La ley española de 2013 establece la obligatoriedad del uso de factura electrónica en el sector público para proveedores como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entidades sin nacionalidad española, sucursales extranjeras y agrupaciones empresariales. La ley entró en vigor en enero de 2015 para hacer obligatoria la presentación electrónica de facturas a la administración pública.