La comisión especial investigó la masacre de Tumeremo, donde 17 mineros fueron asesinados. Los testigos culparon a la banda de "El Topo" y agentes de seguridad. A pesar de las denuncias, las autoridades locales y nacionales negaron los hechos. Luego de protestas, los cuerpos fueron encontrados. La comisión concluyó que la minería en la zona está controlada por bandas criminales con complicidad de funcionarios.
Informe de la Comsión especial AN que investigo los hechos irregulares ocurri...La Causa R
La comisión especial investigó la masacre de Tumeremo, donde 17 mineros fueron asesinados. Los testigos culparon a la banda de "El Topo" y agentes de seguridad. A pesar de las denuncias, las autoridades negaron los hechos. Luego de protestas, los cuerpos fueron encontrados. La comisión concluyó que las bandas criminales controlan la minería en Bolívar con complicidad de funcionarios.
Informe del comisario Jesus Curvelo revela nexos de la Gobernación con pranes...La Causa R
El teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Eduardo Gámez Flores fue denunciado por la compra ilegal de oro y diamantes, llevada adelante con dinero proveniente de empresas públicas venezolanas.
Gámez Florez es el tercer sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, vinculado a actividades ilícitas. El año pasado, otros dos sobrinos de la primera dama de Venezuela fueron condenados por narcotráfico en los Estados Unidos.
De acuerdo con lo que consigna el periódico español ABC, la denuncia fue realizada por quien asegura haber sido testigo directo de las operaciones, el primer teniente Jesús Curvelo, quien se fue del país ante evidencias de que su vida corría peligro.
En un escrito dirigido a la Asamblea Nacional de Venezuela, Curvelo ubica a Gámez Flores en una red dirigida por dos altos mandos del Ejército retirados, el general Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado de Bolívar; y por su comisionado especial para el sur del estado, donde se concentra la mayor parte de la actividad de minería ilegal de oro y diamantes, el también general Julio César Fuentes Manzulli.
El diario afirma que la denuncia apunta a Fuentes Manzulli -de quien el denunciante Curvelo fue ayudante durante 14 años- como el responsable directo de la entrega de armas a bandas criminales que se encargan de la extorsión y la violencia en la zona. También habría hecho encargos de sicariatos. Curvelo afirmó que, para encubrir la entrega de armas, éstas eran declaradas como robadas.
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
Entre el 21 y 27 de febrero de 2005, ocurrió una masacre en San José de Apartadó, Colombia donde fueron asesinadas 8 personas incluyendo 2 menores. El documento detalla los hechos ocurridos como la retención y asesinato de 3 residentes el 21 de febrero y el posterior hallazgo de 5 cuerpos en una finca el 25 de febrero. Además, tropas del ejército mantuvieron retenidas 6 familias e intimidaron a la comunidad. El documento concluye expresando preocupación por la falta de protección
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.
Ejército y Policía de Colombia desacatan el principio de distinción entre pob...Crónicas del despojo
En nuestra labor de apoyo a las Comunidades en resistencia pacífica y noviolenta seguimos recibiendo graves denuncias y constancias históricas por parte de las comunidades que acompañamos.
Las denuncias siguen evidenciando la violencia de los actores armados en contra de pobladores del campo (campesinos, campesinas, afrodescendientes e indígenas) y el desacato, por parte de las Fuerzas Armadas del Estado, de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane Colombia Vive! Onlus
En diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador cometió una masacre contra la población civil en El Mozote y pueblos cercanos en Morazán, matando aproximadamente a 900 campesinos. Los soldados encerraron a los residentes en casas y granjas y sistemáticamente torturaron y ejecutaron a hombres, mujeres y niños. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años hasta que las excavaciones en 1992 confirmaron los hechos. El
Masacre de estudiantes de la Universidad N. M. de San MarcosLevyscu
El estado peruano, que pregona la democracia, asesinó a más de una veintena de estudiantes indefensos, sólo por empezar a protestar ´públicamente contra los abusos criminales del estado burgués. A 26 años de lo sucedido, no hay ningún criminal castigado por esta atrocidad. La prensa vendida, guarda silencio cómplice.Esta letrina de impunidad, se llama "sistema democrático"
Informe de la Comsión especial AN que investigo los hechos irregulares ocurri...La Causa R
La comisión especial investigó la masacre de Tumeremo, donde 17 mineros fueron asesinados. Los testigos culparon a la banda de "El Topo" y agentes de seguridad. A pesar de las denuncias, las autoridades negaron los hechos. Luego de protestas, los cuerpos fueron encontrados. La comisión concluyó que las bandas criminales controlan la minería en Bolívar con complicidad de funcionarios.
Informe del comisario Jesus Curvelo revela nexos de la Gobernación con pranes...La Causa R
El teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Eduardo Gámez Flores fue denunciado por la compra ilegal de oro y diamantes, llevada adelante con dinero proveniente de empresas públicas venezolanas.
Gámez Florez es el tercer sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, vinculado a actividades ilícitas. El año pasado, otros dos sobrinos de la primera dama de Venezuela fueron condenados por narcotráfico en los Estados Unidos.
De acuerdo con lo que consigna el periódico español ABC, la denuncia fue realizada por quien asegura haber sido testigo directo de las operaciones, el primer teniente Jesús Curvelo, quien se fue del país ante evidencias de que su vida corría peligro.
En un escrito dirigido a la Asamblea Nacional de Venezuela, Curvelo ubica a Gámez Flores en una red dirigida por dos altos mandos del Ejército retirados, el general Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado de Bolívar; y por su comisionado especial para el sur del estado, donde se concentra la mayor parte de la actividad de minería ilegal de oro y diamantes, el también general Julio César Fuentes Manzulli.
El diario afirma que la denuncia apunta a Fuentes Manzulli -de quien el denunciante Curvelo fue ayudante durante 14 años- como el responsable directo de la entrega de armas a bandas criminales que se encargan de la extorsión y la violencia en la zona. También habría hecho encargos de sicariatos. Curvelo afirmó que, para encubrir la entrega de armas, éstas eran declaradas como robadas.
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
Entre el 21 y 27 de febrero de 2005, ocurrió una masacre en San José de Apartadó, Colombia donde fueron asesinadas 8 personas incluyendo 2 menores. El documento detalla los hechos ocurridos como la retención y asesinato de 3 residentes el 21 de febrero y el posterior hallazgo de 5 cuerpos en una finca el 25 de febrero. Además, tropas del ejército mantuvieron retenidas 6 familias e intimidaron a la comunidad. El documento concluye expresando preocupación por la falta de protección
La corporación jurídica libertad presenta acontecimientos sucedidos en san jo...Viviana Ramírez
En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.
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En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.
Ejército y Policía de Colombia desacatan el principio de distinción entre pob...Crónicas del despojo
En nuestra labor de apoyo a las Comunidades en resistencia pacífica y noviolenta seguimos recibiendo graves denuncias y constancias históricas por parte de las comunidades que acompañamos.
Las denuncias siguen evidenciando la violencia de los actores armados en contra de pobladores del campo (campesinos, campesinas, afrodescendientes e indígenas) y el desacato, por parte de las Fuerzas Armadas del Estado, de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane Colombia Vive! Onlus
En diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador cometió una masacre contra la población civil en El Mozote y pueblos cercanos en Morazán, matando aproximadamente a 900 campesinos. Los soldados encerraron a los residentes en casas y granjas y sistemáticamente torturaron y ejecutaron a hombres, mujeres y niños. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años hasta que las excavaciones en 1992 confirmaron los hechos. El
Masacre de estudiantes de la Universidad N. M. de San MarcosLevyscu
El estado peruano, que pregona la democracia, asesinó a más de una veintena de estudiantes indefensos, sólo por empezar a protestar ´públicamente contra los abusos criminales del estado burgués. A 26 años de lo sucedido, no hay ningún criminal castigado por esta atrocidad. La prensa vendida, guarda silencio cómplice.Esta letrina de impunidad, se llama "sistema democrático"
La Masacre del Mozote fue una masacre de civiles salvadoreños cometida por el Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en varias aldeas del norte de El Salvador, donde aproximadamente 900 campesinos fueron asesinados. Fue la peor masacre en la historia del hemisferio occidental y a pesar de las pruebas, el gobierno salvadoreño negó que hubiera ocurrido durante años. Sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos han buscado justicia por las víct
Acción urgente "Operativos civico-paramilitares se incrementan en el Urabá y ...Crónicas del despojo
Este documento resume varios incidentes de violencia contra miembros de las Comunidades de Paz en Colombia. Detalla amenazas, detenciones ilegales y abusos por parte de paramilitares y fuerzas militares colombianas contra campesinos en las regiones de Urabá y Curvaradó-Jiguamiandó entre mayo y junio de 2014. Incluye detalles de amenazas de muerte, seguimientos y ataques contra líderes que reclaman la restitución de tierras, a pesar de las denuncias presentadas ante organismos internacional
Este documento proporciona información sobre los Bomberos del Este en Caracas, Venezuela. Detalla la historia del cuartel de bomberos desde su fundación en 1960 hasta la década de 1970, incluyendo eventos importantes como el terremoto de 1967 en el que participaron muchos de los bomberos. También incluye anécdotas personales y lista los nombres de 97 bomberos que actuaron durante el terremoto de 1967.
Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, cambia su versión de los hechos en una nueva declaración ante el juez, admitiendo que mató a Marta pero negando que la violó. Ahora acusa a su amigo Samuel Benítez de deshacerse del cuerpo. La Fiscalía mantiene que Carcaño violó y asesinó a Marta y acusa a los otros imputados de encubrimiento. Los padres de Marta asistieron a la declaración muy afectados.
El informe de la UNASUR encontró que los hechos del 11 de septiembre en Pando, Bolivia, no fueron un enfrentamiento sino una masacre. Funcionarios de la prefectura de Pando, incluyendo al ex prefecto Leopoldo Fernández, fueron hallados judicialmente responsables. El informe es un duro golpe a la impunidad y pide 30 años de cárcel para los autores de la masacre.
Perjuicio antijurídico causado por paramilitares tambien es atribuible al est...coeuropa
El documento presenta el caso de una demanda interpuesta por familiares de 7 personas desaparecidas en 1996 en San Roque, Antioquia. Los demandantes acusan al Ejército Nacional de connivencia con grupos paramilitares que operaban en la zona. Según los demandantes, el Ejército conocía la presencia de los paramilitares pero no actuó para combatirlos, lo que permitió que cometieran la desaparición forzada de los 7 individuos. El Tribunal debe decidir si el Estado es responsable por omisión ante la presencia y acc
Minas de níquel, balas de plomo: Kekchís mayas exigen justicia en Guatemala y...Crónicas del despojo
German Chub se enfrenta al juez y responde calmada y sosegadamente pregunta a pregunta durante el interrogatorio. Con sus brazos se acomoda y se mueve un poco en su silla de ruedas. Gracias a la ayuda de otros hombres jóvenes kekchís mayas subió a la segunda planta del palacio de justicia en Puerto Barrios, una bulliciosa ciudad portuaria al este de Guatemala.
Hace cinco años y medio, Chub estaba jugando al fútbol en la comunidad de La Unión, en el departamento de Izabal, cuando aparecieron los guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una corporación minera, contó ante el tribunal. Chub escuchó un escándalo procedente del hospital propiedad de la compañía y se acercó a la verja que separaba el complejo de la compañía del campo de fútbol para ver qué estaba ocurriendo, dijo.
Este documento resume los detalles de un juicio oral en contra de dos hombres acusados de robo con homicidio. Según la acusación, los hombres interceptaron a la víctima mientras iba en bicicleta, lo tiraron al suelo y le robaron sus pertenencias, causando lesiones que resultaron en su muerte. En la audiencia, los fiscales presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales para sustentar los cargos. La defensa alegó que no se podía probar la participación de los acusados más
Este documento describe la situación en Santa Cruz Barillas, Guatemala después de que el gobierno decretara el estado de sitio en respuesta a protestas contra una hidroeléctrica. Describe los allanamientos violentos de casas por parte de la policía y el ejército que han causado miedo y daños a las comunidades. También critica que los allanamientos no siguen los procedimientos legales y amenazan con más represión, forzando a algunos residentes a huir de sus hogares.
Informe visita humanitaria el Castillo MetaFundación Dhoc
Este documento es el producto del trabajo conjunto y mancomunado de las comunidades del municipio del Castillo, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos (Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado -Movice- , Corporación Reiniciar, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del oriente y centro de Colombia-DHOC- , Coordinación de victimas y familiares del genocidio contra la UP seccional Meta, Federación Nacional Sindical Agropecuaria, FENSUAGRO, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta- SINTRAGRIM-, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CPDH-, La Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Campesinas del Alto Ariari (ATCARI), La Coordinación Nacional de Desplazados C.N.D y la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular- REMA-ACPP.) que, atendiendo el llamado de los pobladores y tras el asesinato del campesino Ever López, el pasado 5 de marzo, en el que habrían estado involucrados miembros del Ejército Nacional, decidieron realizar una visita Humanitaria a la región con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, a fin constatar las denuncias recibidas sobre hechos violatorios y realizar acciones conjuntas.
En este sentido, durante los días 11 y 12 de marzo, se llevó a cabo la visita de verificación de la situación humanitaria de los habitantes de las veredas Caño Lindo y Puerto Esperanza, en el municipio de El Castillo, Meta.
Modelo de informe Policial en Caso de Homicidioemiliacespedes
Informe policial de ejemplo para estudiantes de la policía Nacional ,documento que sirve como ejemplo prohibido copia y pega pues es documento registrado
El juez Jorge Sabaini Zapata dispuso la prisión preventiva de José Manuel Vallejos por ser el supuesto autor del delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra Natalia Laura Berroca. Berroca fue interceptada y agredida con un martillo el 18 de marzo. Testigos vieron a Vallejos golpeándola y huyendo. La policía encontró una mochila y otros objetos con sangre en la casa de Vallejos, incluyendo el martillo presuntamente usado.
La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú lamenta las muertes ocurridas durante enfrentamientos en 2009 y se solidariza con las familias de las víctimas. CONAP exige el respeto de los derechos de los 54 indígenas acusados de delitos como homicidio calificado que enfrentan juicio, dado que pruebas de absorción atómica demostraron que no dispararon armas y que los disturbios fueron generados por fuerzas del orden. CONAP reitera su apoyo a los indígenas procesados y demanda el archivo del caso y
El documento resume la conclusión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, en el que determinó que los 43 estudiantes normalistas fueron ejecutados e incinerados por miembros del crimen organizado Guerreros Unidos, quienes los confundieron con miembros de una banda rival. También menciona la reacción del Presidente Peña Nieto y de los padres de los estudiantes, quienes rechazaron las conclusiones de la PGR. Finalmente, presenta cifras sobre la caída en los ingresos petroleros de México.
El documento resume el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala. Fue emboscado por varios desconocidos cuando se dirigía al aeropuerto. Recibió varios disparos en la cabeza y tórax y falleció en el lugar. Las autoridades guatemaltecas iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.
Guatemala: Las mujeres imprescindibles en la lucha por la memoriaCrónicas del despojo
Este juicio también dejó evidente la disputa del sistema patriarcal por mantener su hegemonía, que se expresa en la dominación masculina evidente en las acciones violentas de hombres de la clase dominante en su mayoría criollos y ladinos, funcionarios de gobierno desde el presidente (ex kaibil señalado también en este juicio) militares, representantes de las cámaras de empresarios y finqueros, dueños de medios corporativos, operadores políticos, abogados bigotones, gritones y misóginos. Todos ellos en un pacto patriarcal, dispuestos a encubrirse los crímenes más atroces.
El documento describe la estructura y características de un informe policial. Explica que un informe policial incluye la fecha, asunto, detalles del incidente, y firmas de los oficiales involucrados. Su objetivo es documentar un incidente de manera objetiva y precisa para fines legales o de cumplimiento.
Este documento resume un artículo de noticias sobre el asesinato de tres periodistas ecuatorianos por parte de disidentes de las FARC en Colombia. Explica que el presidente de Ecuador confirmó los asesinatos y que se retomarán las operaciones de seguridad en la zona fronteriza. También detalla algunas consecuencias como el impacto en la credibilidad del gobierno ecuatoriano y el hecho de que Colombia ha empujado el conflicto hacia la frontera con Ecuador.
Impunidad en caso de Sivio Morales. campesino asesinado en Putumayo en 2004.Coeuropa Cceeu
El documento describe un "falso positivo" cometido por el Batallón Plan Especial Energético Vial No. 9 en 2004 en el que Silvio Morales, un líder campesino, y un ciudadano ecuatoriano fueron asesinados ilegalmente. El coronel Francisco Javier Cruz Ricci, ahora brigadier general del ejército, tenía conocimiento de la ejecución extrajudicial y firmó documentos falsos para encubrir el crimen. La fiscalía está investigando este caso y otros crímenes cometidos durante el mando de Cruz Ricci en la unidad, pero los
Complicidad, cooperación y protección al crimen: la ‘democracia’ que tenemosCrónicas del despojo
Nuestra COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ ha puesto en conocimiento del Presidente de la República, de todas las ramas del poder público y de los órganos pertinentes de la comunidad internacional, entre enero y comienzos de septiembre de 2013, 138 agresiones graves, la mayoría constitutivas de crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional, dada su sistematicidad ininterrumpida durante 16 años, y sin embargo las prácticas criminales se siguen repitiendo con la misma rutina de siempre.
Exposicion de motivos del Proyecto de la Ley Orgánica para protección de la M...La Causa R
El experto en normas ambientales, Alexander Luzardo en su intervención como proponente del Proyecto Ley, indicó que el instrumento tiene como objeto la protección trangeneracional de las reservas insustituibles de agua dulce y biodiversidad ubicadas al sur del Río Orinoco, estados Bolívar, Amazona y Delta Amacuro.
