La sociedad-de-gananciales-jose-almeida

José Almeida Briceño
LA SOCIEDAD DE
GANANCIALES

Capítulo 2
LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA
DEL PATRIMONIO SOCIAL
1. LA REGLA DE LA ACTUACIÓN CONJUNTA
El Art. 315Q
del CC contiene una regla y tres excepciones.
La primera, señala que para disponer o gravar bienes sociales
serequiere la intervención del marido y de la mujer. Las excep-
ciones a dicha regla son las siguientes: i) cuando uno de los
cónyuges delega al otro el ejercicio de tal facultad, mediante
poder especial; ii) los actos de adquisición de bienes muebles; y
iii) los casos considerados por leyes especiales. En estos supues-
tos, el acto de disposición o de gravamen puede ser realizado
por cualquiera de los cónyuges.
Con esta aparente sencillez, nuestro ordenamiento legal
pretende abordar una materia que entraña problemas de difícil
solución dentro del régimen patrimonial de la sociedad de ga-
nanciales, especialmente cuando uno de los cónyuges, infrin-
giendo la regla contenida en dicha norma, dispone o grava uno
o más de los bienes sociales sin asentimiento de su consorte a
favorde un tercero que actúa sin conocimiento de este hecho;
supuesto al que hemos denominado como disposición arbitra-
ria del patrimonio social y cuya amplitud y complejidad se po-
drán apreciar en los casos que a continuación exponemos:
121

JOSÉ AlMEIDA BRICEÑO
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
.-
Caso 1:
DISPOSICiÓN DE INMUEBLE SOCIAL
En la mayoría de veces, la disposición arbitraria recae sobre
inmuebles que conforman el patrimonio social. Rosa Obregón y
Juan Rojas contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad
de gananciales, adquiriendo durante su vigencia dos inmuebles.
Uno de ellos ubicado en la calle San José N° 322 Y el otro en la
avenida Santa Victoria N° 638 de la ciudad de Chiclayo. El espo-
so dispuso unilateralmente de dichos inmuebles, el primero a fa-
vor de su hijo César a título de anticipo de legítima y el segundo a
favor de su hija María a título de compraventa. A su vez, estos
hijos los vendieron a favor de César Belisario y Francisco Moza,
respectivamente. Una vez que tomó conocimiento de estos he-
chos, Rosa Obregón pretendió la reivindicación de los bienes
sociales, arguyendo que su consorte simuló dichos actos a favor
de sus hijos y por lo tanto estarían viciados de nulidad. Los com-
pradores de los inmuebles, por su parte, señalaron que actuaron
bajo la fe del registro, ya que en éste no figuraba anotada medida
judicial o extrajudicial que limitara su disposición o dominio; y que
en mérito a ello, inscribieron sus derechos.
Caso 2:
GRAVAMEN DE INMUEBLE SOCIAL
En otros casos, el problema se origina por el gravamen de un
bien social. En Chiclayo, Julio Severino solicitó un préstamo a un
Banco local y en garantía del mismo hipotecó un inmueble inscri-
to a su nombre pese a haber sido adquirido durante el matrimo-
nio que celebró con María Gonzales, bajo el régimen de la socie-
dad de gananciales. Más tarde, producto de un mal negocio, Julio
Sev~rin? no log:ó cumplir con la deuda y el Banco ejecutó la ga-
r?ntla hipotecaria y finalmente hizo suyo el inmueble social. Ma-
na GO,nzales enterada del embargo de dicho bien, presentó una
terc~r~a ?e propiedad, alegando que el gravamen del mismo se
realizo Sin su consentimiento; mientras que el Banco adujo a su
favor que ignoraba que el contratante era casado, ya que este
hecho no aparecía consignado en los Registros Públicos.
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Caso 3:
DISPOSICiÓN A TíTULO GRATUITO
La amplitud del tema no sólo abarca actos. a título oneroso sino
bién a título gratuito y los bienes que Involucra pueden ser
tam . '1 f d .,
bl
es o inmuebles. Miguel Mujica constituyo a un ación que
mue . I dif
II s
u nombre afectando la propiedad predial urbana y as e I l-
eva . S t'
. nes de la calleAlonso de Molina N° 110, Monternco, an la-
caCIO ., dAd I
de
Surco de la ciudad de Lima y la Colecclon e rmas e
go . . b .
Perú Y Oro del Mundo, que adquiri? durante s.u ma~nmonlo ajo
el régimen de sociedad de gananciales con Aida Diez Cans~~o.
Asimismo, constituyó un usufructo personal a favor de sus hijos
Milagros Y Pedro sobre los bienes antes indicados. Como conse-
cuencia de ello, la esposa solicitó la nulidad de los actos que
produjeron un desmedro en el patrimo.ni~ social, argumenta_nd~
que éstos se realizaron sin su consentimiento. El esp.oso ~enalo
que la mayoría de dichos bienes ingresaron a.su p.atnmonl~ pro-
pio, por haber sido adquiridos antes.del matrimoruo y ~ue estos
por ser una Colección Cultural constituyen una sola unidad.
En todos los casos reseñados, el cónyuge no interviniente
se pregunta ¿cómo puede negar fuerza jurídica vinculante ~l
acto de disposición o de gravamen realizado por su consorte sin
su consentimiento? La respuesta debe partir necesariamente por
acreditar que el bien afectado por dicho acto corr:spo~de. al
patrimonio social de los cónyuges y no al patrimOnIO pnva?vo
del cónyuge interviniente. Salvando este posible inc~onvenI.en-
te, el problema de fondo estribará en determinar cual es ~l ms-
trumento de tutela legal que le servirá para sancionar con me~-
cacia al acto de disposición o de gravamen arbitrario del patn-
monio social, ante la omisión que al respecto presenta el Art.
315º del CC. La elección se circunscribirá entre aquellas figuras
que produzcan ineficacia por contener un vicio coetáneo al
momento de su celebración (ineficacia estructural). Para algu-
nos, el acto adolecerá de nulidad (Art. 219º CC), lo que supone
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que el acto carece de un elemento esencial o es contrario al
orden público o a las buenas costumbres; de tal manera que se
le niega de cualquier modo la posibilidad de producir conse_
cuencias jurídicas. Para otros, será aplicable la anulabilidad (Art.
221º CC), que si bien teleológicamente es idéntica a la nulidad
se diferencia de ésta porque el acto contiene los elementos esen~
ciales; sin embargo, está afectado de un vicio que puede ser sub-
sanado mediante confirmación. Adicionalmente, desde el ám-
bito contractual, puede argüirse la existencia de rescisión (Art,
1370º CC), especialmente cuando el acto es concebido como una
compraventa de bien ajeno. Finalmente, un número menor, por
cierto, podrá opinar que se trata de un caso de ineficacia relativa
o inoponibilidad (Art. 161º CC), ya que el cónyuge interviniente
actuó como pseudo representante de su consorte preterido y
por consiguiente, el acto resulta ineficaz frente a éste.
Por su parte, el tercero de buena fe se pregunta, ¿en qué
supuestos puede hacer suyo el bien social a pesar de no haber
participado ambos cónyuges en el acto de disposición o de gra-
vamen? Es habitual que argumente que su actuación se guió
por los signos de recognoscibilidad de la propiedad que el or-
denamiento jurídico nacional le provee: el registro y la pose-
sión. La fe pública registral (Art. 2014º CC) protege a los terce-
ros que adquieren a título oneroso y de buena fe algún bien de
uno de los cónyuges que en el registro aparece con facultad
para otorgarlo -aun cuando en la realidad de las cosas tenga la
calidad de bien social-, pese a que después se anule, rescinda o
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten
en los Registros Públicos. La adquisición a non domino (Art. 948º
CC) protege al tercero que de buena fe ha recibido un bien
mueble no registrado mediante la tradición física de quien apa-
rece en la posesión del mismo. En algunos casos, buscará acre-
ditar que el cónyuge sí conocía del acto de disposición arbitra-
rio y que incluso le brindó una aceptación tácita; mientras que
124
otrOS, tratará de ingresar dentro de las excepciones estable-
eIl 1Art 315º del CC específicamente en aquellos casos
·daspore., . 1
el intentarán descifrar «considerados por leyes espeCla es».
q~lea~:ente, no es raro que por el decurso del tiempo, a~u~~ a
fin cripción adquisitiva de dominio o a la prescnpclOn
la pres . ..
. . de la acción del cónyuge no intervimerite.
e"untlva
Las soluciones a los interrogantes planteados, así como la
que las normas del CC sirven en la defensa de los
forrna en . in obi d 1
. s de una y otra parte en conflicto seran o ~eto e pre-
interese f
capítulo tratando por separado los argumentos a avor
sente , d b f
del cónyuge no interviniente y a favor de? tercero e uena. e.
Un acápite final se ocupará ~e l?s. mecamsmos ~ompensatonos
ue nuestro ordenamiento JundlCo debe considerar, ya sea a
~vor del cónyuge no interviniente o .del.tercero de buena fe,
cuando la balanza del Derecho no se incline a su favor.
Actos de gestión ordinaria y extraordinaria del patrimonio social
Es importante recordar que, aun cuando el CC no lo ex-
prese claramente, la regla de la actuación conjunta presenta
una excepción más, en la medida. que ést~ no puede ~barcar
todos los actos de disposición de bienes sociales. ~~ra disponer
parte del patrimonio social con el objeto de adqmn~ el pan que
se consume en el desayuno de cada día, no se requiere el asen-
timiento de ambos cónyuges. En general, por el solo hecho del
matrimonio y sin importar el régimen patrimonial ~n el qu~ se
encuentren, los esposos quedan necesariamente SUjetos a cier-
tas obligaciones de carácter patrimonial dirigidas a l:vantar las
cargas del matrimonio -estatuto que algunos denomlllan como
«régimen matrimonial primario»-, dentro de las que se en:~en-
tran las necesidades ordinarias del hogar, a que hace alusión el
Art. 292º del CC (asistemáticamente ubicado en el C~pítulo
Unico del Título II del Libro de Familia) o en forma analoga la
125

JOSÉ ALMEIDA BRICE - O
contribución al so teni .
des y rentas de los cón mIento del ho~ar, según las posibilida_
E ' YUges,que menCIOna el Art. 300Q del CC
n esto casos lo conyug .
. ..' es se encuentran autorizados para
tuar mdIstmtamente (potestad d ,.) ac-
omestlca .
D~ntro de las cargas del matrimonio deben incIuir
erogacIOnes derivadas de adquisiciones co . . se las
1 rnentes u ordmar'
para e sustento cotidiano, así como tarnbí 11 las
di . ien aque as que
Ingen a la conservación del patrimonio de cada os se
patrimonio social (Art. 316Q, incisos 1 2 4 6 8
a
c90nCyu~ey del
1 . , , , ,y C) entre
d~:~7~er1as [;deb.e.tenerse presente que las necesidades' inme-
e a arnilia deben encontrarse en propo "
co di " . 1 rCIOn con lan ICIOnSOCIay económica de ' t .
d d es a y SIempre se encuentra
fa:i~:~ .e ~ll~~10slgastos q~e tengan por objeto el cuidado de 1:
, mc U1 as as necesIdades urgen tes au d
carácter extraordinario(43). ' n cuan o sean de
Parla que los alcances del Art 315Q del CC' .
a aquellos actos de di '. " se CIrcunscnben
ISpOSlCIOnque forma d 1 . ,
extraordinaria del patri . . n parte e a gesnon
. , nmomo SOCIal;concepto .
~IOdncomI?re~de aquellos actos que van más al1i~: f~r n~~~::~
de
a loeso:dmanas del hogar o de la conservación del patrimonio
s conyuges.
Actos de administración y actos de disposición
Tratar de distinguir clar .
de gestión ordí amente la dIferencia entre actos
mana y extraordinaria del patrimonio social no
(43) C
omparten esta posición' P .
L, pp. 159-160. En el Derecho . _ ~CIDO, Manual de Derecho de Familia, Ci
Ciuil; Tomo IV [Derech esp~~ol. AU:lALADEJO,Manuel: Curso de Derecho
149-151 DíEZ-PI' o. de Fa.m¡].la], Barc~lona, Bosch, 1991, 5ª ed. .
IV
d
[Der!cho de F~~ii;~se~e;~~L~;"S:~oi::~sfis~:~I~~ D;echo Civil: .J~.
e ., pp. 153-154 Y201. " ecnos, 1998, 7ª
126
CAPíTULO 2: LA DISPOSIClÓ, ARBITRARIA DEL PATRIMO'JIO SOCIAL
es tarea fácil en la práctica. A manera de ejemplo, el arrenda-
miento de un bien, cuando uno de los cónyuges actúa como
arrendatario, ¿puede considerar e como uno dirigido a aten-
der las necesidades ordinarias del hogar o como un acto de ad-
ministración o disposición? En un proceso de desalojo por ven-
cimiento del contrato de arrendamiento, el demandado (cón-
yuge no interviniente) con el fin de evitar el lanzamiento del
inmueble que ocupaba, argumentó que dicho contrato fue sus-
crito únicamente por su esposa y por lo tanto, ante la falta de su
asentimiento, requería declararse previamente la nulidad del
mismo. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justi-
cia, en la CAS. Q 3053-98-CALLAO, resolvió la controversia
interpretando los alcances del Art. 292Q
del CCC44), señalando
que el acto de administración es aquel que tiene por objeto con-
servar y obtener el normal rendimiento de los bienes sobre los
que recaen. En ese sentido, el acto por el que se entrega en
arrendamiento un inmueble social-en calidad de arrendador-
es un típico acto de administración; mientras que el acto por el
cual se recibe un bien en arrendamiento -en calidad de arren-
datario- no es en estricto un acto de administración, porque el
pago de la renta convenida importa un acto de disposición so-
bre las sumas destinadas a dicho fin. Cosa distinta, señala la Sala,
es determinar si este acto de disposición puede considerarse
como uno dirigido a atender las necesidades ordinarias del ho-
(44) CAS. º 3053-98-CALLAO del 19 de mayo de 1999, publicada en la
SCEP del 18 de agosto de 1999, pp. 3220-3221. El Artículo 292º CC, en su
segt~?do párrafo señala que «para las necesidades del hogar)' actos de adminis-
traclOn)' conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de
los cón)'uges». La frase «actos de administración» citado en dicho artículo,
de?e entenderse Íntimamente ligado a los actos de conservación, con el
o.bJeto de diferenciarlo de los actos de «administración del patrimonio so-
CIal» (Art. 313º CC) y en los que sí se requiere la actuación conjunta de
ambos cónyuges.
127

JOSÉ ALMEIOA BRICEÑO
gar. En el presente caso, considera que sí, porque el arrenda-
miento del bien tuvo por objeto proveer un domicilio conyugal
en el que los cónyuges puedan hacer vida en común -obliga-
ción establecida por el Art. 289Q
del CC-; en consecuencia, para
dicho acto basta la intervención d uno solo de los cónyuges(45).
Discrepamos del criterio del Tribunal Supremo, sobre el caso
en el que el cónyuge actúe en solitario en calidad de arrenda-
dor de un bien, en tal supuesto, requerirá el asentimiento de su
consorte cuando el bien tenga la calidad de social.
Con mayor claridad, el Tribunal Registral de la Oficina
Registral de Lima y Callao distingue los actos de administra-
ción, como aquellos cuya finalidad es mantener el íntegro o
aumentar el patrimonio por medio de la explotación de bienes
que lo componen, de los actos de disposición, que tienen por
objeto provocar una modificación sustancial de la composición
del patrimonio mediante un egreso anormal de bienes, seguido
o no de una contraprestación. A partir de esta distinción, consi-
dera como actos de disposición: i) la construcción de una edifi-
cación, de tal manera que la inscripción de la declaratoria de
fábrica solicitada por un casado debe contar con la necesaria
(45) A contraconiente de lo expuesto, la Oficina Registral de Lima y
Callao considera como única regla la actuación conjunta cuando uno o
ambos cónyuges son arrendatarios del bien. Así, la RES. º 172-98-0RLCj
TR del 28 de abril de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 125-128. PLÁCIDO, Manual
~e ?erecho de familia, cit., pp. 178-180,en un caso similar, resolvió (p. 427)
indicando que «el arrendamiento es un acto de disposición por cuanto se
~ede temporalmente uno de los atributos de la propiedad, conservando
es~. Debe diferenciárselo del cobro de la renta mensual por el arrenda-
n:1~nto que e un acto de administración, por el cual se percibe un fruto
c~~l».SALA'lAR,Carla, «Importancia de los actos de administración y disposi-
Clan de los bienes sociales», en Diálogo con laJurisprudencia, Año lII, Nº 4,
Lima, 1997, pp. 141-150, recoge la doctrina argentina, para concluir que el
arrendamiento, cuando el cónyuge es arrendador, puede ser acto de admi-
nistración o de dispo ición, dependiendo de la duración del mismo.
128
CAPíTULO 2: LA DISPOSICló ARBITRARIA DEL PATRIMO 10 SOCIAL
. vención de su consorte; ii) la cancelación o levantamiento
ll1ter . . , ,
e la hipoteca, que reqUIere la intervenClon ~el conyuge d~l
d edor hipotecario; iii) la renovación de la hipoteca, que exi-
acre . (46)
ge la intervención del garan te hipotecario .
DEfensa del patrirrwnio conyugal
Otro supuesto discutible es el referido a la defensa del pa-
trimonio conyugal: ¿se requiere de la actuación conjunta o in-
distinta de los cónyuges? ElArt. 65Q
del CPC (modificado por el
Decreto Legislativo JQ 861 del 22 de octubre de 1996 y luego
restituido en su texto original por la Ley Q 26827 del 29 de
junio de 1997), señala en su segundo párrafo, que:
«lasociedad conyugal y otros patrimonios autónomos
son representados por cualquiera de sus partícipes si
son demandantes. Si son demandados, la representa-
ción recae en la totalidad de los que la conforman,
siendo de aplicación, en este caso, el artículo 93
Q
[litisconsorcio necesario]».
Elsustento de dicha norma no puede ser otro que conside-
rar que cuando la sociedad conyugal actúa como demandante
basta la actuación de uno de los cónyuges, por tratarse de actos
de conservación del patrimonio social (actos de gestión ordina-
ria); mientras que cuando los cónyuges son demandados, se re-
quiere la actuación conjunta por tratarse de actos de disposi-
(46) RES. Nº 445-2000-0RLCjTR del 15 de diciembre de 2000, en
ORLC, Tomo 1, Vol. XI, pp. 65-69; RES. º 248-2000-0RLCjTR del 21 de
agosto de 2000, en ORLC, Tomo 1, Vol. XI, pp. 70-72; RES. º 174-2001-
ORLCjTR del 20 de abril de 2001, en ORLC, Tomo 1,Vol. XII, pp. 37-41;Y
RES.Nº 403-2001-0RLCjTRdeI13 de setiembre de 2001, en ORLC, Tomo
1,Vol. XIII, pp. 399-402.
129

