de mediación
política, programas de políticas públicas, servicios, organizaciones sociales, áreas
de conocimientos legitimadas, etc.”. Por tanto, esta institucionalización tiene
diversas expresiones, en lo formal e informal, no obstante, su principal producto lo
constituye la creación de una nueva institución dentro de la estructura del Estado,
así como nuevas políticas, planes y programas. Cabe señalar que, en general, dicha
legitimación e institucionalización ha surgido en teoría en torno a la problemática
de género, pero con énfasis en el trabajo hacia las mujeres, por ser las principales
protagonistas de las desigualdades.
INSTITUCIONALIZACIÓN/
cristalizando la igualdad de género
2.
¿QUÉ ESTADO PARA QUÉ IGUALDAD?
• La igualdad de género es el resultado de procesos sociales, económicos,
políticos y culturales y tiene distintas dimensiones: distributivas
(económica), de reconocimiento (cultural) y de representación (política).
• La igualdad de género garantiza la capacidad de ser y hacer, elegir estilos
de vida y hacer elecciones consideradas válidas para lo cual es necesario
contar con autonomía física, económica y política.
• La igualdad de género se sostiene en el reconocimiento de la capacidad
ética de las personas para tomar decisiones en las esferas de la intimidad y
privacidad, y en el derecho a la autenticidad y autoexpresión.
Fuente: Guzmán y Montaño (2012) en base a CEPAL (2010) ¿Qué Estado para qué igualdad?
En Chile en particular se observa que su incorporación en la agenda pública e
institucional ha sido un proceso progresivo que se ha desarrollado desde 1990 a la
fecha a lo largo de los todos gobiernos democráticos desarrollados hasta ahora, sin
excepción. El posicionamiento e inclusión del tema, se basa en el reconocimiento
de las desigualdades de género como un problema público, cuya legitimación
e incorporación en la agenda significa la búsqueda de soluciones por parte del
Estado, bajo el supuesto que éste “es, o debiera ser, el garante de la igualdad entre
la ciudadanía, por tanto, la existencia de las desigualdades debiera ser abordada a
través de políticas públicas que favorezcan la igualdad” (Astelarra, 2004).
Junto con ello, la búsqueda de la justicia social y el enfoque de derechos humanos,
constituyen elementos centrales del quehacer del Estado actual, de modo que la
igualdad de género se transforma en una aspiración que forma parte y contribuye
al logro de objetivos mayores tales como la democratización de la sociedad, la
ampliación de la ciudadanía, la búsqueda de justicia social, el reconocimiento y
valoración de la diversidad. La igualdad de género es un imperativo ineludible para
los Estados y sus gobiernos en nuestros tiempos.
De acuerdo con Guzmán (2001) la discusión sobre los mecanismos institucionales,
se inicia en la década de los setenta en el contexto de la declaración de México
sobre la igualdad de acción de las mujeres y el plan de acción mundial emanados de
la Primera Conferencia Mundial; así como también en el marco de la aprobación de
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW). El Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) señala
que desde la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en México en
1975 “los Estados han reconocido las desigualdades que exhiben las sociedades
del mundo entre mujeres y hombres” (PNUD, 2006), consagrándose en 1979 con la
CEDAW el compromiso de los gobiernos en la búsqueda de la equidad.
El desarrollo de la institucionalidad fue influido por el desarrollo de conferencias
mundiales que han generado diversos instrumentos tales como declaraciones,
planes y plataformas de acción mundial, aprobados por los gobiernos y que
comprometen la “voluntad” de los Estados a cumplir con lo aprobado, pero siguiendo
al PNUD (2006) no los obligan necesariamente al respecto. Del mismo modo, las
Conferencias Regionales sobre la mujer de América Latina y El Caribe han generado
este tipo acuerdos y consensos a nivel regional que orientan el quehacer de los
Estados.
De acuerdo con el PNUD (2006) si son vinculantes los instrumentos jurídicos sobre
derechos humanos de las mujeres aprobados por los Estados miembros en Naciones
Unidas y en la OEA que han generado un cuerpo legislativo internacional de gran
importancia, estos son la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer CEDAW (1994), la Convención Belem Do Pará (1994)
y el Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999). Cabe señalar que Chile ratificó la
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer en 1989, y firmó el Protocolo, en diciembre de 1999, sin embargo, éste aún no
ha sido ratificado, por lo que todavía no puede ser reconocido como tal en nuestro
país¹ .
En particular, como se mención anteriormente, la Plataforma de Acción de Beijing
marca un hito importante en el proceso de definición de la institucionalidad de
género, y en el contexto de las evaluaciones y análisis realizados al respecto, se
recomienda que dichas instituciones asuman tareas de mayor trascendencia en la
elaboración de políticas públicas (Guzmán, 2001). De acuerdo con la autora estas
Oficinas de la Mujer o mecanismos institucionales asumen modalidades diversas,
tales como secretarias de la Mujer, Consejos o Institutos con diversos grados de
autonomía (Guzmán, 2003).
La discusión sobre el sentido y funciones de los mecanismos de género en el Estado
tiene una larga historia y han sido objetos de evaluaciones, estudios comparativos y
tema reiterado de reuniones de expertos (Guzmán, 2001). Dichas evaluaciones han
puesto de manifiesto algunas de sus debilidades, entre ellas que pueden contar con
mandatos poco claros, no tienen staff adecuado ni sistema de capacitación internos,
no cuentan con liderazgos políticos nacionales, ocupan posiciones marginales en la
estructura de los gobiernos, se les asignan escasos recursos y son habitualmente
consideradoscomolosúnicosresponsablesdelcambioenlasituacióndelasmujeres
y por consiguiente de la igualdad. Sin embargo, no cabe duda que la existencia de
políticas públicas en materia de género requiere de organismos públicos sólidos que
las impulsen y que promuevan la equidad de género desde el Estado orientando la
formulación de las políticas públicas en ese sentido. Ello, bajo el argumento que es
en lo público donde es posible garantizar y asegurar la igualdad y donde los asuntos
públicos se legitiman y posicionan, por tanto, es ahí donde las desigualdades y
discriminaciones pueden ser confrontadas y transformadas.
Actualmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile tiene como
misión es “fortalecer las autonomías y derechos de las mujeres, reconociendo sus
diversidades, a través de la implementación de Políticas, Planes y Programas de
Igualdad y Equidad de Género, aportando a la transformación cultural del país”. De
acuerdo con la Ley 20.820 que lo crea, “al Ministerio le corresponderá planificar
y desarrollar políticas y medidas especiales con pertinencia cultural, destinadas a
favorecer la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres,
procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género, la
plenaparticipacióndelasmujeresenlosplanoscultural,político,económicoysocial,
así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales y velar
por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales
ratificados por Chile en la materia y que se encuentren vigentes”.
¹ Un panorama respecto de la firma y ratificación por país del protocolo facultativo se encuentra
disponible en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL https://oig.
cepal.org/es/indicadores/paises-que-han-firmado-ratificado-protocolo-facultativo-la-convencion-la-
eliminacion