Esto en el marco de los artículos 127, 304 y 327 de la Constitución, así como en los convenios internacionales suscritos y ratificado por la República, los cuales incluyen, los parques nacionales, monumentos naturales, reservas forestales, zonas protectoras, reservas de biosferas, reservas hidráulicas, refugios de fauna y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial(ABRAE), así como las áreas naturales protegidas o áreas de especial importancia decretadas por el Estado venezolano entre los años 1937 -1992.
Asimismo en el texto se detallan otros componentes instaurados o que pudiesen ser creados, cuyos bosques, suelos y procesos ecológicos, son fundamentales para el ciclo hidrológico, la conservación de la diversidad biológica y como sumideros ante la realidad del cambio climático.
Esto con los fines de garantizar la sustentabilidad de la cuenca del río Caroní y de la represa del Guri, Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, centrales hidrológicas que surten de electricidad a más de 65% del Territorio Nacional.
Entre las disposiciones finales del texto se encuentra la prohibición de utilizar mercurio y cianuro en las medias reservas nacional de agua, así como la derogación del decreto 2.248 del 24 de febrero del año 2016, emitido por el Presidente Nicolás Maduro en Consejo de Ministro, denominado: Zona de Desarrollo, Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.
De igual forma proponen la derogatoria del decreto 3.110 Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal – Imataca, entre otros.
Asimismo, la propuesta prohíbe de forma absoluta la participación de efectivos o funcionarios públicos, civiles y militares, sea cual sea su rango en actividades mineras lucrativas o de extractivismos minero, asignación, recepción o manejo directo o indirecto de concesiones de operaciones bursátiles vinculadas con la minería.
Proyecto de la Ley Orgánica para protección de la Mega Reserva NacionalLa Causa R
La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que evalúa e investiga el impacto ambiental y económico que ocasionará la explotación del Arco Minero, se reunió este martes para recibir el Proyecto de Ley Orgánica para Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur Orinoco, y la Amazonia venezolana, propuesta planteada por el exconstituyente Alexander Luzardo.
Así lo informó el presidente de esa instancia parlamentaria, diputado Amérigo De Grazia (Unidad- Bolívar) quien agregó que los integrantes de la Comisión Mixta le encomendaron al autor de las normas ambientales de la Constitución Nacional, como lo es Alexander Luzardo, la tarea Ad honorem de la elaboración de una Ley en función de la protección de todas la áreas que se ven afectadas desde el punto de vista ambiental, hídrico, hidroeléctrico, forestal, hérnico y humano en el sur del estado Bolívar.
Al mismo tiempo De Grazia informó que serán invitados para el próximo miércoles 07 de diciembre, los exministros de Ambiente: Arnoldo Gabaldón, Adalberto Gabaldón, Enrique Colmenares Finol, Ana Elisa Osorio, así como también a Rafael Guzmán, ingeniero egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y a Luisa Villalba, ingeniera de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el propósito de escuchar sus propuestas en relación a una alternativa viable para preservar el ambiente, zonas forestales y los ríos.
Añadió que la Comisión tiene previsto cerrar el informe de forma preliminar este 15 de diciembre del año en curso.
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/16799
La Masacre del Mozote fue una masacre de civiles salvadoreños cometida por el Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en varias aldeas del norte de El Salvador, donde aproximadamente 900 campesinos fueron asesinados. Fue la peor masacre en la historia del hemisferio occidental y a pesar de las pruebas, el gobierno salvadoreño negó que hubiera ocurrido durante años. Sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos han buscado justicia por las víct
Acción urgente "Operativos civico-paramilitares se incrementan en el Urabá y ...Crónicas del despojo
Este documento resume varios incidentes de violencia contra miembros de las Comunidades de Paz en Colombia. Detalla amenazas, detenciones ilegales y abusos por parte de paramilitares y fuerzas militares colombianas contra campesinos en las regiones de Urabá y Curvaradó-Jiguamiandó entre mayo y junio de 2014. Incluye detalles de amenazas de muerte, seguimientos y ataques contra líderes que reclaman la restitución de tierras, a pesar de las denuncias presentadas ante organismos internacional
Este documento proporciona información sobre los Bomberos del Este en Caracas, Venezuela. Detalla la historia del cuartel de bomberos desde su fundación en 1960 hasta la década de 1970, incluyendo eventos importantes como el terremoto de 1967 en el que participaron muchos de los bomberos. También incluye anécdotas personales y lista los nombres de 97 bomberos que actuaron durante el terremoto de 1967.
Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, cambia su versión de los hechos en una nueva declaración ante el juez, admitiendo que mató a Marta pero negando que la violó. Ahora acusa a su amigo Samuel Benítez de deshacerse del cuerpo. La Fiscalía mantiene que Carcaño violó y asesinó a Marta y acusa a los otros imputados de encubrimiento. Los padres de Marta asistieron a la declaración muy afectados.
El informe de la UNASUR encontró que los hechos del 11 de septiembre en Pando, Bolivia, no fueron un enfrentamiento sino una masacre. Funcionarios de la prefectura de Pando, incluyendo al ex prefecto Leopoldo Fernández, fueron hallados judicialmente responsables. El informe es un duro golpe a la impunidad y pide 30 años de cárcel para los autores de la masacre.
Perjuicio antijurídico causado por paramilitares tambien es atribuible al est...coeuropa
El documento presenta el caso de una demanda interpuesta por familiares de 7 personas desaparecidas en 1996 en San Roque, Antioquia. Los demandantes acusan al Ejército Nacional de connivencia con grupos paramilitares que operaban en la zona. Según los demandantes, el Ejército conocía la presencia de los paramilitares pero no actuó para combatirlos, lo que permitió que cometieran la desaparición forzada de los 7 individuos. El Tribunal debe decidir si el Estado es responsable por omisión ante la presencia y acc
Minas de níquel, balas de plomo: Kekchís mayas exigen justicia en Guatemala y...Crónicas del despojo
German Chub se enfrenta al juez y responde calmada y sosegadamente pregunta a pregunta durante el interrogatorio. Con sus brazos se acomoda y se mueve un poco en su silla de ruedas. Gracias a la ayuda de otros hombres jóvenes kekchís mayas subió a la segunda planta del palacio de justicia en Puerto Barrios, una bulliciosa ciudad portuaria al este de Guatemala.
Hace cinco años y medio, Chub estaba jugando al fútbol en la comunidad de La Unión, en el departamento de Izabal, cuando aparecieron los guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una corporación minera, contó ante el tribunal. Chub escuchó un escándalo procedente del hospital propiedad de la compañía y se acercó a la verja que separaba el complejo de la compañía del campo de fútbol para ver qué estaba ocurriendo, dijo.
Este documento resume los detalles de un juicio oral en contra de dos hombres acusados de robo con homicidio. Según la acusación, los hombres interceptaron a la víctima mientras iba en bicicleta, lo tiraron al suelo y le robaron sus pertenencias, causando lesiones que resultaron en su muerte. En la audiencia, los fiscales presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales para sustentar los cargos. La defensa alegó que no se podía probar la participación de los acusados más
Este documento describe la situación en Santa Cruz Barillas, Guatemala después de que el gobierno decretara el estado de sitio en respuesta a protestas contra una hidroeléctrica. Describe los allanamientos violentos de casas por parte de la policía y el ejército que han causado miedo y daños a las comunidades. También critica que los allanamientos no siguen los procedimientos legales y amenazan con más represión, forzando a algunos residentes a huir de sus hogares.
Informe visita humanitaria el Castillo MetaFundación Dhoc
Este documento es el producto del trabajo conjunto y mancomunado de las comunidades del municipio del Castillo, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos (Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado -Movice- , Corporación Reiniciar, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del oriente y centro de Colombia-DHOC- , Coordinación de victimas y familiares del genocidio contra la UP seccional Meta, Federación Nacional Sindical Agropecuaria, FENSUAGRO, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta- SINTRAGRIM-, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CPDH-, La Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Campesinas del Alto Ariari (ATCARI), La Coordinación Nacional de Desplazados C.N.D y la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular- REMA-ACPP.) que, atendiendo el llamado de los pobladores y tras el asesinato del campesino Ever López, el pasado 5 de marzo, en el que habrían estado involucrados miembros del Ejército Nacional, decidieron realizar una visita Humanitaria a la región con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, a fin constatar las denuncias recibidas sobre hechos violatorios y realizar acciones conjuntas.
En este sentido, durante los días 11 y 12 de marzo, se llevó a cabo la visita de verificación de la situación humanitaria de los habitantes de las veredas Caño Lindo y Puerto Esperanza, en el municipio de El Castillo, Meta.
