Este documento discute por qué el "derecho al olvido" no es un derecho jurídicamente definido en México. Argumenta que la desindexación significa censura previa que viola la libertad de expresión, y que la excepción de interés público es débil. También sostiene que responsabilizar a los medios de comunicación por el contenido es una mala idea, y que existen alternativas como la autorregulación y el derecho de rectificación.