Este decreto establece las normas y procedimientos para la evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente en Venezuela. Requiere que proyectos en sectores como minería, hidrocarburos, forestal, transporte e infraestructura realicen estudios de impacto ambiental o evaluaciones ambientales específicas. Define términos clave como estudio de línea base, programa de seguimiento y términos de referencia.