Modelo de informe Policial en Caso de Homicidioemiliacespedes
Informe policial de ejemplo para estudiantes de la policía Nacional ,documento que sirve como ejemplo prohibido copia y pega pues es documento registrado
El juez Jorge Sabaini Zapata dispuso la prisión preventiva de José Manuel Vallejos por ser el supuesto autor del delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra Natalia Laura Berroca. Berroca fue interceptada y agredida con un martillo el 18 de marzo. Testigos vieron a Vallejos golpeándola y huyendo. La policía encontró una mochila y otros objetos con sangre en la casa de Vallejos, incluyendo el martillo presuntamente usado.
La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú lamenta las muertes ocurridas durante enfrentamientos en 2009 y se solidariza con las familias de las víctimas. CONAP exige el respeto de los derechos de los 54 indígenas acusados de delitos como homicidio calificado que enfrentan juicio, dado que pruebas de absorción atómica demostraron que no dispararon armas y que los disturbios fueron generados por fuerzas del orden. CONAP reitera su apoyo a los indígenas procesados y demanda el archivo del caso y
El documento resume la conclusión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, en el que determinó que los 43 estudiantes normalistas fueron ejecutados e incinerados por miembros del crimen organizado Guerreros Unidos, quienes los confundieron con miembros de una banda rival. También menciona la reacción del Presidente Peña Nieto y de los padres de los estudiantes, quienes rechazaron las conclusiones de la PGR. Finalmente, presenta cifras sobre la caída en los ingresos petroleros de México.
El documento resume el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala. Fue emboscado por varios desconocidos cuando se dirigía al aeropuerto. Recibió varios disparos en la cabeza y tórax y falleció en el lugar. Las autoridades guatemaltecas iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.
Guatemala: Las mujeres imprescindibles en la lucha por la memoriaCrónicas del despojo
Este juicio también dejó evidente la disputa del sistema patriarcal por mantener su hegemonía, que se expresa en la dominación masculina evidente en las acciones violentas de hombres de la clase dominante en su mayoría criollos y ladinos, funcionarios de gobierno desde el presidente (ex kaibil señalado también en este juicio) militares, representantes de las cámaras de empresarios y finqueros, dueños de medios corporativos, operadores políticos, abogados bigotones, gritones y misóginos. Todos ellos en un pacto patriarcal, dispuestos a encubrirse los crímenes más atroces.
El documento describe la estructura y características de un informe policial. Explica que un informe policial incluye la fecha, asunto, detalles del incidente, y firmas de los oficiales involucrados. Su objetivo es documentar un incidente de manera objetiva y precisa para fines legales o de cumplimiento.
Este documento resume un artículo de noticias sobre el asesinato de tres periodistas ecuatorianos por parte de disidentes de las FARC en Colombia. Explica que el presidente de Ecuador confirmó los asesinatos y que se retomarán las operaciones de seguridad en la zona fronteriza. También detalla algunas consecuencias como el impacto en la credibilidad del gobierno ecuatoriano y el hecho de que Colombia ha empujado el conflicto hacia la frontera con Ecuador.
Impunidad en caso de Sivio Morales. campesino asesinado en Putumayo en 2004.Coeuropa Cceeu
El documento describe un "falso positivo" cometido por el Batallón Plan Especial Energético Vial No. 9 en 2004 en el que Silvio Morales, un líder campesino, y un ciudadano ecuatoriano fueron asesinados ilegalmente. El coronel Francisco Javier Cruz Ricci, ahora brigadier general del ejército, tenía conocimiento de la ejecución extrajudicial y firmó documentos falsos para encubrir el crimen. La fiscalía está investigando este caso y otros crímenes cometidos durante el mando de Cruz Ricci en la unidad, pero los
Complicidad, cooperación y protección al crimen: la ‘democracia’ que tenemosCrónicas del despojo
Nuestra COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ ha puesto en conocimiento del Presidente de la República, de todas las ramas del poder público y de los órganos pertinentes de la comunidad internacional, entre enero y comienzos de septiembre de 2013, 138 agresiones graves, la mayoría constitutivas de crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional, dada su sistematicidad ininterrumpida durante 16 años, y sin embargo las prácticas criminales se siguen repitiendo con la misma rutina de siempre.
Exposicion de motivos del Proyecto de la Ley Orgánica para protección de la M...La Causa R
El experto en normas ambientales, Alexander Luzardo en su intervención como proponente del Proyecto Ley, indicó que el instrumento tiene como objeto la protección trangeneracional de las reservas insustituibles de agua dulce y biodiversidad ubicadas al sur del Río Orinoco, estados Bolívar, Amazona y Delta Amacuro.
Esto en el marco de los artículos 127, 304 y 327 de la Constitución, así como en los convenios internacionales suscritos y ratificado por la República, los cuales incluyen, los parques nacionales, monumentos naturales, reservas forestales, zonas protectoras, reservas de biosferas, reservas hidráulicas, refugios de fauna y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial(ABRAE), así como las áreas naturales protegidas o áreas de especial importancia decretadas por el Estado venezolano entre los años 1937 -1992.
Asimismo en el texto se detallan otros componentes instaurados o que pudiesen ser creados, cuyos bosques, suelos y procesos ecológicos, son fundamentales para el ciclo hidrológico, la conservación de la diversidad biológica y como sumideros ante la realidad del cambio climático.
Esto con los fines de garantizar la sustentabilidad de la cuenca del río Caroní y de la represa del Guri, Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, centrales hidrológicas que surten de electricidad a más de 65% del Territorio Nacional.
Entre las disposiciones finales del texto se encuentra la prohibición de utilizar mercurio y cianuro en las medias reservas nacional de agua, así como la derogación del decreto 2.248 del 24 de febrero del año 2016, emitido por el Presidente Nicolás Maduro en Consejo de Ministro, denominado: Zona de Desarrollo, Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.
De igual forma proponen la derogatoria del decreto 3.110 Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal – Imataca, entre otros.
Asimismo, la propuesta prohíbe de forma absoluta la participación de efectivos o funcionarios públicos, civiles y militares, sea cual sea su rango en actividades mineras lucrativas o de extractivismos minero, asignación, recepción o manejo directo o indirecto de concesiones de operaciones bursátiles vinculadas con la minería.
Proyecto de la Ley Orgánica para protección de la Mega Reserva NacionalLa Causa R
La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que evalúa e investiga el impacto ambiental y económico que ocasionará la explotación del Arco Minero, se reunió este martes para recibir el Proyecto de Ley Orgánica para Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur Orinoco, y la Amazonia venezolana, propuesta planteada por el exconstituyente Alexander Luzardo.
Así lo informó el presidente de esa instancia parlamentaria, diputado Amérigo De Grazia (Unidad- Bolívar) quien agregó que los integrantes de la Comisión Mixta le encomendaron al autor de las normas ambientales de la Constitución Nacional, como lo es Alexander Luzardo, la tarea Ad honorem de la elaboración de una Ley en función de la protección de todas la áreas que se ven afectadas desde el punto de vista ambiental, hídrico, hidroeléctrico, forestal, hérnico y humano en el sur del estado Bolívar.
Al mismo tiempo De Grazia informó que serán invitados para el próximo miércoles 07 de diciembre, los exministros de Ambiente: Arnoldo Gabaldón, Adalberto Gabaldón, Enrique Colmenares Finol, Ana Elisa Osorio, así como también a Rafael Guzmán, ingeniero egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y a Luisa Villalba, ingeniera de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el propósito de escuchar sus propuestas en relación a una alternativa viable para preservar el ambiente, zonas forestales y los ríos.
Añadió que la Comisión tiene previsto cerrar el informe de forma preliminar este 15 de diciembre del año en curso.
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/16799
Informe preliminar de la comisión mixta para la evaluacion del impacto ambien...La Causa R
El proyecto de Ley para la Protección de la Mega Reserva del Sur del Orinoco que en los próximos días circulará por varias de las comisiones legislativas de la Asamblea Nacional tiene como principal propósito derogar el decreto 2.248 que establece la creación del Arco Minero del Orinoco.
En ese sentido, el instrumento legal busca dejar sin efecto las concesiones mineras otorgadas por el Ejecutivo y suspender el decreto mediante el cual se crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas (Camimpeg), con lo cual se busca prohibir de forma absoluta la participación de militares en actividades extractivas.
Estos tres puntos son especificados en las derogatorias del proyecto de ley, que agrega que los funcionarios públicos civiles y militares -sea cual sea el rango- tendrán prohibido participar en la gestión, operación y cualquier actividad minera lucrativa o de extractivismo minero.
Acuerdo desaprobación Del Decreto del Arco MineroLa Causa R
Este martes la Asamblea Nacional convocó a una sesión especial para debatir la nueva prórroga inconstitucional del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. En el que se aprobó:
1.- Desaprobar decreto 26667 publicado en gaceta 41074.
2.- Denunciar que el decreto profundiza la alteración del orden constitucional y democrático.
3.- Instar a las organizaciones de la ONU, OEA y órganos del Mercosur y Unasur para que contribuyan junto a la AN y pueblo venezolano a poner freno al desmatelamiento de la democracia que se está llevando a cabo por parte del Gobierno.