NIVEL BÁSICO
11
10
Un aspecto especialmente importante es considerar que las desigualdades de
género no son un problema que ocurra fuera del Estado, sino que se expresan,
reproducen y refuerzan también dentro y desde el Estado. Por una parte, las
políticas, planes, programas y proyectos son dirigidos a hombres y mujeres, como
población destinataria de las acciones públicas, que se encuentra en situaciones y
condiciones diferentes y desiguales. Por otra parte, el Estado está conformado por
mujeres y hombres que ejercen la función pública, donde las relaciones de género
también se manifiestan y expresan.
Un reflejo de esta situación es el empleo público. De acuerdo con la Organización
Internacional del Trabajo, el empleo público es una fuente de trabajo importante
para las mujeres (CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUF, OIT, 2013). Según datos de la
DIPRES la dotación total de funcionarios/as del año 2015 en Chile estuvo integrada
por 136.784 mujeres y 99.952 hombres, alcanzando un 57% de dotación femenina
(DIPRES, 2016). Respecto al tipo de contrato, se observan que con contratación de
planta se encontraban 42.479 mujeres y 39.165 hombres, que representan un 52%
y 48% respectivamente, en calidad de contrata (plazo fijo) se encontraban 93.127
mujeres y 52.852 hombres, que representan un 63% y 36% respectivamente
(DIPRES, 2016). Es decir, la mayoría de los funcionarios del Estado son mujeres,
sin embargo, su distribución en los cargos de planta es cercana a la paridad, y
predominan en la modalidad a contrata.
Ceguera de Género (gender – blindness): Falla en reconocer que el género
es una determinante esencial de los resultados e impactos de políticas,
programas y proyectos, instrumentos, etc
Por otra parte, se observa que la mayor presencia de las mujeres se encuentra
en estamentos específicos, evidenciándose una feminización de segmentos
administrativos (66%) y técnicos (64,9%) (Bentancor y otros, 2015). Destaca
además la brecha salarial observada al año 2014 que alcanzó un 20,2% inferior
para las mujeres y las mayores diferencias salariales se observan en el estamento
técnico (37,5%) que es uno de los segmentos con mayor participación de mujeres
(Bentancor y otros; 2015). Con estos datos se constata que las mujeres si bien
son la mayoría de los trabajadores del Estado, tienen contratos menos estables,
reciben menores salarios y se concentran en estamentos de menor nivel, donde
paradójicamente reciben aún menores ingresos respecto de sus pares varones en
similares estamentos. Así, el Estado refleja las desigualdades de género presentes
en el mercado laboral y las reproduce las barreras y brechas en tanto empleador.
Por lo tanto, las desigualdades de género no son un tema aislado, solo materia de
un sector particular o políticas públicas específicas, sino que parte del quehacer del
Estado en todos sus ámbitos, tanto en su gestión como en la formulación, diseño e
implementación de políticas públicas. A continuación, se revisará la implicancias
de la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas públicas así
como la especificidad de las políticas en esta materia.
NEUTRALIDADDELAFUNCIÓNPÚBLICA
¿O CEGUERA DE GÉNERO?
3.
Es posible observar que, en el ámbito público, y en las personas que trabajan en
el Estado, está fuertemente arraigada la idea que en las instituciones públicas
los bienes y servicios son (y deben ser) ofrecidos a un grupo, muchas veces,
indiferenciado de personas, teniendo como premisa la idea de neutralidad. Según
esta idea, el Estado debiera tratar a todas las personas por igual ya que ello asegura
que tengan los mismos beneficios. Sin embargo, no existe un usuario o usuaria,
beneficiario o beneficiaria, neutro o estándar, sino que las personas acceden
a esos bienes y servicios en condiciones diversas, muchas veces desiguales o
desventajosas, cobrando especial valor la idea de interseccionalidad² revisada en
el curso 1 de este nivel básico.
De acuerdo con Guzmán “en las últimas décadas el movimiento y las académicas
feministas se interesaron por esclarecer el papel del Estado en la reproducción
del orden de género y mostraron el complejo vínculo que existe entre el orden
de género y el orden institucional estatal en la medida en que el género es una
dimensión constitutiva de las instituciones y, a la vez, una realidad jurídicamente
constituida (Ballmer-Cao y Bonvin, 2008, citados por Guzmán y Montaño, 2012).
El Estado, al igual que todas las instituciones, no existe en el vacío y cobra vida
a partir de las personas que lo integran. Personas que son parte de una cultura y
reflejan su orden cultural y social, y desde ahí reproducen igualmente sus valores,
símbolos, privilegios, desigualdades. De igual manera, las personas que acceden al
Estado lo hacen desde esa diversidad cultural y social, también desigual. Pensar que
las acciones del Estado pueden ser neutrales es desconocer esa relación dialéctica
entre la sociedad y sus instituciones. Así mantener esta idea de neutralidad implica
no considerar la diversidad en su más amplia forma: no atender a las diferencias
territoriales, urbano-rurales, étnicas y de género. Cuando la idea de neutralidad
se traduce en no considerar las variables de género en un ámbito determinado,
decimos que existe una “Ceguera de Género” (SERNAM, 2007).
² Recordemos que la idea de interseccionalidad amplía la mirada de la desigualdad, distinguiendo que
las desigualdades de género no se encuentra separadas de otras desigualdades y opresiones que viven
las mujeres. Crenshaw acuña el concepto “interseccionalidad” aludiendo a las vinculaciones entre raza y
género, las que son mucho más que la suma de las desigualdades de cada uno de esos ámbitos.

NIVEL BÁSICO
UNIDAD 2: GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
¿POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO?
13
12
UNIDAD 2/
Género en las Políticas Públicas
¿Políticas Públicas de Género?
La vinculación de los temas
de género con las políticas
públicas puede tener varias
posibles interpretaciones.
Por una parte, se ha relevado
la necesidad de contar con
políticas públicas específicas
orientadas a dar respuesta
(e idealmente solución) a
los problemas que surgen
producto de las relaciones de
género y sus desigualdades, en
especial aquellas que afectan
severamente a las mujeres. Para
ello, los “asuntos de género”
requieren ser parte de la agenda
pública y del proceso de toda
política pública. Por otra parte,
se ha relacionado también
con la idea de incorporar una
perspectiva o enfoque de
género en todas las políticas
públicas de todos los sectores
del quehacer del Estado,
en la línea de la estrategia
denominada transversalización.
Ambas aproximaciones son
complementarias, y serán
abordadas en esta unidad.
AGENDA INTERNACIONAL
1.
Tal como se mencionó anteriormente, la igualdad de género desde
hace décadas comienza a erguirse como parte de los objetivos
que debe perseguir el Estado y sus gobiernos, en tanto garante
de los derechos y el bienestar de la comunidad entera: mujeres y
hombres. Es así como las desigualdades de género comienzan a
ser consideradas un problema público, con graves y significativas
consecuencias para la vida de las personas, cuya solución aspira
a alcanzar una mayor equidad entre mujeres y hombres. Con este
objetivo se han impulsado una serie de estrategias las que han
formado parte de las políticas públicas e instrumentos que se han
desarrollado al respecto.
La incorporación de los asuntos de género en la agenda pública
en Chile es un proceso iniciado como parte del proceso de
democratización del país, promovido por todos los gobiernos que le
han seguido (sin excepción) e impulsado desde la base social por el
movimiento de mujeres, y a nivel internacional, por las reuniones y
acuerdos internacionales.
CONFERENCIAS MUNDIALES NACIONES UNIDAS
1ª Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975)
2ª Conferencia Mundial sobre la Mujer (Copenhague, 1980)
3ª Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985)
4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)
CONFERENCIAS REGIONALES CEPAL
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer
en el Desarrollo Económico y Social de América Latina:
1ª (La Habana, Cuba, 1977), 2ª (Venezuela, 1979), 3ª
(México, 1983), 4ª (Guatemala, 1988), 5ª (Antillas, 1991), 6ª
(Argentina, 1994), 7ª (Chile, 1997)
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe: 8ª (Lima, 2000), 9ª (México, 2004), 10ª (Ecuador,
2007), 11ª (Brasil, 2010), 12ª (Santo Domingo, 2013), 13ª
(Montevideo, 2016). PRÓXIMA: 14ª (Chile, 2019)
ACUERDOS INTERNACIONALES
• Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer CEDAW (1976, Chile
1989)
• Convención Belem Do Pará (1994)
• Protocolo Facultativo de la CEDAW (Chile 1999)

