El documento analiza la situación actual del Estado de derecho y los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Se argumenta que el país no vive bajo un verdadero Estado de derecho, sino bajo un modelo neoliberal autoritario que debilita las instituciones democráticas y los derechos. Asimismo, las empresas transnacionales operan con impunidad al margen de la ley, debilitando la autonomía de las comunidades indígenas y sometiéndolas a una "nueva conquista".

1. Estado de derecho y pueblos indígenas
Andrés Cabanas
Presentación en Asociación de Abogados y Notarios Mayas de
Guatemala, Nim Ajpu, 13 de diciembre de 2013.
Buenas tardes. Es un reto hablar de Estado de derecho y pueblos indígenas,
en un contexto de falta de concreción y progresiva restricción de estos
derechos. Podríamos, así, titular esta ponencia "Estado de derecho versus
pueblos indígenas".
El reto para el análisis incluye contradicciones legales, argumentativas y
sobre todo políticas.
Punto de partida: qué entendemos por Estado de Derecho
El ejercicio parte de una comprensión común del Estado de derecho. Este,
según definición de Immanuel Kant, se “rige por un sistema de leyes e
instituciones ordenado en torno de una Constitución. Cualquier medida o
acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita”.
Aunque, añaden los teóricos, no debe confundirse Estado de derecho con
Estado democrático, ambas condiciones deben darse simultáneamente. O
sea, debe haber leyes definidas por la sociedad (el pueblo) en función de los
intereses de esa sociedad.
Así, el Estado de derecho se diferencia de las dictaduras porque en éstas el
deseo del dictador es la base de muchas acciones, que no están mediadas
por una norma jurídica o se hacen en contraposición a las normas jurídicas.
(Aló, Guatemala. Si preguntamos a Otto Pérez Molina qué es Estado de
derecho nos dirá que es la gestión por resultados, o hacer “lo que hay que
hacer”, ambigüedad que presenta como razón de Estado las medidas
destinadas a la acumulación y reproducción política del reducido círculo
gobernante).
Memorial de Guatemala
Análisis crítico de la realidad
www.eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com
memoriagua@yahoo.com
Autor: Andrés Cabanas Díaz
Tercera etapa
Documento número 9
26 de diciembre de 2013

2. Página 2Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 9
En qué momento estamos
No vivimos en un estado de derecho, sino en una fase autoritaria
(reconfiguración autoritaria) en el marco de un modelo neoliberal militarista.
Este modelo, que no inicia pero se fortalece con la llegada al gobierno del
Partido Patriota, se fundamenta en cinco ejes de acción (y de poder):
Uso institucional de la violencia
Remilitarización/poder del ejército
Extractivismo y transnacionalización de la economía
Ideologización neoconservadora
Autoritarismo/centralización del poder.
El parteaguas en este estado de cosas es el golpe de estado de 28 de junio
de 2009 en Honduras (de corte militar y rasgos fascistas), que legitimó
pronunciamientos/gobiernos militares e inauguró una fase de "dictaduras
civiles".
Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la
Universidad de San Carlos, comparte las características principales del
ejercicio del poder político hoy, en Guatemala. Entre otras:
la falacia de la supremacía de la ley,
la democracia judicial (sentencias judiciales que deciden asuntos relativos
al poder político democrático y electo),
el autoritarismo,
el control de los recursos del Estado,
el control ilegítimo de los recursos de las comunidades,
el debilitamiento de derechos,
la existencia de un gobierno de facto y no de derecho,
la ausencia de una visión de país,
la posibilidad de rupturas institucionales.
Además, vivimos y sufrimos en un marco de: persecución sistemática a
organizaciones y comunidades en resistencia, lo que incluye ataques para
debilitarlas y asfixiarlas económicamente; criminalización y judicialización de
la protesta, a partir del control de los operadores de justicia; restricción de
derechos (estado de excepción permanente); institucionalización de la
impunidad y la mentira; gobierno por excepción (compras por excepción,
contrataciones por excepción, estados de excepción) en los que la norma y el
cumplimiento de la ley son eso, excepcionales.
Lex mercatoria: poderes por encima de la ley y los derechos
La lógica de derechos se pulveriza porque el Poder determinante (Alejandro
Teitelbaum) o el Poder configurador (Martin Heidegger), léase el Poder
Corporativo, no es electo ni democrático, y se fundamenta en la legalización