4. Divulgar el acuerdo
El diputado José Guerra abrió el debate denunciando que detrás de apertura de las casas de cambio en la frontera hay un “guiso” en el que está involucrado el gobernador del estado Táchira.
Igualmente, Guerra aseguró que “este Decreto es simplemente para profundizar un modelo, según el cual 7/10 personas entrarán en situación de pobreza”.
Por su parte, el diputado de Acción Democrática Luis Silva, indicó que “Maduro gobernó 2014 y 2015 con Ley Habilitante y en 2016 el TSJ anuló reforma a Ley del BCV”. Por lo que a su juicio este Decreto es una trampa para regalar la riqueza del Arco Minero y seguir robando al pueblo.
“Maduro ha violado más de 20 leyes con este Decreto. El hambre fue la responsable de los disturbios en Bolívar”, agregó Silva.
Del mismo modo, el parlamentario zuliano José Luis Pirela afirmó que “el Decreto de Emergencia Económica no tiene validez si no es votado por está AN independientemente de lo que sentencie el TSJ”.
Por su parte, Luis Stefanelli indicó que “este Decreto es una medida de un Presidente de facto e ilegítimo que ejerce violando la Constitución”.
Informe del Comisario Lezama del Sebin revela nexos de la Gobernación con pra...La Causa R
Desde 2009, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a varios funcionarios ligados al gobernador Francisco Rangel Gómez y el exsecretario de Seguridad Ciudadana, general Julio César Fuentes Manzulli por presuntos hechos de corrupción.
El comisario José Gregorio Lezama Gómez, quien fue jefe del Comando Anti Extorsión y Secuestros del estado Bolívar y que en enero de 2016 elaboró un informe entregado al director general del Sebin, Gustavo González López, acusa a Rangel Gómez y Fuentes Manzulli de fortalecer a las bandas armadas y de presionar a tribunales y Fiscalía para la liberación de los aprehendidos por hechos irregulares, sin que se curse actualmente una investigación al respecto.
El informe, que data del 26 de enero de 2016, fue entregado a González López, quien fue ministro de Interior y Justicia, por cuanto las denuncias no solo fueron de conocimiento por parte de la institución militar, sino por quien luego ocupara dicho ministerio.
Este informe fue citado por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigó la masacre de Tumeremo, para sustentar las aseveraciones de los diputados sobre los vínculos del gobierno regional con la corrupción, pranes que operan en el estado Bolívar, y por ende, como responsables de la violencia minera.
http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/comunicacion/item/54290-informe-de-comisario-del-sebin-revela-nexos-de-la-gobernacion-con-pranes-mineros-al-sur-del-estado-bolivar
El documento conmemora los 80 años del nacimiento de Alfredo Maneiro, político e intelectual venezolano cuya temprana muerte a los 45 años truncó su prometedor proyecto político. Maneiro atrajo a muchos jóvenes con su inteligencia y convicciones, fundando el partido La Causa R, que 11 años después de su muerte estuvo cerca de alcanzar el poder. Su impronta sigue vigente en Venezuela, y es probable que el país no habría llegado a su actual catástrofe de no ser por su tempran
La Comisión Colombiana de Juristas expresa su preocupación por 3 eventos recientes relacionados con el caso Blanquicet en Urabá: 1) el asesinato de Juan Agustín Jiménez, quien reclamaba tierras en la región; 2) las amenazas de José Vicente Cantero a víctimas representadas por la CCJ; y 3) la interrupción de una reunión con víctimas debido a la presencia intimidante de Cantero. La CCJ hace un llamado a las autoridades para que investiguen estos hechos, protejan a las ví
1) Cincuenta y dos personas indígenas y mestizas están siendo juzgadas por la muerte de doce policías durante enfrentamientos en 2009, a pesar de que no hay pruebas suficientes de su culpabilidad.
2) Los reclamos indígenas que llevaron a los enfrentamientos, relacionados a la defensa de sus territorios ante decretos que facilitaban la explotación extractiva, seguían sin ser atendidos 7 años después.
3) La mayoría de informes e instituciones nacionales e internacionales
El documento resume la grave situación de conflicto social y violaciones a los derechos humanos que sufre la población de Tumaco, Colombia entre septiembre y noviembre del 2000. Los paramilitares llegan a la región y comienzan una ola de asesinatos selectivos con connivencia de algunos miembros de la policía y el ejército. La diócesis denuncia los hechos y pide protección a las autoridades sin mucho éxito. Líderes sociales y docentes deben abandonar la ciudad ante graves amenazas contra sus
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Este documento describe un desplazamiento forzado de 40 familias en Las Flores, Chiapas, México. Fueron atacadas y sus casas quemadas por más de 600 personas de un ejido vecino y presuntamente policías. Quedaron sin hogar ni pertenencias. Se solicita protección para las familias y que se investiguen los responsables, ya que se cree que el gobierno estatal y empresas mineras están detrás del ataque para allanar el camino a la minería. Las familias ahora viven como refugiados en condiciones precarias y
Acto público de perdón, revíctimizó a familiares de persona ejecutada extraju...coeuropa
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CASO DIGNA OCHOA Y FAMILIARES VS. MÉXICO.pptxgunshot4
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Las tropas del ejército salvadoreño llegaron en 1981 al pueblo rural de El Mozote buscando insurgentes. Reunieron a los residentes, separando hombres, mujeres y niños, y procedieron a torturar y ejecutar sistemáticamente a más de 200 personas durante dos días. A pesar de las pruebas, incluidas las exhumaciones de 1992, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años y sigue sin haber justicia para las víctimas.
La masacre de El Mozote fue una masacre de civiles cometida por el batallón Atlacatl del ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en El Mozote y pueblos cercanos, donde aproximadamente 900 campesinos fueron asesinados. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años. En 1990 se presentó una denuncia ante la justicia salvadoreña, pero el gobierno ahora afirma que es imposible determinar responsabilidades debido a la falta de archivos y a una ley
La masacre de El Mozote fue una masacre de civiles cometida por el batallón Atlacatl del ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en El Mozote y pueblos cercanos, donde aproximadamente 900 campesinos fueron asesinados. A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño negó la masacre durante años. En 1990 se presentó una denuncia ante la justicia salvadoreña, pero el gobierno ahora afirma que es imposible establecer responsabilidades debido a la falta de archivos y a una le
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Milei baja su imagen en catorce provinciasEconomis
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Informe final de la comisión especial de la Asamblea Nacional que estudió la desaparición de los mineros de Tumeremo
1. 1
COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGA LOS HECHOS IRREGULARES OCURRIDOS
EN LAS ZONAS MINERAS DEL MUNICIPIO SIFONTES DEL ESTADO BOLÍVAR
INFORME FINAL
Corresponde a esta Comisión Especial, conformada por los Diputados AMÉRICO DE
GRAZIA, Presidente; LUIS SILVA, Vicepresidente; OLIVIA LOZANO, RACHID YASBEK y JOSÉ
HERNANDEZ, presentar a la Plenaria de la Asamblea Nacional este INFORME FINAL
contentivo de las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación sobre los
acontecimientos que conmocionaron a la población del Municipio Sifontes del Estado
Bolívar y, por su repercusión, a Venezuela entera; conocidos públicamente como “la
masacre de Tumeremo”.
DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL
Ante las denuncias presentadas por testigos y pobladores locales, divulgadas por medios
de comunicación y recibidas por diputados de esta Cámara, sobre la posible desaparición
física masiva de personas relacionadas con la explotación minera en el ámbito territorial
del municipio Sifontes del Estado Bolívar, esta Asamblea Nacional acordó en sesión
ordinaria de fecha 8 de Marzo del año en curso, la creación de la presente Comisión
Especial a los fines de investigar los hechos, en uso de sus atribuciones constitucionales
contenidas en los artículos 193, 223 y 224 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
2. 2
DEL OBJETO DE LA COMISIÓN ESPECIAL
Desde su primera reunión ordinaria los integrantes de esta Comisión Especial
establecieron el marco de trabajo para lograr los siguientes objetivos: 1) Contribuir útil y
oportunamente al propósito de conocer la verdad de los hechos, de modo solidario con
los familiares de las víctimas, y la población de Tumeremo; verdad que empezaba con el
hecho de que un gran número de mineros fueron vilmente asesinados y que el individuo
conocido como alias “El Topo” estaba involucrado. 2) Contribuir a que se materialice el
hallazgo de los cuerpos y la posterior identificación de cada uno de los mismos. 3) Ayudar
a determinar los autores materiales así como los instigadores intelectuales de los hechos.
4) Intentar identificar las causas que generaron dichos eventos, en la búsqueda de evitar
que se repita un suceso similar. 5) Ayudar a establecer las responsabilidades penales de
los involucrados, exigir y velar por que se apliquen las sanciones judiciales
correspondientes. 6) Aportar sugerencias en relación a un plan adecuado de
ordenamiento de la actividad minera, que contribuya a lograr que ésta se desarrolle ajena
a bandas y a organizaciones de carácter criminal. 7) Proponer elementos que contribuyan
al diseño de una política minera acertada, en armonía con el ambiente y con la
preservación de nuestros ríos y grandes reservas forestales.