JOSÉ ALMEIDA BRICEÑO
ción (actos de gestión extraordinaria). Así lo ha establecido una
profusajurisprudencia de la Corte Suprema de justiciav'?'.
Consideramos que la divi ión efectuada tanto por ellegis-
lador como por la magistratura nacional no es del todo exact
¿qué pasa si el cónyuge demandante acepta una fórmula conc~~
liatoria disponiendo parte del patrimonio social o realiza un
defensa ineficiente que deviene en un fallo adverso a los cónyu~
ges?; o cuando existe recon~ención ¿deberá integrarse al cónyu-
ge no demandante? En estncto, debería solicitarse la actuación
conjunta. de .am?os cónyuges, por tratarse de actos de gestión
extraordinaria; sin embargo, nos inclinamos a favor de la posí.. , 1
cion doctrinal que considera que por la estrecha unión de los
(47) E id 1 . .
n ese senu o, as siguientes casaciones: CAS. Nº 01-94-LA LIBER-
TAD del 2 de mayo de 1994, publicada en la SJEP del 25 de marzo de 1995
p. 1907; CAS. º 81-94-AREQUIPA del 21 de diciembre de 1995, publicad~
en la SJEP del 26 de abril de 1996, p. 2189; CAS. º 201-95-CAÑETE del 13
de may~ de 1996 publicada en la SJEP del 7 de agosto de 1996, p. 2226;
CAS. N- 772-92-AREQUIPA del 7 de setiembre de 1992 [sic] publicada en la
SJE~ del 29 de diciembre de 1996, pp. 2755-2756; CAS. Nº 254-98-
~~ANUCO del 1 de setiembre de 1998, publicad; en la SCEP del 10 de
diciembre de 1998, p. 2210; CAS. º 1450-98-CHI TCHAdel 2 de noviem-
bre de 0
1998, publicada en la SCEP del 10 de diciembre de 1998, p. 2213;
CAS. N- ~846-98-CUSCO del 26 de mayo de 1999, publicada en la SCEP del
27 de etiembre de 1999, p. 3588; CAS. º 891-99-LIMA del 4 de octubre de
1999, publicada en la SCEP del 22 de noviembre de 1999, p. 4097; CAS. Nº
2150-99-LAMBAYEQUE del 23 de noviembre de 1999, publicada en la SCEP
del 8 de enero de 2000, p. 4520; CAS. º 514-99-LAMBAYEQUE del 29 de
;gos~o de 2001~ publicada en l~ SCEP del 31 de mayo de 2002, pp. 8814-
815, Y CAS. - 2227-2001:JU 1 del 12 de julio de 2002, publicada en la
~CEP ~el 31 de octubre de 2002, p. 9427. La CAS. Q 1211-2000-LIMA del 9
e novíembr- de 2000, publicada en la SCEP del 2 de enero de 2001, pp.
6691-6692 Y la CAS. º 1231-99-AREQUIPA del3 de octubre de 2001, publi-
c~da en l~ SCEP del 1 de abril de ~OO.2~p. 8648, afirman que los cónyuges
solo requrerer, presentar una tasa judicial, por constituir una sola parte.
130
CAPíTULO 2: LA DISPOSICiÓN ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
/ es(48)y además por los múltiples problemas que acarrea-conyug
/ el ámbito procesal la fórmula actual debe mantenerse.
naen '
Esta regla ha sido utilizada, en muchos casos, como un des-
medido recurso procesa~ del cónyuge demandado, quien mu-
chas veces deja transcurnr todas las etapas del proce~o para lue-
eñalar en casación que se requería el emplazamiento de su
~~~sorte. Su propósito no es otro que retardar la emisión del
fallo mediante la declaración de nulidad del proceso que volve-
ría a la etapa de notificación de la demanda. La Corte Suprema
de Justicia ha establecido como criterio para evitar estos casos,
ue si el cónyuge demandado no formula denuncia civil, con-
~rme lo señala el Art. l02º del CPC, en la primera oportunidad
que tuvo para hacerlo, la nulidad en la que se haya incurrido
queda convalidada (Art. 172º CPC) (49~.En ot:-os casos,
específicamente en los procesos de desalojo, ha senalado que
los demandados no necesariamente son los cónyuges sino aque-
(48) DíEZ-PlCAZO/GULLó>J,Sistema deDerecho civil, cit., Vol. IV,pp. 199-200.
(49) CAS. Q 388-95-LAMBAYEQUE del 5 de junio de 1996, publicada
en la SJEP del 22 de noviembre de 1996, pp. 2411-2412; CAS. Nº 34-95-
LIMA del 22 de enero de 1997, publicada en la SCEP del 31 de diciembre
de 1997, p. 232; CAS. Nº 561-97-ANCASH del 7 de agosto de 1998, publica-
da en la SCEP del 30 de setiembre de 1998, pp. 1697-1698; CAS. º 1152-
98-LA LIBERTAD del 15 de marzo de 2000, publicada en la SCEP del 1 de
diciembre de 2000, pp. 6633-6634 Y CAS. Nº 499-99-HUAURA del 3 de oc-
tubre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de mayo de 2002, pp. 8683-8684.
o ob tante, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su CAS. s
2717-2001-LA LIBERTAD del 16 de agosto de 2002, publicada en la SCEP
del 31 de octubre de 2002, p. 9418, señaló que aun cuando se invoque
OPOrtunamente la nulidad por esto motivos, son necesarias la presenta-
ción de la partida de matrimonio -no es uficiente la inscripción en los
Registros Públicos- y la inexistencia de mala fe.
131

110sque ocupen el predio'!", Hace falta un Pleno Casatorio so-
bre el tema.
2. ARGUME TOS A FAVOR DEL CÓNYUGE 1 O INTERVINIENTE
2.1. La absorción del principio general de ganancialidad de los
bienes existentes en el matrimonio
Generalmente, el primer argumento de defensa que utili-
za el cónyuge no interviniente consiste en reforzar el carácter
social del bien que pretende defender; caso contrario, se verá
imposibilitado de sustentar su pretensión de recuperar el bien
dispuesto por su consorte. Esto no le será difícil, teniendo en
cuenta que el actual CC diferencia dentro de los bienes existen-
tes en el matrimonio -entiéndase aquellos que los cónyuges te-
nían antes de entrar al régimen patrimonial en vigor como los
adquiridos por cualquier título durante su vigencia (Art. 299º
CC)-, qué bienes tienen la calidad de propios mediante un
númerus clausus (Art. 302º CC) y luego señala que los demás
bienes tienen la calidad de sociales (Art. 310º CC) y por lo tan-
to, forman parte del patrimonio social de ambos cónyuges.
Pese a ello, en la práctica se presentan supuestos de hecho
que se convierten en verdaderas «zonas grises» ante la dicoto-
mía de bienes propios y bienes sociales.
(50) CAS. Nº 33-95-LAMBAYEQUE del 6 de noviembre de 1996, publi-
cada en la SJEP del 23 de diciembre de 1996, p. 2605 Y CAS. Q 06-96-LIMA
del 20 de diciembre de 1996, publicada en la SCEP del 1 de diciembre de
1997, p. 8? Sin embargo, la CAS. Nº 824-2002-LIMA del 9 de agosto de
2002, publicada en la SCEP del 1 de octubre de 2002, pp. 9320-9321, dice lo
contrario.
132
CAPíTULO 2: LA DISPOSiCiÓN ARBITRARIA -DEL PATRIMONIO SOCiAL
Bienes adquiridos a plazos
Es el caso de los bienes adquiridos durante la vigencia del
, . de la sociedad de gananciales a título oneroso, cuando
regnnen 3020
' .
d
adquisición ha precedido a aquella (Art. -, mClSO
la causa e
C)
Ellemslador se refería a «aportaciones en formas de de-
2 C· 0-. . (51) E 1
e se hacen efectIvos en fecha postenor» . n e te-
rechos qu . d
d los hechos no es raro que los noVIOS por separa o
rreno e '
. inmuebles a título oneroso, que luego cancelan me-
adqUIeran . . . .
. 1pago de cuotas periódicas, que imcian antes de la vi- .
iliwree ..'
. d la sociedad de gananClales y termman durante esta
genCla e .
con aportaciones sociales.
Ernesto Cruzado, por ejemplo, adquirió un inmueble me-
d
. te compraventa a plazos el 14 de febrero de 1987, semanas
Ian . . bai 1
después (el 7 de marzo de 1987). contrajo matnmomo aJo e
régimen de sociedad de ga~~nCl~les con Nancy Godoy. Con
posterioridad, el esposo vendIO el mm~eble a favor ~e un ter:~-
ro considerando que el bien era propIO por haber SIdo adquirí-
do antes del matrimonio. La esposa solicitó la nulidad del acto,
por haberse realizado aportes durante el matrimonio. ¿Qué ca-
lidad tiene dicho inmueble?
La doctrina presenta tres posiciones sobre el tema. La pri-
. .' 1 armas
mera, se sustenta en que antes del matnmomo ngen :s n
del Derecho común: de acuerdo con la teoría del título y del
modo, el bien sería indudablemente propio en el caso de
inmueble s (en cuya transferencia opera el solo consenso) Yta~-
bién en el caso de bienes muebles, ya que a pesar que la adquí-
sición recién se produce con la tradición, que puede ser duran-
(51) COR~EJO CHÁVEZ, Derechofamiliarperuano, cit., T. 1, p. 289.
133

JOSÉ ALMEIDA SRICEÑO
te la vigencia d 1 ~ . 1
. e reg¡men, a causa de la misma (el tít 1 )
antenor(52) L . ~ u o es
bi . a segunda, estima mas racional la indivisió d
ren que la c lifi . ~ ~. del mí n el. a 1 IcaClon unlCa e mIsmo -como .
cial-: 1 propio o so-
lid, por o que debe entenderse que el bien tiene esta d bl
~a 1 ad, en pr~porción al origen de las Cuotas desembolsada~(53~
a tercera, senala que el bien tendrá la calidad q .
da al aporte mayor(54)-seá desembolsado d 1 ~e co~resP?n_
tivo o social-o e patnmolllO pnva-
La Sala Civil Permanente de la Corte Su . .
en la CASoNº 1715-96-PIURA prema de .Iusrícía,
, en el caso antes propuesto, razo-
(52) En ese sentido, LUGARMilagritos L b'
d '.. ~ ',« os ienes propios y la d
a quisieron en la sociedad de ga . 1 ., causa e
Año lII, NQ 6, 1997, pp. 153_16~~~~~~:s1~n Dzalogo con laJurisprudencia,
Depalma, Buenos Aires 1999 To~o ir ~ 1 I~;t~D Tratado de Derecho civil,
252-256 y PLÁCIDO, Man~al de Derecho defi' °t. . erecho de familia], pp.
go, este último propone modifi 1 ar;zzta, cit., pp. 145-146; sin embar-
. car e artículo 311Q' • 2 CC
gurente tenor: «los bienes ad uiri ' mClSO con el si-
gananciales, mediante precio ~a a~:' e~nt: o durante la vigencia de la sociedad de
fondos propios de uno o de amb ~, p rte con fondos soczales y en parte con
proporción al valor de los desemb°slsconyuges,. se reputan de la misma condición en
fi .. o os respectzvos» (PLÁcIDOM 1d D
amzlza, cit., P 175). GARcÍA,Ré imen . ' a~ ua . e erecho de
reclamó una enunciación m:: r ~gal de bzenes.en el Matrzmonzo, cit., p. 30,
como ro i b' P ecisa de los bienes que se comprenden
p p os aJOeste concepto, recogiendo el Att. 17362 del CC hil
(53 cnueno.
o ) Al respecto, véase VALE~ClAZEA,Arturo O ~ ..
14- ed., Temis Bogotá 1995 T V [D h Y RTIZ,Alvaro, Derecho cioil;
G '". erec o de familia] 316-317ustavo y ZA.'':-ONIEd d M ,pp. yBossERT,
Buenos Aires, 1996, PP~~37~238 a~:lde Derecho de familia, 41
ed., Astrea,
criterio; pero en aplicación dI' ~ ~te un! ~en~enCla que considera este
consideraba como corn e artícu 0.184, mClSO2 del CC de 1936, que
del caudal común au unehs a «aquellos bienes adquiridos a título oneroso a costa
, nque se aga la adquisició b d
ges»; CAS. NQ 2316-98-LIMA d n a nom re e uno solo de los cónyu-
del 7 de junio de 1999 2g
e
6
119
de marzo de 1999, publicada en la SCEP
, pp. 5-2966.
(54) En ese sentid B ~
lia Depalm B o,. ELLUSCIO,Augusto Cesar, Manual de Derecho defami-
, a, uenos Aires, 1981, T. II, pp. 55-56.
134
CAPíTULO 2: LA D,SPOS'CIÓN ARBITRARIA OEL PATRIMONIO SOCIAL
nó que el término «causa» contenido en el Art. 302Q
, inciso 2
del ee, debe entenderse como el motivo o el antecedente nece-
sario que origina un efecto y también el fundamento necesario
or el cual se adquiere un derecho. Agrega que la norma antes
;ludida se refiere a bienes sobre los cuales uno de los esposos ya
tenía un derecho antes de casarse, distintos de los considerados
en el inciso 1 del Art. 302º del CC; y éstos pueden ser: i) bienes
habidos bajo condición suspensiva que se cumple durante el
matrimonio; (ii) bienes reivindicados por acción iniciada antes
del casamiento; y iii) bienes que vuelven a poder de uno de los
cónyuges por acción de nulidad de contrato. El bien en discu-
sión, entonces, para la Corte Suprema de Justicia tiene la condi-
ción de social y no reconoce ninguna compensación a favor del
cónyuge interviniente=".
Nos inclinamos por la primera de las posiciones doctrinales
expuestas con una limitación: los aportes efectuados con cargo
a fondos sociales, de acuerdo con una correcta aplicación del
principio de subrogación, deben ser reembolsados con su valor
al momento de la liquidación de la sociedad de gananciales (vide
acápite 4.1 del presente capítulo) (56). En la legislación española
se sigue este criterio, aun cuando la totalidad o parte del precio
aplazado se satisfaga con dinero ganancial, con la excepción de
(55) CAS. N2 1715-96-PIURA del 11 de mayo de 1998, publicada en la
SCEP del 8 de junio de 1998, pp. 1267-1268. Con aplicación CC de 1936-
cuyo artículo 1772, inciso 3 guarda similitud con la actual normativa-, véase
las siguientes sentencias: CAS. N2 838-96-LIMA del 5 de noviembre de 1997,
publicada en la SCEP del 3 de mayo de 1998, pp. 861-862 y CAS. N2 2201-
99-LIMA del 28 de junio de 2000, publicada en la SCEP del 1 de setiembre
de 2000, pp. 6198-6199. El término «causa» se asimila al concepto de título
material y no formal, conforme lo establece la RES. N2 300-98-0RLC/TR
del 10 de agosto de 1998, en ORLC, Vol. VII, pp. 17-22.
(56) Esta solución coincide con la establecida por el Art. 1736Q
, inciso 7
del CC chileno.
135

la vivienda o del ajuar familiar En ' . .
1 d
. , . estos últimos casos, nge 1
reg a e la actuación conjunta indep d' a
d
bi ,en ienternente que se tr
te e ren propIO o social (Art 1357º CC - 1) a-. espano .
Si el bien fue adquirido a plazos por los '
la vi . conyuges antes d
a VIgencIa de la sociedad de gananciales se considera-s e
una copropiedad. ,rara como
Edificaciones sociales construidas sobre terreno propio
Otro caso más, lo constituyen los edificios construidos
costa del caudal social en suelo propio de uno de Ios rri a
d d 1 1 . e os conyuges
on e e egislador, por motivos prácticos, invirtió el pri ..'
por el cual «lo accesorio sigue la suerte de lo . . 1 nCIpl?
d d . prmcipa », consi-
eran o que dichos edificios forman parte del patri .
. 1 momo so-
CIa y que e~ estos casos. el valor del terreno será reembolsado a
favor del conyuge propIetario del mismo (Art 310º últi ,
rrafo CC). . ,lmo pa-
«Artículo 31Oº.-Bienes sociales
[...]
~ambién tienen la calidad de bienes sociales los edifi-
c~osconstruidos a costa del caudal social en suelo pro-
fIO :~ uno de los cónyuges, abonándose a éste el va-
or e suelo al momento del reembolso».
Algunos cónyuges . .
para evitar esta regla han pretendido
argumentar que la d 1 di . , ,
. causa e a e ificación fue anterior al matri-
m0
2
n
d
IO,con el objeto de ingresar al supuesto del Art. 302º inci-
so el CC La Sal C' '1P ,
J
u t' . . a lVI ermanente de la Corte Suprema de
s icia, en la CAS. Nº 1818-96-LIMA itid
guid ermti a en el proceso se-
D
o por Norma Mansilla contra su esposo Pedro Farr b
ec1arac" d . - o, so re
Ion e propiedad, senaló que:
136
«el hecho de que [sic] la adquisición del terreno y parte
del primer piso tengan causa anterior al matrimonio
celebrado entre las partes, no puede interpretarse co-
rrectamente que esa causa alcance como tal a la cons-
trucción de los pisos indicados, pues estos bienes no
existían cuando se celebró el matrimonio y fueron
constituidos [sic] muchos años después de haberse
celebrado=Y" .
En la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-
cia hemos hallado dos ejecutorias que corroboran esta inter-
pretación como una línea jurisprudencial, con algunas modifi-
caciones. La primera fue emitida por la Sala Civil Permanente
en la CASo Nº 1369-2002-AREQUIPA del 12 de noviembre de
2003(58), se resolvió la casación presentada por el Banco
Santander Central Hispano en contra de la sentencia de vista
que declaró fundada la demanda de nulidad del contrato de
mutuo y garantía hipotecaria celebrado por dicho Banco con
Rogelio Tapia. La relación de los hechos es como sigue: el 27 de
junio de 1986, Rogelio Tapia adquirió siendo soltero un chalet
de dos pisos. El 7 de enero de 1988, dicha persona contrae ma-
trimonio con Margarita Flores. El 2 de octubre de 1996, se ins-
criben edificaciones adicionales en el chalet, registradas como
ampliación de fábrica. EllO de febrero de 1997 se celebró el
(57) CAS. T2 1818-96-LIMAdel 4 de junio de 1998, publicada en la
SCEP del 4 de agosto de 1998, p. 1512, con aplicación del artículo 177
2
,
inciso 3 del CC de 1936. Existe una sentencia que con criterio singular y
perturbador ha expresado que la edificación sobre terreno propio de uno de
los cónyuges se rige por las reglas establecidas para la edificación de terreno
~eno (Arts. 9412 Y9422 CC), se trata de la CAS.N2 102-98-PUNO del 17 de
junio de 1998, publicada en la SCEP del 6 de agosto de 1998, p. 1532.
(58) CAS. T2 1369-2002-AREQUIPAdel 12 de noviembre de 2003, SPIJ
2004.
137

contr~to de .mutuo con garantía hipotecaria entre el Banco
Rogeho Tapia, sin la participación de su esposa. y
La Sala Civil Permanente no casó la sentencia de vista
, d ., , en
razon e que consideró que el bien inmueble hipotecado
. , d . con-
sistia e un inmueble con construcciones realizadas dent d 1. . , ro e
matnmoruo de. estor. Pon~e con Margarita Flores; que genera-
ba que se consI~ere dicho inmueble como bien social y por lo
tanto se requena el asentimiento de la esposa para gravarlo:
«Por tanto, no se corrobora el error in iudicando consis-
tente en la aplicación indebida del inciso 1 del artículo
219º, así como el artículo 292º, inciso 1 del artículo 311º
Yel artículo 315º del Código Civil, pues los inmuebles
sub litis han sido edificados dentro del matrimonio de
lo~ codema~dados Rogelio Jesús Tapia Concha y María
Elizabeth Pll1to Polar. Por tanto, para gravar dichos bie-
nes se :e~uería del consentimiento de ambos cónyu-
g~s, máxime que sobre las edificaciones no se ha po-
dido enervar la presunción que todos los bienes se
presumen sociales, salvo prueba en contrario.
Sólo a modo complementario e ilustrativo, la última
parte. ~el ~rtículo 310.º del Código Civil prescribe que
t~mbIen tienen la calidad de bienes sociales los edifi-
c~osconstruidos a costa del caudal social en suelo pro-
?1O de uno. ~e los cónyuges. La doctrina precisa que la
construcción de un edificio con el caudal social tiene
como efecto el cambio de la titularidad del inmueble
en su conjunto; no solo lo edificado es de la sociedad
~e ga~anciales sino también el suelo convirtiéndose
I~medIatamente ambos -en bien común' (Código Ci-
VilCo~entado por los cien mejores especialistas, Tomo
I1, Edlt~rial Gaceta Jurídica, Lima, dos mil tres, pági-
na trescientos cincuenta).
138
Examinando los supuestos de inaplicación de los artí-
culos 1097º, 1098º, 1099º, 2013!:!Y 2014º del Código
Civil, concordante con el artículo VII del Título Preli-
minar del Reglamento de lo Registros Públicos, se
concluye que la aplicación de estos preceptos legales
no variaría el sentido de la recurrida, pues conforme
se ha examinado precedentemente, el Banco deman-
dado no ha demostrado que los inmuebles sub litissean
bienes propios de su cliente, pues cuando se suscribió
la escritura pública que contiene la hipoteca y sus
ampliatorias consta el estado civil de casado de éste;
que, además las edificaciones de los inmue~les e~ con-
troversia se han realizado dentro del matnmoruo- En
suma, la recurrida se ajusta a lo actuado y al derecho».
Es pertinente señalar que la Sala Ci~l Perman~nte. en esta
sentencia hace una interpretación extensrva de los term1l10S del
segundo párrafo del Art. 310º del CC, en razón de que esta nor-
ma se circunscribe a las edificaciones realizadas sobre suelo pro-
pio de uno de los cónyuges, mas no en el supuesto que ad~más
del terreno propio existan edificaciones que tengan la rmsma
calidad, como sucede en el presente caso.
La segunda ejecutoria fue emitida por la Sala Civil Transi-
toria de la Corte Suprema en el proceso seguido por Santusa
Huaylla en contra de su esposo Bartolomé Chullo y el Banco de
Crédito, sobre nulidad de acto jurídico. El esposo adquirió un
lote de terreno el 26 de diciembre de 1976, en el distrito de
Paucarpata, Arequipa, siendo soltero. E15 de diciembre de 1980
se realizó el enlace matrimonial entre Santusa Huayl1a Y
Bartolomé Chullo. E15 de diciembre de 1995, Bartolomé Chull
o
hipoteca el inmueble a favor del Banco de Crédito, sin partici-
pación de su esposa. Esta hipoteca incluía el lote de ter~eno
inicialmente adquirido por Bartolomé Chullo más las edIfica-
ciones realizadas durante su matrimonio. En la CAS. º 372-
139

2005 AREQUIPA del 17 de enero de 2006(59) . .
manente declaró a favor de la nulidad de la '. la Sala CIVIlPer-
de que el inmueble tenía la calidad d . hipoteca, en razón
, e social y por lo t
quena para ser gravado el asentimiento de lo d ,anto re-s os conyuges:
«No existe duda 1 e h. ' que a a lec a de constituirse la hi o
te,: del mmueble con las edificaciones construida; e;
co emandado se encontraba casado con la de da
te po 1 man an-
'. :- o q:-re,resulta aplicable la regla establecida en
el mClSOp~mero del artículo 311º del Código Civil el
cual prescnbe que 'todos los bi. 1 ' ienes se presumen so-
cia es, salvo prueba en contrario' R 1 ._ 1 1 . esu ta necesano
sena ar o expresado por Max Arias-Schereiber Pezet
respecto a este artículo. , lati ' pues, se trata de una presun-
cion re atrva que opera en caso de duda o ante la falta
de prueba para calificar un bien como pr . d
de los cón D' opIO e uno
.yuges. e ocurnr ello, se considera al bi
como sO.Clal;.presunción iuris tantum que se suste~t~
en la solidaridad que gobierna tod 1 '
. de la soci o e proceso econo-
~ICOd e a sociedad de gananciales. Es decir, que si bien
co emandado Bartolomé Chullo Arhui doui ,el 1 uire a qUInO
ote, es presumible entonces que la d dSa t 1 b ,eman ante
él n ~~ ~al el Huaylla de Chullo al haberse casado con
p~r~e ~~~ina~~:~~~~~t~~i~~ t~~~ ~;u:~l~i¿::~o:~~
por :1codemandado Bartolomé Chullo Arhui g
escnto de contestación de demanda de foja~l~~.en su
~~c~:l :e~~:~~ al ~~~ers~ aplicado la presunción, res-
ertin s.~ I icaciones son un bien social, es
p ente también la aplicación del segundo párrafo
(59) GAS o. N- 372-2005-AREQUIPAdel 17 de enero de 2006 S, PIJ 2006.
140
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMO;-'¡IO SOCIAL
del artículo 310º del Código Civil, el cual establece,
que también tienen la calidad de bienes sociales los
edificios construidos a costa del caudal social en el
suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a
éste el valor del suelo al momento del reembolso.
Asimismo, lo antes expuesto debe ser concordado con
el artículo 315º del Código Civil, el cual señala que,
para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se re-
quiere la intervención del marido y la mujer. Conse-
cuentemente, durante el transcurso del proceso se ha
acreditado que la cónyuge demandante no intervino
en la celebración de la constitución de la hipoteca,
pese a que el Banco demandado tenía conocimiento
que el codemandado Bartolomé Chullo era casado y
que el inmueble que se iba a hipotecar contenía edifi-
caciones, por lo cual, tenía la calidad de bien social».
Siguiendo la misma orientación, el Tribunal Registral re-
chaza las rogatorias de inscripción o de rectificación que ten-
gan por objeto inscribir a nombre de uno solo de los cónyuges
la edificación construida en suelo propio a costa del caudal so-
cial-situación que se presume durante la vigencia de la socie-
dad de gananciales-, salvo que el cónyuge propietario del suelo
acredite que dicha construcción se realizó con desembolsos de
su patrimonio privativO<60).
Este supuesto se debe diferenciar de aquellos casos en los
que se acredite que uno de los cónyuges ha construido con car-
go a su patrimonio privativo sobre suelo propio de su consorte.
En estos casos, estaremos ante un supuesto de copropiedad.
(60) RES.Nº 312-2000-0RLC/TR del 3 de octubre de 2000, en la ORLC,
Tomo 1,Vol. XI, pp. 320-322.
141

Adquisiciones a título gratuito
También sucede con las d '"
, , , , a qmsICIOnes realizadas dur
la vigencia del régimen a título gratuito (Art 302Q
' , 3 ante
t ímbi , ' ,InCISO CC),
en es e am ito se Incluyen todas las ad '" , '
d " qmslCIOnes realIzadas
uno e los conyuges SIn qu~ éstos hayan efectuado un sa 'ft?r
en compensación, o obstante ell '1 d cri ICIO
, egIs a or se encargó d li '
tar este concepto a los bienes obt id e ImI-
eru os por causa de h '
legado o donación(61) Este criterio h id ' erenCIa,
, a SI o seguIdo al ' d
letra por la magistratura nacional pIe e la
" , , ' como veremos a conti
cion con los SIguIentes casos referidos ' nua-
~os por usu~apión, los obte~idos com~ :dj~~~~:!~::~:~qURiri-
rorrna Agrana o po ' , a e-
, 1 r programas del MInIsterio de Agricult
~:~~:o ;ntqu~llos casos en los cuales exista duda sobre la p~~~e~
la e os bIenes con los cuales se realizo' la adq , , "
UISlCIOn,
Los bienes 'adquiridos por usucapión
El primero' 'qu' di ,
ridos '~ ,e,con ICIOntienen aquellos bienes ad ui-
LAM por prescnpcIOn adquisitiva? En la CAS Q 2176q
99
BAYE QUE (62) 1 S ' , ,- -
, a ala CIVIlTransitoria de la Corte Suprema
(61) COR~EJOCHÁvEZ,Derecho familiar '
tra esta concepción limitativa de los ~e~~no, "': T. 1, p, 289, Con-
BIGLlAZZIGERl Lina et al Dere h " actos jurídicos a titulo gratuito, cfr;
d ' "c oCWl~trad Fe d H'
ad Externado de Colombí B ' ,rnan o mestroza, Universi-
, 'd' la, agota 1992 To 1 11 1 2
J~n lcosJ,Pp,l111-1112yCIFl:E:,TES' ,mo ,,V?' :[Hechos y actos
ClOS,Nulidades EJEA Bu Aire , Santos, NegoCloJurídico, Estructura, Vi-
, ,enos res, 1954, pp, 233-234
(62) CAS, N!l 2176-99-LAMBA '
blicada en la SCEP del 7 de abril JEQUE del 7 de diciembre de 1999, pu-
RES, N!l106-200 1-0RLC/TR d e 2000, pp, 4976-4977, En igual sentido:
Vol. XII, pp, 230-234 En el el 9 de marzo d~ 2001, en la ORLC, Tomo 1,
Manual de Derecho d fi' 'Z' Derecho argentmo, BOSSERT/ZANNONI
de los bienes que c~::p~~~nc~t" p, ~3d6dYBORDA,Guillermo, «Clasificació~
839 c id a SaCIe a conyugal», en La Le" 1983 A' onsi eran que el b", J' - P
ien tIene la calidad de propio; esta sol ' , " '
UClon nene
142
CAPíTULO 2: LA DISPOSICló ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
de Justicia resolvió la demanda de nulidad de acto jurídico pre-
ntada por Rosa Flores contra su esposo Juan Durand, el de-
:~andado adquirió mediante prescripción adquisitiva el predio
rústico «El Cerro» de la ha declarada por sentencia del 31 de
agosto de 1990, durante la vigencia del m~trimonio que cele-
bró con Rosa Elvira el 30 de abril de 1973, El argumentó que el
bien pertenecía a su patrimonio privativo, porque inició las ges-
tiones para que se declare la prescripción adquisitiva, de mutuo
propio y sin desembolsar ~~ma algu~a e~ compe~sación; ella
discrepó de tal interpretación y consideró que el bien formaba
parte del patrimonio social. La Sala estableció que la declara-
ción judicial efectuada a favor del que adquiere el dominio de
un bien por prescripción adquisitiva de dominio no puede con-
siderarse como un acto de liberalidad, durante la vigencia del
matrimonio, vale decir con «la tenencia de la sociedad conyu-
gal»; por lo que dicho bien está comprendido dentro del patri-
monio social de ambos cónyuges,
Los beneficiarios de la Reforma Agraria o adjudicatarios del
Ministerio de Agricultura
El segundo: ¿qué condición tienen los bienes adquiridos
por uno de los cónyuges como beneficiarios o adjudicatarios de
la Reforma Agraria? Serapio Silvano, Alberto Pastor y Ulises
Castañeda adquirieron predios rurales, el primero en Ucayali,
el segundo en Junín y el tercero en La Libertad, como
adjudicatarios de la Dirección General de Reforma Agraria y
Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, durante su
vida matrimonial sujeta al régimen de la sociedad de ganancia-
les, En los procesos iniciados por sus esposas, sobre nulidad de
en Cuenta el efecto retroactivo a la fecha de comienzo de la usucapión que
tiene tal sentencia, dado su carácter declarativo, Similar solución expresan,
el Art. 17922 del CC colombiano y el Art. 17362
del CC chileno.
143

acto jurídico de disposición de dichos bi .
cional y Social de la Corte Suprema de le~e., la Sala ~~nstltu-
criterio que dichos i bl justicia estableció como
os inrnue es no habían sid d .. d -
lo grat~ito por los beneficiarios, porque de~t~o ~:~i os a utu-
cepto solo se incluyen los bienes que se obtienen cho cO.
n
-
legado o donación, conforme puede verse de la e~or herencia,
premas contenid Jecutonas su
as contem as en las CAS. Nº 106-95-UCAYALI -
ciembre de 1995, CAS. º 220-96-JUNI T del 26 d del 12 de di-
y CAS. º 762-96-LA LIBERTAD d 1 3 d . e mayo de 1997e e noviembre de 1997(63)
. Conrado Ugaz,por su parte, demandóla declaració .
bien propIO del predio rural ubicado en Lamba e u don .d~
d~ mediante condonación, en aplicación de la riq .e a q~In-
~ls~o~ciónGeneraly Transitoriade la Constituc:~~~q~¿~~a
p~::nB::t~=~¿::~~;:; r~::~~!~~~:'aaq~~u~~~;:~u:;~;~u ~s:
rado s~c~al. La Sala Constitucional y Social de la Corte Su ec a-
de J~StlCla, acogió la reconvención de la esposa por 1 ~rema
motivo 1 hi os mismos
Refor~a~;r:ria~~~ para los predios rústicos adquiridos por la
En adición a estas ejecutorias su re 1 .
ñaló en la CAS º 514-99 LAM P mas, a misma Sala se-
2001 (65)que:' - BAYEQUE del 29 de agosto de
(63) Las .. . sentencias son las siguientes' CAS Tº ..-
de diciembre de 1995 br d .. 106-90-UCAYALI del 12
46; CAS. Nº 220-96-JU Pt ~c~2~en la SCEP del 27 de febrero de 1996, p.
del 4 de diciembre de 1997 e 16:.
e
mayo deo
1997, publicada en la SCEP
de noviembre de 1997 bi. p. ,y CAS. N- 762-96-LA LIBERTAD del 3
pp. 2321-2322. ,pu icada en la SCEP del 31 de diciembre de 1998,
(64) CAS. Nº 251-95-lAMBAYEQ
cada en la SJEP d 122 d . UE del 12 de setiembre de 1996 publi-
e e noviembre de 1996, p. 2409.
(65) CAS º 514-9da en 1 . 9-lAMBAYEQUE del 29 de agosto de 2001 .
a SCEP del 31 de mayo de 2002, pp. 8814-8815. ' publica-
144
CAPíTULO 2: LA DISPOSICló I ARBITRARIA DEL PATRIMO'iIO SOCIAL
«El Decreto Ley Nº 17716 se dio con fines eminente-
mente sociales, por lo que estableció una serie de re-
quisitoS para la adjudicación de las tierras con fines de
Reforma Agraria [ ...]; así tenemo que el inciso e del
artículo 84º del mencionado decreto ley, dispuso que
para ser admitido como postulante para la adjudica-
ción de Unidades Agrícolas Familiares, se requería,
entre otros requisitos, ser 'Jefe de Familia', lo que evi-
dencia que el objetivo de la adjudicación de tierras,
no era que éstas pasen a manos de personas que no
tuvieran carga familiar, sino que muy por el contrario,
que pasaran a convertirse en bienes sociales».
En la revisión realizada de las ejecutorias supremas, sin
embargo, se han hallado algunos pronunciamientos contradic-
torios con esta tendencia mayoritaria a favor de la ganancialidad
de los predios rurales adquiridos como consecuencia de la Re-
forma Agraria. A manera de ejemplo, en la CASo Nº 1304-98-
LAMBAYEQUE del 27 de marzo de 2000(66)emitida por la Sala
Constitucional Y Social de la Corte Suprema de Justicia se pre-
senta un criterio singular e incongruente con los anteriores:
Sabino Bonilla laboró para una Cooperativa Agraria d Traba-
jadores y al término de su relación laboral se le adjudicó un
predio rural denominado «El Huaral», cuando seguía casado
con Ana Salgado; tiempo después, debido a desavenencias ma-
trimoniales, ésta solicitó la separación de bienes sociales inclu-
yendo dentro de su petitorio el inmueble adjudicado a su espo-
so. La Sala desestimó la demanda, porque consideró que ese
tipo de liberalidad sí se encontraba incluida dentro de lo esta-
blecido por el Art. 302º, inciso 3 del CC. En otra ejecutoria su-
prema contenida en la CASoNº 951-2005-:JAEN del 16 dejunio
(66) CAS. Nº 1304-98-LAMBAYEQUE del 27 de marzo de 2000, publica-
da en la SCEP del 01 de setiembre de 2000, p. 6208.
145

JOSÉ ALMEIDA BRlCEÑo
de 2006(67) 1 S 1
. ,a a a Constitucional So' , .
propio el predio agrícola obt id y CI~ld claro como bIen
dición de beneficiario el 24 den~ o 'por AtIlano LIatas en su Con-
. ejuma de 1997 djurii ,
de la DIrección Regional Agraria XI del '. por. a ~UdIcaCIon
tura. El beneficiario era casad P MlDIsteno de Agricul-
. o con ura Pére d d
septIembre de 1961 El 19 d di b z, es e el 1 de
. , . e rciern re de 2002 A '1
vendió dicho predio agrícola a c. d ..' tr ano LIatas
E lavar e su hIlO 1 .
1hermano de éste Jose' Llat '" , :J gnaClo LIatas.
, as InIClOuna " d
este contrato bajo el ente d'd' aCCIOn e nulidad de
':J n I o que la pa 1 '
condición de bien social La S 1 d . rce a agncola tenía la
. . a a e VIstafalló
pretensión, en razón que el bie d Atil en Contra de esta
do a título gratuito: n e u ano Llata fue adquiri-
«Estando a la causal denunciada corres .
sar que el artículo 3022 del Códi o G '1 pond: p.reCl-
señal~ que son bienes propios de ~ad::ó~n su lDCISO3
adqUIera durante la vigencia del révi yuge l~s que
de gananciales a título gratuito. gImen de SOCIedad
Las instancias de mérito valora d
han establecido que di n o la prueba actuada
. me Iante Contrato 222374
rnente de fajas un d f ,co-
M'" o e echa 24 de junio de 1987 1
mlsteno de Agricultura -D' . , , e
Agraria XI-Ca'amarc '. l:ecclOn de la Región
litis, a título iratuito a~ ~djU~c.~ el predio materia de
en su condición de b' fio~. ti ano LIatas CabanilIas
ene iciarm de las ti
duce en el área d ierras que con-
nado Bellavista S e procyecto de adjudicación denomi-
. , anta ruz y Pu bl V' . .
mscrita con fecha 9 d e o rejo. Propiedad
gistros Públicos de Ch~ ~arzo de 1988 por ante los Re-
to 1, Partida 7 del R ~cayo, Tomo 44, Folio 59, Asien-
de Jaén e f egrstro de la Propiedad Inmueble
, on arme a la copia literal de fajas 42.
-----
146
(67) CAS. NQ 9
51-2005:JAENdel 16 dejunio de 2006, SPIJ 2006.
CAPíTULO 2: LA D,SPOS'C'ÓN ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
En dicho contexto, como se verifica de fajas 5, don Atilano
Llatas Cabanillas, mediante escritura pública de compra-
venta de fecha 19 de diciembre de 2002 transfiere su
propiedad a favor de don Ignacio Llatas Pérez la citada
Parcela por la suma de 12,000 nuevo soles. Así mismo
de fajas 17 se constata que con fecha 1 de setiembre de
1961, el demandado don Atilano Llatas Cabanillas con-
trajo matrimonio con doña Pura Flor Pérez Campos,
por ante la Municipalidad Distrital de Santa Rosa pro-
vincia de Jaén, departamento de Cajamarca.
Conforme a lo expuesto se advierte que la autoridad
jurisdiccional al declarar infundada la demanda ha
efectuado una interpretación lógica y coherente de
los alcances del inciso 3, artículo 3022, pues si bien a la
fecha de la adjudicación del pedio sub litis el demanda-
do LIatas Cabanillas se encontraba casado con la ma-
dre del demandante -esto es conformando una socie-
dad de gananciales- dicho bien inmueble fue adquiri-
do a título gratuito por el emplazado constituyendo por
tanto bien propio, susceptible de disposición por vo-
luntad del demandado LIatas Cabanillas, siendo así al
haberse determinado que la escritura pública de com-
praventa celebrada por el mencionado emplazado a
favor de don Ignacio LIatas Pérez no se encuentra
incursa en las causales de nulidad, no se ha incurrido
en el error in iure denunciado por el impugnante».
Estos pronunciamientos contradictorios merecen ser tra-
tados en un Pleno Casatorio, según lo establecido por el Art.
4002 del CPC.
ElArt. 1452 del Reglamento de Inscripciones del Registro
de predios (Resolución del Superintendente Nacional de los
Registros Públicos N2 540-2003-SU ARP-S ) señala que:
147

JOSÉ ALMEIDA BRICE-'O
«Art, 145Q
.- Adquisición de la .
ción a favor de la s . d d propIedad por prescrip-
OCIea conyugal
El formulario reg'istral de . '. _
mscnpclOn de po . -
que se refiere el Decreto Le . 1 . seston a
gIS atrvo 2 667 f d
una sociedad conyugal d _ . ,a avor e
quiera de los cónyug ,po ra ser Suscnto por cual-
1 s, en cuyo caso se ac --
a formulario registral . d 1 ompanara
de matrimonio la decl~ co~:a . e a respectiva partida
, raclOnJurada del có
suscribe el formulario re . t 1 nyuge que
gIs ra u otro docu
acredita la calidad de bi mento que
ien social del predio.
Sin per] '. d 1UlClO e o dispuesto en el - .
adquisición por prescri . _ ~arrafo antenor, la
favor de uno d 1 _pcion podra efectuarse sólo a
e os conyuges cuand -
que la posesión ha sido' 'd' o este acredite
cjerci a en forma' di id
para lo cual deb - m IVI ual
_ era presentar las prueb . '
tuen la presunción d bi . as que desvir-
e ren social».
Modificado por Resolución del Su .
de los Registros Públ' o penntendente acional
diciembre de 2004. ICO - 484-2004-SUNARP_S del 10 de
. _ Por lo que se admite la posibilidad d .
ClOnde ganancialidad . e deSVIrtuar la presun-
. - activa aunque qued di
tación que dará a esta n ' '. a pen lente la orien-
orrna la Junsprudencia registral.
Anteladd fi
u a, a auor de la comunidad
Superando estos pronunci .
aparecen como rnín - d amlentos contradictorios, que
ona entro de 1 Ií
supremas se apre . a tota idad de ejecutorias
, CIaque el rest d J
el Art, 3022 del CC o e supuestos considerados en
1 son menos recurrentes 1 -.
sa y se refieren a bie . en a practIca proce-
'. nes que emmentement f
patnmonIO plivativo de cada cónyug e arman parte del
e, como son los bien
es apor-
148
CAPíTULO 2: LA D,SPOS,CIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
tados antes de la vigencia del régimen de la sociedad de ganan-
ciales (inciso. 1) Y los intrínsecamente ligados a la per ona
(incisos. 4-9). Po~ lo que una primera apro~~mación a los crite-
rios jurisprudenCIales nos lleva a la conclusión que nuestra ma-
gistratura nacional, en los casos más comunes que ocurren en
la práctica, ha formado un criterio a favor del cónyuge no
interviniente, que se puede expresar diciendo que «en la duda,
a favor de la comunidad».
Como complemento de lo anterior, el Art. 3112
del CC se-
ñala tres presunciones: i) todos los bienes se presumen sociales,
salvo prueba en contrario, ii) los bienes sustituidos o subrogados
a otros se reputan de la misma condición de los que sustituye-
ron o subrogaron; y iii) cuando vendidos algunos bienes, cuyo
precio no consta haberse invertido, se compran después otros
equivalentes, se presume mientras no se pruebe lo contrario,
que la adquisición posterior es hecha con el producto de la ena-
jenación anterior. ¿Cómo han sido interpretadas estas presun-
ciones en la práctica?
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la CASo
N2 855-2006-LIMA del 7 de noviembre de 2006(68)resolvió la
causa promovida por Lilian Pérez contra su esposo Elard
Sánchez, sobre declaración de bien común. La demandante
pretendía que el inmueble adquirido por su consorte sea decla-
rado parte del patrimonio social. El 12 de noviembre de 1975,
Elard Sánchez era soltero y adquirió el inmueble de sus padres
en calidad de anticipo de legítima. Se casó en 1988 con Lilian
Pérez. Al fallecimiento de su padre, Elard Sánchez celebró un
contrato de compensación con los otros herederos sobre los
bienes de la masa hereditaria, siendo valorizado para tal efecto
el inmueble en US$ 66,000, acordándose que la beneficiaria de
(68) CAS. NQ855-2006-LlMA del 7 de noviembre de 2006, SPIJ 2007.
149

esta suma sería Eva Sánchez (madre del demandado). La de-
mandante consideró que el bien era parte del patrimonio so-
cial, en razón que fue obtenido durante la vigencia del matri-
monio. El demandado defendió la calidad de bien privativo del
inmueble, arguyendo que el inmueble consta de un terreno que
fue adquirido por anticipo de legítima y edificaciones que fue-
ron construidas antes del matrimonio. La Sala Civil Permanen-
te declaró fundada la demanda, sobre la base de que no existen
pruebas en el proceso que acrediten la oportunidad en que se
construyó la edificación; por lo que se consideró que el bien era
parte del patrimonio social:
«La ficha de inscripción registral del inmueble, según
la copia certificada de fojas 5, establece la fecha de la
declaración de fábrica, según Resolución del Ministe-
rio de Vivienda de fecha 4 de marzo de 1976 y escritu-
ra pública del 17 de abril del mismo año extendida
ante el notario de Lima Gastón Barboza; mas no acre-
dita la fecha de la construcción misma que lógicamen-
te es anterior, y no hay en autos prueba al respecto,
pues no se ha presentado copia de la licencia de cons-
trucción u otros medios que permitan determinar la
oportunidad en que se edificó la vivienda que existe
sobre el terreno, advirtiéndose por el contrario que
en el documento de fojas 7 se hace referencia al área
construida del inmueble, lo que lleva a la conclusión
que la valoración de la prueba hecha en la instancia,
no es arbitraria.
La sentencia de vista analiza el acta de la audiencia de
conciliación, así como los denominados pagarés, como
así resulta, especialmente, de sus considerandos quin-
to y noveno, dándose por acreditado su pago; y se ana-
liza también y ampliamente el mérito del contrato de
150
compensación en los considerandos undécimo,
decimosegundo, decimotercero y decimoquinto. Por
lo demás, no existe agravio cuando se alega que el con-
trato sólo fue suscrito por el demandado con su seño-
ra madre, no interviniendo ningún otro heredero de
don Luis Alberto Escala Valdizán, pues a esta misma
conclusión llega la recurrida, tanto más si se tiene en
consideración que la presunta simulación, alegada por
el demandado, no ha sido declarada judicialmente.
Asimismo el documento en que consta dicho contrato
no ha sido objeto de impugnación o tacha. En conse-
cuencia se descartan los cargos in procedendo.
La impertinencia de una norma de derecho material
se establece con relación al juicio de hecho estableci-
do en la instancia. En este caso se denuncia la aplica-
ción indebida de los artículos 310º y 949º del Código
Civil, pero el recurrente los relaciona con una nueva
apreciación probatoria y la consiguiente modificación
de dicho juicio, lo que no es posible en casación. El
artículo 310º citado, ubicado en el Capítulo de la So-
ciedad de Gananciales, señala cuáles bienes tienen la
calidad de sociales, con el añadido que el artículo si-
guiente establece que los bienes se presumen sociales.
El artículo 949º del Código Civil se contrae a la
consensualidad en la transmisión de la propiedad de
los bienes muebles, que la de vista aplica en su consi-
derando decimosexto, al corregir el criterio de la ape-
lada que exigía escritura pública.
El cargo de inaplicación de una norma de derecho
material exige que se demuestre su pertinencia al jui-
cio de hecho establecido en la instancia, que el recu-
rrente demuestre la subsunción y cómo ello modifica-
ría el sentido de lo resuelto. El recurrente invoca los
151

artículos 77Si1 y 777Q d 1 C' di . .
men e o IgO CIVILde 1936 ar u
tando que el bien no fue colacionado ' 1g -
puesto Contrato de compensación solo fu ' .elebr su-
por dos coherederos y que ' . e ce e rado
umcamente b
terreno. Nuevamente se pl versa so re el
antea una mod'fi "
la cuestión de hecho lo 1ICacIOn de
. , ' que no es pos'bl
cion, Como ya se ha señalad 1 1 e en casa-
. , o, e contrato de co
sacien ha sido analizado por 1 . rnpen.
os Jueces d ,.
virtiendo la sentencia de vi t ~ mento, ad-
, s a, en su rnouvo duo dé .
mo, que solo fue suscrito por el demandad _Cl-
ra madre, por lo que li . oysuseno-
. '. irni tan su aIcan 1
IntefVlmentes en dicho acto' idi ce a os
que no se evídenci 1 . JU:l lCO, de tal manera
Y
777º d 1 C 'd' la ~~ertInenCla de los artículos 775º
e o 19OCIVIlde 1936
colación, y al valor de los biene~ ~~el:ec~~fi~~en a la
no se ha establecido Como maten'a aCl~n, que
.' d' ControvertIda se-
gun acta e la AudIencia de Conciliación de fojas 229».
Criterio de la Oficina Registral de Lima y Callao
En el ámbito registral el Art 11º. .
de Inscripciones del R .' de j , InClSOd del Reglamento
to de inscripción se i~~;~~:~ e~ Predios s.e~ala que en el asien-
adquirente de la sociedad con esta?o .ClvIld~ la persona. El
cia, así COmo los dar d d yu?"al IndIcara dicha circunstan-
. os e ea a conyug
Inscribir el bien pro io d b ,. . e, y en caso se pretenda
adquirido en calidad d ' b.
e
era In~ICarse que el inmueble fue
e ien propm
En complemento 1 .
mismo Regl a o antenor, los artículos 12º y 13º del
amento establecen lo siguiente
«Artículo 12º 1 . ,
.- ntervencíon conjunta de los '
conyuges
Para la in . "
. , . SC~l~:IOnde los actos o contratos de ad u ..
cion, dISPOslcIOno gravamen de un bien Social d qb lSl,-
, e era
152
CAPíTULO 2: LA D,SPOS'CIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMO '10 SOCIAL
constar en el título la intervención de ambos cónyuges
por sí o mediante representación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Art. 145º del presente reglamento».
«Artículo 13º.- Rectificación de calidad del bien
Cuando uno de los cónyuges, manifestando un estado
civil distinto al que le corresponde, hubiere inscrito a
su favor un inmueble al que la ley le atribuye la cali-
dad de bien social, procede la rectificación del asien-
to donde consta la adquisición, en mérito a la presen-
tación del título otorgado por el cónyuge que no in-
tervino, insertando o adjuntando la copia certificada
de la respectiva partida de matrimonio expedida con
posterioridad al documento de fecha cierta en el que
consta la adquisición».
Por lo que se ha establecido como criterio que la inscrip-
ción de los derechos inmuebles y derechos inscribibles adquiri-
dos durante el matrimonio debe extenderse siempre con la ca-
lidad de bienes comunes, debiendo hacerse constar en el asien-
to los nombres y apellidos de los cónyuges, salvo que se presen-
te el título que justifique la calidad de propios de dich s bienes
o la resolución judicial que les asigne esta calidad, como puede
verse de los siguientes antecedentes:
Reglamento de las Inscripciones (aprobado por Acuer-
do de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del
17 de diciembre de 1936)
«Art. 61 º.- La inscripción de los inmuebles y derechos
inscribibles adquiridos durante el matrimonio, se ex-
tenderá siempre con la calidad de comunes debiendo
hacerse constar en el asiento los nombres y apellidos
153

JOSÉ AL.VEIDA BRICE,- O
~e ~os cónyuges., salvo que se presente el título que
~us~Ifique la calidad de propios en los casos de los
111CISOS1Y2 del artículo 177'1 del Códi Civil1 . / . .. 19O lVl, o reso-
u~lOn judicial ~ue les asigne esta calidad, en los de-
mas casos del citado artículo o la de reservados e 1
caso del Art. 206º del mismo código /t n e/. ». o ese que este
artículo no ha SIdo actualizado con el actual Cc.
~esolución de Superintendencia Nacional de los R -
g¡stros Públicos Nº 033-96-SUNARP (del 9 d e b e
de 1996) e le rero
«Art. 2º.~ Declarar que la intervención conjunta de
a~bos conyuges en lo~ actos de adquisición, disposi-
clO.n.o ?rava~en de bienes sociales inmuebles es re-
qUlS1t~ineludible para la inscripción de tales actos en
el Registro de Propiedad Inmueble.
Lo dispuesto en el Párrafo anterior no es de aplicacion en los
casos en que uno de los cónyuges que tenga poder especial del
otro para la realización de alguno de tales actos».
La confesión de privatividad de un bien
m b ancy. Alania pretendió inscribir como bien propio el in-
u.e/ le ublCa~o en la manzana Q, Primera Etapa de la urbani-
d
zacllOnMercuno, del distrito de Los Olivos, Lima que adquirió
e os esposos Car D 'de vend d men onayre y Ruga Loyola (en su calidad
b 1 d
e ores) en contraprestación del precio que fue desem-
o sa o con el di 1en calidad de 111e:~que e fue ~roporcionado por su padre
donación. Con el objeto que no exista duda algu-
~~' su esposo, Percy Coria, declara en inserto a la escritura pú-
/lca, corroborando dicha condición. El rezistrador ob / 1
título 1 l" 0- servo e
y a so icitante interpuso apelación. El Tribunal R' 1egistra
154
CAPíTULO 2: LA DISPOSICló -, ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
de la Oficina Registral de Lima y Callao señaló como preceden-
te de observancia obligatoria que «con la finalidad de enervar
la presunción de bien social contenida en el inciso 1 del Art.
311'1 del CC e inscribir un bien como propio, no es suficiente la
declaración efectuada por el otro cónyuge contenida en la es-
critura pública de compraventa»(69), lo cual implica que el ori-
gen de los fondos sea acreditado mediante instrumento públi-
co, conforme lo señala el Art. 245º del CPC(70).Los mismos re-
quisitoS se solicitan en los Registros Públicos, para rectificar la
calidad de un bien social como un bien propio'i" o para acredi-
tar la calidad de bienes propios por subrogación (Art. 311 '1
incisos 2 Y3 CC) (72).
(69) RES. NQ003-2002-0RLCjTR del 4 de enero de 2002, publicada en
el diario oficial El Peruano del 30 de enero de 2002, pp. 216570-216572. Los
antecedentes de este precedente son: RES. Q020-96-0RLCjTR del 22 de
enero de 1996, en ORLC, Vol. II, pp. 207-209; RES. NQ275-97-0RLC/TR del
30 de junio de 1997, en ORLC, Vol. IV, pp. 89-90; RES. NQ433-98-0RLC/TR
del 24 de noviembre de 1998, en ORLC, Vol. VII, pp. 118-121 YRES. NQ239-
99-0RLC/TRdel21 de setiembre de 1999, en ORLC, Vol. IX, pp. 108-111.
(70) RES. NQ078/92-0NARPjV del 26 de noviembre de 1992, en ORLC,
Vol. 1,pp. 39-40; RES. NQ431-96-0RLC/TR del 6 de diciembre de 1996, en
ORLC, Vol. 1lI, pp. 104-106; RES. NQ249-96-0RLC/TR del 30 de julio de
1996, en ORLC, Vol. III, pp. 107-109; RES. Q247-97-0RLC/TR del 23 de
junio de 1997, en ORLC, Vol. IV, pp. 91-93; RES. NI!037-98-0RLC/TR del
30 de enero de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 59-62; RES. NQ019-2000-0RLC/
TR del 28 de enero de 2000, en ORLC, Vol. X, pp. 61-63; RES. I!29-2001-
ORLC/TR del 22 de enero de 2001, en ORLC, Tomo 1, Vol. XII, pp. 366-
368 YRES. NI!220-2001-0RLC/TRde124 de mayo de 2001, en ORLC, Tomo
I, Vol. XII, pp. 320-323.
(71) RES. I!255-96-0RLC/TR del 30 de julio de 1996, en ORLC, Vol.
1II,pp. 71-72; RES. NI!286-96-0RLCjTRdel12 de agosto de 1996, en ORLC,
Vol. I1I, pp. 73-75 YRES. NI!384-96-0RLC/TRdel11 de noviembre de 1996,
en ORLC, Vol. III, pp. 76-77.
(72) RES. NI! 053-96-0RLC/TR del 9 de febrero de 1996, en ORLC,
Vol. II, pp. 101-103; RES. NI!087-96-0RLC/TR del 1 de marzo de 1996, en
155

Con pOsterioridad a la emi ión de estos pronunciamientos
y con relación a la inscripción de la propiedad vehicular, de
acuerdo con el Registro de Inscripciones del Registro de Pro-
piedad Vehicular (Resolución de Superintendente Nacional de
los Registros Públicos N!.!.087-~O?4-SU.NARP_SN), se admite qu-
la persona casada pueda inscríbír el bien como propio; pero en
tal caso se señala que «se deberá acreditar dicha circunstancia».
Como regla general, aciertan más aquellas legislaciones,
como el CC español (Art. 1324!.!),que admiten la simple confe-
sión del consorte para inscribir el bien como propio, dejando a
salvo los derechos de los herederos forzosos del confesante y a los
acreedores, sean de la comunidad como de cada uno de los cónyu-
ges, para impugnar dicho acto si así lo consideran conveniente(73).
Código Civil español
«Artículo 1.324
Para probar entre cónyuges que determinados bienes
son propios de uno de ellos, será bastante la confesión
ORLC, Vol. II, pp. 110-112; RES. Q 001-9&-ORLC/TR del 1 de enero de
1996, en ORLC, Vol. II, pp. 204-206; RES. Q 420-9&-ORLC/TR del 29 de
noviembre de 1996, en ORLC, Vol. III, pp. 101-103 YRES. Q 223-98-0RLC/
TR del 12 de junio de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 155-158. o obstante,
resulta viable que las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas durante
la vigencia del CC de 1936 se efectúen sin la necesaria intervención de la
mttier, otorgándosele a dichos bienes la calidad de comunes: RES. NQ 195-
98-0RLC/TR del 7 de mayo de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 122-124; RES.
Q 215-98-0RLC/TR del 29 de mayo de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 151-
153; RES. NQ 001-9&-ORLC/TR del 1 de enero de 1996, en ORLC, Vol. 1I,
pp. 204-206; RES. NQ 628-2001-0RLC/TR del 28 de diciembre de 2001, en
ORLC, Tomo 1, Vol. XIII, pp. 223-226 YRES. Q 352-2001-0RLC/TR dell5
de agosto de 2001, en ORLC, Tomo 1, Vol. XIII, pp. 303-306.
(73) Coincide DÍEZ-PlCAZO, Luis, Derecho de daños, Cívicas,Madrid, 1999,
p.227.
156
CAPíTULO 2: LA D,sPOSICló¡o., ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
del otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicará a
los herederos forzosos del confesante, ni a los ~creedore ,
de la comunidad o de cada uno de los conyuges».sean
d esta norma Lasarte'?" señala que el legisla-Interpretan o, . ~ d 1
di do darle dos alcances a la confesión e a
d r ha preten 1 . ~ . ,
o .' d L rimera con relación a las relaciones entre con-
rivatlVIda . a P , 1 ., d 1
P d b sta la mera manifestación o dec aracion eges don e a .. 1 ~
yu, d e el bien pertenece pnvativamente a otro con-
confesante e qu l' ~ d
d irtuar el valor propio de a presunclOn euge para esvi
y . lid d La segunda frente a terceros, sean herederos
gananCIa 1 a . dores de la' sociedad de gananciales o de cual-
forzosos o acree . .. d
. d 1 cónyuges la confesión de privatividad carece eqUIera e os, .
~sola con el fin de evitar posibles fraudes. Por tan-efectos por SI , . b . .
1 ~ ges deben apoyarse en otros medios pro atonos SIto, os conyu . ~
desean dotar de eficacia erga omnes a esta confesión.
A nuestro parecer, en aquellos supuestos en los cuales am-
bos cónyuges están de acuerdo con que el bien pertenece al
patrimonio privativo de uno de ellos, la e~igen~ia de p~obanza
nos parece demasiado drástica para acreditar dicha calidad, ~o
. ~. ible si t ata de dinero' cosa dis-que ngurosamente sera lmposl e SIse r ... '
tinta es que por este medio se pretenda causar perJu~Cl~ ~ ~cree-
dores de buena fe, supuesto en el cual éstos ~odran 1l11:Iar la
acción revocatoria (Art. 195Q
CC) o la de nulidad por slm~la-
ción (Art. 219Q
, inciso 5 CC). En cambio, consideramos ~phca-
ble esta regla a aquellas controversias en las cuales se ~Iscuta
.. 'al del bien Aentre los cónyuges la naturaleza pnvatlva o SOCl ..~
manera de ejemplo, Felipe Arteaga demandó la declar~ClOl~
.:.J . id E ana N-de bIen propio del inmueble ubicado en la averu a ~~ r
2424 de la ciudad de Trujillo, señalando que fue adquirido po
-------
7 , " D ¡ "/ 5ª ed Marcial Pons, Bar-( 4) LASARTE,Carlos, Principios de ereclO CWZ" .,
celona, 2006, T. VI [Derecho de Familia], pp. 211-212.
157

JOSÉ AlMEIDA BRICE - O
subrogación (Art. 31P, inciso 3 CC), con el dinero obtenid
por la venta.previa de tres lotes de ,terreno y una camioneta Pic~
up marca .Nlssa~, todos el~os -segun su versión- adquiridos an-
tes de la VIgenCIade la sociedad de gananciales tal co,. ' mo apare-
CIaen las mmutas de compraventa. Su esposa, Yolanda Pinillos
no estab~ conf?rme con esta pretensión ni con el parecer de l~
Sala de VIsta e 1l1terpuso recurso de casación La S 1 Civil P. a a. IVI er-
manente de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 2631-
2001-LA LIBERTAD (75), amparó dicho recurso por la causal d
afectación al debido proceso, al haberse otorgado a las minuta:
de compraventa plena eficacia probatoria para determinar un
hecho que no se advierte directamente de dicha prueba ya q
1 ch. ' ue
as l~C as CI~rt~Sde l~s e?ajenaciones son las consignadas en las
escntu~as pub!Icas, siguiendo lo dispuesto por el Art. 245º del
CPC, SIendo estas posteriores a la adquisición del inmueble
materia del proceso.
Criterio de las normas tributarias y del Tribunal Fiscal
La presunción de ganancialidad activa también es utiliza-
da en l~ n~rmas tribut~rias, para determinar cuál de los cónyu-
ges esta obligado a rea~Izar la declaración y pago del impuesto a
la r~nta: Sob~e el particular, los artículos 14º y 16º del Decreto
Legislativo T- 774 (Ley del Impuesto a la Renta), señalan den-
tro de los obligados a este impuesto a las sociedades conyugales
y, a efectos de la determinación de la renta se consideran dos
n;glas: i) las re~tas que obtenga cada cónyu~e por separado se-
ran declaradas 1l1~ependientemente por cada uno de ellos y ii)
~asrentas producidas por bienes comunes serán atribuidas, por
Igual, a cada uno de los cónyuges, sin embargo, éstos podrán
(75) GAS 02. - 631-2001-LA LIBERTAD del 14 de agosto de 2002 publi-
cada en la SCEP del 2 de diciembre de 2002, pp. 9573-9574. '
158
CAPíTULO 2: LA DISPOSICiÓ, ARBITRARIA DEL PATRIMONIO So IAl
o rar por atribuidas a uno sólo de ellos con la finalidad de la
d~claración Y pago como sociedad conyugal.
En tres procedimientos administrativos revisados en el Tri-
bunal Fiscal se resolvieron los r~cu:sos prese.ntados por las es-
o as de Luis Duthurburu Y Nicolás de Ban Hermoza, cuyos
ingresos económicos y actividades fueron cuestionados en el
fuero penal. Una vez finalizada la discusión propia de un proce-
so penal, correspondía ~eterminar si ~asesposas eran obligadas
solidarias respecto de tnbutos prodUCIdos por rentas generadas
por incrementos patrimoniales no justificados por sus consor-
tes. En las RTF "s 07335-4-2003, 01302-3-2005 Y 01725-6-2006(76)
se señaló a favor del criterio de incluir a las esposas de estas
personas, que de acuerdo con las normas civiles los esposos se
encontraban sujetos a las reglas del régimen patrimonial de so-
ciedad de gananciales. Por lo que al no haber utilizado la se-
gunda opción establecida por el Art. 16º de la Ley del Impuesto
a la Renta, se entiende que las rentas de los bienes comunes se
asignan por igual a cada uno de los cónyuges. Así mismo, te-
niendo en cuenta que no existe prueba alguna que acredite
que los bienes tienen la calidad de propio según el Art. 302º del
CC, se presume que los incrementos patrimoniales no justifica-
dos, reparados por la administración tributaria, corresponden
al patrimonio común de las sociedades conyugales.
* * *
En síntesis, el examen en conjunto de las sentencias emiti-
das en casación y la jurisprudencia registral anotadas, nos con-
ducen a afirmar que el «principio general de ganancialidad de
(76) RTF NQ07335-4-2003 del 17 de diciembre del 2003, RTF N
Q
01302-
3-2005 del 28 de febrero de 2005 y RTF Q 01725-6-2006 del 30 de marzo de
2006, TF.
159

los bienes existentes en el matrimonio» -trazado por ell . 1.. e~s~
dor- ha venido absorbiendo verdaderas «zonas grises. », que se
constituyen en lo~ c~ os más frecuentes (Art. 302º, incisos 2 y 3
CC) que en la practICa propone la dicotomía entre bienes -
. b' . pro-
pIOSy. ienes sociales; convirtiéndose en un principio muchas
veces infranqueable, que admite sólo como excepció 1. .. n a pro-
banza fe~aClente mediante instrumento público que la titulari-
dad del bien corresponde al patrimonio privativo de uno d 1, e os
conyuges o que subroga a otro bien propio.
2.2. La nulidad como soluciónjurisprudencial
Sin perjuicio de lo antes expuesto, el principal problema
que debe superar el cónyuge no interviniente, ante la ausencia
de una sanción específica en el Art. 315º del CC es determinar
cu~l viene .a ser el instrumento legal que le perr~'lÍtirá producir
la l~eficaCla del. acto de disposición arbitrario del patrimonio
sOCl~I,con el objeto que se restituya el bien a dicho patrimonio.
Es CIerto que éste viene a ser un supuesto generalmente insos-
pechado al inicio del matrimonio, pero adquiere importancia
c?nforme van pasando los años en la medida que va acrecen-
tandose el patrimonio común dentro del régimen de sociedad
de gananciales.
. ~l legis~ador soslayó el problema y presentó argumentos
~nsatIsfactonos y de verdadera resignación sobre el tema. Reco-
jarnos sus palabras:
~(Escierto que esta solución deja en pie un problema
Importante si se opta por el régimen de comunidad
de gananciales, y es el de las dificultades que acarrea
para la contratación con terceros la obligación de que
ambos cónyuges intervengan; pero ello podría ser sub-
sanado en parte considerable si se dispusiese que esa
160
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMO 10 SOCIAL
doble intervención [se refiere a la intervención con-
'unta de ambos cónyuges en actos de disposición o de
Jgravamen de bienes s~ciale~] no se exige para actos de
dquisición Y si ademas se tiene en cuenta que uno de
~oscónyuges puede dar poder al ot~o. Existe siemine. es
verdad, el riesgo de abuso de uno de los conyug~: pero si entre
Ilosno se mantiene un mínimo de armonía, diálogo y buena
e l l ley l (77)
fe, entonces el problema no puede reso ver o a guna» .
En su Manual de Derecho de familia, el autor de la pro-
puesta señaló que:
"Si bien es cierto que tratándose de bienes comunes Y
no pudiendo el marido vender lo que no es suyo, po-
dría considerarse a la mujer como covendedora a los
efectos de franquearle la acción rescisoria por causa
de lesión; pero también es verdad que esa acción sólo
d
bi . bl (78)
procede cuando se trata e lene mmue es» .
Más tarde examinaremos los inconvenientes de esta solu-
ción (véase acápite 2.3 del presente capítulo).
Ante este panorama, la primera opción -mas no la única-
consiste en privar de eficacia al acto por haber sido afectado
por una de las causales de nulidad del acto jurídico. En efecto,
una revisión de diversas sentencias emitidas en casación, con
relación a los casos propuestos al inicio del presente capítulo,
nos llevan a concluir que la Corte Suprema de Justicia de la
(77) COR..'EJO CHÁvEZ, Héctor en PO'-TIF1ClA U>:IVERSlDAD CATÓLICA DE~ PE~é,
Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil; Lima, Fondo EditoDal
PUCP, 1980, pp. 540-54l.
(78) COR>:EJO CHÁvEZ, Manual de Derecho defamilia, cit., p. 299.
161

JOSÉ AlMEIDA BRI CE - O
República se inclina por la nulidad del acto de-disposición arbi-
trario del patrimonio social.
Así se pronunció la Sala Civil Permanente de la Corte Su-
prema de justicia, en la CAS. Jº 2273-97-LAMBAYEQUE, res-
pecto al ~ declarando a favor de la pretensión de Rosa
Obregón la nulidad de los actos de disposición arbitraria de los
dos inmuebles sociales ubicados en la ciudad de Chiclayo reali-
zados por su esposo a favor de sus hijos César, a título de antici-
po de legítima, y María, a título de compraventa. La demandan-
te invocó tres causales de nulidad (Art. 219º, incisos 1,5 Y 7 del
CC); la Sala señaló (considerando segundo) que los «actos jurí-
dicos resultan viciados de nulidad absoluta, conforme al Art.
219º, inciso 1 del CC, concordante con el Art. 315º del mismo
código, porque no intervino la cónyuge»?".
También lo hizo la Sala Civil Transitoria de la Corte Supre-
ma de justicia, en la CAS. º 1634-99-PUNO, en el proceso se-
guido por Guillermina Carhua contra los esposos Carmela Toro
y Mauro Ildefonso, sobre otorgamiento de escritura pública. La
demanda fue declarada infundada y el contrato suscrito por el
esposo a favor de la demandante nulo como consecuencia de
haberse «inaplicado el inciso 1 del Art. 219º del CC, por cuanto
dicho inmueble fue dispuesto unilateralmente por el esposo,
acto jurídico que resulta viciado de nulidad absoluta, porque
no intervino la cónyuge recurrente lesposal»?",
• (79) CAS. Q 2273-97-LAMBAYEQUEdel 4 de noviembre de 1998, pu-
b.hc~daen la SCEP de19 de diciembre de 1998, pp. 2189-2190. Con poste-
no~dad examinaremos las implicancias de las posteriores enajenaciones
realizadas por los hijos y la protección de la fe pública registral a favor de los
terceros (véase acápite 3.2 del presente capítulo).
(80) CAS. Q 1634-99-PU O del 12 de octubre de 1999, publicada en la
SCEP del 30 de noviembre de 1999, pp. 4197-4198.
162
. 1 de la Corte Su-
"cí como la Sala Constitucional y Sooa ..
rs» . . CAS º 398-97-CRI CRA, emitida
de justloa, en su .
prerna ro
ceso
seguido por los esposos Flores contra los esposos
en el p Agropecuaria «El Refugio». Los esposos Flores sus-
TasaycO y t ato de promesa de venta con los esposos
·bieron un con r d
cn . mueble social; sin embargo, antes e que
co sobre un m' .
Tasay 1 ntrato de compraventa, el esposo Tasayco, sin
oncrete e co . d 1
se c .. de su esposa dispuso el bien a favor e a em-
1 entlmlento' u .e as . «El Refugio». Los esposos Flores so icita-
esa AgropeCuana . .
pr la nulidad basándose en que la esposa Tasayco no mte:vl-
ron .. ., del inmueble social. La Sala reafirmo la
o en la dlSpOSIClOn , . li
n . d d di ha acto señalando que se llevo «sin las forma 1-
nuhda e ic , 1 A
d d requeridas para los actos jurídicos, l?uesto que e rt.
2~9:~el CC establece que los actos jurídicos son nulos :uando
o ha existido manifestación de voluntad y que al no interve-
n. losa del vendedor, pese a que el contrato versaba so-
nir a esp . , di h 1de
bre bien de la sociedad conyugal, se incurno en IC a causa
la nulidad» (81l . ,
Un caso similar al~ es el siguiente: Delia Amanqui
se casó conjuan Canahua el mes de febrero de 1981 y el ~O de
abril de 1992 adquirió por compraventa un inmueble ub.ICado
en la calle Zepita y Chinchana del Barrio Asunción de la clUd~d
de juli (Puna), que ingresó al patrimonio social ~e ambos; sin
. .. , . 1 - 1 ba que el bien se encon-
embargo la mscnpcion registra sena a .
traba ins~rito a nombre de Juan Canahua dejando constano~
M, devé t adquiere un vehl-
que su estado civil era casado. as tar e, es e ,.
ía hi tecaria gravo el m-
culo de la empresa Valva y en garantla lpO
l· . , 1 lidad del gravamen. La
mueble social. La esposa so icito a nu 1
. . 1 CAS
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justICla, en a .
(81) CAS. Q 398-97-CHINCHAdel 11 de agosto de 1998, publicada .en
la SCEP del 11 de marzo de 1999, p. 2753.
163

NQ 2492-98-PUNO, señaló que el acto adolece de nulidad por
no haber participado ambos cónyuges(82).
Con relación a los actos de disposición a título gratuito, la
magistratura nacional ha mantenido su posición. Esto se puede
corroborar en el~ derivado del proceso seguido por Aida
Diez Canseco contra su esposo Miguel Mujica, en el cual se dis-
cutieron los actos de disposición a título gratuito del patrimo-
nio realizados por éste, mediante la constitución de la funda-
ción que lleva su nombre, afectando la propiedad predial urba-
na y las edificaciones del inmueble ubicado en la calle Alonso
de Molina Tº 110, Monterrico, Santiago de Surco de la ciudad
de Lima y la Colección de Armas del Perú y Oro del Mundo y la
constitución de un usufructo personal a favor de sus hijos Mila-
gros y Pedro, sobre los bienes antes indicados. La esposa solicitó
la nulidad de estos actos por haber producido un desmedro en el
patrimonio social, argumentando que éstos se realizaron sin su
consentimiento. Por su parte, el esposo señaló que la mayoría de
dichos bienes ingresaron a su patrimonio propio, por haber sido
adquiridos antes del matrimonio y que éstos, por ser una Colec-
ción Cultural, constituyen una sola unidad. La Sala Civil Transi-
toria de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 2242-99-LlMA,
resolvió que el usufructo dispuesto a título gratuito por el esposo
es nulo por contravenir el Art. 315º del CC; sin embargo, la
constitución de la fundación, por referirse a bienes propios, no
constituye un acto de disposición arbitrario(83).
(82) CAS. Q2942-98-PU O del 28 de mayo de 1999, publicada en la
SCEP del 26 de octubre de 1999, pp. 3806-3808. La Sala Civil Permanente
d.e la Corte Suprema, respecto del gravamen arbitrario del patrimonio so-
cial, posee un fallo mal motivado que, finalmente, no dice nada: CAS. TQ
1491-99-LAMBAYEQUEdel 17 de setiembre de 1999, publicada en laSCEP
del 16 de noviembre de 1999, pp. 3991-3992.
(83) CAS.NQ2242-99-LIMAdel5 de abril de 2000, publicada en la SCEP
del 24 de agosto de 2000, pp. 6087-6088.
164
CAPíTULO 2: LA D,SPOS,CIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
Sumado a lo anterior, la Comisión de Magistrados reuni-
en el Pleno Jurisdiccional Civil 1997 opinaron q~e «,d~ con-
dos. d 1 Art 219º inciso 1 del CC, el acto jurídico esfonu1da con e . , .
do falta la manifestación de voluntad del agente, que,ulo cuan ... . ,
n . d los bienes sociales se reqUIere la parucipacronara dIsponer e . . ._
P id la muier que coruuntamente constituyen un patndel rnari o y :J':J . .
. , o por lo que acordaron por unanimidad quemonlO autonom », ".
. ídi o por el que uno de los conyuges dispone de bie-«el acto Jun IC .
. 1 sin la participación del otro, es nulo por no cumplir
nes SOCIaes . ,. . 1CC (84)
con los requisitos de validez del acto jurídico que eXIge e ».
En consecuencia, podemos afirmar que nuestra mag~stratura
nacional considera mayoritariamente que la ca~sal d.enull~ad que
afecta al acto de disposición arbitrario del ?atrrm.on~osocial es la
establecida por el Art. 219°, inc. 1 CC, baJ.~el sl~ulente razona-
miento de subsunción: la falta de intervención conjunta de ambos
cónyuges en los actos de disposición (y de gravamen), s~a a
título gratuito u oneroso, de los bienes que.confor.~an el patrirno-
nio social equivale a la ausencia de manifestación de voluntad
como elemento esencial de los actos jurídicos (Art. 140° CC).
La doctrina nacional, en cambio, no es unánime en ~uan-
to a la causal de nulidad a emplearse. Así, Belaunde considera
que el acto contiene un objeto jurídicamente imposible y por lo
tanto, la causal de nulidad aplicable es la establecida por el Art.
219Q
, inc. 4 del CC, como indica a continuación:
. J .di l Civil 1997, elabo-(84) Pom:R]cDICIAL,Conclusiones del Pleno uns lccwna ..
. d 1PI j' di cional Truiillo, 1997,rado por la Comisión de Magistrados e eno uns lC 1 ':J d
pp. 4-5. Sigue la misma orientación, aun cuando no señale la caus~l e
nulidad aplicable la CAS. 11 941-95-LA LIBERTAD del 12 de octubre de
1996 publicada e'n la SJEP del 12 de marzo de 1997, p. 2903.y PODERjUDI-
ClAL'Materiales de Trabajo para la Sala Plena deJurisprudencia Vznculante, ela-
bor~dos por la Comisión de Alto Nivel de jurisprudencia de la Corte Supre-
ma, Lima, 1999, pp. 119-123.
165

JOSÉ AlMEIDA BRI CEÑO
«Al respecto, el suscrito se inclina a considerar que si
la ley establece la intervención de ambos cónyuges para
disponer o gravar los bienes sociales, la ausencia de
uno de ellos en el acto dispositivo determina su nuli-
dad al convertirse en un acto jurídicamente imposible
de consumarse, siendo de aplicación los Arts. 140º, ine.
2 y 219; ine. 3 del Código Civil. Es por tanto, un acto
nulo conforme a los dispositivos antes citados.
¿Por qué la ausencia de uno de los cónyuges convierte
a la disposición del bien común en un imposible jurí-
dico? Por una razón muy sencilla: si la ley establece el
requisito de la intervención de ambos cónyuges como
condición de validez, su omisión determina que no se
ha cumplido la exigencia de la ley para que se perfec-
cione jurídicamente, al margen de que el acto como
tal sea posible si cumple todos sus presupuestos lega-
les. Por consiguiente, mientras persista esta situación
el acto jamás llegará a configurarse, siendo en ese sen-
tido un imposible jurídico, respecto del fin que se ha
propuesto. De otro lado cabe argumentar que se trata
de una situación de consentimiento incompleto, que
desnaturaliza la esencia del acto jurídico así como del
contrato, los cuales requieren de una perfecta mani-
festación de voluntad para consumarse. La falta o au-
sencia de consentimiento es causal de nulidad del acto
jurídico conforme al ine. 1 del Art. 219º del CC. En
ese aspecto dicho dispositivo es aplicable de pleno
derecho a la venta de un bien inmueble social por sólo
uno de los cónyuges.
Claro que puede alegarse que ésa sería más una carac-
terística de ineficacia que de nulidad, ya que la poste-
rior intervención del cónyuge ausente podría convali-
dar el acto. Sin embargo, en opinión del suscrito, si el
166
P RIMONIO SOCIAL
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL AT
. " d nsentimiento des-cónyuge no mtervimerite a su co . ,
P
ués se trataría de un nuevo acto jurídico que reCl:n
, . t que ambos con-surte sus efectos a partIr del mornen o .
yuges participan en él, debiéndose conSIderar como
. • , (85)
inexistente la pnmera transacción- .
bi Plácido coincide que el acto es nulo por falta
En cam 10, o . . _
'C tación de voluntad (Art. 219-, me. 1 CC), pero, con
de manl1es . 1 di'
. n función al interés protegido -e e conyuge no.
sldera que e d di .
.' te es aplicable la anulabilidad del acto e ISpOSI-
interVlmen -
ción arbitrario:
«Como queda dicho, la voluntad conco~de ~e los cón-
yuges se requiere como elerr:ento CO~StltUtIVOnec~sa-
rio para la validez del acto. SIendo aSI,el act~ practIca-
do sin intervención de uno de ellos y, aun, sin la aut~-
rización supletoria judicial, es nulo por falta de r.nam-
festación de voluntad: esta se configura con la mter-
venció n de ambos cónyuges (Art. 219º inc. 1 CC).
[...]
Pero, como el interés afectado no es otro que el del
cónyuge que no interviene par.a contro~ar el poder
administrativo o dispositivo de bienes SOCIalesy ~u~de
suceder por el contrario, que, aun sin su consentImlen-
, li d ueto, no tenga nada que oponer al acto rea Iza o, q
tal vez estime ventajoso, o bien que prefiera proteger
su interés de algún otro modo, de acuerdo co~ su c?,n-
sorte, no parece adecuado caracterizar esta situacion
. 1 ., d ompraven-(85) B 1 1 MOREYRAMartín, «¿Nuhdad o reso UClOn e C
ELALNDE, ." n enre-
ta d bi . 1;>De có mo una transacción SImple termmo en u
e un Ien SOCla . " - Q 99 20-21.
d . ídi D' ilogo con lajunsprudencw, Año 5, N 13,19 ,pp.o jun lCO», en w
167

como una acción de nulidad radical . 1 bl ., . e Insa va e, SIno
mas bien como una acción de anulabilid d .., d 1 1 a ,cuyo eJer-
CICIO epende del arbi trio di'. . e conyuge no
interviniente» (86).
No quisiéramos finalizar este acápite sin antes .
alcances que la nulidad como soluciónJ'~risprude p.relClsar los
d
. nCla presen-
ta, e acuerdo con las diversas casaciones emitidas po 1 C
S d J
.. r a orte
uprema e usticia.
Po~ un lado, es ~mport~nte tener en cuenta que para nues-
tra magistratura nacional solo la acción de nulidad 1d resu ta pro-
ce ente para los actos de disposición arbitraria del patri .
social M 1 B . momo. '. ar eny nones solicitó la tercería excluyente de do mi-
1110d~l111mueble gravado por su esposo Juan Arévalo f
mater de ei . , ,que ue
. la e eJecucIOn en e! ~roceso seguido contra éste por la
Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca. La Sala Civil Per-
manente de la Corte Suprema de Justicia, en la CASo Q 781-99-
CAJAMARCA, señaló que:
«~~ b~en es cierto que el esposo ha gravado el bien sub
litis S111la autorización de la esposa, también es cierto
q~e la presente a:c~ó~ de tercería excluyente de pro-
piedad, no es la via idónea mediante la cual la deman-
dante. puede hacer valer su derecho sobre el bien en
su calidad de cónyuge de Juan Arévalo Acuña, frente
a l~ codemandada Caja Rural de Ahorro y Crédito de
Cajamarca, demandante en el proceso sobre eiecución
de ga ia hi :Jrantia ipotecaria seguido contra su esposo pues-
~q~ ' '; se esta vulnerando la naturaleza jurídica de la
tercena de propi d d 1 .. le a ,por a cual se cuestiona la pro-
piedad de los bienes afectados por la medida cautelar
(86) P .LACIDO, Manual de Derecho de familia, cit., p. 161.
168
CAPíTULO 2: LA DISPOSICiÓN ARBITRARIA DEL PATRIMO 10 SOCIAL
o para la ejecución, basado en el derecho de dominio
obre el bien o en el derecho preferente a ser pagado
con el precio del bieri-"?'.
La nulidad también puede utilizarse para aquellos actos en
los que, aun cuando no hay disposición efectiva del patrimonio
social, existe un riesgo latente de dicha disposición, como es el
caso de entregar en arras un bien mueble social. El11 de marzo
de 1987, Carlos Peña celebró un contrato de promesa de venta
con Fidel Mamani, por el cual el primero se comprometía a
venderle un inmueble ubicado en la calle Manantial Nº 550, La
Planicie, Lima y el segundo, en señal de arras de retractación
entregó US$ 20,000 y un automóvil marca Mercedes Benz valo-
rizado en US$ 35,000. Noemí Poblete, esposa de Fidel Mamani,
solicitó la nulidad de las arras por haber recaído sobre bienes
sociales. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justi-
cia, en la CAS. º 964-99-LlMA, señaló que el acto de entrega
de arras de retractación y de una suma de dinero que constitu-
yen al patrimonio social corresponden a una disposición arbi-
traria y por lo tanto son nulos, ordenando la devolución de di-
chos bienes al patrimonio social(88).
De acuerdo con el criterio de la Corte Suprema de justicia,
la nulidad sólo puede invocarse por el cónyuge no interviniente
en vía de acción mas no mediante contradicción en proceso
ejec~tivo o de ejecución. En ese sentido, la CASo Nº 05-99-
HUANUCO(89). Tampoco nuestro ordenamiento procesal admite
(87) CAS. 2 781-99-CA]AMARCAdel 24 de setiembre de 1999, publi-
cada en la SCEP del 16 de noviembre de 1999, p. 3992.
(88) CAS. 2 964-99-L1MAdel 25 de agosto de 1999, publicada en la
SCEP del 12 de noviembre de 1999, p. 391l.
(89) CAS. 12 05-99-HUÁNUCO del 24dejunio de 1999, publicada en la
SCEP del 28 de setiembre de 1999, pp. 3605-3606.
169

deducir -como excepción procesal la nulidad del acto, confo-,
me es de verse del Art. 446º del CPC; razón por la cual no podr.¡
invocarse por dicha vía. En la CAS. º 670-2003-AREQUIPA de~
19 de agosto de 2003, se niega la posibilidad que la nulidad del
acto de disposición arbitraria sea solicitado vía nulidad de Cosa
juzgada fraudulenta, porque equivaldría a un nuevo examen
de las pruebas actuadas en el proceso anterior, totalmente ex-
traña a este tipo de procesos'?".
Otorgamiento de escritura pública
Por la misma razón que la falta de la intervención de am-
bos cónyuges en la disposición de un bien social acarrea su nu-
lidad, es improcedente la demanda de otorgamiento de escritu-
ra pública en la vía judicial, cuando el contrato ha sido única-
mente suscrito por uno de los cónyuges.
Así ha sido establecido por la CAS. Nº 723-2005-TACNA
del 25 de octubre de 2006, por el cual la Sala Constitucional y
Social de la Corte Suprema resolvió la litis presentada por la
Municipalidad Distrital de Catana en contra de los esposos
Mirta uñez y Máximo Siña, sobre otorgamiento de escritura
pública. El contrato en cuestión fue suscrito por el esposo en
solitario con la Municipalidad. La Sala razonó que la deman-
da era infundada debido a que sólo procedía elevar a escritura
pública dicho contrato si hubiese sido firmado por los dos eón-
yuges(91).
(90) CAS. JQ 670-2003-AREQUIPA del 19 de agosto de 2003, SPIJ 2004.
(91) CAS. Q 723-2005-TAC A de 25 de octubre del 2006, SPIJ 2007.
De manera similar, sobre un caso con aplicación del CC de 1936, véase la
CAS. Q 1794-2004-AREQUIPA del 7 de junio de 2006, SPIJ 2006.
170
La adquisición de bienes muebles
no de los aspectos de mayor discusión es el relativo a los
bienes muebles, a partir de la incomprensible redacción del
segundo párrafo del Art. 315º del CC, que señala como excep-
ción de la actuación conjunta de ambos cónyuges «la adquisi-
ción de bienes muebles». La única justificación que aparece en
el Proyecto de CC elaborado por la Comisión Reformadora dice
que tal excepción serviría ~ara atenuar los rigores d~ la a.c~~a-
ción conjunta de ambos conyuges en los actos de disposición
arbitraria de los bienes sociales, bajo el entendido que los actos
de adquisición de bienes importan necesariamente una
contraprestación (92):
«Las dificultades prácticas a que se ha hecho mención
párrafos arriba se presentan principalmente tratándo-
se de los actos de gravamen o de disposición, que, como
regla general, exigen la intervención de ambos cón-
yuges (artículo 315º); Yprecisamente con el ánimo de
obviarlas o atenuarlas, el ponente propuso: primero,
la posibilidad de que uno de los cónyuges confiera
poder al otro; y segundo, que la participación de am-
bos cónyuges no sea necesaria tratándose de actos de
adquisición -pese a que, como es obvio, en todo acto
de adquisición de un bien existe uno de disposición
del dinero con que se adquiere- o de actos a los que
se refieran leyes especiales (como por ejemplo, aque-
llos a que aludieron los Decretos Leyes Nºs 18358 y
(92) Palabras de CORNEJOCHÁvEZ,Derecho familiar peruano, cit., T.l, p.
300. Antes, el mismo autor opinó totalmente a favor de la redacción de la
Comisión Revisora, vide CmlISIÓ" E"CARGADADELESTUDIOY REVISIÓ"DELCÓDI-
Go CIVIL C'd' C"1 . T IV 467s o zgo uru; CIt., . , p. .
171

18855). Aceptado este criterio por la Comisión
Reformadora, la Revisora lo limitó a los actos de ad-
quisición de bienes muebles -Ios que ordinaria, pero
no necesariamente, son menos valiosos que los
inmuebles- ya los considerados en leyes especiales».
Esto evidencia un craso error del legislador. Como sabe-
mos, los actos de adquisición pueden ser a título gratuito, en los
cuales no existe contraprestación, o a título oneroso, en los Cua-
les sí existe una contraprestación y por lo tanto apareja un acto
de disposición de bienes a cambio, que pueden ser o no del
patrimonio social. Si bien los primeros no aparejan mayor peli-
gro, por no importar ningún tipo de disposición, los segundos
sí, ya que se pueden producir desmedros al patrimonio social
mediante la sobrevaluación del bien a adquirirse; supuesto que
no será compensado por el principio de subrogación del Art.
311º, inc. 2 del CC. No solucionó nada la Comisión Revisora al
limitar el texto del Proyecto de CC a los «actos de adquisición
de bienes muebles»; máxime si actualmente existen bienes mue-
bles de igualo mayor valor que los inmuebles.
En el ámbito registral se ha formado como criterio que
la adquisición de bienes inmuebles de los casados requiere
necesariamente el asentimiento de ambos cónyuges -como
se puede leer del Art. 61 º del Reglamento de Inscripciones y
el Art. 2º de la Resolución de Superintendencia acional de
~os Registros Públicos Nº 033-96-SUNARP-, a partir de una
mterpretación a contrario sensu del segundo párrafo del Art.
315º del CC.
En realidad, el legislador quiso referirse a las adquisiciones
a título oneroso que se realizan dentro de la potestad domésti-
ca; es decir, para solventar las necesidades ordinarias del hogar,
tema al cual nos hemos referido con anterioridad (véase acápite
5 del Capítulo 1).
172
CAPíTULO 2: LA DISPOSIClól': ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
En el debate parlamentario actual, la propuesta de modifi-
·'n del Art. 315º del CC(93) incurre en el mismo error, man-
caclO . , . 1
· do como excepción a la reg-Ia de actuacion conjunta atemen .,
adquisición de bienes muebles. En el f~tu~~, esta excepclOn debe
formularse haciendo una clara distinción entre actos de ges-
r~, rdinaria y actos de gestión extraordinaria del patrimonio
non o . . . .
· 1 de tal manera que las adquisiciones realizadas dentro delsoCIa,
, bito de la gestión ordinaria se consideren exceptuadas de la
arn 1 laci deri-e la de la actuación conjunta, que regula as re aciones eriva-
~a~ de la gestión extraordinaria del patrimonio social.
Esta fórmula legal no cumple su finalidad y más bien se ha
convertido en fuente de equívocos y confusiones'?". Como pue-
de apreciarse en el siguiente caso: Ciprian~ ?rihuela yVict?,riano
Chirinos, durante su matrimonio, adquirieron un carmen de
placa de rodaje XY-1174. El esposo dispuso el bien sin cons:l:ti~
miento de su esposa a favor de Paulino León. La esposa solicitó
la nulidad del acto; Paulino León contestó que el esposo de la
demandante sí se encontraba facuItado por tratarse de "la ad-
quisición de un bien mueble social», y por lo tanto, exceptuado
(95) CO~GRESODELA REpl:BUCA,Propuestas de reformas del Código Cioil, cit.
La Subcomisión de Derecho de Familia del Congreso de la República pro-
puso en su momento modificar el segundo párrafo del Art. 3152
del CC,
con el siguiente texto: «Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige, para las
necesidades ordinarias de la familia, para gastos urgentes de caracter ~x-
traordinario actos de conservación de bienes sociales y adquisición de bie-, .
nes muebles que no sean de gran valor, o cualquier otra situación preVl~ta
por la ley, bastando en estos casos la intervención de cualquiera de los con-
yuges», como puede verse en Muxiz ZICHEs,]orge et al., ob. cit., p. 342.
(94) También incurren en el mismo error PLÁCIDO,Manual deDerecho de
familia, cit., p. 163, al indicar que esta excepción no sejustifica, porqu~ «en
todo acto de adquisición de un bien existe uno de dispo ición del d.l~ero
con que se 10 adquiere» y ARIAS-SCHREIBER,PEZET,Exégesis del Código Cioil pe-
ruano de 1984, cit., T. VII, pp. 235-236.
173

de la regla de la actuación conjunta ..
~e la Corte Suprema deJustici;, en ia~:;la ~l~l Permanente
Interpretó los alcances del segundo pá ~1 d9~~OOO-LlMA,
CC, señalando que dicha norma sól ITfíO e t. 315º del
d b' o se re iere a la adq . . "
e ienes muebles, mas no a los actos de dis .., uisicion
mueble social, donde es «necesaria la interve P~~ICIdonde un
cónyug 1 1 b ncion e ambo
es en a ce e ración del acto jurídico-v'". s
2.3. Soluciones minoritarias
Venta de bien ajeno
Barchi. analiza el acto de disposición arbitrari .
mueble social, específicamente medi t o de un In-
d
dobq~eés.te es válido pero reSCindib;:np~~~:::ra:::e::~~eañalan-
e ien ajeno A re ló id venta. Q.gon segUl o transcribimos su opinión:
« ~slotros consideramos que la disposición de un bien
SOCIapor uno de los c ' ., . onyuges SIn la intervención del
otro es válida por 1. di ' os argumentos que a continuación
se In ican.
El patri~onio social de la sociedad de gananciales (bie-
nes sociales) c .. dcuya titula .el ~nStltUl o por las situaciones jurídicas
que adopt; t 'c.orresponde a la sociedad conyugal
un ' . e ~egtmen de sociedad de gananciales, es
( patnm~mo separado de titularidad conjunta'
mano comun o gesamnte haná) .
Es un ' . .de cad patnmomo s~parado' del patrimonio propio
a uno de los conyuges (bienes propios), afecta-
(95) GAS Q
se . 951-2000-LIMAdel 23 de octubre de 2000
EP del 30 de enero de 2001 p 6842 E "1 .' publicada en la
PIURA d " . n sirm ar senudo GAS Q
el16 de octubre de 1997 en eCTC To II ' . N 513-96-, ~, .l' mo ,pp. 312-313.
174
do a un fin determinado, esto es, a responder por las
deudas que asuma la sociedad de gananciales (artículo
317º CC). Es de titularidad conjunta ('mano común')
en la medida que los bienes que integran dicho patri-
monio pertenecen a ambos cónyuges en conjunto (co-
propiedad sin cuotas), de tal manera que cada cónyu-
ge individualmente es un tercero con relación al bien.
La titularidad conjunta supone que para la disposición
de un bien social se requiere, en principio, el consen-
timiento de ambos; de tal manera que cuando uno de
ellos dispone del bien sin intervención del otro, en
realidad estamos en un supuesto de disposición de bien
ajeno. El bien social respecto a cada uno de los cónyu-
ges no es un bien parcialmente ajeno corno el caso de
los copropietarios, pues en este caso a cada uno de los
copropietarios les corresponde una cuota ideal del
bien, hecho que en la sociedad de gananciales sólo se
presenta a su disolución.
[...]
Se ha considerado que el artículo 315º del CC consti-
tuye una norma de orden público, por lo que· todo
acto jurídico contrario es nulo (artículo V del Título
Preliminar del Código Civil). Es nulo el acto jurídico
contrario a las leyes que interesan al orden público o
a las buenas costumbres. El artículo indicado, prote-
gería así al cónyuge que no interviene en la disposi-
ción, lo que en la práctica signifIca proteger a la mu-
jer. Ello porque el régimen de la sociedad de ganan-
ciales tiene su fundamento en la clásica distribución
de roles en el matrimonio, donde el hombre es quien
tiene acceso al mercado mientras que la mujer queda
limitada al espacio doméstico.
175

En tal sentido, se explica que la titularidad de los bie-
nes adquiridos durante la vigencia de la sociedad de
gananciales corresponda en conjunto a ambos cónyu-
ges, como lo establece el artículo 315º del CC, de ma-
nera que la sociedad conyugal sujeta a e te régimen
económico se comporta como un 'sujeto abstracto que
obra como tercero distinto de los individuos que la
componen' con lo que se trata de evitar que un bien
social pueda ser transferido sin el consentimiento de
uno de los cónyuges; es decir, sin el consentimiento
del titular,
Ello ha llevado a considerar que esa protección se lo-
gra atribuyendo al artículo 315º del CC el carácter de
orden público, En tal sentido, se dice, el Estado pre-
tende evitar que se 'expropie' a uno de los cónyuges,
sancionando con nulidad todos los actos de disposi-
ción de los bienes sociales en los que no intervengan
uno de ellos,
Sin embargo, encontramos un contrasentido en dicha
afirmación, En efecto, el 'orden público' supone no
una norma considerada individualmente sino como
parte de un sistema, Esto nos lleva a la idea de 'orden
público económico' el cual comprende 'un conjunto
de principios y de líneas de inspiración sobre las cuales
la actividad económica de la sociedad se desarrolla' »(96),
(96) BARCHI, Luciano, «Disposición de bien social, Cónyuge que aparece como
titular en el registro», en Diálogo con la Jurisprudencia, Año 11, N2 3, 1996, pp,
5&.64,La posición del autor reseña una ejecutoria emitida e18 de enero de
1991, que resuelve un caso en el que son de aplicación las normas referida
al ee de 1936, Por lo que, en principio consideramos inapropiada la cita de
artículos del ee de 1984 sin detallar de qué manera se relacionan ambos
cuerpos normativos,
176
P RIMO".;IO SOCIAL
CAPíTULO 2: LA DISPOSIClÓ, ARBITRARIA DEL AT
, " h tagiado a algunos abo-
S trata de una poslClon que a con
e ' (97) pero que no
la defensa e incluso a algunos Jueces , d
gadoS en 'da por la Corte Suprema de Justicia, como pue e
ha ido recog
l
, ientes.A .;: resolvió en la CAS, Nº 238-96-
d casaClones recién es, Asi, ,
verse e S 1 Con tituciorial y Social en el proceso seguido
TACNA, ~: ;á~la contra su esposo y Arm~~do Herr~ra (t~~~c-
por Eulah b lidad de acto jundlCo (de disposición
d uirente), so re nu , d
ro a q , ' 1) El tercero que venta de per er en
, 'de bien SOCla '
arbItranO, ' urre en casación argumentando que el
da InstanCla, rec , "
segun , sición arbitrario no es nulo sino umcamente res-
acto de díspo d r (que es él) basándose en los Arts.
, dible por el compra o ~ ,
Cl~ 90 1409º inc 2 del CC, La Sala senalo que:
ltJ3 - Y "
, 1 315º del Código Civil establece la forma
«El arucu o ,1
, d los bienes sOClales y gravar os,
de dIsponer e " _
, " dose la intervención del mando y la mujer,
reqUlnen , ídi
al no haberse llenado esta exigencia el acto Jun I~Oes
1, " de los incisos 1 y 6 del aruculo
nulo, por ap icacion
, -'a en la sentencia
(97) La Dra Valcárcel Saldaña, en su voto en mmOll
6
) - lé abun-
, , , '(Ex Nº 9234-9 , sena o -
expedida por la Sala de Familia de LIma P: - t de la venta de
, 1 esu'icto se tra a
dando a favor de esta tesIS- que e act~ «~n , , _C t do de nulidad
iurídi pOI' SImismo no esta arec aun bien ajeno, acto juri ICOque d elArt 15392
, " d 111.·, 14092 inc 9 concor ante con '
por expresa autorizacion e rut. , 1 ,- , " [) Además
, 1 oce es la reSClSlOn, .., ,
ee, desde que la ineñcacia que se e recon 1 ," oponible a la
, , " ' l' t dicha venta e sena mSIendo un actoJundlco res mter a lOSac a, e afecta-
1d mandante pues no v
sociedad conyugal de la que forma parte e e '1 transferencia no
, íd n él y por tanto, a
do u derecho al no haber mtervern o e, 1 ni le son
d 1 ' o no le a canzan
se ha producido para él y los efectos e mIs~, ro ietario Y no
exigibles, [,..), En tal sentido, el demandante SIgue sr:;~olu~ acto jurídi-
necesita de una sentencia judicial que declare la ~~ 1 a deerecho real de
h 1 b -ado y que no arecta su
co o documento que no a ce e 1 'l' Criterios
, P 'R ]L'DlClAl Derecho de famt la,
propiedad», Al respecto, vea e ons 1 e"", E' tiva Lima 2000,
, , 'E' u' a de a ormsion ~ecu, ,jurisprudencíales, ecretana ~ecu v
p,166,
177

219º del Código Civil; que no hay venta de lo ajeno
porque el vendedor no puede sustituir la expresión
de voluntad del verdadero propietario; que el caso que
se refiere el artículo 1539º del Código Civil, es dife-
rente al presente, pues consiste en la facultad que se
otorga al comprador de bien ajeno para pedir su res-
cisión si hubiese ignorado que el bien no pertenecía
al vendedor, pero en el presente caso hay también
nulidad en la venta de la cónyuge promovida por ella,
hecha sin su intervención, es decir, sin expresión de
su voluntad como lo exige el inciso 1 del Art. 219º del
acotado. Que, también es distinto el caso del inciso 2
del Art. 1409º del mismo código, que es el supuesto de
vender o afectar bienes ajenos expresando la situación
en ~~contrato, respondiendo al otorgante por la obli-
gaClon que contrae es el supuesto de vender o afectar
bienes ajenos, expresando la situación en el contrato. ,
respondiendo el otorgante por la obligación que con-
trae en nombre de otro sin tener expresa facultad para
hacerlo, es decir, haya ausencia de dolo o engaño»(98).
E~ igual s:ntido, en el proceso seguido por Esperanza Delza
y Al:dIa Ar~g~n contra Isidro ovario, sobre otorgamiento de
escntura pública, la demandada reconvino la nulidad del acto
de disposición arbitrario por no haber participado conjunta-
mente con su consorte. La Sala Civil Permanente, en la CAS. Tº
1316-96-LIMA, señaló a favor de la reconvención que el acto es
nulo y que «los artículos 1539º y 1412º del CC [invocados en la
sentencia de segunda instancia] se refieren a supuestos de he-
(98) CAS. NI! 238-96-TACNA del 2 de junio de 1997, publicada en la
SCEP del 2 de diciembre de 1997, pp. 133-134.
178
distintos a los resueltos ~n el presente proceso»; por lo que
chO . , . d bid (99)
P
licaclOn es In e la.
SU a
por cierto, la solución que el legislador peruano estableció
1
compraventa de bien ajeno no tiene precedentes en el
Para a lecid di hho comparado: es la única que ha estab eci o que IC o
Derec ía d 'd· h d. ídico es rescindible. La mayona e co IgOS a opta o
acto Jun
or la anulabilidad Yotros por la nulidad del act~. El ~istema
Peruano sustenta la validez de la compraventa de bieri ajeno en
~l hecho que su única peculiaridad frente a la c~mpraventa co-
mún Ycorriente radica en que recae sobre un.bIen que el ven-
dedor conoce que es ajeno y el comprador lo Ignora. Con.~os-
terioridad, De la Puente, autor de esta p.r?puesta, ha adm~tIdo
la existencia de omisiones en la redacción del Art. 1539- del
CC, realizando precisiones a la compraventa de bien ajeno: la
primera, que el vendedor no debe informar al comprador que el
bien es ajeno al momento de celebrarse la compraven~a -su-
puesto del Art. 1537º del CC- pero tampoco que es ~roplO -en
cuyo caso, el vendedor actuaría con dolo y el acto sena anulabl:
(Art. 210º CC)-; la segunda, es indispensable que el contrato este
sujeto a un razonable plazo suspensivo inicial que per~ita al
vendedor obtener la propiedad del bien a fin de transfenrla al
comprador dentro de tal plazo, esto último se debe a que nues-
tro ordenamiento legal ha optado por el sistema del título y el
modo, lo cual trae como consecuencia que la inexistencia de
este plazo traiga insuperables dificultades, especialmente tra-
tándose de la compraventa de inmuebles ajenos; Yla tercera,que
la rescisión opera como un mecanismo de defensa del compra-
(99) CAS. NI!1316-96-LlMA del 4 dejulio de 2000, publicada en la SCEP
del 17 de setiembre de 2000, p. 6222.
179

JOSÉ AlMEIDA BRICE!JO
dar cuando se percata que el bien no pertenece al vendedor y
dentro del plazo establecido por ambas partes. A ello, ha agre-
gado Castillo una limitación adicional, que nos parece razona-
ble: la figura sólo es aplicable para bienes ciertos al momento
de la celebración del acto, mas no pueden ser bienes inciertos o
fungibles. En consecuencia, la rescisión tiene como única justi-
ficación la particular situación del comprador que, dentro del
plazo inicial convenido con el vendedor, se percata que éste no
es dueño del bien cierto materia del contrato''?".
Ineficacia relativa o inoponibilidad
En el Derecho comparado, especialmente para cierto sec-
tor de la doctrina argentina, la sanción aplicable sería la de in-
eficacia relativa (denominada también, inoponibilidad o
irrelevancia). Se trata de supuestos en los cuales la ley toma en
cuenta el interés del tercero afectado por la celebración de un
acto jurídico (en nuestro caso, el cónyuge no interviniente);
para lo cual, sin perjuicio de que ese acto puede desplegar sus
efectos propios entre quienes los otorgaron, limita la eficacia
respecto de terceros con un interés distinto, que se verían per-
judicados de no disponerse tal limitación. En ese sentido, se
habla de ineficacia relativa, cuando la eficacia del acto jurídico
no es total respecto de las personas, pues ciertos terceros pue-
den desconocerlo como si no existiera''?",
(100) DE LAPUE:-iTF.y LAVALLE,Manuel, Estudios sobre el contrato de compra-
venta, GacetaJurídica, Lima, 1999, pp. 81-85. COMISle):-iE:':AA.ADAosr, F. TC-
DIOy REVISIÓNDELCómGO CIVIL,Código Cioil; cit., T. VI, pp. 210-211. CAsTILLO
FRf:YRE, Mario, Tratado de la venta, PUCP, Lima, Biblioteca para leer el Código
Civil, 2000. T. III, Vol. XVIII, pp. 30-33. óte e la diferencia entre lo expuesto
por el autor de la propuesta y la exposición de motivos del Código Civil.
(101) Respecto al concepto de ineficacia relativa, véase: CIFC¡':~TES,San-
tos, ob. cit., pp. 576-580 YZA~:-iO:-iI, Eduardo, Ineficacia)' nulidad de los actos
180
CAPíTULO 2: LA DISPOSICló ARBITRARIA DEL PATRIMO'-iIO SOCIAL
para los autores que proponen esta sol~cióI~,. ,la
'bilidad es la que mejor responde al acto de d1sposlCIOn
ino?Ol1.l. del patrimonio social' para lo cual postulan que la
rb1trano 'd 1 'a .c t ción de voluntad de uno e os conyuges es
f [ta de manlles a id E
a d ficacia del acto mas no de vali ez. 11.ese sen-
elemen to e el, 1 b
un , '11'do y eficaz entre las partes que lo ce e ra-
id el acto sena va ,
n o, , 'nterviniente Yel tercero-, pero ineficaz para
-el conyuge 1 ,
ron, . e no interviniente, para quien el acto es como SI no
el ~o.nyugA~' ta solución deja a salvo el derecho del tercero,
eXIStIese.fi;)1,es ,
, d a' obtener la ratificación del acto por el conyuge no
qUIen po r ficaci d ', . partir del cual tendrá plena e reacia o po ra
interVll1.lente y a _' ' , ,
demandar la indemnización por danos y perJUICIOS~: co(nyuge
, .' te ante el incumplimiento de su prestaCIon trans-
1nterVln1en ,
ferencia del bien),
En nuestro ordenamiento legal, esta situación se asemeja a
descri 1Art 161 º del CC para los actos celebrados porla escnta por e ' ,
el representante sin poder. Como se sabe, para que exista re-
presentación en puridad basta la actuación del representa~,te
en nombre del representado; sin embargo, par~ la producción
de la eficacia directa de la gestión representatIva en l~ ~sfera
J
'urídica del representado, es menester un requisito adicional.
, ia d previo poder de
Este requisito consiste en la existencia e un
, , 't'ficación por el pseudorepresentación o en una postenor ra 11
representado de lo hecho por el representante (Art. 160º CC),
En ese sentido, habiéndose diferenciado el acto d~ apode-
. ' , d) ti a independIente delrarmento (concesión del po er como 19ur .
, 1t ro se puede deCIr
acto realizado por el representante con e erce., .
, " d ando' 1) quien se com-que existe representación S111.po er cu .
jurídicos 1ª reimpr Astrea Buenos Aires, pp. 135-138. De acuerdo co~. este
U
'l";' ., o n'os enconU-amos ante la inoponibilidad pOsluva-
umo autor, en este cas .
n d 1 ficacl'a frente a determinados terceros- y no negauva
O se pue e oponer a el.
d
-1 . eficacia del acto frente determmados terceros-.
+no se pue e oponer a In
181

porta como representante no ha tenido jamás poder de repre.
entación o la vigencia de su poder ya venció, o ii) quien posee
poder de representación se excede de sus facultades o las viola.
En estos casos, señala el Art. 151º del CC, el acto jurídico es
ineficaz con relación al representado; no obstante, puede ser
ratificado por el representado observando la forma prescrita
para su celebración (Art. 152º CC)(102).
La pregunta es si el acto de disposición arbitrario del patri-
monio social constituye un acto de representación sin poder y
por lo tanto inoponible al cónyuge no interviniente, de acuer-
do con los límites establecidos por nuestro CC. Abona a favor
de dicha tesis, la posición de Vidal que considera que la repre-
sentación de la sociedad conyugal constituye un caso especial
de representación legal, a partir de una singular interpretación
que realiza del Art. 292º del CC(103). Siguiendo este razonamien-
to, la falta de manifestación de voluntad de uno de los cónyuges
importa la insuficiente representación de la «sociedad conyugal».
Sin embargo, consideramos que esta tesis, aun llevada a sus últi-
mos extremos, no tiene un verdadero sustento: la sociedad con-
yugal no es una entelequia distinta de ambos cónyuges (como lo
expresáramos anteriormente, véase acápite 4); por lo tanto, éstos
no resultan representantes por mandato legal de la misma.
En realidad, la representación de los cónyuges se encuen-
tra dentro del ámbito de la representación voluntaria, confor-
me lo señala el Art. 146º del CC con una fórmula breve pero
(102) R al .especto tema, VIde BIGLIAZZIGERl, et al., Derecho cioil; cit., T. 1,
Vol. 2, pp. 728-731 YDÍEZ-PICAZO/GULLó", Sistema de Derecho Civil, cit., Vol. 1,
pp. 565-574.
(103) VIDA D.,· F . -L ~1IREZ, ernando, «La representación en el ámbito del
Derecho de familia», en TRAZEG:lIoSGRA:DAet al., La familia en el Derecho
peruano. Libro Homenaje al Dr. Héctor Cornejo Cháuez; PUCP, Lima 1999 pp
288-289. ' -, .
182
CAPÍTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMO 10 SOCIAL
_ ísa «se permite la representación entre cónyuges». Este
PIeCl . , .' e d 1A 315º. .u' o tiene relación con el pnmer parralo e rt.
dlSPOSl v _ . .
cc ue senala como una de las excepclOnes a la regla gene-
del ,q . ' d di
d tuación con1unta de los conyuges en los actos e lSpO-
ral e ac :J
. ., del patrimonio social que uno de ellos tenga poder espe-
SlClÜn 1 ibilid d. 1del otro. En consecuencia, puede darse a pOSI 11 a que
Cla . " di'
d Z
ca un acto de representación SIn po er entre os can-
se pro u
cuando uno de ellos (el falso procurador) afirma tener
yuges, .
la representación del otro y SIn embargo, no posee, poder o se
X
cede de sus facultades. En este caso, el conyuge no
e . 1
. terviniente puede ratificar el acto o de lo contrano, e tercero
;odrá resolver el acto y solicitar la indemnización por daños y
perjuiciOS, de ser el caso.
IOobstante, debemos admitir que la inoponibilidad no es
una figura suficientemente delineada en nuestro ordel:amien-
to jurídico, ya que el Art. 156º del CC señala que. «para dlspon.er
de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se re~Ule-
re que el encargo conste en forma indubitable y por escntura
pública, bajo sanción de nulidad». Esta norma, a pesar de refe-
rirse ciertamente al acto jurídico de apoderamiento, trasciend~
al acto realizado mediante representación sin poder, ya que SI
éste se refiere a la disposición o gravamen del bien del repr~-
sentado, su voluntad debe manifestarse bajo la forma estableCI-
da por la ley, bajo sanción de nulidad'l?".
Para entender el origen de esta confusa regulación, debe-
mos retrotraernos al momento de la elaboración del Título Ter-
cero del Libro Segundo del CC, que tuvo como mérito Í1:discu-
tible haber culminado una evolución legislativa, independIzando
(104) LOH~1A:~LeCA DE TE:A,]uan Guillermo, El negocio jurídico, 2" ed.,
Grijley, Lima, 1994, pp. 192-194, coincide igualmente que la formalida¿
establecida por el Art. 156º del CC colisiona con el Art. 161 º del CC, ademas
de los Arts. 164º y 1652
del CC.
183

la figura de la representación del contrato de mandato -este
último fue el modelo del CC francés-o 10 obstante, en la cons-
trucción de dicho Titulo, el legislador recogió normas del CC
de 1936, como puede verse de sus Arts. 147!!, 148º, 149º, 151!!,
152º, 154º, 155º, 156!!, 157º, 158!!, 159º Y 164º(105)Ylas fusionó
con normas recogidas del CC italiano que actualmente se en-
cuentran en sus Arts. 145!!, 160º, 161º, 162º, 163º Y 166º(106).La
unión de ambas normas trajo consigo la actual antinomia exis-
tente entre los Arts. 156º Y161º del CC; ya que el primero recla-
ma la nulidad del apoderamiento y en consecuencia del acto
realizado en función de éste (cuando se refiere a la disposición
y gravamen de un bien de propiedad del representado); mien-
tras que el segundo, señala que el acto es ineficaz relativo frente
al seudo representado sin importar que se haya realizado o no
el apoderamiento.
Esta confusa regulación no ha sido aclarada en las ejecuto-
rias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la República.
A manera de ejemplo, en la CAS. Nº 1815-2006-CALLAO del 26
de enero de 2007(107)se niega la posibilidad de aplicar la figura
del falso procurador en las relaciones entre cónyuges con terce-
ros. José Velásquez otorgó poder general a su esposa, Man Vi,
para que administre los bienes de la sociedad conyugal. Exce-
(105) Estos artículos corresponden respectivamente a los Arts. 1642º,
1643º, 1650º, 1652º, 1651º, 1653º, 1632º, 1633º, 1638º, 1639º, 1641º Y1640º
del CC de 1936, contenidos en el Título X (Mandato) de la Sección V de
dicho código.
(106) Los artículos citados corresponden a los Arts. 1387º, 1388º, 1398º,
1399º, 1390º Y1395º del CC Italiano (Capítulo VI de la Sección IVdel Libro
Cuarto). Curiosamen te en la Exposición de Motivos no se revela la verdade-
ra fuente de la actual regulación del Título referido a la Representación en
nuestro Cc.
(107) CAS.Nº 1815-2006-CALLAOdel 26 de enero de 2007, SPIJ 2007.
184
P TRIMONIO SOCIALCAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL A '
1 1 esposa vendió un· do los límites de este poder genera, a L
dlen ,. . .al aJuan Lam y ee. ble que perteneCla al patnmol1lo SOCl ., .
1l1rD
ue
d dó 1 lidad de este acto Jundlco, en1 'yuge eman o a nu 1
Siu. E con blecid lArt 156º del CCy la sentencia de
virtud de lo esta eci l? ?tordeEn c~sación los demandados soli-
· cedió a esta so lCl u . , .
VIstaac que la sentencia de vista, declarando Impro-
· ron que se revo 1 ., d
cita d e -al parecer de ellos- a accion e-
cedente la demlanb.l~d'p;r;luamparo de los artículos 161 º, 162º,
bió er de anu a I la, ,
10 S Q d 1CC La Sala Civil Permanente no caso la senten-
163
0
y 221 e . . id
-. - 1 d que en el presente caso se ha mcurn o· de Vista sena an o d
cia 'de falta de manifestación de volunta ,que es
en un supuesto ,. C.. l
. do con nulidad por nuestro COdIgO IVI:sanciona .
«Los recurrentes en cuanto a su de.nuncia de
inaplicación de normas de derecho matenal, como ya
se ha reseñado, sostienen que se trata de un caso del
[alsus procurator, pues la apode~ada code~andada, Ma~
Chi Yi Lee, se habría excedido ampliamente en
mandato conferido por el actor, por lo qu~ el acto es-
if . , r ende sena anulabletaría sujeto a una rau icacion, po .
y debería haberse aplicado las norma~ :ontel1ldas en
los artículos 161 º y 162Q
del Código CIVIL
El artículo 161 Q del Código Civil contien.e tres hipó~e-
sis concretas que determinan la ineficacia del acto .do
. '1 ntado: a) el celebra orídico con relación a represe .
di d 1 lími tes de las fa-por el representante exce ien o os d
. e . do: b) el celebra ocultades que se le hubiere conren , d 1
por el representante violando el texto expreso e
poder que se le ha otorgado; y e) el celebrado p~r per~
sona que no tiene la representación que se le a:~buye,
O se ha señalado, la instancia de mento hapero com .,
bl id n supuesto de hecho distinto, con relaciónesta eCI o u ,.
1 l lta la subsuncion de dicha norma.a cua no resu
185

E.n.materia de representación, nuestro ordenamiento
CIVIlen su artículo 1632
prevé la anulabilidad del acto
jurídico, cuando la voluntad del actor ha sido viciada.
En el pr~s~nte caso, se ha establecido un supuesto de
hecho distinto, esto es, la falta o ausencia de manifes-
~ación ~e voluntad, por lo que no es un problema de
l~capacldad relativa, error, dolo, violencia, intimida-
CIón.o si~ulación, y los recurrentes no demuestran la
pertmencia del artículo 221 º del Código Civil a los
hechos establecidos en la instancia.
En anterior pronunciamiento, y según sentencia de
fecha 6 de enero de 2004, corriente a foias 222 la Sal
S . J ' a
upenor_ estableció que el poder otorgado por el ac-
tor a dona Man Chi Yi Lee fue de carácter genérico
que de acuerdo a los extremos del mandato el apode-
rada debía velar por el resguardo, acrecentamiento o
beneficios ~conómi:os del demandado, y que la apo-
derada habl~ ex~~dIdo ampliamente su mandato, por
lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 156º
del Código Civil, declaró nulo el contrato de compra
venta. Esa sentencia fue casada por la de fecha 2 de
a?"osto de ~OO~, corriente a fajas 327, por la causal pre-
VIstaen el mCISO3 del artículo 386º del Código Pro -
1G .1 ce
sa IVI, como se había denunciado por los recurren-
tes, pues el colegiado superior estableció una causal
de anulabilidad, y no aplicó lo dispuesto en los artícu-
los 162º, 163º Y 221 º del Código Civil.
En esta oportunidad, la sentencia de vista ha llegado a
una con 1 .~ di .. e USlOn istinta, esto es, que existe una causal
de n~~Idad y aplica el artículo 219º, inciso 12 del Códi-
~o CIVIl,que es también fundamento legal de la deman-
a, y de otro lado, los recurrentes en el recurso que se
resuelve, no han aducido vicio procesal alguno».
186
Otro ejemplo de confusión en las ejecutorias supremas re-
cientes, lo encontramos en la CAS. Nº 111-2006-LAll1BAYEQUE
del 31 de octubre de 2006(108),que de acuerdo con sus términos
tuVO por objeto «variar criterios anteriormente establecidos»
sobre el supuesto de incumplimiento de la norma establecida
por el Art. 315º del CC que obliga a la actuación conjunta de
ambos cónyuges en la disposición de bienes del patrimonio so-
cial. Alejándose de la tendencia mayoritaria de ejecutorias su-
premas anteriores a favor de la nulidad como solución
jurisprudencial, la Sala Civil Permanente declara que tal incum-
plimiento es sancionado con «ineficacia, el mismo que origina
.que el acto jurídico cuestionado no sea oponible al patrimonio
de la sociedad conyugal». Para tal efecto, argumenta que la obli-
gación de actuación conjunta de los cónyuges en este tipo de
actos es un requisito de eficacia y no de validez, basado en la
legitimidad de contratar:
«Tanto en la doctrina como en lajurisprudencia se ha
discutido sobre el supuesto de hecho previsto en el
artículo 315º del código sustantivo, siendo que con esta
sentencia suprema, se procede a variar criterios ante-
riormente establecidos, a fin de concluir que, el su-
puesto previsto en la referida norma sustantiva no re-
coge un supuesto de nulidad del acto jurídico, sino
uno de ineficacia, el mismo que origina que el acto
jurídico cuestionado no sea oponible al patrimonio
de la sociedad de gananciales.
A mayor abundamiento, conforme lo establece el artí-
culo 292º del Código Civil, la sociedad conyugal se
encuentra representada por los dos cónyuges, la mis-
(108) CAS. NI! 111_2006-LAMBAYEQUE del 31 de octubre del 2006, SPIJ
2007.
187

m~ que a.demás debe er ejercida de manera conjun-
ta, atendiendo a ello el artículo 31¡;º d 1 ~d'. ~ , J e co IgO en
me~CIon esta~lece que, para disponer o gravar un bien
social se reqUlere de la intervención de b ~am os conyu-
ges; supu sto que no descarta la posibilidad que uno
de ellos pueda otorgar poder al otro, posibilidad legal
que se encuentra recogida tanto en el artículo 315º
como en el artículo 292º del código glosado 1 1
11' ' o cua
eva a concluir .que, la presencia de ambos cónyuges
en u~ .acto de ~Isposición o gravamen, no supone un
requisito de validez del acto jurídico, sino upone una
adecuada legi timidad para con tratar.
Es dec~r,l~intervención de ambos cónyuges supone dar
CU~?lI~Iento a un requisito de eficacia denominado
l~g¡tm~I~~dpara :ontratar, el cual implica el 'poder de
dI~posICI~nque tiene el sujeto en relación a una deter-
mmada SItuaciónjurídica' (MAssIMOBIANCA,Diritto Civile
Tomo III [11Contratto], Giuffré Editore, Milán, 1998:
pp. 75-76). Tal supuesto resulta plenamente reconoci-
do por nuestro sistema jurídico, ya que el mismo puede
ser encontrado también en el artículo 161º del C ~d'
G '1 ~ . OIgO
I~ , a propósito de los efectos realizados por el deno-
~mado falsus procurator. La diferencia con el caso mate-
~a d~~utos es que, en la celebración del contrato de cons-
utucion de garantía hipotecaria, la demandada doña
Monnsyd F~' CB e atima hong Arrunátegui se presentó ante el
anco demandado como única propietaria del bien in-
mueble y además declarando su calidad de soltera.
~~~o así, atendiendo a que se ha demandado la nu-
~e a ~: ~n acto jurídico, la norma sustantiva materia
análisis, al no recoger un supuesto de nulidad
resulta ~plicable a los autos, por lo que esta pri~e:~
denuncia debe ser desestimada.
188
CAPíTULO 2: LA DlsPoslcló ARBITRARIA DEL PATRIMO '10 SOCIAL
Corno se puede apreciar, ante la ausencia de una sanción
específica en el Art. 315!.!del CC, la Sala asim~la su incumpli-
miento corno un supuesto de ineficacia que denva de la falta de
legitimidad para obrar del cónyuge interviniente. Esta inefica-
cia sería reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, según
se señala en la ejecutoria suprema, en el Art. 16P del CC, que
regula la figura del falso procurador. A nuestro parecer, consi-
deramOS que debido a la confusa regulación que posee esta fi-
gura _ineficacia por falta de legitimidad- en nuestro ordena-
miento jurídico, que ha llevado a su poca utilización en nues-
rros tribunales, resultaría inconveniente Y generaría problemas
mayores a los que actualmente presenta la solución de nulidad,
asumida generalmente en las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia de la República. Más adelante fundamentaremos cuál
es la solución más adecuada (acápite 2.5 del presente capítulo).
2.4. Inconvenientes de estas soluciones
Comencemos por las dos últimas soluciones propuestas: la
rescisión y la ineficacia relativa.
La confusa delimitación entre la ineficacia relativa y la
anulabilidad
La ineficacia relativa, como ha quedado dicho, sólo puede
tener cabida entre los cónyuges, cuando uno de ellos se atribu-
ye la representación de su consorte, sin poseer poder alguno o
poseyéndolo se extralimita de sus facultades o las viola.
Por otro lado, es de destacar que ante la confusa regula-
ción en nuestro CC, respecto de la ineficacia relativa del acto
realizado por el repre entante sin poder, la mayor cantidad de
casaciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia se ha ale-
jado de esta solución, asimilándolo como un supuesto de
189

