El gobierno mexicano anunció una nueva política de crédito agrícola con tasas de interés más bajas y plazos más largos para apoyar a los pequeños productores. Sin embargo, existen desafíos importantes en la implementación debido a la falta de cobertura bancaria en las zonas rurales donde se encuentra la mayoría de los pequeños agricultores. La política debe definir claramente los canales de distribución del crédito y los criterios de elegibilidad para asegurar que los recursos lleguen a los productores más necesitados.

1. El pasado 20 de agosto, el gobierno federal dio un paso urgente en materia de crédito
agropecuario, anunciando crédito para pequeños productores con tasa de interés máxima de
7% anual, montos de crédito de hasta 230,000 pesos y la reducción de requisitos en un 40%. La
política también abarca a las mujeres productoras al estipular que la tasa de interés para ellas
será máximo de 6.5% anual. Asimismo se ampliarán los plazos de pago desde 5 a 15 años, para
que los productores puedan invertir en infraestructura de riego, almacenamiento, redes de frío,
entre otras. Con estas nuevas directrices se pretende canalizar un total de 44 mil millones de
pesos al campo mexicano.
Esto ha sido resultado del diálogo estrecho entre las organizaciones del campo y las autoridades
pero sobre todo, es la rectificación de una política de subsidio al crédito rural que fue eliminada
hace 22 años en el marco de la firma del TLCAN. Cabe señalar que antes de su eliminación, el
19% de los productores tenían acceso al crédito a través de Banrural, mientras que posterior a
esto sólo hubo regresión y empobrecimiento de los productores que tuvieron que competir con
tasas y garantías de mercado sin las estructuras financieras y de mercado que les permitieran
acceso de tal suerte que el Censo Agropecuario de 2007 mostró que sólo 4% (220,000
productores de 5.5 millones) tuvieron acceso al crédito y en 2012, la Encuesta Nacional
Agropecuaria de INEGI indicó que sólo 7.6% (422,400) lograron financiamiento. Esto significa
que posterior a la liberalización del sistema financiero y la firma del TLCAN, el grado de exclusión
de financiamiento llegó a ser de 96% y 92.4%, según las estadísticas respectivas.
Por otra parte, la política anunciada enfrenta importantes desafíos ya que en los años ochenta,
Banrural tenía alrededor de 500 sucursales y, en términos de cobertura, había suficientes
ventanillas al alcance de los productores. En cambio, actualmente las condiciones de cobertura
no son suficientes para la demanda que enfrentará este programa, ya que el 5º Reporte de
Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestra que en municipios
menores a 5,000 habitantes, la banca comercial tiene una cobertura de sólo 1.9%; la banca de
desarrollo de 0.6%; las cooperativas de 4.3%; las microfinancieras de 1.2% y los corresponsales
de 13.2%. Los resultados no mejoran en municipios de 5000 a 15,000 habitantes, ya que la
banca comercial aumenta su presencia a 16.5%. Aunado a esto, en 2012, la banca comercial
otorgó únicamente el 9.2% del crédito rural, mientras que las cooperativas de ahorro y crédito
popular canalizaron el 35.5% y las uniones de crédito el 10.8%.
En este último punto radican los retos de la política pública: 1) definir los canales bajo los cuales
se va a distribuir el crédito y 2) transparentar los criterios de elegibilidad para la población
objetivo.
1.- Definir qué instituciones financieras van a canalizar el crédito no es un asunto menor y puede
hacer la diferencia entre llegar o no llegar a los productores más pequeños que son el 84.35%
del total nacional (productores de menos de 20 hectáreas y de bajos ingresos). En este sentido,
la distribución del crédito no puede ser únicamente por medio de la banca comercial y por lo
tanto, esta política debe abrirse a todo intermediario financiero regulado con presencia en
zonas rurales y más aún, en zonas rurales marginadas en las que predomina el pequeño

2. productor.
Asimismo, este programa no puede conformarse con la oferta actual ya que es insuficiente y no
alcanzará a cubrir las regiones de mayor demanda. Por ello, consideramos que debe ir aparejada
del fortalecimiento de intermediarios financieros rurales con presencia en municipios menores a
15,000 habs. y con vocación para atender productores pequeños como son las sociedades
financieras de base social; así como a través de la creación de brazos financieros en las
organizaciones de productores, lo cual nos remite al segundo reto que es definir a la población
meta.
En este sentido, ser pequeño productor del campo abarca aspectos tanto de un predio menor a
20 hectáres, como de condiciones iniciales que reflejan un menor nivel de ingresos, vivir en
condición de pobreza, alta marginación y activos iniciales precarios, de tal manera que estas
características en conjunto los hacen demandantes de un tratamiento preferencial para el
financiamiento.
Así, la posibilidad de acceder al crédito para los productores más pequeños es la posibilidad no
sólo de capitalizarse, adquirir activos y tecnología adaptada, sino de vincularse a cadenas de
valor, elevar su productividad y generar ingresos sostenidos para romper definitivamente con la
pobreza, pero sobre todo es un complemento inequívoco de la política de desarrollo social y los
subsidios al campo.
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-financiamiento-a-pequenos-productores-desafios-
de-la-implementacion.html