Tras la muerte de Franco en 1975, España inició su transición a la democracia. En 1978 se aprobó la Constitución española, estableciendo un sistema democrático de gobierno con una monarquía parlamentaria y reconociendo la autonomía de las regiones. La Constitución divide el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, y garantiza los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.