La Nación no es una empresa pública como se cree comúnmente, sino una sociedad anónima controlada por capitales privados. A raíz de negarse a publicar su información corporativa, se reveló que aunque el Estado es el accionista mayoritario, el control efectivo pasó a manos privadas hace tiempo por una privatización a bajo costo. Hoy el gobierno no puede tomar decisiones sobre el diario sin consultar a sus socios privados, quienes en realidad detentan el poder sobre La Nación.