anulabilidad. A manera de ejemplo, en la CASo 2100-95-LlMA
se establecieron los alcances del Art. 1612 del CC, señaland~
que «al establecer el Art. 2202 del código sustantivo que la nuli-
dad del acto jurídico no puede subsanarse por la confirmación,
resulta que en los casos previstos en el Art. 1612 del mismo dis-
positivo legal, invocado como fundamento de la nulidad del act
jurídico, sí puede ser ratificado, de acuerdo con lo expresad~
por el Ar:t. 172º del mismo código, por lo que no puede tratarse
de la nulidad del acto jurídico, sino de su anulabilidad» (109) . Este
es un error gravísimo de nuestra jurisprudencia nacional al con-
fundir la ineficacia relativa (o inoponibilidad) con la
anulabilidad, en su intento por descartar a la nulidad como so-
lución frente al acto realizado por el falso procurador. Es de
recalcar que la anulabilidad permite la confirmación del acto
por la persona que participó en el acto jurídico, mas no su rati-
ficación; ésta es una característica propia de la inoponibilidad,
a fa~or del t~rcero que no participó en el acto jurídico y cuya
aquiescencia se requería para dar validez al acto del
pseudorepresentante. Asimismo, tampoco se ha tenido en cuenta
que la anulabil~dad debe ser prescrita expresamente por la ley y
no puede ser VIrtual.
~rente a este criterio jurisprudencial, las sentencias que sí
han mterpretado correctamente el sentir del legislador resul-
(109) CAS. NQ 100-95-LIMA del 2 de agosto de 1996 publicada en la
SJEP ellO de noviembre de 1996, p. 2373. En igual sentido, CAS. NQ560-
97-ANCASH del 26 de febrero de 1998, publicada en la SCEP del 28 de
mayo de 1998, pp. 1188-1189; CAS. NQ2192-97-CHIMBOTE del 5 de junio
~e :99_8, publicada en la SCEP del 6 de agosto de 1998, p. 1527; CAS. NQ
3899 CANETE del 13 de agosto de 1999, publicada en la SCEP del 19 de
octubre de 1999, pp. 3778-3779; CAS. NQ2064-99-LIMA del 26 de noviem-
bre de 1999, publicada en la SCEP del 7 de abril de 2000, p. 4973; CAS. NQ
926-2000-LIMA del 18 de julio de 2000, publicada en la SCEP del 30 de
octubre de 2000, p. 6377 y CAS. NQ1021-96-HUAURA del 25 de noviembre
de 1996, publicada en la SCEP del 11 de mayo de 1998, p. 979.
190
. do minoría(llO). Como ejemplo de estas últimas, en la .
ta!1S~le~3777-200&-LAMBAYEQUEdel 5 de diciemb.r: de 2006,
eA C"l Permanente de la Corte Suprema defimo correcta-
Sala IV!
la 1 ratificación del acto jurídico celebrado por el repre-
mente a . l mi (Arediendo su poder o cuando no exista e mismo t.
entante exc . /.
~62º CC) de la confirmación del acto Jundlco que adolece de
anulabilidad (Art. 231 º CC):
«El supuesto de exceso de representación o ausencia
de la misma no puede considerarse como un caso de
invalidez del acto jurídico, porque no afecta la rela-
ción al representado, porque el representante se. ha
excedido en su representación o simplemente no existe
poder; constituyendo este caso un supuesto esp~cial
de ineficacia del acto jurídico.
Teniendo en cuenta la diferencia expresada anterior-
mente, el acto jurídico celebrado por el representan-
te excediendo su poder o cuando no exista el mismo,
puede conllevar a la ratificación/del acto ~urídic? ~or
el representado, conforme al articulo 162- del Código
Civil, supuesto que resulta ser diferente al caso de la
confirmación del acto jurídico que prevé el artículo
231º del mismo código y que se aplica para el acto
jurídico que sufre de una causa de anulación para efec-
tos de sanear el vicio que lo contiene, no pudiendo en
este sentido confundirse ambas instituciones, como,
(110) CAS. NQ818-98-CUSCO del 10 de agosto de 1998, publicada en la
SCEP del 16 de octubre de 1998, pp. 1936-1937; CAS. W 2021-97-LIMA del
12 de octubre de 1998, publicada en la SCEP del 5 de diciembre de 1998,
pp. 2148-2149; CAS. NQ1626-2001-LIMA del 14 de diciembre de 2001, pu-
blicada en la SCEP del 1 de abril de 2002, pp. 8564-8565. El tema merece
ser materia de un Pleno Casatorio.
191