DE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CREACIÓN DE ESTA COMISIÓN ESPECIAL
El viernes 4 de marzo 2016 en horas de la noche, los habitantes de Tumeremo, Municipio
Sifontes del Estado Bolívar, recibieron noticias que alertaban sobre una presunta masacre
en el fundo Atenas ejecutada por la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El
Topo”, a raíz de lo cual decidieron acudir al Hospital de la entidad y otras dependencias
oficiales, incluidas la sede de la Policía del Estado Bolívar, la comandancia del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB), a fin de solicitar ayuda y obtener posibles respuestas sobre la
condición de los familiares de los que hasta el momento no tenían noticias; sin embargo,
los funcionarios de guardia hicieron caso omiso a la exigencia de búsqueda y de registrar
el hecho, negándose a actuar bajo el alegato de tener órdenes de acuartelamiento
provenientes de Caracas. (Anexo1)
3. 3
El sábado 5 de Marzo, a tempranas horas de la mañana, vecinos y familiares de personas
que no llegaron a sus hogares el día anterior, luego de constatar la parálisis de los
organismos de seguridad del Estado, decidieron cerrar el paso de la Troncal 10 –carretera
que une a Venezuela con Brasil– para hacer públicas sus denuncias y exigencias. (Anexo2)
Al lugar se hicieron presentes los medios de comunicación, el Alcalde Carlos Chancellor
Ferrer, el Diputado electo por el Estado Bolívar ante la Asamblea Nacional, Amerigo De
Grazia (Anexo 3) y fue entonces cuando se empezó a tener conocimiento a nivel nacional
e internacional de la tragedia ocurrida en la entidad y comenzaron las muestras de
solidaridad con los familiares de las víctimas y desaparecidos, con testimonios similares
sobre prácticas criminales con precedentes en todas las zonas mineras del sur del Estado
Bolívar: Ikabarú y la Gran Sabana, Las Claritas, El Dorado y Tumeremo en el Municipio
Sifontes; en el Callao, en Guasipati y el Miamo del Municipio Roscio; el Manteco en el
Municipio Piar; La Paragua en el Municipio Angostura y lugares apartados de los
Municipios Sucre y Cedeño al oeste del Estado Bolívar.
Un reporte del Diputado Amerigo De Grazia permite establecer cómo desde los primeros
momentos, y a través de su persona, la Asamblea Nacional empieza a ser contactada.
(Anexo 4)
Según su propio relato, el parlamentario recibió a las 5:45 a.m. del día sábado 5 de marzo,
una llamada de su amigo JJ COELLO desde Tumeremo, quien con la frase “Amérigo, me
mataron a mi hijo”, le ofreció las primeras informaciones sobre el hecho y lo motivó a
dirigirse a esa localidad.
Una vez llegado a Tumeremo el Diputado pudo constatar que la protesta se desarrollaba
ante la indiferencia de los cuerpos de seguridad. Al exigir conversar con los manifestantes
le presentaron a un testigo que le aseguró haber estado presente en dicha masacre, haber
presenciado cómo, según sus propias palabras, “los mataron uno por uno”, y aseguró
haber contado 28 cadáveres que fueron sacados en un camión de volteo color azul. El
testigo alegó que pudo reconocer, entre esa cantidad de muertos, a 17 lugareños de
Tumeremo y aseveró que alias “El Topo” y su gente, estaban acompañados de agentes del
CICPC, SEBIN, GNB y OLP que iban vestidos con uniformes negros portando armas largas,
pistolas y chalecos. De igual manera, el testigo le informó al Diputado que el individuo
conocido como “El Topo” recibió varias llamadas telefónicas de alguien a quien se refería
como “Patrón”, mientras le reportaba el número de ejecutados y cómo, según su
testimonio, en horas de la noche se llevaron los cadáveres a la mina de Hoja de Lata.
Ese mismo sábado 5 de marzo, los presentes en el cierre de la vía le dictaron al Diputado
De Grazia los nombres de las personas que reportaban como desaparecidas (Anexo 5), al
4. 4
tiempo que los familiares iban colocando sus fotografías en una gran pancarta al borde de
la carretera (Anexo 6); lo que permitió hacer de conocimiento público la tragedia de la que
fueron víctimas:
José Ángel Ruiz Montilla
Néstor De Jesús Ruiz Montilla
José Armando Ruiz Montilla
Mary Dalia Ruiz Muñoz
Mariellys Ruiz Muñoz
Ángel Ignacio Trejo
Roger José Romero Ángel
José Gregorio Nieves Aguinagalde
Jesús Alfredo Aguinagalde González
Keiner Zambrano
Gustavo Guevara Aguinagalde
José Gregorio Romero Ara
Junior Henrique Romero Ara
Cristobal José Heredia Caña
Luis Díaz Guzmán
Jairo Rodríguez
Carlos José Carvajal Custodio
Muchos medios no se atrevieron a abrir sus micrófonos para narrar el dolor de los
familiares; sin embargo, cabe reconocer la disposición de Globovisión a transmitir cuanto
denunciaban los familiares de las víctimas, permitiendo que se fuera tejiendo toda una red
de solidaridad local, regional, nacional e internacional que ayudó, al menos, a que
aparecieran los cadáveres de los 17 ciudadanos reclamados por sus familiares en
Tumeremo.
5. 5
A Guayana y sus ciudadanos no les sorprendió la actitud irresponsable del Gobernador
Rangel Gómez, quien, sin pestañear, negó categóricamente la masacre y la desaparición
de los 17 mineros, alegando que la información era “absolutamente falsa” y advirtiendo
que el hecho era un show político de los factores de oposición para aterrorizar a la
población de Tumeremo. Todo ello en declaraciones en su propia voz ante el canal oficial
Venezolana de Televisión cuyo video y transcripción se adjuntan a este informe (Anexo7).
Luego de haber transcurrido más de 24 horas de haberse registrado los hechos, los
canales oficiales del Estado Venezolano no fueron menos irresponsables, fijando una
posición similar a la del Gobernador del Estado Bolívar, calificando los acontecimientos
como una maniobra para restarle brillo a los eventos programados por el gobierno para
conmemorar la “siembra” del comandante eterno, y haciendo publicaciones que
calificaban al hecho como una “masacre virtual” (Anexo8). Semejante descalificación no
logró intimidar a los familiares de los desaparecidos, que no dejaban de protestar día tras
día, manteniendo cerrada la vía de la troncal 10, en espera del regreso de sus hijos, o de
sus cadáveres, para darles cristiana sepultura (Anexo9). Pudieron más los gritos públicos y
desgarradores de los padres, que la hegemonía comunicacional de quienes pretendían,
inútilmente, vender una historia oficial, negando lo que finalmente se concretó con el
hallazgo de una fosa común de, al menos, 17 cadáveres. (Anexo 10)
Es a raíz de estos hechos que el martes 08 de marzo, esta Asamblea Nacional, tomó la
firme determinación de nombrar una Comisión Especial que le hiciera seguimiento al caso
e investigara los hechos que enlutaron a Tumeremo, Guayana y Venezuela entera. Al
respecto, debe señalarse que la bancada del oficialismo se negó a participar en esta
iniciativa parlamentaria, intentando descalificar el propósito de la investigación.
DEL MARCO GENERAL QUE ENVUELVE A LOS HECHOS INVESTIGADOS
El Estado Bolívar es el de mayor riqueza minera de toda Venezuela. A sus enormes
recursos hidrográficos con los más caudalosos ríos del país, así como la más grande
reserva forestal, se añade una impresionante gama de yacimientos minerales donde
destacan oro, diamante, hierro, bauxita, plata, cobre, carbón y coltán; sin embargo, en los
últimos años se ha convertido en el gran centro operacional de bandas criminales que
imponen su ley ante la pasividad en ocasiones, y complicidad en otras, de todos los
estamentos de seguridad del Estado. Ahí se encuentra la población de Tumeremo, en el
6. 6
municipio Sifontes, sede de numerosos yacimientos auríferos donde la minería artesanal
se convirtió en la principal fuente de trabajo.
A raíz de la estatización de la minería por decreto del ex Presidente Chávez, en septiembre
de 2011 (Anexo 11), la explotación por parte de mineros artesanales, que constituyen la
mayoría, quedó fuera del marco legal.
A las minas de Guayana no llegan los medicamentos necesarios para tratar la fiebre
amarilla, pero sí llegan armas y municiones de distintos calibres y dimensiones para
amedrentar a la población y existen funcionarios beneficiarios del cobro de vacunas
impuestas a los mineros, comerciantes y pobladores, por parte de estas mafias
autodenominadas “Sindicatos” que actúan como si estuvieran administrando una
concesión y donde las reglas las fija un jefe llamado “pran”. La guerra por el oro incluye el
control de las minas, tráfico de drogas, venta ilegal de gasolina y gasoil y prostitución, y las
bandas delictivas se enriquecen mediante la extorsión y el sicariato.