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de la impunidad. Es decir, en un conjunto de “contratos, normas de comercio
e inversiones de carácter estatal, multilateral, regional y bilateral, y de
decisiones de los tribunales arbitrales, que protegen sus intereses, e irradian
a las legislaciones locales” (Juan Hernández Zubizarreta).
Este poder corporativo, que incluye la economía criminal y los actores locales
coaligados, requiere su propia normatividad e institucionalidad. Cuando éstas
no son suficientes como garantía de negocios, desconoce/niega/anula las
decisiones de instituciones.
El entramado jurídico-legal del abuso transnacional se apoya en exenciones
legales (licencias ambientales y otras) y exenciones fiscales (sustituidas por
aportes voluntarios). No existen mecanismos que limiten, auditen u obliguen.
Las formas de control están basadas en la “voluntariedad, la unilateralidad, la
autorregulación y la no-exigibilidad” (Juan Hernández Zubizarreta). Los
mecanismos de evasión de responsabilidad (empresas subsidiarias,
testaferros, opacidad societaria) dificultan la auditoría y las demandas
jurídicas.
La impunidad se convierte en sustento de la expansión económica y reduce el
poder político legítimo (es decir, el gobierno electo y la construcción colectiva
de instituciones, leyes y estado). El Presidente Gerente y el Gobierno gerente
se convierten en operadores de los intereses transnacionales, en un marco de
intereses mutuos:
La crisis económica en Europa determina una ofensiva de expansión
transnacional.
El gobierno patriota, inestable, débil, acaparador, incapaz de construir
consensos y un proyecto colectivo, pierde apoyos –incluso entre elites
económicas- y encuentra su sostén más firme en el respaldo transnacional
y las embajadas de los países amigos, especialmente España.
La matriz ideológica ultra liberal o fascista de la que se alimentan el Partido
Patriota y el Partido Popular, gobernantes en Guatemala y España, facilita
las coincidencias.
Este Gobierno Gerente “se transforma en una oficina otorgante de contratos,
licencias y concesiones… Renuncia a la rectoría económica del país y entrega
a potencia extranjeras y grupos privados la soberanía nacional” (Gilberto
López y Rivas).
En los territorios: un modelo de expansión y una práctica de
explotación
En los territorios, en las comunidades, se perciben procesos de debilitamiento
de la autonomía municipal, de eliminación de la organización propia, la

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democracia y los derechos de los pueblos, de recolonización (nueva
conquista).
El debilitamiento de la autonomía municipal se produce, entre otros, cuando
se pretende eliminar la obligatoriedad de extensión de la licencia de
construcción para las empresas, otorgada por las Municipalidades y
objetivamente factor de control sobre sus acciones, como se ha demostrado
en Santa Cruz Barrillas y en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte
de Energía Eléctrica (torres de transmisión). La iniciativa de Ley para la
constitución de servidumbres legales de transmisión eléctrica, en trámite en
el Congreso, obliga a las Municipalidades a apoyar de forma irrestricta este
Plan y delimita la autonomía municipal a favor del interés nacional y público
determinado por el Estado.
La eliminación de la organización propia, la democracia y los derechos de los
pueblos implica que las empresas y el gobierno pueden avalar o construir
modelos políticos y modelos paralelos de representación y poder comunitario,
cuando los existentes no son funcionales a sus intereses. En Santa Cruz
Barrillas, la empresa impulsó las Asociaciones Microregionales (ONG o grupo
de interés), en detrimento de los Consejos de Desarrollo. O legitimó una
parte de estos (Consejos de segundo nivel) para minimizar la oposición de los
Consejos de primer nivel.
Así, las empresas y el poder económico necesitan modelos políticos propios,
que gestionen la implantación y la acumulación económica. Las formas
democráticas, las leyes y las representaciones comunitarias autónomas no
son funcionales a estos intereses de acumulación.
Las transnacionales aceptan la democracia por corrección política y no por
convencimiento: “Todos los extractivismos, no solamente la minería, son
procesos verticales, que desplazan, que uniforman, que dominan y colonizan.
En esas visiones no existen los colectivos o las plurinacionalidades” afirma el
ecuatoriano Alberto Acosta.
La recolonización de territorios y la nueva conquista no es una figura retórica,
una exageración o una evocación histórica. Se está produciendo: la propuesta
de ciudades modelo, avanzada en Honduras y en gestación en Guatemala
(uno de sus promotores, Michael Strong, es asesor de la Universidad
Francisco Marroquín) entrega porciones de territorio a otro país, “un gobierno
garante”, que lo administra con legislación, fiscalidad y gobierno específicos.
Esta recolonización de territorios, en general este esquema de poder, regresa
a la región a los tiempos previos a la independencia criolla.

