Nuevos Maestros

1. ¡MAYORES RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA!
JohnAlexanderGómezSerna
SecretarioGeneral de EDUCAL
La ConstituciónPolíticade 1.991definióensusartículos356y357 el mecanismodefinanciación
de la educación preescolar, primaria, secundaria y media, estableciendo el situadofiscal,esto
es, el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación - ICN (fundamentalmente ingresos
tributariosyotro tanto notributarios) que se cedíaa losdepartamentos,municipiosydistritos,
con los cuales también se debía atender la salud. Estos artículos fueron reglamentadospor la
ley 60 de 1.993, en cuyo artículo 10 planteaba que el situado fiscal después de 1.996 debía
disponer como mínimo del 24,5% de los ingresos corrientes de la nación, y los aportes de los
municipiosaestosingresosdebíanincrementarse hastallegara22% en2.002, lo que implicaba
que el situado fiscal ese año y en adelante llegaba a ser del 46,5 de los ICN.
A finales de la década de los 90 se vivía en nuestro país una crisis económica que llevó al
Gobierno de Pastrana a la firma del Acuerdo Stand by con el Fondo Monetario Internacional,
como un requisito para nuevos empréstitosque llevarán al incremento de la deuda externa
colombiana. Los requerimientos para la “estabilización de la economía” tuvieron que ver con
nuevasprivatizaciones,disminuirel déficitfiscal que implicabamenosgastopúblicoymayores
ingresos, por lo tanto, era clave cambiar el esquema del gasto en educación en el país.
En 2.001 se presentael proyectode acto legislativo para reformar los artículos 356 y 357 de la
Constitución. El análisisdel magisterioen ese momentode estareforma lollevaa emprender
una vigorosa lucha nacional por las implicaciones del recorte de las transferencias para la
educación ylasalud. FECODEesderrotadayse impone el actolegislativo01que crea el Sistema
General de Participaciones –SGP de losdistritos,departamentosymunicipios,ratificadoporel
acto legislativo04 de 2.007 donde se adicionaque el SGP no soloatenderálafinanciaciónde la
saludylaeducaciónpreescolar,primaria,secundariaymedia,sinotambiénlosserviciosde agua
potable y saneamiento básico con focalización en la población más pobre, dejando de lado la
universalización de estos derechos fundamentales. Se incorporan como criterios para la
distribución de los recursos la población atendida y por atender (esquema de subsidio a la
demanda), reparto entre poblaciónurbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, equidad y
pobreza relativa (focalización y fiscalismo puro). Y se estableció el crecimiento del SGP con la
inflacióncausadamásunatasa de crecimientoreal del4% en 2.008 y 2.009, del 3,5% en 2.010 y
del 3%entre 2.011 y 2016, yse fijaronunosrecursosadicionalesporcrecimientode laeconomía
superior al 4% y con unos valores cerrados por año para atención a la primera infancia y para
cobertura y calidad (1,8% en 2016).

2. Quedó claro con esta reforma que se desligaron los recursos transferidos a las entidades
territorialesde su base de liquidacióninicial: los ingresos corrientes de la nación – ICN. Según
cálculos realizados por especialistascontratados por FECODE para construir una propuesta de
esquema de financiación de la educación a partir del año en curso, tales como Aurelio Suárez
(2015), si se hubiese mantenidolafórmulaparalastransferenciasde laConstitucióndel91y de
la ley60 del 93, losrecursosen2014 hubiesensidode 51 billones(6,7% del PIB) equivalentesal
46,5% de los ICN. Por lo tanto, las entidades territoriales han dejado de percibir 154 billones
entre 2.002 y 2.014, de los cuales 87 billones eran para la educación. Esto se puede apreciar
claramente en el siguiente gráfico:
Las leyesque reglamentanel SGPysu distribución hacialasentidadesterritorialesporsectores
y por asignaciones espaciales son la ley 715 de 2001, la ley 1122 y 1176 de 2007. Allí se
establecen los porcentajes que se deben entregar cada año mediante los documentos del
DepartamentoNacionalde Planeacióny CONPES,tal comose muestraenel siguiente esquema:

3. Y la distribución del SGP en los años 2016 y 2017 se pueden ver en las siguientes tablas:

4. Por definición legal el mayor porcentaje del SGP, el 58,5%, está destinado para el sector
educación,que para el año 2017 representa20,504 billones. Segúnel estudiorealizadoporel
Grupo de InvestigaciónenSocioeconomía,InstitucionesyDesarrollode laUniversidadNacional
(2017) el SGPen2016 y2017, que corresponde a33 y36 billonesrespectivamente,representan
el 29 y el 31% de los ICN, mientras que si se mantuviese la fórmula inicial del situado fiscal en
estos años debían entregarse por transferencias 52,81 y 55,47 billones, demostrándose así las
grandespérdidasqueseguimosteniendoañotrasañoconlasreformasconstitucionalesde 2001
y 2007. Esta propuesta se estableciócomo transitoria aplicable hasta 2016, por tal motivo,
nuestra Federación viene desarrollando un ampliodebate sobre el esquema de la financiación
de la educación y es un tema que se ha incluido en el Pliego de Peticiones 2017, partiendo de
solicitar al Gobierno Nacional el incremento de los recursos para educación en un 7,5% del
Producto Interno Bruto – PIB, y para ello se viene discutiendoen una comisión técnica, con la
asesoríade profesionalesidóneos,cuál debe serlafórmula,que se debe traducirenlegislación,
para que no se siga disminuyendo el presupuesto de la educación.
Se han planteadovariaspropuestascomo:mantenerel SistemaGeneral de Participaciones con
su crecimiento acorde a la inflación anual causada más un porcentaje adicional que debe ser
superior al estipulado en la actualidad, esto se argumenta debido a la baja de los ingresos
corrientesde la naciónen los últimosañosdebidoa la desaceleraciónde laeconomía ligadaal
decrecimiento de los precios del petróleo y demás mineralesque han sido pilar del modelo
económico impulsado por Uribe y Santos, de tal modo que regresar al situado fiscal que está
sustentado en los ICN representaría una baja en los recursos de la educación. También se ha