lo ha efectuado la Sala de mérito; ni confundirse la
naturaleza de lo previsto en el artículo 161!:!del anota-
~o cuerpo legal, que prevé un supuesto particular de
meficaCl: del acto jurídico, con la disposición del artí-
culo 221- del acotado, que prevé el supuesto de a 1
., d nu a-
CIOn el acto jurídico».
Estas visibles contradicciones deben ser materia d p
no Casatorio. e un lc-
En otras sentencias se ha señalado acertadament
r . d . , , e, que el
imite e esta solución -nos referimos a la ineficacia 1 .
d re atrva-. se
pro uce cuando el acto de representación sin poder se
Ii d encuen-
tra Iga o a la comisión de un delito(lll). supuesto e 1 1
. idi ,n e cua
comer imos, por tratarse de un acto contrario al orden úbli '
es nulo (Art. 219º, inc. 8 CC). PICO
Efectuada esta aclaración, podemos afirmar que el sup _
to de representación sin poder es distinto del acto de di ue~
. , bi '. ISpOSI-
Clan ar Itrano del patnmonío social. En el primero el '
. t '. 1 ' conyuge
m ervnnenre a ude tener la representación de su consorte y por
lo. tanto afirma que el bien pertenece a la sociedad conyugal;
nuentras que en el segundo, el cónyuge interviniente vel~d~
como pr?pio un bien que pertenece al patrimonio social de
ambos conyuges, sin indicar que es casado.
Inconvenientes de la rescisión
d En cuanto se refiere a la rescisión, si bien ha sido establecí-
a por el Art 1539º del CC íf
. especi tcamerite para la compraven-
(111) CAS. Nº 1354-99-LI
SCEP del 18 . . MA del 7 de octubre de 1999, publicada en la
LAMBAYE de dICIembre de 1999, pp. 4327-4328 Y CAS. Nº 2792-00-
J
. 1" d 2 QUE del 26 de enero de 2001, publicada en la SCEP del 2 de
u io e 001, pp. 7337-7338.
192
CAPíTULO 2: LA Drssosicró ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
de bien ajeno, la doctrina nacional considera viable que sus
ta [111aspuedan ser aplicadas por analogía a otros contratos so-
110 ( .. d . ,
bienes ajenos pennuta' surmrnstro, onacion, mutuo, arren-
~:~iento, comodato, depósito y renta vitalicia) (112);por lo. que
uede señalar que el alcance de esta figura puede ampliarse
se p 1 b 1 l' . .otrOS supuesto contractua es. o o stante, as irmtaciones
:stablecidas por el propio legislador reducen inmensamente la
osibilidad de realización de la compraventa de bien ajeno y la
~ircunscriben a un supuesto bastante específico y de rara ocu-
rrencia, en la medida que pocas personas están dispuestas a ce-
lebrar un contrato de compraventa con un plazo suspensivo
inicial, sin antes ser informados por el vendedor si el bien es o
no suyo. Tal vez por ello, aunque basado en otros argumentos,
Castillo es de la opinión que el actual Art. 1539º del CC debe
derogarse(l13).
Por cierto, el autor de la propuesta legislativa consideró
necesario que en los supuestos de compraventa de bien ajeno,
en los que no se haya señalado un plazo suspensivo inicial, y
«en tanto no se introduzca la correspondiente reforma en el
CC, los jueces deberían integrar los contratos de compraventa
de bienes ajenos con sendos plazos suspensivos iniciales que
permitan su ejecución-v!".
La respuesta de nuestra jurisprudencia nacional-ante esta
complicada regulación y para sorpresa dellegislador-, ha sido
(112) En este tema, coinciden DE LA PUE~TEY LAVALLE,Manuel, El contra-
to en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VIII del Código Cunl; 2ª
ed., PUCP, Lima, 1993, 1ª parte, pp. 436-439 Y CASTILLOFREYRE, Tratado de
venta, cit., T. I1I, Vol. XVIII, pp. 35-36.
(113) CASTILLOFREYRE, Tratado de venta, cit., T. I1I, Vol. XVIII, pp. 27-157.
(114) DE LA PUE~TEY LAVALI.E,El contrato en general. Comentarios a la Selec-
ción Primera del Libro XIII del Código Civil, cit., p. 82.
193