5. Página 5Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 9
Cuadro: Un modelo de implantación, al margen del Estado de derecho
Persecución a dirigentes y
organizaciones.
Encarcelamiento, órdenes de captura,
campañas mediáticas de desprestigio, ataques
desde el gobierno (López Bonilla y Otto Pérez
Molina).
Debilitamiento de la
organización comunitaria
(engaños, cooptación, división,
enfrentamiento).
Compra de líderes, amenazas y otros.
Generación de estructuras
comunitarias paralelas (cuando
los Consejos de Desarrollo no
son funcionales a las
empresas).
Ejemplo: Asociaciones microregionales en
Barrillas, formadas por la Cooperación
(programa Decopaz) en los 80. Se constituyen
como representación comunitaria e
interlocutoción para el diálogo. No han
renovado su dirigencia, por lo que son de
hecho ilegales.
Control de los operadores de
justicia para la persecución.
Jueces de Paz, redes de abogados, fiscales,
etc.
Legislación e institucionalidad
favorable a las empresas.
Licencias ambientales (previo a operar),
exenciones fiscales durante 10 años, y otras.
Incumplimiento de la ley y
desconocimiento de la
institucionalidad.
Ejemplo: Municipalidades, cuando no otorgan
la licencia de construcción.
No se respeta el derecho a la
consulta.
En todos los casos.
¿Qué nombre le ponemos a este desastre?
No gozamos de una democracia real, funcional, participativa. No está vigente
un Estado de derecho democrático. Pero tampoco nos gobierna una dictadura
clásica, porque se mantiene el régimen electoral y de partidos, los derechos
formales, la libertad de expresión está apenas amenazada por el miedo al
encarcelamiento.
Isabel Rauber caracteriza este modelo como democracia de mercado, que no
excluye la vía electoral y la pluralidad de partidos:
“Cuando me convienen la democracia y la legalidad, sí, y cuando no me
convienen, no… Se apela a canales legales para poner fin por la fuerza a los
procesos de cambio que se están desarrollando en el continente”.

6. Página 6Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 9
Boaventura de Sousa Santos habla de sociofascismo, porque siguen vigentes
formas democráticas, pero crece el autoritarismo económico, ideológico y
cultural.
A raíz del golpe de estado en Honduras, Emir Sader visualiza la restauración
neoconservadora.
Gustavo Castro nos recuerda la vigencia del gobierno corporativo o la
Corporación Nación.
Para el politólogo Álvaro Velásquez, “El sistema político guatemalteco,
aunque formalmente democrático, dadas las características de las relaciones
de poder establecidas y las formas de funcionamiento del mismo, se
establece que tiene una democracia de élites, o mejor dicho, oligocracia”.
Lejos del Estado de derecho, estamos en una etapa de “constitucionalización
de la soberanía de las minorías”, que en la práctica da continuidad al
proyecto de Pro Reforma e implica el fin del ciclo y el pacto constitucional de
1985, reforzado con los Acuerdos de Paz.
Qué hacer (qué estamos haciendo…)
Frente a la dictadura de los mercados y la pulverización del estado de
derecho, se trata de preservar y promover la democracia de los pueblos, la
democracia raizal y radical, a partir de:
Ejercer el derecho a la resistencia.
Fortalecer la capacidad de decisión de las comunidades.
Reconstruir y fortalecer el poder comunitario.
Generar alternativas al desarrollo transnacional.
Fortalecer la unidad de comunidades, organizaciones y sectores que
enfrentan el sistema actual desde su especificidad y luchas distintivas
(mujeres, jóvenes, otras).
Preservar la cultura, la economía y el territorio, y sus formas de
organización y toma de decisiones (autonomía). Promover poderes
políticos autóctonos, no subordinados a las empresas.
Muchas de estas acciones no son ideas futuras, no son consignas vacías, se
están promoviendo ya desde el ejercicio del poder propio, frente al poder
dictatorial.