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LA COMPETITIVIDAD: un acuerdo comercial no es una garantía de competitividad
Mayo 2014
Hay tantas políticas de competitividad como la cantidad de instituciones públicas
involucradas
Un acuerdo comercial no es una garantía de competitividad, ni el TLC con Estados Unidos un tren que
importe haber perdido. La competitividad del país está en llegar a los mejores destinos de venta para
nuestros productos. En todo caso, los acuerdos comerciales sirven si nos aproximan a esos mercados de
destino. Para lograrlo hay que tener una política y gestionarla. Como Chile.
Fiel a su tradición de crear instituciones autónomas para gestionar políticas enteras (en Uruguay les
llaman políticas de Estado, aunque el último que las gestiona y controla es el Estado), el
Uruguay creó decenas de instituciones públicas vinculadas con la promoción empresarial y la
competitividad. A las que se agregan otras decenas de instituciones privadas financiadas mediante fondos
públicos internacionales y nacionales. El Uruguay tiene tantas políticas de competitividad como la
sumatoria de todas las instituciones públicas involucradas y buena parte de las privadas también. Sin
embargo, aun inmersas en este desconcierto institucional, generaron logros, el Uruguay y sus empresas
han mejorado, y las empresas pequeñas también. Pero sus costos son altos y los beneficios que generan
podrían ser mayores. Para alcanzarlos sería necesario cambiar la política de competitividad hacia una
que realmente pueda ser gestionada por el Gobierno. En Uruguay, el argumento para cambiar la política
refiere al riesgo de perder algún tren que realmente importe.
Un primer tren podría ser la vinculación a países que nos aproximen más a los mercados de nuestros
productos. La primera fase de globalización está finalizando con una nueva regionalización económica
por bloques de países y -como los BRICS- no necesariamente por ser vecinos. En los siguientes años
existen todavía oportunidades, pero en general el mundo comienza a cerrarse nuevamente por bloques.
Una excepción es Cuba que está eligiendo a qué bloques pertenecer y se prepara para competir en
productos de alto contenido científico-tecnológico. Otro tren es la nanotecnología que cerró su fase
emergente, pasó al diseño de prototipos de productos y a partir del 2015 las innovaciones ocuparán
mercados hasta el 2020, en que se estima estarán copados. Cuba también se prepara para competir en
nano medicina.
Es imprescindible una rectoría central de la política de competitividad
Una estrategia de competitividad puede implementarse con mayor eficacia a través de una política
concentrada en un número reducido de objetivos. Uruguay ha generado una amplia institucionalidad de
intervención en la competitividad que puede ser potenciada y articulada hacia unos pocos objetivos
estratégicos nacionales mediante el uso de subsidios condicionados a objetivos de política y que recreen
dinámicas de mercado. (Un mecanismo financiero ideal a estos efectos son, entre otros, los vouchers
condicionados a metas de política). Para ello sería imprescindible una rectoría central de la política de
competitividad. Hoy la potestad se encuentra fragmentada entre el Ministerio de Economía, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Industria y Energía, la Corporación Nacional de
Desarrollo, la Agencia Nacional de Innovación, el Ministerio de Educación y Cultura, el Banco Central,
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el Banco República y el Instituto Uruguay Siglo XXI. 10 (diez)
entes rectores sin estructura de gestión en común, mirando cada uno para cualquier lado.
Si se lograra una rectoría central, luego habría que fortalecerla para que esté en condiciones de normar,
establecer estándares técnicos, planificar, coordinar, financiar y refinanciarse, supervisar, controlar y
evaluar por resultados e impactos todas las políticas específicas involucradas así como evaluar la gestión
de las instituciones del sector en función de sus resultados. En síntesis, tener la capacidad efectiva de
actuar como ente rector más allá de que así se lo pueda nombrar en alguna futura legislación.
Sin rectoría central y sin sistemas de gestión, las estrategias de competitividad quedan en enunciados
político-electorales sin posibilidad de ser implementadas. Como lo ideológico aún rinde electoralmente
en el Uruguay es bien probable que este cambio de política no suceda, aunque la ideología no guarde
ningún tipo de relación con la venta de nuestros productos. Como vemos y escuchamos todos los días,
todavía tiene rédito electoral discutir si hacer o no hacer un TLC con Estados Unidos, aunque nadie
sepa si sirve o no para mejorar nuestra competitividad. Cuba y Chile no lo ven, ni lo practican así.
