Este documento propone un plan en 5 años para acabar con la educación privada-concertada en España. Primero, los inspectores verificarían que los centros concertados cumplen la ley y retirarían el concierto a los que no cumplan. Luego, los centros tendrían que optar por ser públicos o privados. Finalmente, se invertiría en las escuelas públicas para mejorar la calidad educativa, integrar al profesorado de centros concertados, y acabar con la segregación del alumnado.