La Constitución Española establece los principios rectores de la política social y económica del país, incluyendo el derecho a la protección social, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente y la vivienda. También define la organización territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, otorgándole autonomía a estas entidades. Se especifican las competencias exclusivas del Estado y las que pueden asumir las Comunidades Autónomas.