Uruguay sí.
José Pedro Alberti

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LA COMPETITIVIDAD - un acuerdo comercial no es una garantía de competitividad

  • 1. LA COMPETITIVIDAD: un acuerdo comercial no es una garantía de competitividad Mayo 2014 Hay tantas políticas de competitividad como la cantidad de instituciones públicas involucradas Un acuerdo comercial no es una garantía de competitividad, ni el TLC con Estados Unidos un tren que importe haber perdido. La competitividad del país está en llegar a los mejores destinos de venta para nuestros productos. En todo caso, los acuerdos comerciales sirven si nos aproximan a esos mercados de destino. Para lograrlo hay que tener una política y gestionarla. Como Chile. Fiel a su tradición de crear instituciones autónomas para gestionar políticas enteras (en Uruguay les llaman políticas de Estado, aunque el último que las gestiona y controla es el Estado), el Uruguay creó decenas de instituciones públicas vinculadas con la promoción empresarial y la competitividad. A las que se agregan otras decenas de instituciones privadas financiadas mediante fondos públicos internacionales y nacionales. El Uruguay tiene tantas políticas de competitividad como la sumatoria de todas las instituciones públicas involucradas y buena parte de las privadas también. Sin embargo, aun inmersas en este desconcierto institucional, generaron logros, el Uruguay y sus empresas han mejorado, y las empresas pequeñas también. Pero sus costos son altos y los beneficios que generan podrían ser mayores. Para alcanzarlos sería necesario cambiar la política de competitividad hacia una que realmente pueda ser gestionada por el Gobierno. En Uruguay, el argumento para cambiar la política refiere al riesgo de perder algún tren que realmente importe. Un primer tren podría ser la vinculación a países que nos aproximen más a los mercados de nuestros productos. La primera fase de globalización está finalizando con una nueva regionalización económica por bloques de países y -como los BRICS- no necesariamente por ser vecinos. En los siguientes años existen todavía oportunidades, pero en general el mundo comienza a cerrarse nuevamente por bloques. Una excepción es Cuba que está eligiendo a qué bloques pertenecer y se prepara para competir en productos de alto contenido científico-tecnológico. Otro tren es la nanotecnología que cerró su fase emergente, pasó al diseño de prototipos de productos y a partir del 2015 las innovaciones ocuparán mercados hasta el 2020, en que se estima estarán copados. Cuba también se prepara para competir en nano medicina. Es imprescindible una rectoría central de la política de competitividad Una estrategia de competitividad puede implementarse con mayor eficacia a través de una política concentrada en un número reducido de objetivos. Uruguay ha generado una amplia institucionalidad de intervención en la competitividad que puede ser potenciada y articulada hacia unos pocos objetivos estratégicos nacionales mediante el uso de subsidios condicionados a objetivos de política y que recreen dinámicas de mercado. (Un mecanismo financiero ideal a estos efectos son, entre otros, los vouchers
  • 2. condicionados a metas de política). Para ello sería imprescindible una rectoría central de la política de competitividad. Hoy la potestad se encuentra fragmentada entre el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Industria y Energía, la Corporación Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Innovación, el Ministerio de Educación y Cultura, el Banco Central, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el Banco República y el Instituto Uruguay Siglo XXI. 10 (diez) entes rectores sin estructura de gestión en común, mirando cada uno para cualquier lado. Si se lograra una rectoría central, luego habría que fortalecerla para que esté en condiciones de normar, establecer estándares técnicos, planificar, coordinar, financiar y refinanciarse, supervisar, controlar y evaluar por resultados e impactos todas las políticas específicas involucradas así como evaluar la gestión de las instituciones del sector en función de sus resultados. En síntesis, tener la capacidad efectiva de actuar como ente rector más allá de que así se lo pueda nombrar en alguna futura legislación. Sin rectoría central y sin sistemas de gestión, las estrategias de competitividad quedan en enunciados político-electorales sin posibilidad de ser implementadas. Como lo ideológico aún rinde electoralmente en el Uruguay es bien probable que este cambio de política no suceda, aunque la ideología no guarde ningún tipo de relación con la venta de nuestros productos. Como vemos y escuchamos todos los días, todavía tiene rédito electoral discutir si hacer o no hacer un TLC con Estados Unidos, aunque nadie sepa si sirve o no para mejorar nuestra competitividad. Cuba y Chile no lo ven, ni lo practican así. Uruguay sí. José Pedro Alberti