Brief for amicus curiae professor Anne Krueger in support of the Republic of ...
Pedido de Juicio Político a Aníbal Fernández
1. Buenos Aires, 22 de enero de 2010.
La Coalición Cívica presentó un nuevo pedido de juicio político a Aníbal
Fernández por “acciones y/u omisiones en el ejercicio de su función en relación con
el funcionamiento y contralor de la SEDRONAR y el RENAR” y pidió que “se
profundice en el análisis de sus vinculaciones respecto de los imputados en el triple
crimen de General Rodríguez”
La Presidenta del Bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica, Elisa Carrió
encabezó hoy una conferencia de prensa en la que se presentó un pedido de juicio
político al Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández por “mal desempeño en el
ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública”.
El pedido –que tiene una extensión de treinta y tres páginas- se basa en las “acciones y/u
omisiones en el ejercicio de su función en relación con el funcionamiento y contralor de
la SEDRONAR y el RENAR. Asimismo, se profundice en el análisis de sus
vinculaciones respecto de los imputados en el triple crimen de General Rodríguez”.
“El Triple crimen de General Rodríguez, vinculado con el tráfico de efedrina y más
estrechamente con la denominada “mafia de los medicamentos”, son un capítulo más en
la historia de los aportantes destinados a solventar la campaña presidencial de Cristina
Fernández de Kirchner”, escribieron en el proyecto.
“Esta petición de juicio político al Jefe de Gabinete de Ministros, encuentra su
fundamento principal en entender que el mismo avaló y encubrió por acción u omisión
el mencionado crimen, por responsabilidades políticas y funcionales indubitables en la
fiscalización de las acciones del RENAR y el cercenamiento de las facultades de la
SEDRONAR en materia de precursores químicos”, dice el pedido de juicio político.
“Así como lo venía sosteniendo la Coalición Cívica, el triple crimen de General
Rodríguez y sus vinculaciones con el desvío de precursores químicos como la efedrina y
la pseudoefedrina viene a confirmar lo que se venía denunciando en diversos informes
realizados por organismos internacionales especializados en estos temas, en los cuales
se establecía que nuestro país muestra una ausencia de políticas públicas eficaces en
esta materia”, sostienen los diputados nacionales y provinciales en el apartado “hechos”
del proyecto.
“Según datos oficiales, en los últimos 3 años, llamativamente, se ha triplicado la
importación y exportación de efedrina y pseudoefedrina por parte de la República
Argentina. Se infiere que gran parte del excedente es destinado como precursor químico
para la producción de drogas sintéticas. La cantidad de efedrina que importa la
Argentina la convierte en el tercer importador mundial, muy por delante de países como
EEUU o Brasil”, afirmaron.
“En un Estado de derecho actitudes delictivas como en las que presuntamente habría
incurrido Aníbal Fernández, no pueden pasar desapercibidas por los representantes del
pueblo ni por la sociedad en su conjunto. La presunta inobservancia de su deber de
funcionario público de cumplir con el adecuado funcionamiento de organismos tan
relevantes como SEDRONAR y RENAR, así como también sus relaciones con
imputados en temas tan sensibles como el triple crimen de General Rodríguez, el
2. otorgamiento irregular de permisos para la portación de armas y las graves denuncias
llevadas a cabo por José Granero respecto de la intromisión de Fernández para
entorpecer la tarea de dicha secretaría en la persecución del narcotráfico y la lucha
contra la drogadicción, no hacen más que confirmar que se requiere una rápida
tramitación del presente pedido y que se comience a proveer la prueba a fin de dilucidar
lo denunciado”, dice en las conclusiones del pedido de informes.
Los legisladores opositores sostienen que “no son pocos los actores públicos que han
manifestado gran preocupación debido al avance del narcotráfico en nuestro país al
punto de llegarse a hablar de la existencia de un estado de "pre-cartelización", con
experiencias similares a las vividas por países como Colombia o México” y agregan:
“Esta circunstancia, ha sido advertida por un grupo de 80 jueces y magistrados
nacionales, provinciales y federales que mediante un comunicado sostuvieron que la
oferta y la demanda de drogas "registra niveles sin precedentes" en el país y que al
perseguir a los consumidores "se ha distraídos la atención en contra de los espacios de
corrupción política y policial" denunciando incluso que las bandas de narcotraficantes
"en muchos casos recibieron protección política, administrativa y judicial" y que "lo
mismo puede decirse de una ausencia total del Estado en la regulación efectiva del
mercado de medicamentos, en general, y del de psicotrópicos, en particular".
“A mayor abundamiento, encontramos las trabas que el Ministro Aníbal Fernandez
ejerció sobre el Congreso de la Nación en oportunidad del tratamiento del Proyecto de
Ley que penaliza el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas y
establecía sanciones a quienes ejercieran este tipo de comercio de manera ilegal”, dice
el proyecto.
Más adelante, sostienen: “Uno de los hombres de Anibal Fernandez, Sergio Villordo,
llegó al poder municipal de su mano. Fue investigado en el hecho más aberrante que se
haya registrado en el conurbano: “el caso del cadáver en el freezer”. Gladys Pérez, ex
concubina de Sebastián Giancristóforo "Cacho Rey", -muerto en 2005- denunció en la
Justicia que en 2003 el intendente Villordo y otros colaboradores, habrían escondido en
un freezer el cadáver de un hombre al que habrían atropellado, y al que meses después
enterrarían”.
“Alejandro Giancristóforo, hijo de Cacho Rey, y también militante fue secretario de
Andrés Matías Meiszner. Meiszner, de 35 años, (hijo de José Luis, ex presidente de
Quilmes y ex segundo de Julio Grondona en la AFA) desde agosto de 2006 maneja el
RENAR, donde el ministro Aníbal Fernández ejerce su influencia”, acotan.
Los diputados de la Coalición Cívica explicaron que “Aníbal Fernández desde que
asumió junto a Néstor Kirchner siempre se preocupó por ejercer un control personal y
permanente sobre el RENAR, siendo la designación de Meizner parte de ello. A esto se
debieron los cambios en la estructura y el nombramiento de gente de su absoluta
confianza”.