5. planteadoque se debe recuperarel acuerdoconstitucional del 91para que las transferenciasa
las entidades territoriales como mínimo representen el 46,5% de los ICN, y de esta manera
avanzar en alcanzar el 7% del PIB para educación como lo señala la UNESCO, así que se debe
plantearunatransiciónparael alzadelSGPyunmecanismopararecuperarafuturolosrecursos
perdidos, protegiendo estos dineros para que no disminuyan en relación al año anterior en
términosreales,independientemente del comportamientode laeconomíay de losICN. Como
elementoclaveparalaargumentaciónenlanegociaciónse planteaprecisarlasnecesidadesdel
sector educativo, determinar el costo de una canasta educativa, donde se valore el rezago del
costolaboral encuantoalosbajossalariosylaformacióndocente. Se debecuantificarlabrecha
real en la financiación del sector educativo, para lo cual se puede tomar como referencia lo
especificado en los siguientes gráficos:
En el marco del propósito del gobierno de Santos de ingresar a la OCDE, se ha asumido de
manera incontrovertible las “recomendaciones” de esta instancia. Algunas han sido prestar
atención a la educación aumentando su presupuesto partiendo de los aportes de los
departamentosymunicipios(recursospropios) excluyendoala nación de esta responsabilidad
(en los hechos menosdinero para la educación); mejorar la calidadcon la jornada única, y por
supuesto, Santos y su Ministra de Educación han venido implementándola sin garantizar las
condiciones óptimas para ello y sin la asignación de los recursos necesarios. Debemos

6. manifestar nuestro rechazo ante la intromisión foránea en la definición de nuestras políticas
educativas, no más imposiciones del FMI, el Banco Mundial y la OCDE.!
La unidad del magisterio en torno al Pliego de Peticiones de FECODE, y en particular en la
exigenciadel aumentode losrecursosparalaeducación,esfundamentaleneste momento,así
como es prioritario establecer una relación directa con las comunidades educativas para
desarrollar un amplio movimiento social por la defensa de la educación pública financiada y
administrada totalmente por el Estado, con condiciones dignas que posibiliten una educación
de calidad, con cobertura total y que aporte a la solución de los problemas nacionalesy del
pueblo. Una nuevapropuestaeducativale aportaráindefectiblemente alaconstrucciónde un
nuevo proyecto de país libre, próspero, democrático y soberano.
La consigna de defensa de la educación pública siempre ha estado presente en las luchas del
magisterio, consigna que se ha vuelto central siempre que ha habido reforma a las
transferenciasparaésta, tal comose diocon el SistemaGeneral de Participacionesenel 2001 y
el 2007. Hoyvuelve aser el centro de lucha, puesel acumuladode estosrecortesha generado
una profunda crisis que se agudiza con políticas improvisadas como la jornada única. Una
jornada única que quieren imponer con hacinamiento; sin la infraestructura necesaria; sin un
bienestarestudiantil pleno;conun enfoque curricular recortadoque dejade ladola educación
integral que incluye la formación académica, lúdica, cultural; y con sobrecarga laboral a los
docentes.
Para solventar la necesidad de docentes que atiendan la jornada única, profundizan la
flexibilización y precarización laboral de los maestros del 1278, como se manifiesta con los
nuevos cargos creados en el Decreto 490 de 2016, los líderes de apoyo, y las nuevas condiciones
de ingreso a la carrera docente expresadas en el Decreto 915 de 2016, todo esto atado a la
jornada única que se reglamenta en el Decreto 501 de 2016. Esto lleva a la diversificación de
las funciones de los docentes, el irrespeto a la idoneidad, el fraccionamiento de la jornada laboral,
la imposición de las asignaciones académicas y de las horas extras, unas remuneradas y otras
no. Por ende, son aspectos principales en esta negociación garantizar el incremento de las
transferencias para la financiación de la educación, las condiciones óptimas para la
implementación de la jornada única y la eliminación de la flexibilización y la precarización de la
labor docente.
Referencias Bibliográficas:
Suárez,A. (2015). Evolución de la economía global,nacional,situación fiscal y SGP. Documento
presentado a la Junta Nacional de FECODE. Bogotá.
Giraldo, C y Ortiz, I. (2017). Transferencias territoriales y financiación de la educación: ¿Ajuste
transitorio o recorte perpetuado?. Grupo de Investigación en Socioeconomía, Instituciones y
Desarrollo – GSEID. Universidad Nacional de Colombia. Presentación realizada para FECODE.
Bogotá.
DepartamentoNacional de Planeación.(2016 – 2017). Distribución de los Recursosdel Sistema
General de Participaciones. Bogotá.