El documento presenta un índice que evalúa el cumplimiento gubernamental de los mandatos de las cumbres de la OEA, enfocado en políticas públicas que fortalezcan la democracia y los derechos civiles. Se utiliza una metodología que clasifica las acciones de los gobiernos en una escala de -3 a +3, considerando aspectos como el acceso a la información, libertad de expresión y la participación de la sociedad civil. El informe incluye evaluaciones de avances y dificultades en la implementación por parte de varios países participantes entre 2006 y 2011.