Este documento discute la privatización de la sanidad pública en España a través de varios grupos. Menciona que la privatización puede ocultar deudas públicas y deshacerse de empleados públicos. Luego se enfoca en dos grupos principales, Capio y Ribera Salud, que han obtenido contratos para gestionar hospitales públicos con apoyo financiero de cajas de ahorro y con conocimiento inicial del sector por parte de Adeslas. Finalmente, señala que el director actual de hospitales del gobierno de Madrid supervisó las pérdidas

1. Privatizando (IV). Más protagonistas.
Decía Paul Krugman en El Pais del 24 junio de 2012 que “la privatización
puede funcionar como una forma sigilosa de endeudamiento público, en la que
los Gobiernos evitan registrar gastos por adelantado (o incluso recaudan dinero
vendiendo las instalaciones existentes) mientras aumentan los costes a largo
plazo de forma que los contribuyentes no pueden ver”. Por otra parte “la
privatización es una manera de deshacerse de los empleados públicos”. Para
no dejarse confundir, este autor recomendaba “seguir el dinero… a medida que
se privatizan cada vez más funciones públicas, los Estados se convierten en
paraísos en los que hay que pagar para poder participar, en los que tanto las
contribuciones políticas como los contratos para los amigos y los familiares se
convierten en un quid pro quo para conseguir negocios públicos”.
Hablé la semana pasada del grupo Capio, llamativamente vinculado a sectores
influyentes del PSOE (lo que no quiere decir que no haya importantes sectores
de la derecha implicados: tratándose de negocios no cuenta el color político,
especialmente si hablamos del que muchos ya llaman PPSOE). Hoy voy a
centrarme en el segundo en volumen de negocio, alimentado por los
gobernantes peperos. Me refiero al grupo Ribera Salud, siempre ligado a la
sanidad pública. Siguiendo la publicación de Guillermo Abril y Jaime Prats en El
País del día 6 de enero, la Generalitat “lo concibió como una herramienta: dar
respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del
PP valenciano: el hospital de Alzira”. ¿De dónde salió el dinero? Pues de las
cajas de ahorro: Bancaja y la CAM fundamentalmente. Ya sabemos lo que ha
sido de ellas, de forma que el grupo ahora está en manos de Bankia y Banco
Sabadell. También sabemos de dónde sale el dinero para sanear estas
entidades. ¿Dónde está pues esa magnífica gestión privada?
Según se señalaba en el artículo ya mencionado Ribera Salud Grupo ha
“participado en todas las adjudicaciones de la gestión de hospitales públicos y
sus correspondientes departamentos de salud que ha sacado a concurso la
Generalitat”: en Torrevieja, Dénia, Elche… La expansión del grupo ha ido
acompañada de la transformación en “un operador sanitario más, abierto a

2. competir en cualquier oportunidad de negocio en la gestión de la sanidad
pública”. Esto ocurría a partir de 2007, estando en relación con “la llegada de
Alberto de Rosa como responsable del grupo, que hasta entonces era gerente
del hospital de Alzira... con estrechos lazos con el PP”. La expansión de la
compañía se ha basado en dos autonomías de referencia para el PP: Valencia
y Madrid.
Pero, al margen del apoyo financiero de las cajas, ¿quién ha aportado el
conocimiento del sector? En el inicio del “experimento del hospital de Alzira”
estaba Adeslas. Según señalaba Jaime Prats en el ya referido diario (El País, 6
de enero), esta compañía buscó los socios para un “negocio que consistía en
construir y gestionar un hospital público a cambio de cobrar una cuota a la
Administración por cada habitante asignado al centro”. Como señalaba el
mismo, “los números no salieron… ni el primer año (con unas pérdidas de un
millón de euros), ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto (números rojos por
valor de 2,67 millones en 2002)”, y aunque se suponía que, como en cualquier
negocio privado, las pérdidas correrían por cuenta de los accionistas, fue la
Generalitat quien “rescató el hospital y volvió a sacarlo a concurso… en 2003,
con unas renovadas reglas del juego, más favorables a la concesionaria…
incluyó en el lote la atención primaria… subió la cuota por habitante en un
68%”.
¿Saben quién andaba al frente de aquellos negocios de Adeslas? Pues se trata
de Antonio Burgueño, quien actualmente es director general de Hospitales del
Gobierno de Madrid y principal responsable del programa de privatización de la
sanidad pública en esa comunidad.