El sistema educativo privado hondureño está en crisis debido a que los tribunales obligan a las escuelas a promover a estudiantes que no cumplen los requisitos o ignorar medidas disciplinarias, violando las leyes educativas. Los directores dicen que los padres usan los tribunales en lugar de seguir los trámites administrativos para favorecer a sus hijos aplazados. La Fiscalía siempre defiende los derechos de los niños, pero los educadores opinan que esto lleva a la impunidad y no enseña la responsabilidad.

1. Educación

2.  El sistema educativo privado hondureño está en crisis por las intervenciones del Ministerio
Público y de los Juzgados que obligan a centros de estudio a promover a alumnos que no
cumplen con los requisitos formales para ser transferidos al siguiente nivel educativo o a
ignorar medidas disciplinarias.
Según directores de escuelas y colegios, los padres han encontrado una vía a través del
Juzgado de la Niñez para obligar a que se desconozcan las sanciones por conductas
inapropiadas de los menores o a que pasen al siguiente nivel aunque eso signifique violar
las leyes educativas y “lo están haciendo con una aplicación indebida de la Convención
de los Derechos del Niño”. En la Fiscalía y en los tribunales señalan que los errados son los
maestros, porque “todos los casos son investigados y siempre priva los derechos de la
niñez”.
La situación fue expuesta por directores de colegios que alegan que hay padres que no
agotan el trámite administrativo y buscan favorecer a sus hijos aplazados haciendo uso de
los tribunales, en vez de encausarlos en el estudio.

3.  “Un niño puede ser sorprendido infraganti cometiendo una falta y no le pasa nada, estamos en una
completa impunidad con la complicidad de los padres y eso es lo grave, ya es una cuestión moral”,
señaló uno de los educadores.
Estas reglas para promover y evaluar a un estudiante no las fijan los centros de educación privada o
pública, sino el Estado a través de la Secretaría de Educación. Sin embargo, “hay una interpretación
distorsionada de la ley”.
Los colegios son cada día más limitados a imponer disciplina. Casos de jóvenes aplazados o expulsados
son llevados a los tribunales para detener la medida académica por una interpretación errónea de la
Convención de los Derechos del Niño, según opinión de educadores. “El argumento de los padres en
estos casos es que se le violenta el derecho a la educación al niño. Incluso hay menores que han
cometido faltas y que conforme a las leyes educativas deben recibir orientación y sanción, porque a
veces cometen hasta delitos, pero a los centros de educación se les obliga que esos alumnos
permanezcan ahí aún en perjuicio del derecho de los otros niños, en aras del derecho superior al niño”,
señaló el representante legal de una de las instituciones.
Esa es una “distorsionada comprensión” de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, ya que la
misma Convención dice, al igual que las leyes hondureñas, que son responsables de la educación de los
niños el Estado, sus maestros, pero principalmente sus padres”, señaló el abogado.

4.  Para más de un director de colegio, la Fiscalía se vuelve protectora de los padres de un niño que ha infringido las reglas del
centro educativo y con esta acción actúa en perjuicio del derecho de los otros menores. “Entonces lo que se les está
enseñando a estos niños es que tienen que infringir las reglas, no los estamos formando para ser ciudadanos respetuosos de
la Ley”.
“Esta situación es responsabilidad de los padres, ellos sí deben ser enjuiciados ante el Juzgado de la Niñez si un menor
reiteradamente ha perdido sus años lectivos o se ha atrasado en sus clases, si es un joven que tiene un problema médico o
al que no se le está dando la debida atención”.
“Y aunque la Convención es muy clara y dice que hay que respetarle los derechos al niño, igual las reglas de
funcionamiento de las instituciones de los centros de
enseñanza también deben de respetarse”, de acuerdo a uno de los directores.
“Por el hecho de que un centro de estudios no promocione a un niño a su siguiente grado no quiere decir que se le está
violando su derecho a la educación, porque si interpretamos eso así entonces no tiene sentido evaluarlos, porque no
importa lo que suceda y eso va contra todo sentido de orden. Lo que se quiere ahora es que se promueva a los niños o
adolescentes a como de lugar, aunque para ello se tenga que ir en contra de los decretos y resoluciones emitidas por el
Estado y se les haga cuantos exámenes hagan falta hasta que pase el grado”.

5.  Atados de manos
El director de un colegio exteriorizó su descontento con la Fiscalía y el Juzgado al interpretar las leyes.
“Cuando un alumno sabe que no hay consecuencias ni una última línea que no debe traspasar, se siente
sin limitación y el sistema de disciplina ya no es efectivo. Con la interpretación de leyes de la Fiscalía no
hay posibilidad para la escuela de otorgar la máxima sanción que es la expulsión, ahora llamada
cambio de ambiente o sea el cambio de escuela.
La apreciación de la escuela es que cuando un alumno no cumpla las reglas es necesario que cambie
de ambiente, pero la Fiscalía cree que es responsabilidad del centro educativo continuar brindando la
educación a este niño”, afirmó.
A su juicio se deben separar las leyes educativas para institutos privados y públicos y se está
malinterpretando lo que significa coartar el derecho a la educación. “Que las leyes para las escuelas
públicas sean las mismas para la privada es un gran problema. La pública sí tiene la responsabilidad del
Estado de proveer educación para los niños del nivel básico, pero hay otras opciones cuando hablamos
de escuela privada. Entonces si a un niño no se le deja entrar en esta escuela puede entrar a otra y ya
no se les está quitando el derecho a la educación con el cambio de ambiente. Si a alguien no le gustan
las reglas en esta escuela puede ir a otra y punto”.

