Este documento argumenta que el espacio educativo va más allá del edificio escolar y debe intercambiar con el entorno. Propone que las administraciones públicas doten de recursos e instalaciones públicas que el centro y la comunidad puedan usar mutuamente de forma rentable y no lucrativa. También sugiere que el entorno debe ser humano, cultural y educativo, y que debe haber una cogestión entre administraciones y agentes para vertebrar todo esto.