NIVEL BÁSICO
PLAN DE FORMACIÓN EN GÉNERO NIVEL BÁSICO ¿POR QUÉ GÉNERO EN EL ESTADO? UNIDAD 2: GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
15
14
MÓDULO 1: EL PASAJE ESTÁNDAR LOREM IPSUM,
USADO DESDE EL AÑO
La igualdad de género en la Agenda 2030
En septiembre del año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó
la nueva agenda de desarrollo sostenible con un horizonte de 15 años para
el logro de sus objetivos. Esta agenda, incluye 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, entre los cuales se encuentra el ODS 5: “Lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.
Para la Organización de Naciones Unidas, este objetivo surge dado que “las
mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también,
por tanto, la mitad de su potencial (..), sin embargo, la desigualdad de género
persiste hoy en todo el mundo y provoca el estancamiento del progreso
social”. Así, promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos
de una sociedad sana: desde la reducción de la pobreza hasta la promoción
de la salud, la educación, la protección y el bienestar de las niñas y los niños.
Fuente: ONU, Objetivos de desarrollo sostenible: 17 objetivos para cambiar el mundo,
ODS 5: Igualdad de género.
GÉNEROENLAAGENDADEDESARROLLO
2.
La incorporación del tema en las políticas de desarrollo y en general en todas las
políticas públicas ha sido un desafío no exento de dificultada, muchas de las cuales
persiste hasta ahora.
En el marco de la Declaración de Beijing, Rico (1995) planteaba como pregunta
¿cómo se hacen operativos los conceptos y relaciones al momento de implementar
políticas? y ¿qué se entiende como el Enfoque o la Perspectiva de Género en el
Desarrollo? Al respecto la autora identifica dos enfoques principales que impulsaron
la integración de los asuntos de género en el desarrollo: Mujer en el desarrollo y
Género en el Desarrollo.
En enfoque Mujer en el desarrollo (MED), de acuerdo con Rico (1995) predominó
en América Latina y el Caribe, desde la década de los 50 y se orientó a integrar
a las mujeres en el proceso de desarrollo de los países, considerando su aporte
como recurso no aprovechado. El enfoque buscó dotarlas de recursos jurídicos,
educativos y de salud reproductiva que les permitieran avanzar hacia una mayor
igualdad con los varones, a la vez que convertirlas en agentes activos del desarrollo.
Un aspecto positivo de este enfoque fue que las acciones emprendidas por este
enfoque, influyeron positivamente en ir mejorando la calidad de vida de las mujeres
en tanto como aspecto negativo se identifica que contaron con recursos financieros
y humanos escasos, trataron obtener resultados significativos en periodos cortos de
tiempo, no avanzaron el superar la subordinación de las mujeres ni en modificar los
roles, impactando sustancialmente en las relaciones de género.
Por otra parte, surge con posterioridad, en los años 80, el enfoque Género en el
Desarrollo (GED) producto de la evaluación y reflexión crítica sobre la teoría y
práctica de los modelos de desarrollo y su impacto sobre las mujeres (y hombres).
Este enfoque plantea una nueva propuesta de desarrollo, donde éste representa el
vehículo para el cambio del sistema de género, bajo el supuesto que la planificación
del desarrollo no es neutra no ajena a las desigualdades de género. Así, el sistema
sexo género condiciona las actividades económicas, sociales y políticas.
Este segundo enfoque se centra en la necesidad de considerar los efectos
diferenciales y desiguales de género en las políticas de desarrollo, dirige la mirada
a explicitar los impactos deseados de cada iniciativa de desarrollo, distingue los
intereses y necesidades particulares de las mujeres y los varones, y reconoce que la
diversidad de las relaciones de género (de “mujer” a “mujeres”) influidas por otras
variables: clase social, pertenencia étnica, religiosa, edad.
Por su parte, Moser (1995) en su texto Planificación de Género y Desarrollo, destaca
las desigualdades de género como problema social y político que concierne a todos
los miembros de una sociedad y distingue las necesidades prácticas de género de
las necesidades estratégicas de género.
Asociadas a la redistribución de
poder y recursos.
Necesidades
estratégicas de género
Carencias asociadas a los roles
tradicionales
Necesidades prácticas de género
Moser (1995) identifica como ámbitos de discriminación: división sexual y de
género del trabajo, acceso desigual a los recursos productivos, las limitaciones a la
participación y/o exclusión en los procesos de decisión. Junto con ello define como
condiciones del proceso de planificación: análisis y evaluación ex ante y ex post
del impacto desigual por género de todas las acciones de desarrollo, formulación
explicita de objetivos que consideren necesidades prácticas y estratégicas y el
análisis Costo-beneficios para las mujeres derivados de sus roles tradicionales.
En la última Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
realizada el año 2016, fue aprobada la Estrategia de Montevideo. Este consenso
define que la Agenda Regional de Género “comprende los compromisos de los
Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las
mujeres y la igualdad de género que se aprobaron en las reuniones de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe” (CEPAL, 2017b).
La Estrategia de Montevideo es un acuerdo de carácter regional entre los Estados
miembros de CEPAL, no vinculante jurídicamente pero que representa una
manifestación del compromiso de los Estados y su voluntad para avanzar en una
mayor igualdad y autonomía de las mujeres. Esta estrategia entrega orientaciones
para guiar el proceso de desarrollo los países de la región, poniendo en el centro
la igualdad y autonomía de las mujeres, con énfasis en la puesta en marcha de los
compromisos. Si bien la estrategia es en sí misma no vinculante, está relacionada
con otros instrumentos o convenios internacionales que, si tienen un carácter
jurídico, tales como: la CEDAW, Convención Belén do Pará, o que implica el consenso
de la comunidad internacional, como la actual Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, entre otros.
La Estrategia de Montevideo se define como un instrumento político-técnico que
permitirá dar un salto cualitativo hacia la puesta en marcha y el fortalecimiento
de políticas públicas multidimensionales e integrales para garantizar los derechos
humanos y la autonomía de las mujeres y alcanzar la igualdad de género en América
Latina y el Caribe. Además, este consenso identifica una serie de nudos estructurales
a enfrentar por parte de los Estados de la región: desigualdad socioeconómica y
persistencia de la pobreza, patrones culturales patriarcales discriminatorios y
violentos y el predominio de la cultura del privilegio y división sexual del trabajo e
injusta organización del cuidado.

