Agentes policiales contratados por la empresa minera Antamina torturaron a 20 pobladores de la región de Ancash, Perú, incluyendo a una mujer embarazada, después de detenerlos sin justificación. Los pobladores fueron llevados a una comisaría dentro del campamento minero y sometidos a interrogatorios y golpizas para obligarlos a admitir su participación en protestas, a pesar de no estar involucrados. La CONACAMI exige la liberación inmediata de los detenidos y denuncia la criminalización sistemática de