El documento habla sobre la Ley de Financiamiento Educativo de Argentina de 2005. La ley establece que el gasto en educación, ciencia y tecnología debe aumentar progresivamente hasta alcanzar el 6% del PIB en 2010, siendo el 60% responsabilidad de las provincias y el 40% del gobierno nacional. También crea el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente y requiere que las provincias reflejen de forma separada los recursos asignados a educación para mayor transparencia.