NIVEL BÁSICO
17
16
La incorporación del tema en la agenda pública da lugar a diversas expresiones
de la política y acción pública. Cuando se habla de políticas públicas de género,
se reconoce que el Estado impulsa orientaciones y acciones respecto a un ámbito
particular de las desigualdades sociales, como son las desigualdades generadas por
las relaciones de género.
Cuando hablamos de la incorporación del tema en las políticas públicas en general,
asícomoenlosprogramasyproductosqueentreganlasinstitucionespúblicasensus
diversos ámbitos de acción, un aspecto importante lo constituyen las estrategias de
acción o intervención. Para ello existen diversos tipos de estrategias de intervención
que constituirán las principales orientaciones de las políticas públicas de género.
Judith Astelarra, quien revisó las políticas de género en la Unión Europea y América
Latina, señaló hace algunos años que “varios han sido los tipos de políticas en
materia de género implementadas, adaptándose a las distintas concepciones
políticas y a las diferencias entre los sistemas políticos y sus tradiciones en cada
país” (Astelarra, 2004, pág. 7).
ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN PÚBLICA
4.
INMUJERES de México (2007) reconoce que las políticas públicas en relación
con la equidad de género pueden clasificarse en tres tipos:
• Políticasciegasalgénero:Aparentementebeneficianatodalapoblación,
pero tienen algún componente que puede excluir
• Políticas específicas “para mujeres”: Usuarias y agregado numérico sin
tomar en cuenta sus necesidades y la transformación de los roles
• Políticas transformadoras o redistributivas de género: Consideran:
necesidades diferenciadas, relaciones que propician una redistribución
más equitativa y democrática de responsabilidades y recursos, replantean
la distribución de roles para reorganizar la carga de trabajo dentro y fuera
del hogar.
ESTRATEGIAS
- Igualdad de oportunidades: Busca garantizar el acceso de las mujeres al
mundo público del que habían sido excluidas (Por ejemplo: garantizar el
acceso a la educación, a la política, etc.).
- Acción positiva: Mecanismo que busca corregir la desventaja inicial de las
mujeres, se denomina también discriminación positiva y busca favorecer a
las mujeres en determinados casos (Por ejemplo, leyes de cuotas, acceso
preferente a programas, etc.).
- Transversalización (“Mainstreaming”): Aplicación de la dimensión de
género en toda la actuación pública (Por ejemplo: incluir el tema en todas
las políticas, planes, programas, etc.).
Fuente: Judith Astelarra (2004). Políticas de género en la Unión Europea y algunos
apuntes sobre América Latina.
Estas políticas corresponden a distintas formas de abordar las desigualdades, han
sido principalmente tres y se mantienen vigentes hasta la actualidad, estas son:
igualdad de oportunidades, acción positiva y transversalización o transversalidad.
Si bien cada una representa una estrategia diferente para abordar las desigualdades
de género, se observa entre ellas una progresión y complementariedad. Así, a
juicio de Astelarra la igualdad de oportunidades apunta a “garantizar el acceso a
las mujeres al mundo público del que habían sido excluidas”; en tanto la acción
positiva “implica un paso más allá, situándose como un mecanismo para corregir
la desventaja inicial de las mujeres”; la transverzalidad, por su parte, “implica la
aplicación de la dimensión de género en toda la actuación pública” (Astelarra, 2004).
Las desigualdades de género provocan otras desigualdades sociales, tales como
mayores índices de pobreza en las mujeres, mayor desempleo, bajas oportunidades
laborales, educativas, etc. Por ello, la mayor equidad de género pasa ser parte
de los objetivos de desarrollo de los países, siendo promovido por la comunidad
internacional mediante diversas reuniones y acuerdos internacionales suscritos
por los Estados revisados en la unidad anterior. Surge también como una demanda
social en los países, donde el movimiento de mujeres ha tenido un rol muy
importante para incorporar y posicionar los temas de género en el debate público.
De este modo, desde el plano tanto interno como externo se comienza a construir
una agenda pública de género en cada país que reconoce (o intenta reconocer) que
los problemas de género son problemas públicos.
A pesar de existir un escenario nacional e internacional que respalda y justifica la
existencia de políticas públicas en materia de género, éstas enfrentan complejos
procesos para su desarrollo. Un desafío inicial es que requieren que los problemas
públicos que buscan solucionar sean reconocidos y legitimados como tales para
luego ser integrados a la agenda pública y surjan consecuentemente propuestas
para su solución. Respecto a la incorporación de los asuntos de género en la agenda
pública e institucional, Virginia Guzmán (2001) señala que “la construcción de
problemaspúblicosyelaboracióndeagendasesresultadodeprocesossociopolíticos
complejos cuya comprensión remite a otros temas, entre ellos: la constitución de
sujetos sociales, elaboración de nuevos marcos de interpretación de la realidad
social, las relaciones de poder entre los distintos sujetos y actores sociales, y el
establecimiento de alianzas”.
La autora, basándose además en las publicaciones de autores tales como Aguilar,
Cobb y Elder, Cobb y Ross, Muller y Surel, plantea que las “agendas públicas están
integradas por todos los asuntos que los miembros de una comunidad política
perciben como asuntos de legítima preocupación, y merecedores de la atención
pública” (Guzmán, 2001, pág. 11). Y es aquí donde los asuntos de género encuentran
CONSTRUYENDO UNA AGENDA PÚBLICA DE GÉNERO
3.
su primer obstáculo en el proceso de política pública: la barrera cultural que puede
impedir que los problemas de género sean temas de legítima preocupación y que
sean integrados efectivamente en las agendas. Esto requiere que previamente
los temas sean comprendidos tanto por la ciudadanía, como los/las funcionarios/
as del Estado y sus gobernantes. Al respecto la autora plantea que “no todos los
problemas considerados asuntos de interés público ingresan a las agendas, su
incorporación depende de la manera en que son interpretados, del poder, los
recursos y las estrategias de los actores que los movilizan, así como también de las
especificidades del ámbito institucional al que se pretende hacer ingresar el tema”
(Guzmán, 2001)
De acuerdo con ello, los asuntos de género encuentran todo tipo de resistencias en
los actores políticos, propias de sus propias construcciones de género y sus marcos
de interpretación y del desconocimiento de sus efectos, que hacen que su camino
de ascenso en el proceso de política pública sea aún más complejo.
LaspolíticaspúblicasdegéneroajuiciodelaCEPALpuedendefinirsecomo“políticas
orientadas explícitamente a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y a
garantizar sus derechos humanos” (CEPAL, 2017). Para ello, el reconocimiento de
los temas de género como problema público es la primera etapa del proceso y dicho
reconocimiento dependerá del grado de consciencia que exista en una sociedad
respecto a las desigualdades, exclusiones, discriminaciones y desventajas que
las construcciones socio culturales de género significarán para los individuos e
individuas de una sociedad.
Solo el reconocimiento de los problemas de género como problemas públicos
implica un lento proceso de cuestionamiento y deconstrucción de la realidad, que
permita visibilizar las desigualdades y sus consecuencias, muchas de las cuales
se asumen como naturales y propias de la “naturaleza” humana. Y en tanto este
objetivo se logra, los tomadores de decisión -ya sea de manera reactiva o proactiva-
comienzan a incorporar el tema en las agendas y a proponer cursos de acción para
enfrentarlos e idealmente solucionarlos.