eñalar que la compraventa de bien ~eno es nula y no rescindi_
ble com~ se infiere ~ partir de una interpretación literal del
Art. 1539- Cc. La razon fundamental que ha motivado a la Cor-
te Suprema de Justicia a señalar este criterio, en diversas sen-
tencias emitidas en casación, se sustenta en que la venta de bien
ajeno es tipificada como delito por la ley penal (Art. 197Q, CP)
por lo tanto se trata de un acto jurídico contrario al orden pú-
blico (artículos VII del Título Preliminar y 219º, inciso 8 CC).
Así, lo ha establecido la Sala Civil Transitoria, en la CAS. Q 354-
T-97-CUSCO(l15),con los siguientes argumentos que pasamos a
exponer:
«En materia de la venta de una cosa ajena, deben dis-
tinguirse dos situaciones: a) cuando el vendedor hace
presente que se trata de cosa ajena, lo que es lícito e
importa la obligación del vendedor de procurar la
tran ferencia del bien a favor del comprador como
prescribe el Art. 1537Q
CC, concordante con el Art.
1409
Q
, ine. 2 del mismo código, y b) cuando se vende
como propio lo que es ajeno, lo que constituye delito
previsto y penado en el artículo 197º, ine. 4 del Códi-
(115) CAS. Q 354T-97-CUSCO del 5 de diciembre de 1997, publicada
en la SCEP del 10 de abril de 1998, p. 648. En igual sentido, la CAS. IQ
1?~7-97-PU 10 del 19 de octubre de 1998 publicada en la SCEP del 10 de
diciembre de 1998, p. 2207; la CAS. NQ 1376-99-HUÁNUCO del 28 de se-
tie:nbre de 1999, poublicadaen la SCEP del 22 de noviembre de 1999, pp.
40/1-4072; CAS. - 2988-99-LIMAdel 12 de abril de 2000 publicada en la
SCEP del ~7 ~e setiembre de 2000, p. 6293; CAS. Q 0718-99-LAMBAYEQUE
del 27 de junio de 2001, publicada en la SCEP del 2 de enero de 2002, pp.
8~1l-8212 Y CAS. Q 1942-2001-AREQUIPAdel 15 de octubre de 2001, pu-
blícada en la SCEP del 2 de febrero de 2002, p. 8295. Una sola sentencia ha
seguido señalando que la venta de bien ajeno es rescindible: CAS. Q 1135-
96-CHIMBOTE del 9 de diciembre de 1997, publicada en la SCEP del 3 de
mayo de 1998, p. 867. El tema merece ser materia de un Pleno Casatorio.
194
go Penal y por tanto acto ilícito contra~~ al orden
público, que reprueba la ley ci~l y sanCloo~acon la
nulidad del acto, conforme al artículo 219-, 111CS. 4y8
del código sustantivo.
[...]
El artículo 1539º del CC que permite al comprador
demandar la rescisión de la venta del bien ajeno, no
es aplicable a una acción de nulidad, además de que
sólo puede ser ejercida por el comprador que ignora-
ba que el bien no pertenecía al vendedor, y aún en
este caso, siempre que la interponga antes de que el
vendedor adquiera el bien para cumplir con la obliga-
ción de transferirlo».
La interpretación realizada por la Corte Suprema de Justi-
cia superó la previsión del autor de la propuesta legislativa, quien
en su oportunidad argumentó que la compraventa de bien aje-
no, al haber sido permitida por el CC de 1984 -a diferencia de
sus antecesores los CC de 1852 (que lo declaraba nulo) y de
1936 (que lo declarable anulable)-, ya no constituía el delito
tipificado como estelionato en el Código Penal; en la medida
que de acuerdo con dicho ordenamiento legal, está exento de
pena el que practica un acto permitido por la ley. «Sería -agre-
ga- absurdo reconocer, de un lado a una persona la libertad de
actuar en nombre de un interés determinado y, de otra parte, de
calificar tal actividad de ilícita»(1l6).En todo caso, debemos seña-
lar que al considerarse que la compraventa de bien ajeno está
afectada por nulidad, se debe tener en cuenta que ésta suprime
a la rescisión, debido a que produce una ineficacia erga omnes.
(1l6) DE LA PUEc-JTE Y LAvALLE, El contrato en general. Comentarios a la Sec-
ción Primera del Libro VII del Código Cioil; cit., pp. 447-449.
195

