La economía informal o sumergida no es un problema, sino una solución que permite a millones de personas ganarse la vida cuando el sistema legal les impide encontrar trabajo debido a su alto costo y regulaciones excesivas. Reducir los obstáculos a la legalidad y los altos impuestos que favorecen la evasión podría reducir la economía informal al permitir que más personas participen en la economía formal.

1. El Desquite de los Pobres
Por Mario Vargas Llosa
Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) unos tres millones de
personas trabajan en España en la economía sumergida, llamada también informal. Esta
elevada cifra no debe sorprender a nadie; es probable, incluso, que el número de españoles
que se ganan la vida al margen de la legalidad sea todavía mayor. Llego a esta conclusión
por un razonamiento simple. Si la desocupación fuera en España lo que indican las cifras
oficiales -21 por ciento de la población activa-, la agitación social en el país sería enorme,
marcada por crisis semejantes, por lo menos, a las que tienen en vilo a Francia, donde el
paro araña sólo el 12 por ciento (nivel, cierto, al que la sociedad francesa no está
acostumbrada), y a Alemania, donde el aumento del paro hasta el 11 por ciento ha
provocado una beligerancia sindical y una ola de huelgas sin precedentes desde la
posguerra. España, en cambio, experimenta desde hace algunos años una paz social
comparable a la de los países más estables de Europa. Una de las razones es, sin duda, que
el paro real es bastante menor de lo que señalan las estadísticas, pues la economía
sumergida emplea a un importante porcentaje de los oficialmente parados.
La economía sumergida era un fenómeno que, hasta el establecimiento de una economía
global interdependiente, parecía exclusivo del subdesarrollo, o de algunos países avanzados
de naturaleza peculiar, como Italia, donde aquélla siempre fue robusta. Hoy en día, la
globalización ha contagiado también al mundo desarrollado la práctica de producir riqueza
y crear empleo fuera del marco legal. Y en Europa se ha extendido el criterio de que el
problema debe ser enfrentado drásticamente, pues la economía sumergida, que no paga
impuestos y burla las leyes, roba rentas al fisco y frena, con su competencia trapera, el
crecimiento de la economía legal.
En verdad, ésta es una manera errada de abordar el asunto. La economía sumergida o
informal no es un problema; es una solución a un problema creado por los obstáculos
artificialmente levantados en una sociedad para que todos los ciudadanos puedan ganarse la
vida decentemente, dentro de la ley. Aunque esta afirmación debe ser matizada en el caso
de ciertas industrias -como las del narcotráfico o las del secuestro, tan prósperas en ciertos
países latinoamericanos- de clara vocación delictuosa, lo cierto es que la existencia de una
importante economía sumergida es, de un lado, una impugnación severísima contra la
injusticia que es impedir, o dificultar, que la gente encuentre trabajo; y, de otro, una prueba
del espíritu creativo y la voluntad de supervivencia de los pobres que, ante la disyuntiva de
respetar una legalidad que los condenaría al hambre o ignorarla y sobrevivir, eligieron esta
segunda opción. Para un buen número de países en el mundo -todos los subdesarrollados,
sin excepción-, gracias a la economía informal, los sufrimientos y el desamparo de las
mayorías no son todavía peores de lo que serían. Pues, en aquellos países, la única