NIVEL BÁSICO
19
18
MÓDULO 1: EL PASAJE ESTÁNDAR LOREM IPSUM,
USADO DESDE EL AÑO
De acuerdo con ello, la tranversalización de género en el Estado implica una serie
de cambios y transformaciones en la forma en que se gestionan las instituciones en
primer término, y en la forma en que se entregan los bienes y servicios públicos en
segundo. Esto implica todo tipo de cambios: cambios en los funcionarios/as públicos,
cambios en las culturas organizacionales, incluso cambios en los procedimientos y
forma de gestionar los recursos públicos.
En este sentido, varios han sido los ámbitos en los cuales se ha explorado la
integración del enfoque de género en la gestión pública, entre ellos es posible
mencionar algunos ejemplos: gestión de las personas o recursos humanos, gestión
de programas y proyectos públicos, planificación estratégica, presupuestos
públicos, y control de la gestión. Hace algunos años, en el marco del estudio de caso
sobre buenas prácticas de gerencia social del BID, Elizabeth Guerrero planteaba la
pregunta al analizar la experiencia de Chile: ¿cómo se podrían transversalizar con
efectividad dimensiones como la de género mediante mecanismos aparentemente
neutrosylejanoscomoeselcasodeuninstrumentodecontroldegestión?(Guerrero,
2006). Para la autora, transversalizar el enfoque de género en los instrumentos
de control de gestión, en particular el PMG en Chile implicó: “la introducción del
enfoque de género en el ciclo presupuestario, lo que permite integrarlo en la rutina
y procedimientos habituales de la administración pública introduciendo, de manera
permanente, modificaciones en las dinámicas cotidianas de las instituciones y sus
procedimientos estandarizados. A través del control de gestión se afecta las rutinas
y las operaciones de las instituciones públicas, desarrollando también nuevas
capacidades, lo que luego podrá incidir en la definición de políticas” (Guerrero,
2005).
En el caso de Chile, la institucionalidad de género enfocó su trabajó, en primer
término, hacia grupos específicos de mujeres que tenían ciertas características que
los hacían prioritarios y requería de focalización, surgiendo así una oferta pública
específica hacia las jefas de hogar, las víctimas de violencia doméstica, las mujeres
temporeras, etc. De acuerdo con Guerrero (2005) la transversalización, a diferencia
de las políticas o acciones específicas, no supone necesariamente la generación
de nuevas políticas, sino que propone generar cambios en las existentes; la acción
específica en tanto aborda problemas no cubiertos por otras políticas, pero es
necesario considerar a ambas estrategias como complementarias.
En la misma línea, para CEPAL (2017c), las políticas de género han tenido diversas
orientaciones que dan cuenta de las estrategias antes mencionadas “desde que se
comenzaron a implementar políticas públicas destinadas a enfrentar los problemas
originados en la desigualdad de género, estas han transitado de las orientadas a
resolver problemas específicos de las mujeres, o de ciertos grupos, a otras cuyo
objetivo apunta a la igualdad y al pleno ejercicio de los derechos humanos”.
En ese marco, el inicio de las políticas de género en América latina tuvo un énfasis
en la igualdad de oportunidades -centrada en la igualdad del acceso- para luego
dar paso a las acciones positivas enfocadas en la corrección de la desigualdad
inicial avanzando hacia una igualdad más sustantiva que formal (CEPAL, 2016,
pág. 17). Así, las políticas enfocadas en los procesos de transversalización podrían
considerarse políticas de “última generación”. Estas políticas representan un
“avance en las políticas de género” por cuanto en ellas se “reconoce y evalúa el
impacto diferenciado de género de la acción del Estado y han ampliado la actuación
institucional del Estado en torno a la igualdad de género” (CEPAL, 2017c, pág. 18).
Estas estrategias han sido desarrolladas en nuestro país a partir de la creación del
Servicio Nacional de la Mujer, ahora Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. En la actualidad, avanzar
hacia la equidad entre hombres y mujeres, es uno de los objetivos de gobierno, por
ello durante el actual período se continúan y profundizan distintas estrategias en
materia de género. Dentro de ellas, la transversalización del enfoque de género ha
ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en materia de equidad.
Transversalización de Genero en el Estado
a)
En específico, la estrategia de la transversalización de género constituye la más
reciente y extendida política y estrategia, estando orientada fundamentalmente
a incorporar los asuntos de género en todo el quehacer del Estado en su amplio
sentido y alcance. Citando la definición que Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas estableció en el año 1997, la CEPAL señala que la transversalización de la
perspectiva de género se entiende como: “el proceso de valorar las implicancias
que tienen para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique,
ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los
niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de
las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante de la elaboración,
puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en
todas las esferas políticas, económicas y sociales de manera que las mujeres y los
hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad”.
Por su parte, Emanuela Lombardo plantea que el origen de la denominación
de esta política es el mainstreaming de género, que en España se ha traducido
con el término transversalidad y cuyo origen es la Plataforma para la Acción
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas que
se celebró en Pekín en 1995 (Lombardo, 2003). Para la autora la definición más
completa de transversalidad o mainstriming es la planteada por el Consejo de
Europa “Organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación
de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se
incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los
actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” (Lombardo,
2003)
Complementado estas definiciones, recientemente la CEPAL ha señalado que la
transversalización de género en el Estado permite “prestar atención a las cuestiones
de género desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones hasta la fase
de implementación” y por otra parte, esta estrategia permitiría “que las políticas
dejen de ser responsabilidad de los mecanismos de adelanto de las mujeres y se
vuelva responsabilidad […] del Estado en su conjunto” (CEPAL, 2017c).
El desarrollo de las políticas de transversalización de género en el Estado se
ha extendido y entendido como la estrategia más deseable para abordar las
desigualdades, sin embargo, su implementación no ha estado exenta de desafíos
y dificultades, siendo la primera de ellas el tema que se quiere relevar en esta
ponencia: pasar de las políticas públicas con enfoque de género a la gestión con
enfoque de género. Y esto es mucho más que un juego de palabras.
Como se ha mencionado anteriormente, la estrategia de la transversalización
representa muchos desafíos para los Estados y sus administraciones públicas. En
especial porque ya no se trata solo de formular y diseñar políticas desde el Estado
hacia afuera, sino que se trata de introducir cambios dentro del mismo Estado para
que los servicios que entrega sean más pertinentes, inclusivos y no discriminatorios.
Y esto no tiene que ver solamente con las políticas que se formulan o implementan,
sino con cómo se gestionan dichas políticas y con cómo se gestionan las
instituciones.
De acuerdo con Guerrero (2005) la transversalización, a diferencia de las políticas o
acciones específicas, “no supone necesariamente la generación de nuevas políticas,
sino que propone generar cambios en las existentes”. Por su parte Lombardo señala
que, en relación a otras estrategias, la transversalidad implica cinco elementos
claves, y estos evidencian su propia complejidad así como la necesidad de introducir
cambios y transformaciones al interior del Estado. Dichos elementos claves son
(Lombardo, 2003):
• Un cambio en el concepto de igualdad de género, más amplio del existente
• La incorporación de la perspectiva de género en la agenda política
dominante
• La inclusión y la participación de las mujeres en instituciones y procesos de
toma de decisiones
• La prioridad dada a las políticas de igualdad de género y a las que tienen
especial relevancia para las mujeres
• Un cambio en las culturas institucionales y organizativas

NIVEL BÁSICO
UNIDAD 3: POLÍTICAS DE GÉNERO EN ACCIÓN UNIDAD 3: POLÍTICAS DE GÉNERO EN ACCIÓN
21
20
Ya sea como una política
específica de “género” o una
política que intenta integrar
una perspectiva de género en
su diseño e implementación,
es posible analizar si dichas
iniciativas logran avanzar hacia
una “justicia de género”. Para
UNIFEM (2010) la justicia de
género “tiene como propósito
eliminar las desigualdades
entre las mujeres y los hombres
que se producen en la familia,
la comunidad, el mercado y el
Estado; y ello requiere que las
instituciones —desde las que
se administra la justicia hasta
las encargadas de diseñar las
políticas económicas— rindan
cuentas sobre la atención que
dedican a la injusticia y a la
discriminación que mantiene
a multitudes de mujeres en la
pobreza y la exclusión”.
De acuerdo a lo señalado por el Observatorio de Igualdad de Género
de América Latina y el Caribe “es importante, cuando se habla
de políticas justas, comenzar a poner más énfasis en la fase de
evaluación” y “más allá de los objetivos de la misma, lo que debe
primar son los resultados (…) es precisamente este punto uno de los
más débiles en el análisis de políticas, ya sea porque se trata de
políticas recientes y las evaluaciones son incipientes, ya sea porque
los aspectos evaluados no necesariamente están construidos para
dar cuenta del rol jugado por la política en la solución de ciertas
situacionesdeinjusticia”(CEPAL,2012). ParaelloproponeunaMatriz
de análisis para la identificación de políticas justas de igualdad de
género (CEPAL, 2012), que tiene por objetivo facilitar el análisis de
las políticas de género, enfatizando en “su capacidad para enfrentar
la desigualdad socioeconómica, expresada en la distribución injusta
de bienes o recursos; las injusticias legales y culturales que se
manifiestan en el dominio cultural (Fraser, 1996 citado por CEPAL,
2012). El instrumento propone organizar el análisis en torno a las
fases del ciclo de una política y se presenta a continuación:
UNIDAD 3/
Políticas de Género en Acción
HACIA POLÍTICAS PÚBLICAS JUSTAS
1.