En fecha 26 de Enero 2016 el Comisario Jefe del SEBIN José Gregorio Lezama Gómez,
mediante informe remitido al Mayor General Gustavo González López Director General
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) (Anexo 12) indica que el actual
comisionado del Gobernador Rangel Gómez, el General del Ejército Julio Cesar Fuentes
Manzulli, desde el año 2010, en su condición de Director de la Policía del Estado Bolívar,
otorgaba credenciales policiales y armamento a determinadas bandas delictivas
asignándoles responsabilidad de control en diversos sectores citando a alias “El Capitán en
el sector Vista El Sol de San Félix, alias “El gordo Bayón” en el sector sindical, alias “el
Ciego” en Ciudad Bolívar y minas de La Paragua, alias “el Topo” en minas de Guasipati y
Tumeremo, alias “el negro Juancho” en las minas del sur desde el Dorado hasta Las
Claritas, alias “el Sapito”-mano derecha y coordinador del Alcalde de Ciudad Bolívar
Sergio Hernándezmuy cercano al Gobernador, entre otros denominados pranes.
La “masacre de Tumeremo” sucede a los pocos días de la creación de la empresa
Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) –
Gaceta del 10 de Febrero 2016– (Anexo13) y del anuncio de la puesta en marcha del
motor minero con la firma por Nicolás Maduro –el 24 de Febrero 2016– del Decreto para
la certificación de reservas en el llamado "Arco Minero del Orinoco"(Anexo 14), abarcando
más 111.800 km2 (Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro),lo que constituye cerca del 12%
del territorio nacional en el que se encuentran aproximadamente 200 millones de
toneladas de bauxita y 44.000 toneladas entre oro y diamantes, con la intención de
otorgarle concesiones de explotación a 150 empresas mineras de 35 países (Anexo 15).
Destaca, sorpresivamente, la reincorporación de la empresa transnacional aurífera
7. 7
canadiense GOLD RESERVE a las áreas previamente expropiadas por el gobierno en el
sector Las Claritas, Municipio Sifontes, luego de que dicha empresa le ganase al Estado
venezolano una cuantiosa demanda ante tribunales internacionales (Anexo 16) y para
cuya explotación se requiere la desocupación, en su totalidad, de los actuales ocupantes,
todos ellos mineros artesanales y trabajadores conexos.
El 28 de Febrero 2016 el Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes,
anunció que varias empresas mixtas con capital canadiense, estadounidense y alemán
iniciarían en abril 2016 la extracción de oro, cobre, plata y coltán como parte de los
convenios suscritos por el Gobierno.(Anexo17)
El 4 de Marzo tiene lugar la masacre.
DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL
La Comisión Especial, formada a los efectos antes señalados, inició sus actividades a partir
del día miércoles 9 de marzo del año en curso, y en el desarrollo de sus actividades: 1)
Procedió a hacer extensiva, a todos los Diputados y Diputadas electos por el Estado
Bolívar, cualquiera fuera su signo o militancia política, la invitación a formar parte de la
investigación y a contribuir con esta Comisión para esclarecer los hechos y dar respuesta a
los familiares y sociedad civil; 2) Por cuanto el estudio y la investigación del caso se
realizaría atendiendo asuntos relacionados a los Derechos Humanos, procedió a consultar
a diferentes Organizaciones No Gubernamentales de defensa y promoción de los
mismos, tales comoPROVEA, Foro Penal, Centro De DDHHUCAB, COFAVIC, al igual que al
ciudadano RAFAEL NARVÁEZen su condición de ex diputado del antiguo Congreso de la
República y abogado defensor de los DDHH; todos quienes no solo aportaron sus
opiniones respecto al caso, sino que tuvieron a bien la disposición de formar parte activa
en el desempeño esta Comisión participando en la elaboración de un plan de acción,
brindando su asesoría durante el tiempo que esta se mantuviera en el ejercicio de sus
funciones yaportando a esta Comisión Especial recomendaciones jurídicas que fueron
valiosas para arribar a las conclusiones finales que se exponen en el presente informe. 3)
Acudió a la población de Tumeremo el díaviernes 11 de marzo del año en curso con el
propósito de efectuar una reunión con los familiares de las víctimas a fin de recoger sus
testimonios y obtener de los mismos, información de interés para el análisis y estudio
encomendado a esta Comisión Especial. En tal sentido, la Comisión conoció y registró los
testimonios del Sr. LUIS JOSÉ NIEVES, padre de JOSÉ GREGORIO NIEVES AGUINAGALDE, la
Sra. JOLYS MILAGROS CABELLO FERMÍN, esposa de JOSÉ GREGORIO NIEVES
8. 8
AGUINAGALDE, el Sr. HENRIQUE ROMERO, padre deJOSÉ GREGORIO ROMERO ARA Y
JUNIOR HENRIQUE ROMERO ARA, la ciudadana LUZ MARINA CASTILLO, concubina de
JOSÉ GREGORIO ROMERO ARA, la Sra. MIGDALIA ÁNGEL MORENO, madre de ROGER JOSÉ
ROMERO ÁNGEL y la Sra. MELAIDA CUSTODIO, madre de CARLOS JOSÉ CARVAJAL
CUSTODIO (Anexos); todos de los cuales se destaca la falta de diligencia en la actuación de
los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, así como la
negligencia, falta de respeto y falta de ejecución en las funciones de quienes fueron
encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, custodiar la zona minera
y brindar seguridad a la ciudadanía. Asimismo, de las declaraciones ofrecidas por los
familiares, esta Comisión Especial recabó datos importantes en relación a los hechos que
permitieron señalar al individuo conocido con el alias de “El Topo” como el principal
ejecutor de la masacre, dejar constancia de la participación de individuos equipados con
armas largas y chalecos del SEBIN y el CICPC, señalar a la ciudadana Rosa Gil como
implicada, e identificar las minas de Atenas, Hoja de Lata y Nuevo Callao como zonas de
alta importancia en el caso. 4) Cursó invitación al Ciudadano Francisco Rangel Gómez,
para reunión con esta instancia parlamentaria el día 29 de marzo, a fin de que este
expusiera la información que pudiera tener sobre los hechos ocurridos el pasado 4 de
marzo en la población de Tumeremo, en su calidad de Gobernador del Estado Bolívar; y,
en vista de la ausencia del mismo, remitió cuestionario al Ciudadano Gobernador, el día
30 de marzo, con la finalidad de que con sus respuestas pudiera contribuir a aclarar los
hechos y llegar a lo medular del asunto. 5) Recabó y registró denuncias de otras personas
desaparecidas en distintos lugares en otros actos, en otras circunstancias y quizás bajo
otros móviles, en asuntos relacionados o no al tema de la minería. 6) Acudió a dos (2)
reuniones y mantuvo conversaciones con el Ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek
William Saab, en el marco de la mutua cooperación entre los poderes del Estado;
teniendo lugar la primera reunión el día 16 de marzo del año en curso y la segunda el día
lunes 11 de abril del mismo año, a propósito de contribuir en el esclarecimiento del caso
que propició la creación de esta Comisión, determinar a los responsables materiales e
intelectuales de tan despreciable acontecimiento y lograr que se haga justicia, así como
aportar la información recogida de las otras denuncias que recibiera la Comisión Especial
sobre desapariciones en hechos distintos. 7) Sostuvo reunión con representantes de la
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, el día 5 de abril, a los fines
de obtener de los mismos la opinión que como especialistas en el tema pudieran tener
sobre la implementación de una política del Arco Minero del Orinoco, así como las
recomendaciones que tuvieran a bien hacer en cuanto a la parte administrativa y técnica
de ingeniería minera, de modo que esta Comisión pudiera dejar constancia de las mismas,
con el objeto de contribuir en el desarrollo de un plan adecuado de ordenamiento que
logre que la actividad minera se desarrolle en armonía con el ambiente y la haga ajena a
bandas y a organizaciones de carácter criminal. 8) Se reunió con la Ciudadana Fiscal de la
9. 9
República, Luisa Ortega Díaz, el día 11 de abril del año en curso, en el entendido de la
cooperación interinstitucional entre los poderes del Estado, con la finalidad de
contribuir en el esclarecimiento del caso, determinar a los responsables materiales e
intelectuales, lograr que se haga justicia, y aportar la información recogida de las otras
denuncias que recibiera la Comisión Especial sobre desapariciones en hechos distintos.