Lo que queda claro es que la hipótesis de la compraventa
de bien ajeno no se ajusta totalmente a la disposición arbitralia
del patrimonio social; en la medida que el patrimonio social no
le es absolutamente ajeno al cónyuge interviniente (ni tampo_
co se puede afirmar que se trata de un bien parcialmente ajeno,
supuesto del Art. 1540º CC) y la rescisión como solución al pro-
blema sólo puede ser invocada por el comprador (tercero que
contrata con el cónyuge interviniente). En ese sentido, suma-
das las dificultades antes mencionadas, dicho tema nos condu-
ce a la revisión de la nulidad como solución de la disposición
arbitraria del patrimonio social.
Problemas que origina la solución jurisprudencial
Como indicáramos anteriormente, la nulidad es la solución
jurisprudencial a la disposición arbitraria del patrimonio social.
Para ello, la Corte Suprema de Justicia ha establecido como cri-
terio que la falta de intervención conjunta de ambos cónyuges
en los actos de disposición (y de gravamen), sea a título gratuito
u oneroso, de los bienes que conforman el patrimonio social
equivale a la ausencia de manifestación de voluntad como ele-
mento esencial de los actos jurídicos (Arts. 140º y 219º CC).
osotros discrepamos de este razonamiento. Para explicar
adecuadamente nuestra afirmación, se hace necesario previa-
mente definir qué significa «manifestación de voluntad». Como
tal debemos entender la exteriorización del designio del sujeto;
es decir, el acto jurídico requiere como elemento esencial-cier-
tamente su núcleo central- que el querer interno de los sl~etoS
sea manifestado adecuadamente. Esta exigencia tiene como
premisa una consideración elemental, según la cual ningún fe-
nómeno psíquico puede aprehenderse, ni puede revelarse como
acto, sino en virtud de un comportamiento humano idóneo para
manifestarlo, como lo señalan los Arts. 140º y 141º del CC.
196
T: 1concepción ha sido compartida por la Sala Civil Trans.i-
. a la Corte Suprema de Justicia, co~o podemo~ advertir
tona de d 1 CAS. Nº 1772-98-APURIMAC, la misma que
1 lectura e a . , 1 d:
de a o típico de falta de manifestaclOn de vo unta .
.lustra un cas
nOS1
ista voluntadJ·urídica se requiere de la
«Para que eXI . . .
. de elementos internos (dlscermmlento,
concurrenCla . . ,
. , voluntad) y externos (manifestación): que,
intenClon Y 1
1
lementos internos queda formada la vo un-
con os e .. ídi
tad la misma que para produClr efectos Jun lCOS re-
.' e sea manifestada· que la voluntad declara-
qUIere qu ' .
da es la voluntad exteriorizada por m~~lO de declara-
ciones y comportamientos, siendo la umca que puede
ser conocida por el destinatario.
[...]
Al haberse determinado que la minuta anteriormente
glosada ha sido firmada sólo por el ~ema~~ante, es
claro que no se ha producido la mamf~sta.clOn de vo-
luntad, es decir, que no ha sido exteriorízada en la
forma señalada en el quinto considerando de est~ re-
solución [transcrito en el anterior párrafo], atendIen-
do a que la voluntad de algún modo exterioriza~a
(manifestada) es elemento dinámico por excelen~la
del mundo jurídico; incurriéndose, en consecuenCla,
en una interpretación errónea del Art. 140º CC, al no
haberse tenido en cuenta este requisito esencial»(l17).
. 1 f lt de manifesta-Como consecuencia de lo antenor, a a a .
ción de voluntad, como elemento desencadenan te de la nuli-
(117) CAS. NI! 1772-98-APURÍMAC del 28 de enero de 1999, publicada
en la SCEP del 16 de abril de 1999, pp. 2904-2905.
197

