Este decreto reglamenta la presentación y evaluación de estudios de impacto ambiental para proyectos y actividades en la provincia. Establece tres categorías de impacto ambiental (bajo, medio, alto) y requiere que las actividades potencialmente contaminantes presenten un formulario con información sobre sus operaciones y posibles impactos. Además, crea un registro de consultores ambientales habilitados y establece procedimientos para la participación ciudadana, auditorías, seguimiento y sanciones en caso de incumplimiento de normas ambientales.