NIVEL BÁSICO
23
22
FASES DEL CICLO DE
LA POLÍTICA PÚBLICA
PUNTOS A CONSIDERAR
EN CADA FASE
PREGUNTAS
A. Identificación y
definición de los
problemas públicos a
que responde
B. Formulación/ Diseño
A.1 Marcos de sentido
• ¿Cómo se gestó la política?
• ¿Qué antecedentes se consideraron en la discusión del
problema?
• ¿Quiénes fueron los actores involucrados en la definición
del problema?
A.2 Identificación del
problema
• ¿Cuál es el problema?
• ¿Cómo evolucionará el problema si no se actúa sobre él?
• ¿Qué injusticias específicas se abordan con esta política
pública?
A.3 Identificación de
Injusticias de género
• ¿Qué injusticias específicas viven las mujeres en el ámbito
de acción de esta política pública?
• ¿En cuáles injusticias –redistribución, reconocimiento y/o
representación- se ha considerado actuar?
B.1 Objetivo de la acción
estatal
• ¿Cuál es el objetivo explícito de la política?
• ¿Que persigue la política como efecto y cómo se explicitó?
• ¿Están claramente definidos los sujetos a los que está
destinada?
B.3 Marco político/social
• ¿Quiénes han sido los o las actores políticos sociales
centrales para la formulación de esta política? y ¿cómo
participaron en el diseño de la política?
• ¿Se generan alianzas entre diversos actores para la
aplicación de las políticas justas de igualdad de género,
de tal manera de evaluar las capacidades de generar
consensos sociales y políticos?
• ¿Cuáles fueron los principales elementos/ aspectos en
disputa?
B.2 Marco normativo
• ¿Cuáleselmarcolegalquerespaldalapolíticayquepermite
la exigencia de derechos por parte de sus destinatarias?
FASES DEL CICLO DE
PUNTOS A CONSIDERAR
EN CADA FASE
PREGUNTAS
C. Implementación
C.1 Descripción general
• ¿Quién es el responsable de la implementación?
• ¿Qué medios se usan para asegurar que la política seguirá
el plan trazado?
• ¿Qué pasó en el proceso de implementación en los ámbitos
administrativos, políticos y sociales y la relación entre
estos?
C.2 Transversalidad
• ¿Existe formalización de los acuerdos?
• ¿Considera y/o requiere cambios en la organización del
trabajo y cultura organizacional?
• ¿Se institucionaliza la incorporación de enfoque de género
en distintos instrumentos sectoriales?
• ¿Se generan compromisos de las autoridades?
C.3 Relación sistema
político/sistema
• ¿Cómo se relacionan los distintos sistemas durante el
proceso de ejecución de la política pública?
• ¿Qué intereses priman al momento de la ejecución de la
política?
• ¿Cómoaportanalaconsolidacióndeprocesosdemocráticos
y de justicia de género en el aparato público?
C.4 Información y
difusión
• ¿Cómo se informan los distintos actores institucionales y
sociales de la puesta en marcha de la política?
• ¿Cuáles son los recursos de información de la política?
• ¿Hay recursos de información específicos para las mujeres?
C.6 Desarrollo de
competencias,
capacidades,
habilidades
• ¿Contempla la política planes de formación de
competencias en análisis de género para los funcionarios
públicos relacionados directamente o indirectamente con
los distintos componentes de su aplicación?
C.5 Sostenibilidad
• ¿Cuáles son los recursos administrativos asignados?
• ¿Cuáles son los recursos financieros asignados?

NIVEL BÁSICO
25
24
FASES DEL CICLO DE
PUNTOS A CONSIDERAR
EN CADA FASE
PREGUNTAS
D. Evaluación/ Control y
vigilancia
D.1 Monitoreo
• ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento de la política?
• (mediciones de impacto, sus indicadores, etc.)
• El impacto de la política en las mujeres, ¿es dado a conocer
públicamente por el gobierno?
D.2 Producción de
información
• ¿Existe un mecanismo institucional para la producción de
información en torno a esta política?
• ¿Es pública la información?
• ¿Hay mecanismos legales para exigirla?
• ¿Hay mecanismos para denunciar el no cumplimiento de la
• política?
D.3 Resultados respecto
de los objetivos de la
política
• ¿Qué resultados tuvo la política respecto de los
• objetivos explícitos y los objetivos de justicia de género?
D.4 Avances en justicia
para las mujeres
• En relación a las mujeres ¿esta política es universal, es
decir, incorpora a todas las mujeres?
• ¿Qué injusticias de género han sido resueltas a través
• de la implementación de esta política?
Cabe señalar que en Chile se han desarrollado una serie de iniciativas desde el
Estado en materia de igualdad de género. Según el Banco Mundial y el BID (2007)
especialmente en los últimos años, Chile ha progresado notablemente en el
desarrollo de instituciones públicas, políticas y mecanismos para la promoción de
la mujer y la igualdad de género. A juicio de este organismo, Chile tiene hoy en día
uno de los marcos institucionales para la igualdad de género más desarrollados de
América Latina, que puede servir de ejemplo a otros países. Dentro de las iniciativas
que nuestro país ha desarrollado en materia de equidad de género se encuentran
los siguientes:
Plan de igualdad de oportunidades I (1994-1999): Recoge los principales
compromisos internacionales, sus principales estrategias se fueron gestando en la
práctica. A partir de él se realizaron estudios, que definieron las áreas prioritarias, se
diseñaron y probaron programas sociales específicos y nuevos dirigidos a sectores
de mujeres vulnerables.
PlandeIgualdaddeOportunidadesII(2000-2010):Seformulaparticipativamente
recogiendo la experiencia del primer plan y busca consolidar las políticas de
género en la institucionalidad pública y promover la participación de las mujeres.
Representa un paso hacia la transversalización de género y a partir de él, SERNAM
ha orientado el conjunto de sus políticas y programas. Se estructura en 6 áreas:
Cultura de la igualdad, Derechos de las mujeres, Participación en las estructuras de
poder y adopción de decisiones, Autonomía económica y superación de la pobreza,
Bienestar en la vida cotidiana y calidad de vida y Enfoque de género en las políticas
públicas.
Plan de igualdad de oportunidades III (2011-2020): A partir de la evaluación
del plan II se formula el tercer plan, pero este coincide con el cambio de gobierno,
identificándose como el plan más acotado de los desarrollados en Chile.
INICIATIVAS E INSTRUMENTOS
2.
Planes de Igualdad
a.
A nivel regional, los Consejos Regionales para la Igualdad de Oportunidades
han estado a cargo de la definición de metas y diseño del Plan Regional para la
Igualdad de Oportunidades (PRIO). Está encabezado por el Intendente o Intendenta
Regional y cuenta con la participación de las Secretarías Regionales Ministeriales.
Además, cuenta con mesas técnicas a nivel de gobierno regional involucradas en la
planificación y ejecución de programas y políticas regionales.
Planes y Consejos Regionales para la
Igualdad de Oportunidades:
b.
Constituye un espacio político para supervisar y dar cumplimiento al Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, incorporando políticas
específicas con contenidos de género en Ministerios, Servicios y empresas del
Estado. Está integrado por: Ministerio Secretaría General de la Presidencia (que lo
preside), Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio
del Trabajo y el SERNAM (a cargo de la coordinación técnica política); actúan como
invitados permanentes la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda
y la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de
Gobierno.
El año 2006, en la IX sesión del Consejo, se adopta el acuerdo que cada ministro
nombre a un asesor o asesora Ministerial en materia de género para conformar el
Comité Asesor del Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades. A partir
de ello, se impulsa la conformación de Comisiones Ministeriales coordinadas por el/
la asesora/a ministerial de género.
Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades:
c.

NIVEL BÁSICO
27
26
APLICANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
3.
Las estrategias y los instrumentos desarrollados en Chile para la promoción de
la equidad de género se han implementado progresivamente en el país durante
las últimas décadas. La experiencia ha sido diversa, cobrando fuerza durante los
últimos años la transversalización de género por sobre las otras estrategias. Como
parte de ella, el PMG Sistema Enfoque de Género ha sido uno de los instrumentos
de más amplio alcance por tener implicancias en todas las instituciones públicas.
Dentro de los usos y aplicaciones que se da al enfoque de género en el ámbito
público se encuentran las siguientes:
a. Análisis de Género: Implica observar de manera sistemática los diferentes
impactos y beneficios que tienen las acciones públicas sobre mujeres
y hombres. Este análisis permite tener un diagnóstico de la situación de
mujeres y hombres en un determinado contexto social. Es a través de
este diagnóstico que se obtiene información pertinente y necesaria para
comprender las condiciones que producen la discriminación de las mujeres
ylasbrechasentrelossexos,enrelaciónconlasresponsabilidades,derechos
y beneficios