dad del acto jurídico, se configura cuando la declaración de
esta no tiene la intención de provocar efectos ni prácticos ni
jurídicos, o simplemente no existe. En ese sentido, con relación
al Art. 219º, ine. 1 del CC, es suficiente -como elemento esen_
cial del acto jurídico---Ia manifestación de voluntad ,del cónYuge
interviniente en el acto de disposición arbitrario. Este ha exte_
riorizado su voluntad y lo ha hecho conocer al tercero COn el
cual negoció. Postular lo contrario, implicaría que la naturale_
za del acto -en este caso de disposición del patrimonio sociaj.,
-deterrnine la eficacia o no de la manifestación de voluntad del
sujeto; lo cual contradice abiertamente a la doctrina especiali_
zada en el tema(1l8). Nos explicamos: si la manifestación de vo-
luntad del cónyuge no interviniente es nula, lo es para todo
efecto; no sólo para el acto de disposición arbitrario del patri-
monio social.
En todo caso, el error del juzgador obedece a que el enun-
ciado amplio del Art. 219º, inciso 1 del CC corre la suerte de
toda generalización y abstracción, perdiéndose a veces en la
penumbra. Tampoco puede argüirse como lo hizo Belaunde
(véase acápite 2.2 del presente capítulo) que el acto se encuen-
tra aquejado de nulidad por poseer un objeto jurídicamente
imposible; ya que el bien social al que se refiere, es un bien
como cualquier otro, sujeto al tráfico comercial, cosa distinta es
el hecho que su disposición esté supeditada al asentimiento con-
junto de los cónyuges por mandato del Art. 315º del Cc.
(118) Vide BIGLlAZZIGERIet al., Derecho civil, cit., T. 1, Vol. 2, pp. 738-743;
NegocioJurídico. Estructura. Vicios. Nulidades, ci t., pp. 58-71; LOHMAN~LUCADE
TENA,El negocioJurídico, cit., pp. 101-109,530-532; DiEZ PlCAZO/GULLÓ~, pp.
479-482, n. 67; DOMÍNGUEZMARTiNEz,]orge Alfredo, Derecho civil. Parte gene-
ral, Personas, cosas, negocio jurídico e invalidez, 4¡ ed., Porrúa México, 1994,
pp. 523-526 YVIDAL~"'ÍREZ, Fernando, El actojurídico en el Código Civil perua-
no, 2
i
ed., Cultural Cuzco, Lima, 1990, pp. 80-88 Y412-413.
198
PATRIMONIO SOCIALCAPíTULO 2: LA D,sPOSICló ARBITRARIA DEL
. rece más lógico que laD de nuestro punto de Vl ta, nos pa "0 so
es . »Ó» bi t río del patnmom -
. d del acto de disposición ar 1 ra dicho acto
no
hda
uestro ordenamiento legal, obedece a que l tos
cial, en n . 'blico a e ar de poseer los e emen .
es contrano al orden p~ ídi ~omo supuesto de nulidad vir-
. 1 de todo acto Jun lCO. .
esenCIa es d dicho acto es contrano a una' configura cuan o . . .tu
al esta e . ióri de las normas dispositivas,' . que por OpOSlCl
norma imperatlva"'d or la voluntad de los particulares.
d ser sustituí as p did
no pue .en b d or el pronunciamiento expe 1 o por
Esto ha SIdo corro ora o ~ 1 Corte Suprema de Justicia, en la
la Sala Civil Permanente e a
CAS. º l021-96-HUAURA:
, . 1 d más de otras causales, cuan-«El acto jurídico es nu o, a e . d úbli-
do es contrario a las leyes que mteresa~ a~?r e~ePelin
co a las buenas costumbres tal como o .1SpO -
. Y8 d 1Art 219º del CC en concordancia con e~Art.
CISO e . ., di o sustantivo.V del Título Preliminar del mismo co 19
[...]
La anotada causal sustantiva de nulidad
l
se fUIndtaam
d
::
. . 'l mía de a vo unta en la limitación de a autono .
. ídi celebran con travi-razón a que los actos Jun lCOS e ., de
. son la expreslOnniendo normas imperativas que iti
. d eran automa 1-orden público; estas nulida es no op 1 d de de-
camente, sino que los jueces tienen l~ fac~r~tiva con-
clararlas con el sustento de la norma lmp 1 eral
' . da' por o gen ,travenida por la autonomía pnva , rohi-
estas nulidades están integradas a las
l
nOdrmasmPl'ento
. l coni to de or enabitivas provenientes de conJun
jurídico»(119).
. b d 1997 publica-C.HUAURA del 25 de noviem re e ,(119) CAS. g 1021-9v- 979
da en la SCEP del 11 de mayo de 1998, p. .
199

Sobre el particular, debemos llamar la atención que la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en su CAS. Nº
3702-2000-MOQUEGUA del S de junio de 2001, ha realizado
una peligrosa diferenciación entre normas de orden público
-cuya observancia es obligatoria para todos- y normas impera-
tivas -cuya observancia es obligatoria sólo para las personas que
se encuentran dentro del supuesto de hecho de las mismas-,
para luego ubicar a las normas de Derecho de familia dentro de
las normas imperativas, porque «sólo son obligatorias para las
personas que se encuentran dentro de una relación jurídica
matrimonial», señalando que por esta razón, su incumplimien-
to no genera nulidad virtual, porque ésta sólo está destinada al
incumplimiento de normas de orden público (Art. V del Título
Preliminar del CC). En realidad, las normas imperativas son la
expresión del orden público y el Derecho de familia, si bien
contiene primordialmente normas imperativas, también posee
normas díspositívas'"?'.
El Art. 315Q
del CC es una típica norma imperativa, en la
medida que la regla de la intervención conjunta de ambos cón-
yuges en los actos de disposición del patrimonio social no pue-
de ser sustituida por uno de los cónyuges, salvo las excepciones
que la misma ley establece. Por lo que su incumplimiento aca-
rrea nulidad, conforme lo señalan los Art. V del Título Prelimi-
nar y 219
Q
, inc. S del CC. En un reciente pronunciamiento, la
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia consideró
que el acto de disposición arbitrario del patrimonio social es
(120) CAS. NQ 3702-2000-MOQUEGUA del 8 de junio de 2001, publica-
da en la SCEP del 1 de octubre de 2001, pp. 7783-7784. Al respecto, véase
PUlG BRUTAU, José, Introducción al Derecho cioil; Bosch, Barcelona, 1981, pp.
17-21, 36 Y374-377; VIDAL RA.1IREZ, "la representación en el ámbito del De-
recho de familia», cit., pp. 55-57 Y417-418 YPLÁCIDO, Manual de derecho de
familia, cit., pp. 115-117.
200
nulo por falta de manifestación de voluntad.(Art. 219
Q
, inciso 1
CC) y por ser contrario a las normas que interesan al orden
úblico (Art. V del Título Preliminar del CC). Se trata de la
~AS. !! 3156-2001-LORETO del 13 de febrero de 2002. En cam-
. d acuerdo con el razonamiento expuesto por nosotros, sebío. e . . o
ronunció la Sala CIvIl Permanente, en su CAS. N- 2117-2001-
PrMA del S de julio de 2002(121),aunque acepta en un extremo-
~on el objeto de desechar su imp~si.~ilidad)urí~ica (Ar~. 219
Q
,
inciso 3 CC)- que el acto de disposición arbitrario se eqUIpara a
la venta de un bien ajeno.
Con todos estos pronunciamientos singulares, la nulidad
or falta de manifestación de voluntad sería el criterio general
~ue, como salida, procura nuestr~ ord~nami~nto .legal al acto
de disposición arbitrario del patrimomo social; sin embargo,
cabe preguntarse si la nulidad como tal, puede adecu~rs~ al
contexto de la vida familiar. Para ello, nos serviremos del SIgUIen-
te pronunciamiento judicial, por el cual la Sala Civil Permanen-
te de la Corte Suprema de Justicia ha definido los caracteres de
la nulidad, diferenciándolo de la anulabilidad, en los siguientes
términos:
«En la teoría de la invalidez del acto jurídico, se distin-
gue la nulidad de la anulabilidad, de tal manera que
es nulo el acto jurídico al que le falta un requisito esen-
cial, sea contrario a una norma imperativa o sea ilícito
(Art. 219Q
CC) y es anulable aquel que tiene un vicio
invalidante no visible y subsanable (Art. 221 Q CC).
(121) CAS. Q 3156-2001-LORETO del 13 de febrero de 2002, publicada
en la SCEP del1 de julio de 2002, pp. 8941-8942. CAS. NQ 2117-2001-LlMA
del 8 de julio de 2002, publicada en la SCEP del 1 de octubre de 2002,
pp. 9284-9285.
201

