La Constitución Española establece que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, como regular el uso del suelo para prevenir la especulación y permitir que la comunidad participe en las ganancias de proyectos de desarrollo urbanístico público. Además, garantiza pensiones adecuadas para las personas de la tercera edad y promoverá su bienestar a través de servicios sociales que atiend