2. economía digna de ese nombre es la informal; la otra, la legal, no es más que el disfraz de
la discriminación, la explotación y el pillaje más descarados.
La gente común no trabaja al margen de la ley porque tenga predisposición delictuosa. Lo
hace cuando el costo de la legalidad está fuera de su alcance, debido al piélago burocrático
que implica una excesiva inversión de tiempo y recursos, o porque los incentivos
económicos para que lo haga son más fuertes que los que la incitan a actuar conforme a la
ley, como, por ejemplo, un régimen impositivo depredador de las actividades empresariales
y profesionales, o un sistema de subsidios de jubilación, enfermedad, invalidez, paro,
etcétera, que estimule el fraude, semejante al que está tratando de reformar en estos días, en
Gran Bretaña, con gran coraje y tremendas dificultades, el laborista Tony Blair.
Trabajar en la ilegalidad conlleva altos riesgos, que sólo un puñado de temerarios corre por
amor al peligro. Significa una permanente inestabilidad para los negocios, lo que impide
planear operaciones a mediano y largo plazo, y abrirse un flanco al chantaje de policías y
otras autoridades corruptas. Pero, sobre todo, implica cerrarse el acceso a los créditos y
demás servicios del sistema financiero, al que sólo abre las puertas la legalidad. Si hay
tantos millones de personas que trabajan en estas condiciones precarias, es porque para la
inmensa mayoría de ellas no hay alternativa, pues, en la sociedad en la que viven, el trabajo
ha dejado de estar al alcance de todos y se ha convertido en un privilegio de minorías
influyentes.
La multiplicación de trabajadores informales en buena parte del mundo es una
demostración de la falsedad de esa tesis paranoica y reaccionaria, según la cual el paro es
una consecuencia luddita, fatídica de la revolución tecnológica, que ha empezado a sustituir
en las fábricas y talleres a los seres humanos por robots. Si así fuera, el trabajo informal
hubiera sufrido tanto o más que el formal. Y, en verdad, sigue gozando de excelente salud,
sobre todo en las economías donde los índices de desocupación oficial son, como en
España, muy altos.
Hay una sola manera de acabar con la economía sumergida, o, al menos, de reducirla a su
mínima expresión. Y consiste en `informalizar' la economía legal, emancipándola del
reglamentarismo asfixiante y reduciendo sus costos hasta hacerla accesible también a los
pobres, y no sólo a quienes, únicamente gracias a su poder económico o su influencia
política y social, están en condiciones de acceder a la onerosa y discriminatoria legalidad.
Conviene citar aquí un instructivo ejemplo. El Instituto Libertad y Democracia, para
averiguar el costo de la legalidad en el Perú, realizó en los años ochenta un experimento.
Fraguó una pequeña empresa a la que inscribió en los registros públicos, siguiendo toda la
tramitación exigida por el Estado. El trámite le demoró un año y, para que no se
interrumpiera, debió pagar coimas en distintas reparticiones oficiales por un monto de
1.200 dólares. Ese mismo trámite de registro de una firma de las mismas características
tomaba, en el Estado norteamericano de Florida, apenas cuatro horas y un coste

3. insignificante. La diferencia explicaba por qué la economía informal era en el Perú
elefantiásica y, en los Estados Unidos, pigmea.
Cuando la burocracia estatal, por su inmoderado crecimiento, paraliza las energías creativas
del ciudadano y, a fin de financiar sus necesidades, se dedica a esquilmar a la sociedad
civil, la economía informal es, para los sectores sociales más desvalidos, el único medio de
supervivencia. Esto vale tanto para las empresas como para los individuos particulares. Si
una tributación alcanza límites confiscatorios, muchas firmas sólo pueden seguir activas
mediante el recurso de informalizar parcialmente sus operaciones. Esto es particularmente
notorio en el mercado del trabajo. En países donde, con el bienintencionado objetivo de
proteger la `estabilidad laboral', se mantiene un mercado de trabajo poco menos que
cautivo, desalentando a las empresas a crecer y experimentar nuevos productos o servicios
por el temor de verse luego, si aquel empeño no tiene éxito, ahogadas por la servidumbre de
una plantilla inútil, los incentivos para esquivar el marco legal son irresistibles. Y, en buena
hora, porque de este modo se alivia algo la gravísima situación en que las llamadas leyes de
protección al trabajador colocan a quienes intentan entrar al mercado laboral y lo
encuentran cerrado a piedra y lodo, convertido en un club muy exclusivo. Por eso, es una
regla sin exclusiones que las sociedades con menos problemas de empleo son aquellas,
como la estadounidense, la británica o la chilena, donde hay menos disposiciones
`protectoras' de la estabilidad laboral. Donde existen, estas disposiciones suelen tener -
como ocurre todavía en Francia y en España- el perverso efecto de estabilizar el empleo
existente, impidiéndole crecer, acto de justicia hacia los ya empleados que castiga con una
terrible injusticia a los jóvenes a quienes, ese sistema proteccionista, condena al paro o, en
el mejor de los casos, a engordar el ejército de los trabajadores informales.
Por eso, cuando en una sociedad el sistema legal es un privilegio al que sólo tienen ingreso
los influyentes y los prósperos, la economía sumergida es un desquite legítimo de los
discriminados y expulsados, esos pobres que, debido a sus limitados recursos y falta de
medios de presión, quedan fuera de aquella selecta cofradía. Por lo demás, pese a trabajar
en la inseguridad y las difíciles condiciones que impone la informalidad, estas economías
`salvajes' suelen servir más rápido, mejor y más barato al consumidor que las que, por
hallarse prisioneras de la cota de malla del reglamentarismo y los altos costes de la
legalidad, se ven a menudo condenadas a ser ineficientes. Aquéllas representan, aunque de
un modo todavía primitivo, esas economías libres que, por la falta de ataduras de que
gozan, transparencia y equidad de las reglas que las rigen, harán en el futuro (para los
países que no rechacen la modernidad) desaparecer a las economías informales como
anticuadas e inútiles.
© Mario Vargas Llosa

4. N° 1498 (08/01/98)