Para ello se requiere observar de manera sistemática los diferentes
impactos y beneficios que tienen las acciones públicas sobre mujeres
y hombres, y así elaborar un diagnóstico de la situación de mujeres y
hombres en un determinado contexto social. Permite obtener información
pertinente y necesaria para comprender las condiciones que producen la
discriminación de las mujeres y las brechas entre los sexos, en relación con
las responsabilidades, derechos y beneficios
Compromisos Ministeriales (2000):
d.
A partir del Consejo de Ministros se implementaron los Compromisos Ministeriales
de Igualdad de Oportunidades, que son suscritos anualmente por las distintas
entidades que lo componen. Estos compromisos deben ser coherentes con las
prioridades Ministeriales y con el Plan de Igualdad de Oportunidades vigente (2000
– 2010).
Sistema Enfoque de Género - Programa de
Mejoramiento de la Gestión PMG (2001):
e.
En el marco del proceso de modernización del Estado desarrollado en Chile, surge
en el año 1998 el Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG en los Servicios
Públicos, con la implementación de la ley N° 19.553. Su característica principal
es que el cumplimiento de objetivos de mejoramiento de la gestión se encuentra
asociado a un incentivo de carácter monetario para los funcionarios y funcionarias³.
A partir del año 2001, se incorporan modificaciones en la formulación y aplicación
del programa, con el objeto de contribuir al desarrollo de áreas estratégicas para la
gestión pública e incorpora un nuevo sistema al programa: el Sistema Enfoque de
Género.
Su objetivo es incorporar una perspectiva de género en los productos y objetivos
estratégicos que entrega la institución. Consta de cuatro etapas, que deben ser
cumplidas año a año por los servicios, de manera secuencial. Cada año se avanza a
una nueva etapa, sin embargo, cuando esto ocurre, las anteriores deben ser revisadas
y readecuadas en función de los cambios en las prioridades de gestión del Servicio.
De esta forma se ha logrado llegar a ámbitos y sectores que se encontraban ajenos
–al menos en apariencia- a la existencia de desigualdades y discriminaciones hacia
las mujeres.
³ Se establece que el cumplimiento de los objetivos de gestión comprometidos en un PMG anual,
dará derecho a los funcionarios del servicio respectivo, en el año siguiente, a un bono, medido como un
porcentaje de sus remuneraciones. Este incentivo será de un 5% siempre que la institución en la que se
desempeñe haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales
comprometidos, y de un 2.5% si dicho cumplimiento fuere igual o superior a 75% e inferior a 90%.
El PMG como estrategia principal de transversalización de género en Chile
ha implicado, de acuerdo con el “Análisis de las experiencias nacionales de
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y
sostenibilidad de los mecanismos de género” realizado en la XXXIX Reunión de
la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe, un fortalecimiento del mecanismo institucional de género en Chile
(constituido por SERNAM), ya que a esta institución le ha significado una presencia
y posicionamiento mayor en el sector público y del mismo modo, le ha permitido
conocer de mejor manera la realidad institucional del país y las definiciones de
política en todos los ámbitos y sectores de la acción estatal. No obstante, de acuerdo
a lo planteado en la instancia regional, esta tarea ha implicado un gran desafío a la
institución, ya que movilizar una política de transversalización de esta magnitud
implica un gran despliegue de esfuerzos, los cuales han debido enfrentarse con los
mismos recursos existentes.
El sistema Enfoque de Género del Programa de Mejoramiento de la Gestión,
representa una de las principales expresiones de la estrategia de transversalización,
siendo ésta una experiencia destacada a nivel internacional (Banco Mundial y BID,
2007). Fundamentalmente, destaca por introducir en el sistema de incentivos al
desempeñoenelsectorpúblicoloscriteriosdegénero,transversalizandolaequidad
de género como uno de los principios orientadores del proceso de mejoramiento y
modernización de la gestión del Estado.
En octubre del 2005, recibe por parte del BID el primer premio del “Concurso de
políticas, planes y programas nacionales con impacto en la igualdad de género
en América Latina y El Caribe”. El Banco Mundial y el BID (2007) señalan que “la
integración de consideraciones de género en el PMG tiene un gran potencial
para institucionalizar plenamente una perspectiva de género en las operaciones
del sector público de una manera sostenida”. Por ello, es un ámbito que debe
retroalimentarse y perfeccionarse, de modo de generar impactos más sólidos en
relación a los tímidos avances iniciales, pero que se observan en un progresivo
desarrollo.
b. Brechas de género: Identificar la distancia que separa a mujeres y
hombres, respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos
económicos, sociales, culturales y políticos.
c. Perspectiva o enfoque de género: Herramienta de diagnóstico y análisis
para comprender procesos sociales y propiciar acciones públicas que
reconozcan la diversidad y propicien la equidad. Herramienta conceptual
que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan, más
que por su determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas
a los seres humanos.

Analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite entender
que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que
no está “naturalmente” determinada.

Ayuda a comprender más profundamente no sólo la vida de las mujeres,
sino también la de los hombres y las íntimas relaciones que se establecen
entre ambos y cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre
la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación
entre los seres humanos

NIVEL BÁSICO
29
28
Ejemplos PMG
Dentro de las experiencias desarrolladas cabe destacar las siguientes:
• Ministerio del Interior, Subsecretaria de Interior: El desarrollo del PMG
Sistema Enfoque de género ha significado en esta subsecretaría el
desarrollo de importantes avances en materia de Violencia Intrafamiliar
ya que se ha incorporado esta problemática cómo un tema de
seguridad pública. Se incorporó al SERNAM (hoy SERNAMEG) al Comité
Interministerial de Seguridad Pública, como parte del acuerdo suscrito
con la Subsecretaría del Interior. También se le ha incorporado al Comité
Técnico Asesor, espacio de coordinación que se implementa en cada una
de las gobernaciones, al que concurren las autoridades de los servicios
públicos presentes a nivel territorial bajo la dirección del Gobernador.
• Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE: En el
ámbito de la inversión pública regional se ha incorporado el criterio de
género en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
FNDR, que representa en instrumento más descentralizado en materia
de inversión pública.
• Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP: Se han realizados estudios
de evaluación sobre los instrumentos de la institución, atendiendo
a la percepción de las mujeres campesinas y, a partir de ellos, se han
realizado modificaciones para superar las dificultades que tienen las
pequeñas productoras para acceder a ellos.
Todo ello se traduce en acciones que pueden desarrollar las instituciones públicas,
entre ellas, cabe mencionar las siguientes (SERNAM; 2007):
• Formación en el conocimiento de género: analizar con enfoque de género
supone realizar una observación distinta y eso se logra con un cierto
grado de formación y conocimiento sobre el tema, para ello se promueven
actividades de capacitación en la materia.

• Desagregación de datos por sexo: desagregar la información contenida en
registros y bases de datos, constituye un elemento central para identificar
en qué condiciones se encuentran mujeres y hombres que reciben los
servicios o productos que entrega la institución.

• Realización de un análisis de género: Relacionar las diferencias de género,
la división sexual del trabajo, el acceso y control de los recursos materiales
e inmateriales, bases legales para la igualdad/desigualdad de género, los
compromisos políticos, la cultura, las actitudes y los estereotipos que
influyan en el ámbito específico que se quiera analizar.

• Construcción de indicadores de género: tanto cuantitativos como
cualitativos, que muestren las realidades de las mujeres y hombres, los
desequilibrios, sus necesidades, y permitan medir los avances para la
igualdad de género en un ámbito específico
Algunos ejemplos de acciones emprendidas por instituciones públicas en Chile, se
describe a continuación:
• El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y el ex
SERNAM establecieron un convenio para promover la participación
equitativa de las mujeres en los distintos sectores industriales a través
del modelo cooperativo, otorgándoles la posibilidad de usar todos los
beneficios que disponen estas organizaciones con independencia de su
sexo. Una de las acciones realizadas fue la desagregación por sexo de la
información de los participantes en las cooperativas lo que permitió contar
con un mejor diagnóstico del sector.

• La ex Subsecretaría de Planificación y Cooperación, por medio de la
División de Estudios, Planificación e Inversiones, efectuó modificaciones
al Banco Integrado de Proyectos (BIP), lo que permitirá, generar reportes
cuantitativos sobre los beneficiarios proyectados y efectivos de los
proyectos de inversión que hayan incorporado la diferenciación por sexo.

• La Dirección del Trabajo focalizó sus cursos de capacitación en dirigentas
sindicales en salud ocupacional, temas laborales y solución alternativa
de conflictos y realizó estudios específicos sobre la situación laboral de
las mujeres. La Subsecretaría de Previsión Social, realizó diagnóstico
sobre mujer y “trabajo pesado” y junto con el Ministerio de Salud, realizó
un estudio sobre enfermedades profesionales para la reforma de la ley
respectiva; se ha puesto énfasis en la detección de enfermedades que
afectan principalmente a las mujeres en el trabajo.