6.  Leyes sobre leyes
Según lo expresado por el director los padres adquieren compromisos contractuales durante la matrícula, pero esto no es
tomado en cuenta por algunos de ellos después.
“El padre firma un contrato que dice específicamente que acepta las reglas de la escuela, pero cuando hay problemas no
toman en cuenta su responsabilidad por haber firmado un contrato, y la Fiscalía sólo dice: no, esto es en contra de las leyes
del país, así que al final es como que no significa nada el contrato que el padre firma”, aseguró.
Tampoco se permite, según el director, a un centro de educación privado tener la libertad de separar a un estudiante,
cuando así se considere conveniente. “Los padres lo que dicen es que un cambio de ambiente es demasiado dramático
para la mentalidad de su hijo. Esto es ridículo, ridículo, pero en la Corte también dicen lo mismo, que es muy dramático”.
Según el director algunos padres han tratado de llegar a los extremos con sus peticiones ante la ley. “Hasta ahora en nuestro
instituto no hemos sido forzados a poner a un niño en el siguiente grado por orden de la Fiscalía. Hemos tenido casos en los
cuales los padres han intentado, pero hasta ahora no ha pasado y esperemos no pase, porque no debería pasar nunca”.

7.  El superintendente dio a conocer cómo son las confrontaciones que se dan con los jefes de familia que pretenden imponer sus
condiciones. “La actitud de algunos es decir:
‘yo puedo hacer lo que sea’, y esa actitud a veces se la pueden transmitir a los hijos. Pero la mayoría de padres y alumnos acatan las
reglas, solamente hay un pequeño grupo con problemas. Los padres llegan primero a la institución y nos dicen: voy a ir a la Fiscalía,
entonces les decimos que están en su derecho legal, pero que si ellos lo hacen, nosotros procederemos también”, concluyó.
Otro de los problemas se presenta con la recuperación de las asignaturas reprobadas. La subdirectora de una institución privada acusó
que algunos papás tratan de manipular las leyes. “Hay un acuerdo hecho por la Secretaría de Educación para los centros de educación
privada y otro para los públicos.
El acuerdo para los privados dice que en los cursos de recuperación ningún alumno podrá cursar más de tres asignaturas y quienes
tengan cuatro o más materias reprobadas deberán repetir el grado.
Pero los padres tratan de usar el oficio de instituciones públicas donde no se da límite para los cursos de recuperación y esto está fuera
de todo orden, porque las leyes de institutos públicos no pueden aplicarse a los privados”.
Para buscar una salida a esta situación se debe iniciar un diálogo e
 ntre Fiscalía y Ministerio de Educación, aunque para los expertos, el problema es a nivel de Fiscalía, porque el Estado tiene muy claro
cuál es su rol y las medidas que deben adoptarse.
La mayoría de problemas se dan en la educación media
Nirma Reyes, directora Distrital de Colegios Privados Bilingües de San Pedro Sula, se refirió a los problemas legales que se están
presentando en estas instituciones.

8.  “En donde encontramos un poquito de dificultades es en la educación media y para este fin nosotros trajimos capacitadores de la
Secretaría de Educación para que directores, secretarios y propietarios de centros educativos privados bilingües conozcan las leyes de
nuestro país”.
La directora distrital detalló los posibles motivos de la problemática.
“Tal vez hay dificultades por el desconocimiento de las leyes, resoluciones y oficios que los centros educativos tienen, pero que ahora
con la capacitación que se les dio están totalmente despejados”.
“Es en la aplicación, más que todo de oficios y circulares, que a veces ellos -los padres- confunden el sector oficial con el sector
privado”, declaró.
Reyes hizo mención del papel que deben jugar los padres en la formación de los adolescentes.
“Recordemos que es la familia quien debe velar por la formación de un joven, pero los padres ahora son permisivos, compensan el poco
tiempo que dan de cariño a los jóvenes con cosas materiales”, expresó.
“Todo caso judicializado se investiga”: Fiscalía de la Niñez
Mayela Rodríguez de la Fiscalía Especial de los Derechos de los Niños y los Adolescentes aseguró que en todo momento actúan basados
en la Ley. “Nosotros no defendemos a un niño porque nos llegó una denuncia y salimos corriendo, sino que primero hacemos una
investigación y después tomamos una decisión o vemos si reúne los requisitos de lo que es un maltrato”.
La abogada manifestó que ellos siempre tratan de conocer la versión de todas las partes involucradas. “Citamos al padre de familia, al
niño o al adolescente, tomamos declaraciones de ellos, pero igual citamos al director del instituto o escuela, o al profesor con el que se
ha dado el problema y los escuchamos y a veces, pedimos la colaboración a la Secretaría de Educación”.

9.  La abogada manifestó que ellos siempre tratan de conocer la versión de todas las partes involucradas.
“Citamos al padre de familia, al niño o al adolescente, tomamos declaraciones de ellos, pero igual
citamos al director del instituto o escuela, o al profesor con el que se ha dado el problema y los
escuchamos y a veces, pedimos la colaboración a la Secretaría de Educación”.
La fiscal respondió a quienes dicen que la Fiscalía interpreta mal las leyes. “La interpretación no la
hacemos ni los fiscales ni los acusadores ni los defensores, pues cuando nos vemos involucrados en un
caso de éstos, el Juez después de escuchar a ambas partes toma la decisión y ve quién se apega más a
la Ley”, dijo.
Afirmó que cuando el trabajo se los permita, ellos están totalmente dispuestos a reunirse con padres y
autoridades educativas para aclararles las dudas sobre las leyes y su aplicación.
“La expulsión no es la única sanción”: Jueza de la Niñez
Belia Torres, titular del Juzgado Primero de Letras de la Niñez de San Pedro Sula, dijo que en todas las
decisiones priva el derecho de los niños y se refirió a los problemas que se dan entre padres y centros
educativos.