El documento discute la responsabilidad del estado por daños especiales, los cuales generan un perjuicio a particulares que supera las cargas normales a las que están sujetos determinados grupos. Un daño especial debe ser indemnizado plenamente por el estado siempre que haya una actuación legítima del estado, un daño antijurídico y una falla en el servicio. El documento también analiza los requisitos para declarar la responsabilidad del estado, cómo romper el nexo de causalidad, y las diferencias entre un daño especial y un riesgo excepcional.