CONCLUSIONES GENERALES
A pesar de la complejidad del caso investigado, que aún no ha sido esclarecido sino muy
superficialmente por parte de los organismos de Seguridad del Estado; de las
contradicciones en las declaraciones y datos proporcionados entre la Fiscal General, el
Defensor del Pueblo, el Ministro de Interior, el Gobernador del Estado Bolívar y otros
cuerpos del Estado (Anexo 18); de la recurrente aparición de nuevos elementos y
denuncias; de la sucesión de eventos sobrevenidos como la desaparición o asesinato de
testigos claves; del cúmulo de denuncias de nuevos casos de desapariciones (Anexo19) en
la zona y otros puntos del país; de las presiones y amenazas recibidas por algunos de sus
miembros (Anexo20), esta Comisión Especial, ajustándose al lapso otorgado, puede poner
en conocimiento de la Asamblea Nacional las siguientes conclusiones:
1. Producto de las denuncias, la creación de esta Comisión Especial de la Asamblea
Nacional y su desempeño, con la colaboración de ONGs especializadas en la
defensa de los Derechos Humanos, el trabajo de valientes comunicadores sociales,
el escándalo internacional y el reclamo ante organismos del Estado como la Fiscalía
y la Defensoría del Pueblo, se logró hasta ahora demostrar que SÍ HUBO UNA
MASACRE, se rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el Ministerio de
Interior y de Justicia ha corroborado la participación material en los hechos de
Jamilton Andrés Suarez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces cuyas órdenes de
captura ya han sido emitidas y con el resultado de algunas detenciones. (Anexo21)
2. Hubo numerosas masacres anteriores (Anexo22) ante la mirada complaciente del
Estado pero en esta oportunidad, a diferencia de ocasiones anteriores, la mayoría
de las víctimas fueron vecinos de Tumeremo, no foráneos y tienen dolientes, con
lo que se puede concluir que la movilización de los afectados y la solidaridad de
todo un pueblo fueron determinantes a la hora de obligar al Estado a ofrecer,
aunque parcialmente, respuestas a sus demandas.
3. En las áreas mineras del Estado Bolívarse violan los Derechos Humanos de manera
sistemática. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al
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miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a
la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social,
económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona
totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la
Fuerza Armada Nacional.
4. La criminalización de la actividad minera a través de los decretosque han sido
producto de Leyes Habilitantes, es decir, sin debate parlamentario ni consulta
amplia a todos los sectores de la vida productiva del país, colocan a una población
de más de 150.000 personas sin garantías ni protección alguna, en situación de
cómplices directos o indirectos, voluntarios u obligados, a expensas o al servicio de
mafias, grupos armados, guerrilla y paramilitares que operan con total libertad e
impunidad. Esto induce a señalar que el oro, el diamante y el coltán del subsuelo
de nuestro territorio, son extraídos, movilizados y exportados por vías totalmente
irregulares ante la pasividad, la negligencia o la complicidad de gran parte de los
muy numerosos efectivos de la Fuerza Armada Nacional abrumadoramente
presentes en la zona, causando un gravísimo daño al patrimonio de la República.
5. Esta Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de
Gobernador del Estado, actuó de manera negligente desde los primeros momentos
al negar de forma categórica los hechos denunciados, cosa que contribuyó a que
las autoridades policiales y de la Fuerzas Armadas incumpliesen con sus
obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se
desarrollasen las labores de rescate, protección y liberación de los, para ese
entonces, desaparecidos o de ubicación exacta del lugar de la masacre, el
oportuno análisis de la escena del crimen y el descubrimiento inmediato de los
cadáveres que, ante la negligencia oficial, fueron trasladados a otra ubicación.
Igualmente la negación rotunda de los hechos y la subsecuente desmovilización de
los cuerpos de seguridad, y muy especialmente del CICPC local, pudieron contribuir
a permitir la fuga de quien ha sido plenamente identificado como principal autor
material de la masacre y, por ende, dificultar las investigaciones que conduzcan a
determinar quiénes ordenaron la matanza.
6. La masacre de Tumeremo, tuvo lugar días después de la creación de la empresa
militar Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas
(CAMIMPEG) y del anuncio, por parte del Presidente Maduro y del Presidente del
Banco Central de Venezuela, de las negociaciones con 150 empresas
multinacionales de 35 paísespara la explotación de yacimientos en el marco del
denominado “Arco Minero del Orinoco”. En dichos acuerdos entra la restitución a
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la empresa transnacional aurífera canadiense Gold Reserve de las áreas mineras
expropiadas por el Gobierno en Las Claritas, Municipio Sifontes, luego de que esta
empresa le ganase al Estado Venezolano una demanda ante tribunales
internacionalespor un monto superior a los 740 millones de dólares para cuya
implementación es necesario desalojar de las zonas comprometidas, a miles de
mineros y trabajadores conexos que ocupan actualmente esos territorios.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Asamblea Nacional, previa aprobación del presente INFORME FINAL,
contentivo de los resultados derivados de la investigación sobre los hechos irregulares que
tuvieron lugar en la población de Tumeremo, zona minera del Municipio Sifontes del
Estado Bolívar;
PRIMERO: Se Recomienda a la plenaria de la Asamblea Nacional Remitir este INFORME
FINAL a la Fiscalía General de la República y Exhortar a su máxima autoridad a que
establezca responsabilidades de todos los involucrados en el hecho y logre la captura y
condena de los autores materiales e intelectuales del caso; entre ellos, el ciudadano
Jamilton Andrés Ulloa Suárez, quien está plenamente identificado como autor material de
los hechos ocurridos en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar –conocidos como la
masacre de Tumeremo– y quien, habiendo transcurrido dos (2) meses del hecho, aún se
encuentra en libertad.
SEGUNDO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria, a La Defensoría
del Pueblo para la prosecución de las averiguaciones referentes al caso.
TERCERO: En vista de la magnitud del caso y de las graves denuncias formuladas por el
Comisario Jefe del SEBIN José Gregorio Lezama Gómez, contenidas en su informe de fecha
del 26 de enero de 2016 (Anexo12), que incriminan a autoridades civiles y militares y les
relaciona con el autor material de la llamada masacre de Tumeremo y las bandas
irregulares que operan en la zona; Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, Remitir este
INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria, al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz para la prosecución de las averiguaciones referentes
al caso y Exhortar a su máxima autoridad a que determine y establezca las
responsabilidades que corresponden, de todos los Cuerpos de Seguridad del Estado y
miembros del Gobierno regional y nacional.
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CUARTO: Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, remitir este INFORME FINAL, por
aprobación de la plenaria, a la Comisión Permanente de Política Interior para la
prosecución de las averiguaciones referentes al caso.
QUINTO: En el entendido de que la zona en la que tuvieron lugar los hechos está bajo el
control de la Fuerza Armada Nacional, se Recomienda remitir este INFORME FINAL, por
aprobación de esta plenaria, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa para la
prosecución de las averiguaciones y Exhortar a su máxima autoridad a que defina y
determine las responsabilidades de la presencia de las fuerzas del Estado en las zonas
mineras, y en consecuencia establezca las responsabilidades que corresponden a los
funcionarios destacados en el lugar.
SEXTO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria de esta Asamblea
Nacional, a la Contraloría General de la República a fin de que inicie las investigaciones
administrativas pertinentes en vista de las denuncias mencionadas en el punto primero.
SEPTIMO: Vista la urgente necesidad de una evaluación y reorganización de la
institucionalidad del sector minero, así como la necesidad de un plan adecuado de
ordenamiento territorial y minero; Se Recomienda a la plenaria de la Asamblea Nacional
Remitir este INFORME FINAL al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería de
manera que se plantee una evaluación y reorganización de la institucionalidad del sector
minero y una política de minas que promueva la racionalidad y establezca códigos dentro
de un marco institucional adecuado que estipule la participación real del sector público y
privado.
OCTAVO: Se sugiere a esta plenaria, Remitir este INFORME FINAL a la Comisión
Permanente de Energía y Petróleo de esta Asamblea Nacional en atención a la revisión y
adecuación del marco legal concerniente a la actividad minera, a fin de establecer
lineamientos de ejecución minera, públicos y transparentes, y normar sobre el derecho
sólido de quienes ejerzan la minería.
NOVENO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria de esta Asamblea
Nacional, al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y Exhortar a su
máxima autoridad a que estimule la participación multisectorial para garantizar
acciones eficientes de minería responsables, mediante la implementación de un consejo
asesor que facilite la participación de instituciones y organizaciones vinculadas a la
minería, academias y universidades, a fin de lograr establecer códigos y normas de buena
práctica minera que resulten en que esta actividad se desarrolle en armonía con el
ambiente.
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DECIMO: Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, remitir este INFORME FINAL, por
aprobación de la plenaria, a la Comisión Permanente de Ambiente, a fin de que haga las
averiguaciones correspondientes en materia ambiental referentes a la actividad minera.
DECIMO PRIMERO: Dar publicidad al presente Informe
En Caracas en el Palacio Federal Legislativo a la fecha cierta de su presentación.
Conformes firman:
Diputado AMERICO DE GRAZIA
Presidente
Diputado LUIS SILVA
Vicepresidente
Diputada OLIVIA LOZANO
Diputado RACHID YASBEK
Diputado JOSE HERNANDEZ