• El Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS ha realizado esfuerzos
para transversalizar la perspectiva de género en todos sus programas. Las
modificaciones se producen en los siguientes ámbitos: identificación de
factores que facilitan y obstaculizan el acceso de hombres y mujeres a los
mercados a través de la aplicación e diagnósticos de entrada; inclusión
de criterios de equidad de género durante la intervención; disponibilidad
de servicio de guardería durante el periodo de capacitación; participación
de los y las beneficiarias en la definición de los horarios de trabajo;
desagregación por sexo de la información relativa a los/as beneficiarios de
los programas

• El Ministerio de Educación ha desarrollado nuevos programas y currículos,
como es el caso de Educación de Adultos y de Educación Intercultural.
Adicionalmente, ha incorporado nuevos contenidos con enfoque de género
y revisiones de materiales pedagógicos y de apoyo a la docencia en los
niveles de Educación Parvularia y Educación Básica (que incluyó algunas
publicaciones específicas sobre género). Ello con el objetivo de asegurar
que no reprodujeran roles y estereotipos tradicionales de género y
promovieran la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
imaginario colectivo. Asimismo, la Unidad de transversalidad implementó
procesos vinculados a la apropiación curricular con enfoque de género.

• La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM ha realizado acciones
para promover una cultura de equidad entre los géneros, así como eliminar
estereotipos sexistas en su trabajo. Ha incorporado la temática en los
guiones de las visitas guiadas en instalaciones de museos, en exposiciones
sobre mujeres destacadas de la historia de Chile, y en la difusión del
patrimonio cultural con enfoque de género.

• La Dirección de Presupuesto DIPRES incorpora enfoque de género en
algunos instrumentos presupuestarios y de Control de Gestión a su cargo,
constituyendo un ámbito estratégico para la equidad de género, tanto por
su carácter normativo y transversal a todos los servicios públicos, como por
su rol en la asignación y uso de los recursos a los servicios públicos.

CURSO FORMACIÓN DE FORMADORAS EN GÉNERO
NIVEL BÁSICO
BASES CONCEPTUALES DE GÉNERO CURSO FORMACIÓN DE FORMADORAS EN GÉNERO NIVEL BÁSICO BASES CONCEPTUALES DE GÉNERO
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• ___ (2010). ¿Qué Estado para qué igualdad?. XI Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe, Observatorio de igualdad de género de
América Latina y el Caribe, julio.
• CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT (2013). Informe Regional: Trabajo decente
e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo
de las mujeres en América Latina y el Caribe. Santiago.
• DIPRES (Dirección de Presupuesto) (2016). Estadísticas de recursos humanos
del sector público 2006 – 2015, noviembre.
• ___ (2005). Sistema de Control de Gestión y Presupuestos por Resultados: La
Experiencia Chilena, División de Control de Gestión, Santiago, septiembre 2005.
• Guerrero, Elizabeth (2005). Transversalización de la perspectiva de género en
Chile: en la búsqueda de la equidad. Ponencia presentada en el X Congreso
Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública,
Santiago, Chile, 18-21 de octubre 2005.
• ___(2006).TransversalizandolaPerspectivadeGéneromedianteinstrumentos
de control de gestión. BID, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social
INDES.
• Guzmán, Virginia y Sonia Montaño (2012). Políticas públicas e institucionalidad
de género en América Latina (1985-2010). Serie Mujer y Desarrollo CEPAL,
Número 118, octubre 2012.
• Guzmán, Virginia (2001). La institucionalidad de género en el Estado: Nuevas
perspectivas de análisis. Serie Mujer y Desarrollo CEPAL, Número 32, marzo
2001.
• ___ (2003). Gobernabilidad Democrática y Género, una articulación posible.
Serie Mujer y Desarrollo CEPAL, Número 48, octubre 2003.
• Inchaustegui, Teresa (1999). La institucionalidad del enfoque de género
en las políticas públicas: Apuntes en torno a sus alcances y restricciones.
Artículo publicado en Revista de Estudios de Género “La Ventana”, Número 10,
Universidad de Guadalajara, México.
BIBLIOGRAFÍA
• Astelarra, Judith (2004). Políticas de Género en la Unión Europea y algunos
apuntes sobre América Latina. Serie Mujer y Desarrollo CEPAL, Número 57,
septiembre 2004.
• BancoMundial/BID(2007).Integrarlaperspectivadegéneroenlasinstituciones
y políticas públicas en Chile. Diagnóstico de Género - Chile.
• Benavente, M. C., & Valdés, A. (2014). Políticas Públicas para la Igualdad de
Género: Un aporte a la autonomía de las mujeres. Santiago: CEPAL.
• Bentancor, Andrea; Leonardo González y Camila Ureta (2015). Desafíos de
política pública para un crecimiento con equidad de género, noviembre.
• Byrne, Bridget & Koch Laier, Julie (1996). National machineries for women in
development: experiences, lessons and strategies for institutionalising gender
in development policy and planning. Report Nº 36 prepared for the European
Commission, BRIDGE (development - gender), Institute of Development
Studies, University of Sussex, Brighton BN1 9RE, UK.
• CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017a), 40 años
de Agenda Regional de Género (LC/G.2682/Rev.1), Santiago de Chile, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, septiembre.
• ___ (2017b), Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda
Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (LC/
CRM.13/5), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, marzo.
• ___ (2017c), «Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe:
Mapas de ruta para el desarrollo», Observatorio de igualdad de género de
América Latina y el Caribe, Estudios, No. 1 (LC/PUB.2017/1-P), Santiago de
Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, marzo.
• ___ (2016), Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo
sostenible (LC/G.2686/Rev.1), diciembre.
• ___ (2012). Matriz de análisis para la identificación de políticas justas de
igualdad de género, Santiago de Chile, octubre.
• INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres) (2007). Glosario de género,
México.
• Lombardo, Emanuela (2003). El Mainstreaming de Género en la Unión Europea.
Publicado en Aequalitas, Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, Vol. 10-15, Mayo-Diciembre 2003.
• Montaño, Sonia (2006). El Buen Gobierno desde una perspectiva de género.
Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Paridad de Género y
Participación Política en América Latina y El Caribe”, Santiago, octubre 2006.
• Moser, Caroline (1995). Planificación de Género y Desarrollo: Teoría, práctica y
capacitación, Centro de la mujer peruana Flora Tristán, Lima.
• Muñoz, Carolina (2008). Políticas públicas para la equidad de género: La
experiencia chilena. Ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Buenos Aires.
• ONU Mujeres (2014). Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: Declaración
política y documentos resultados de Beijing+5
• PNUD (2006). Estrategia de Transversalización de Género PNUD - Chile 2006-
2007. Documento elaborado por el Área de Estudios de Género de FLACSO
Chile.
• SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer, 2007). Glosario de términos,
Herramientas para el análisis de género.
• ___ (2004). Informe de Seguimiento de la Aplicación de la plataforma de
Acción de Beijing presentado por el Gobierno de Chile ante la División para el
adelanto de la Mujer DAW de Naciones Unidas, abril 2004.
• ___ (2005a). El sistema de enfoque de género del Programa de Mejoramiento
de la Gestión: Una herramienta efectiva para incorporar criterios de equidad de
género en los procesos de gestión pública, Documento preparado por Vincent
Von Borries C. para el Seminario Internacional “Modernización del Estado y
Equidad de Género”. Montevideo, Uruguay. Julio 28 y 29 de 2005.
• ___ (2005b). Sistema de enfoque de género del Programa de Mejoramiento de
la Gestión – Chile. Publicación realizada en el marco del Concurso de Políticas,
Planes y Programas Públicos con impacto en la igualdad de género.
• ___ (2005c). Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
2000-2010: Evaluación primera fase 2000/2005.
• Rico, María Nieves (1995). Género en el desarrollo en el contexto de la
Conferencia de Beijing. En Candia Provoste, Rosa (1995) Equidad de género y
desarrollo local, Documento de trabajo nº 9, Centro de investigaciones sociales,
Universidad ARCIS.
• UNIFEM (2010). Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio

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