El documento aborda la necesidad de establecer una política penal común entre Estados para combatir la ciberdelincuencia, destacando delitos como el acceso ilícito a sistemas informáticos y la interferencia en datos. Se mencionan legislaciones específicas, como la Ley N° 30096 en Perú, que tipifican estos delitos y prevén sanciones severas. Además, se enfatiza la importancia de la colaboración internacional para adaptar las leyes a las nuevas modalidades de crímenes informáticos y proteger la privacidad de los ciudadanos.