En el primer caso, cualquiera que tenga interés o el
Ministerio Público pueden pedir la declaración de
nulidad, y aun declararse de oficio por el juez; y la
declaración de nulidad surte efecto ab initio, es decir,
el acto nulo resulta inexistente (Art. 220Q
CC); en el
segundo caso, la nulidad sólo se declara a petición de
aquellas personas en cuyo beneficio la establece la ley
(Art. 222Q
CC)>>(122).
Conforme a este pronunciamiento, la nulidad produce una
ineficacia que importa una sanción irrestricta e ilimitada, debi-
do a que el vicio que le aqueja desde su nacimiento es muy gra-
ve; dado que no contiene uno de los elementos esenciales del
acto jurídico -señalados por el Art. 140Q
del CC- o es contrario
al orden público o a las buenas costumbres -según el Art. V del
Título Preliminar del CC-. En coherencia con esta gravedad, la
ley permite que la nulidad sea invocada por cualquiera que ten-
ga interés o por el Ministerio Público. No obstante, la jurispru-
dencia se ha encargado de señalar una limitación a este último
requisito, que nos parece atinada en el ámbito de la disposición
arbitraria del patrimonio social: el cónyuge interviniente no
puede solicitar la nulidad del acto, en razón de que «repugna a
la moral y al Derecho que alguien pueda prevalerse o benefi-
ciarse de su propio dolo». A manera de ejemplo, la CAS. Nº 62-
T-97-HUAURA del 23 de setiembre de 1997 y la CASo º 1094-
99-LA LIBERTAD del 8 de setiembre de 1999 esta última ante, ,
la pretensión de la demandada de solicitar la nulidad del acto
de gravamen otorgado a favor del Banco ejecutante, señaló que
«la recurrente [demandada] figura con el estado civil de solte-
(122) CAS. NQ 505-97-LIMA del 14 de mayo de 1998, publicada en la
SCEP del 05 dejulio de 1998, pp. 1394-1395. Asimismo, CAS. NQ 1522-96
LA LIBERTAD del 24 de febrero de 1998, publicada en la SCEP del 12 de
mayo de 1998, pp. 1002-1003.
202
u Libreta Electoral y en la escritura de compra del in-
ra en s 1
ueble que hipotecó a favor de la demandante,. po~ ,o que su
J11 ., de que al momento de contraer la obhgacIOn era ea-
alegaClon .
ue se trata de un bien adquirido con su esposo, Importa
sada y q . l' 1derecho en su propIO dolo». Estos casos amp ian os
fundar un
d 1Art 226º del CC<123).
supuestoS e .
Sumado a lo anterior, está el hecho que la nulidad es
. b able mediante confirmación; motivo por el cual se ofre-
msU san l á bi e: ·1·
o una solución demasiado severa para e am ItOranu lar,
cecom . ..
dentro del cual, no es raro que el cón~ge no intervimente con
posterioridad, manifieste su co~f~rmldad con ~l acto, ya sea
ue beneficie al interés familiar o porque simple y llana-
porq . . .
mente lo estime más ventajoso que no otorgar su consentImIen-
to al acto.
En ese sentido, la solución que nuestra jurisprudencia na-
cional provee, por ser radical e insalvable, no es la más a:orde a
la vida familiar y más bien nos lleva a afirmar que desalienta la
armonía conyugal. Con lo cual, no estamos afirmando que la
nulidad no haya sido hasta ahora un arma eficaz para la preten-
sión del cónyuge no interviniente que aspiraJiberarse de la pre-
tensión del tercero sobre el patrimonio social; de hecho, aqu~-
nos cónyuges que han presentado este tipo de acción han reCl-
bido una respuesta adecuada a su interés -destr:uir los efe~t?s
del acto jurídico-; lo que criticamos es que la mte~pretaCIon
realizada por la Corte Suprema de Justicia es insufiCIente para
suplir el vacío que deja a su paso la actual redacción del Art.
315º del CC, respecto del instrumento legal a utilizarse frente al
acto de disposición arbitrario del patrimonio social.
(123) CAS. NQ62-T-97-HUAURA del 23 de setiembre de 1997, publicada
en la SCEP del 27 de febrero de 1998, p. 460. CAS. NQ 1094-99-LA LIBER-
TAD del8 de setiembre de 1999, publicada en la SCEP del 28 de noviembre
de 1999, p. 4182.
203

2.5. ¿Cuál es la solución adecuada?
A fin de establecer la solu~ión más adecuada al problema
planteado en nuestro orderiamiento jurfdico es necesa . ., no revi.
sar los antecedentes en nuestro Derecho patrio y los modelos
que ofrece la legislación comparada.
El texto original del Art. 188º del CC de 1936 estableció
co:n0 regla que el marido podía disponer del patrimonio social
a titulo oneroso, a contrario sensu se entendió que no 1 ." . o perrru.
tia a titulo gratu.lto. La Corte Suprema de Justicia declaraba in-
fundada cualquier pretensión de la muier dirigida a de' .. ..,. :J Jar SIn
efecto la dlSposl:lOn realizada por el marido a título oneroso.
Luego de la modl~cación realizada por el Decreto Ley NQ17838,
la re.gla f~e la nulidad de los actos de disposición arbitraria del
~atnmomo social'F". Con posterioridad a la modificación rea-
li~ada por el Decreto Ley Nº 17838 del 30 de setiembre de 1969
~ICho artículo señaló como regla que la intervención de la mu~
Jer se requería para la disposición del patrimonio social ya sea
a título gratuito u oneroso. Con todo, la administración de di-
cho patrimo~io siempre se encargó al marido; salvo respecto
de aquellos bienes que la mujer poseía en calidad de «reserva-
dos» y que se encontraban bajo su administracióri'P!'. Junca se
estableció en este sistema cuál vendría a ser la sanción aplicable
en caso se infrinja el Art. 188º del CC de 1936. A pesar de ello,
(124) Al re ' C. " specto, vease ASTA::EDA,jorge Eugenio Código Civil. Concor-
d~nczas y jurisprudencia de la Corte Suprema al día 6ª ed.' Talleres Villa nueva
~lma, 1978, T. II, pp. 88-91 Y la CAS. Nº 366-95-LAMBAYEQUE del 25 d~
(
ebrer~ de 1997, publicada en la SCEP del 1 de diciembre de 1997 p. 107
repetido en la p. 389). '
(125) El A' 20 o
1'0 1 t. .6- del CC de 1936 establecía como bienes reservados: el
p dueto ~el trabajo de l.~mujer y l~ que ésta obtenga por el usufructo legal
sobr: los ble?es de sus hIJOS. Estos bienes eran administrados por la muier
podían ser dispuestos por ella, a título oneroso (Art. 207º del CC de 19i6). Y
204
debemoS anotar que el Art. 189º de este código estableció que
la mujer podía oponerse a todos los actos del marido que exce-
dan de los límites de una administración regular, mediante jui-
cio de menor cuantía. Lo cual llevaría a pensar que el régimen
anterior estableció como regla la inoponibilidad a favor de la
mujer; pero la jurisprudencia derivada del mismo se encargó
de desvirtuarla, señalando como única vía la nulidad. Por su
parte, Valverde(126)señaló qu: ,e~Art. 189
Q
~el CC de 1936 sólo
era aplicable cuando el acto 11lCitOdel mando que afecta el pa-
trÍluonio social esté en ejecución, mas no en el supuesto que
éste se hubiera consumado.
En todo caso, la mujer podía solicitar judicialmente la mo-
dificación del régimen de sociedad de gananciales por el de
separación de patrimonios, cuando el marido abusaba de sus
facultades respecto del patrimonio social. Esta posibilidad que
la estableció el Art. 241º, inc. 3 del CC de 1936, también apare-
ce en los Arts. 297º Y329Qdel actual CC, a favor de ambos eón-
yuges(127);agregándose que también opera cuando cualquiera
de ellos actúa con dolo o culpa. Además, el Art. 292
Q
del CC
señala que si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos
que le confiere dicho artículo -se refiere entre ellos, a repre-
sentar a la sociedad conyugal individualmente dentro de las
necesidades ordinarias del hogar y actos de administración Y
conservación-, elJuez de Paz Letrado puede limitárselos en todo
o en parte, mediante proceso abreviado. Estas salidas son poco
usuales en la práctica procesal y ciertamente crean un mayor
conflicto entre los cónyuges.
(126) VALVERDE,El Derecho defamilia en el Código Civil peruano, cit., T. 1, pp.
492-501.
(127) Respecto de esta opción, véase CAS. N2 2148-2001-CAjAMARCA
del 12 de noviembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de
2002, pp. 8344-8345.
205

En la legislación comparada, existen diversos istemas qUe,
con el objeto de lograr la igualdad entre marido y mujer en la
economía conyugal, ofrecen diversas soluciones al problema
planteado.
Así, el CC español ha considerado a la sociedad de ganan-
ciales como el régimen patrimonial del matrimonio a falta de
capitulaciones matrimoniales o cuando éstas sean ineficaces.
Además existen dos regímenes patrimoniales más: la separación
de patrimonios y el régimen de participación. La administra-
ción -gestión y disposición- de la sociedad de gananciales co-
rresponde conjuntamente a ambos cónyuges (Art. 1375º).
«Artículo 1375º.- En efecto de pacto en capitulacio-
nes, la gestión y disposiciones de los bienes ganancia-
les corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin
perjuicio de lo que se determina en los artículos si-
guientes».
Este código contiene dos tipos de sanciones respecto de la
disposición arbitraria del patrimonio social: para los actos a título
oneroso (artículos 1377º y 1322º), señala como sanción de inefi-
cacia la anulabilidad; mientras que para los actos a título gratuito
(Art. 1378º), señala como sanción de ineficacia la nulidad».
«Artículo. 1322º.- Cuando la ley requiera para un acto
de administración o disposición que uno de los cónyu-
ges actúe con el consentimiento del otro, los realizados
sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente confir-
mados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo
consentimiento se haya omitido o de sus herederos.
206
P TRIMONIO SOCIAL
CAPíTULO 2: LA DISPOSICló ARBITRARIA DEL A
, 1 gratuito so-
No obstante, serán nulos los actos a títu o .
bre bienes comunes sifalta, en tales casos, el consenti-
miento del otro cónyuge».
«Artículo. 1377º.- Para realizar actos de disposició~ ~
título oneroso sobre bienes gananciales se requenra
el consentimiento de ambos cónyuges.
S
· lo negare o estuviere impedido para prestado,luno . .
drá l i ez previa información sumana, autonzar
P? ra e JU , . . id d
'os actos disposinvos cuando lo consi ere euno o van . '
. ' a la familia ExcepclOnalmente, acordaramteres par· .
las limitaciones o cautelas que estime convementes».
«Artículo. 1378º.- Serán nulos los actos a título g:atui-
to si no concurre el consentimiento de ambo~ conyu-
ges. Sin embargo, podrá cada ~no de ellos reahzar con
los bienes gananciales liberalidades de uso».
Tratando de encontrar una lógica a esta distinción, Diez-
Picazo y Gullón señalan lo siguiente:
«LaJ'ustificación podría tratar de buscarse en la nece-
., l cé ge que
sidad de otorgar una mayor protecClon a ~onyu .
no interviene cuando la disposición ha sido gratUlta,
de manera que mientras que en los act~s a título o~e-
roso por el juego conjunto de los ar~l~~los 1322 ~
1377º se llega a la anulabilidad con poslblhdad de con
firmación, la categórica fórmula ('serán. nulos'). del
artículo 1378º parece conducir a una nulIdad radICal,
1 ., que exac-
absoluta e insanable. Esta conc USlOnes, aun
tajurídicamente, probablemente excesiva, porque no
hay razón para que el acto a título gratuito n.o pueda
ser confirmado por el cónyuge que no lo hubiera con-
sentido en el momento de su realización.
207

La razón del trato diferente se encue tr, n 1a en que los
actos a titulo oneroso permiten u' .na vra para suplir 1
falta del consentimiento del otro có (1 ~. , . .. onyuge a autori
zacion judicial) que no es en carnbi ibl -, 10 posi e en los
actos a título gratuito porque el u'tul, o oneroso puede
ser ~~a consecuencia necesaria o razonable de la .
reCCIOnde la economía familiar y la negativa i~ust~~
cada no ~uede ser nunca una barrera infranqueabl
En cambio, los actos a título gratuito no s e.
t r e encuen-
ran en esa I~ea. No son necesarios nunca y sólo ue-
den ser realizados si ambos cóny 1 ~
ten»«128» uges o consten-
En el debate parlamentario, inicialmente se propuso
ger este modelo D aco-
P
, con arme puede verse en el Art. 315-B d 1
ropuesta de enmiend 1 Lib e a
No obstante d b as a 1 ro de Derecho de Familias"?'.
, e emos anotar que en .
ría justificación para esta doble regut~~stro sI~em~: no existi-
~:s~7~e~~sa~~~~~a~~UIOgratuito o a :t~~on~~:ro~~C1~:r~~ ~~:
la propuesta actual consignada en el Pro-
(128) DÍEZ-PICAZO/G' '. .
y 205. üLLOl',Sistema de Derecho civil, cit., Vol. 1, pp. 204
(129) L
a propuesta aparece en Cox eaSeparata Especial P . CRESO ~STITl;YE:-';TEDDlOcRÁTlco
« royectos pr d . ,
Código Civil de 1984 E esenta os a la Comisión de Reforma del
», en l Peruano del 7 d
Manual de Derecho de e '1" e enero de 1995 y en PLÁCllJO
rarru la, cit pp 172 177 '., . - , con la redacción siguiente:
«Art, 315-B.- El acto practicad . . ,
315-A Y que no haya sid ? ~on infracciór; de los Artículos 315 )'
1 d
. o expresa o tacitarne t fia o a mstancia del cón '" n e con irrnado, puede ser anu-
yuge no intervimente o de sus herederos.
. No obstante, son nulos 1 .. .-
bieries sociales practicad .?S actos ~: disposición a título gratuito de
os SIn intervencion de ambos cónyu ges» .. '
208
yecto de reformas al Libro IlI:Derecho de Familia (2006)(130), a
favor de establecer que la disposición unilateral de los bienes
de la sociedad de gananciales debe ser sancionada con
anulabilidad, a solicitud del cónyuge que no intervino o de sus
herederos.
Específicamente, respecto de los actos de disposición arbitra-
ria del patrimonio social a título gratuito, verbigracia, el~,
nada obsta que la cónyuge no interviniente (esposa de Mujica
Gallo) pueda otorgar su asentimiento con posterioridad a la
celebración del acto, posibilidad que estaría proscrita en el su-
puesto que se considere que la sanción aplicable es la nulidad.
En obsequio a la armonía conyugal, el cónyuge no interviniente
debería contar con la posibilidad de confirmar el acto de su
consorte realizado sin su asentimiento y a título gratuito y de no
estar de acuerdo, siempre tendrá la víajudicial para dejarlo sin
efecto.
El CC chileno, al igual que el CC español, considera tres
regímenes patrimoniales. En la sociedad conyugal -régimen
patrimonial en ausencia de capitulaciones matrimoniales-, el
marido es el jefe y como tal administra los bienes sociales. En
cuanto se refiere a los actos de disposición, el esposo requiere
del asentimiento de su consorte cuando pretende enajenar o
gravar (o comprometerse a dichas acciones) inmuebles sociales
o para entregar a título gratuito los bienes sociales; así como
para dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes
inmuebles urbanos por más de 5 años y los bienes inmuebles
rústicos por más de 8 años (Art. 1749º). Los actos que infrinjan
la regla antes indicada adolecerán de nulidad relativa (Art.
(130) COC'GRESODELA Rr:réBLICA, Propuestas de reformas del Código Civil.
Proyecto de Reformas al Libro III: Derecho de Familia, 2006.
209

1?57º). En el ea o de arrendamiento o tenencia éstas se red .
ran a los plazos máximos establecidos por el Art. 1749º. UC¡-
Código Civil chileno
«Artículo. 1749º.-
[...]
El ~arido no podrá enajenar o gravar voluntariamen-
t~ m pr?meter enajenar o gravar los bienes raíces so-
ciales m los derechos hereditarios de la m' .t . ., d ' uJer, SIn au-
orizacion e esta. o podrá tampo . di h. . , . co, SIn lC a auto-
n.zacIOn, ~Isponer entre vivos a título gratuito de los
bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735Q
• d. d ,m ~
en ~rnen o o ceder la tenencia de los bienes raíces
sOClale~ urbanos por más de cinco años, ni los rústicos
por .mas de ocho años, incluidas las prórrogas que
hubiere pactado el marido Si el marid .. man o se constituye
aval, codeudor solidario, fiador u otorga cual .ot »Ó» qUIera
ra cauCl~n res~ecto de obligaciones contraídas por
~erceros, solo obh~ar~ sus bienes propios. En los casos
que s~ refiere el mClSOanterior para obligar los bie-
nes sociales necesitará la autorización de 1 .a mUJer».
«Art '. 1.'57º.- Los actos ejecutados sin cumplir con los
requ~sItOS pres:ritos en los artículos 1749Q
, 1754Q
1755- ado~eceran de nulidad relativa. En el caso dJ
~;~enda~I~n~o o de la cesión de la tenencia, el con-
los t~;:~ra ~~~06~or el tie.mpo se.ñalado en los artícu-
. y , . La nulidad o moponibilidad ante-
no:es p~dran hacerlas valer la mujer, sus herederos o
cesionarros El c dri ., . u~ nema para Impetrar la nulidad se
~ontara desde la dI~olución de la sociedad conyugal, o
esde que cese la mcapacidad de la mujer o de sus
210
herederos. En ningún caso se podrá pedir la declara-
ción de nulidad pasados diez años desde la celebra-
ción del acto o contrato».
En el CC argentino, con posterioridad a las modificacio-
nes realizadas por las Leyes º s 11357, 17711 Y 23515, la socie-
dad de gananciales ha desaparecido para dar paso al régimen
de participación en los adquiridos (o comunidad de gestión
separada). Este es el régimen que gobierna la economía conyu-:
gal de los matrimonios argentinos, con una reducida concesión
a las capitulaciones matrimoniales, que únicamente pueden ser-
vir para designar los bienes que cada cónyuge lleva al matrimo-
nio y las donaciones que el esposo hiciere a la esposa (Art. 121 7º) .
La primera diferencia con el sistema anterior es la existencia de
cuatro patrimonios: i) los bienes privativos del marido, ii) los
bienes privativos de la mujer, iii) los bienes gananciales adquiri-
dos por el marido y iv) los bienes gananciales adquiridos por la
mujer. Conforme lo señala el Art. 1276
Q
del CC argentino, los
cónyuges durante la vigencia del régimen patrimonial pueden
disponer sus bienes como si estuvieran en un régimen de sepa-
ración de patrimonios, el único rasgo común con la sociedad
de gananciales consiste en que al fenecimiento de dicho régi-
men se realiza igualmente una división a prorrata de las ganan-
cias obtenidas por ambos cónyuges.
Código Civil argentino
«Art. 1276º.- Cada uno de los cónyuges tiene la libre
administración y disposición de sus bienes propios y
de los gananciales adquiridos con su trabajo personal
o por cualquier otro título legítimo, con la salvedad
prevista en el Art. 1277º.
[ ... ] ».
211

La única salvedad que señala este régimen de gestión sepa-
rada, se refiere a los actos de disposición o gravamen de los
bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o
bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en forma
obligatoria, aportes de dominio o uso de dichos bienes a socie-
dad y tratándose de sociedades de personas, la transformación
y fusión de éstas. Respecto de estos supuestos, el Art. 1277'2del
CC argentino señala que se requiere el consentimiento de am-
bos cónyuges, mas no ha establecido -al igual que en el sistema
peruano- cuál viene a ser la sanción aplicable en caso falte el
consentimiento del cónyuge no interviniente, lo cual ha abier-
to una polémica en la doctrina de dicho país.
Código Civil argentino
«Artículo. 1277Q
.- Es necesario el consentimiento de
ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes ga-
nanciales cuando se trate de inmuebles, derechos o
bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes
en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de di-
chos bienes a sociedades, y tratándose de sociedades
de personas, la transformación y fusión de éstas. Si al-
guno de los cónyuges negare sin justa causa su con-
sentimiento para otorgar el acto, eljuez podrá autori-
zarlo previa audiencia de las partes.
[ ... ] »,
Lo que sí ha quedado claro es que la manifestación de vo-
luntad del cónyuge de aquél que tiene a cargo los bienes ganan-
ciales asume el carácter de asentimiento más no de consenti-
miento. Para algunos autores, este asentimiento es un elemen-
to de eficacia del acto de disposición y acarrea la
212
P RIMONIO SOCIAL
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL AT
trata de un vicio'b'lidad(131);mientras que para otros se .'
inopODl l b anado por el cónyuge no interVlDlente Ypor
ue puede ser su s 'l'd d(132)
q e trata de un supuesto de anulabl la·
lo tanto s . ,
. . lleva a la conclusión
Un balance de ambas poslClones, nos ., .
. ., doctrinal a favor de la anulablhdad ha SIdo aco-
e la pOSIClon .' (133)
qu .' mente por laJ'urisprudenCla argentlDa .
gida mayontana .
C
· lí con las modificaciones reahzadas por la Ley
El e ita lana, d 1975 también regula a la comunidad.
;-..¡Q 175 del 19 de mayo .e le 'le) como régimen legal supleto-
d anciales (comunwne ga . . .
e gan . 1 . es matrimomales (convenzwm
. falta de cap rtu acio n . . , .
no ~ . n Además regula dos regímenes patn~oDlales mas.
matnmonz~ ~ . . 1 Y la separación de bienes. Una de
1 munidad convenClOna . .
a co , . 1 .dad de gananClales en este siste-
las caractenstlcas de a cornum
. , T [1[ Carlos Régimen de bienes en
(131) A favor de esta p~sic~on, VIDAL ~~~;6423515, 3ª ed., Depalma,
el matrimonio, con las modiflcacwnes dSela Le)rn t do YdeDerecho Civil; T. II, Vol.
. 1990 362-371 Y POTA,ira a
Buenos Aires, ',P?' o - 1 ue el supuesto se asemeja a la de
III, pp. 55-57. Este ulumo autor sena a q. ponible deia la nulidad para
.,' de o por lo tanto es 100 ':J
representacion S10 po 1 ,
los actos fraudulentos de los conyuges.
.. , /Z ''0'1 Manual de Derecho de
(132) Comparten esta poslClon, BOSSERT A:. . 'f 1 d senúmiento
MALA x José Rafael «La a ta e a
familia, cit., pp. 266-267; f, SP!.A'rina de la C~rte Suprema de]usúcia de
conyugal y sus efectos se,gun la doct 1982-D . 1019-1027; BELLLSCIO,
la Provincia de Tucuman», en La Ley, 9'8~PF .. . ATOEduardo, El
r. ili .t T II pp. 85- , A'ZOLn. ,
Manual de Derecho de jarn.lla, cit., " ~ va 1986 .67-80 YMÉ:m:zCOSTA,
asentimiento consugal, Castillo Hnos., COldo R' bi ' PlPc lzoni Santa Fe, 1981,
. . d d iueal u lnza - u ,María] osefa, Estudios sobresoae a con) e "
pp. 143-174. o
. R s Abel y ROVEDA,Edual-
(133) Según nos informa FLEITASORTIZDE OSA'. 9001 109-110.
. . La Ley Buenos Aires, - , pp.
do Réoimen de bienes del matnmonso. '. d CC de 1998 en
, b" . . a partir del Proyecto e '
El problema vuelve a tenervlgenCla, . , 1 ·noponibilidad.
• A rt 466º como sarrcro n a a 1
el cual se considera, en su ru . ,
213

ma consiste en diferenciar los supuestos de gestión ordinaria y
extraordinaria del patrimonio social. Los primeros, se produ-
cen dentro de la administración de los bienes de la comunidad y
la representación en juicio para los actos relativos a ella y Corres-
ponden indistintamente a ambos cónyuges; mientras que los se-
gundos, se encuentran circunscritos a los actos que exceden la
ordinaria administración y la estipulación de contratos por los
que se concedan o se adquieran derechos personales de goce y la
representación en juicio de sus respectivas acciones y correspon-
den conjuntamente a ambos cónyuges (Art. 180º CC italiano).
El Art. 184º del CC italiano señala que los actos de gestión
extraordinaria realizados por uno de los cónyuges sin el asenti-
miento de su consorte, o no convalidados por éste, son anulables
si se refieren a bienes inmuebles o a los bienes muebles
registrables. Estos últimos son los siguientes: i) las naves y bu-
ques inscritos en los registros señalados por el código de la na-
vegación; ii) las aeronaves inscritas en los registros indicados
por el mismo código; y iii) los vehículos inscritos en el registro
público automovilístico. Si los actos atañen a bienes muebles de
cualquier otra índole, el acto realizado por el cónyuge
interviniente es válido, pero éste está obligado, a instancia de su
consorte, a reconstituir la comunidad en el estado en que se
encontraba antes de la realización del acto. En el supuesto que
ello no sea posible, el cónyuge no interviniente está obligado al
pago del valor equivalente del bien dispuesto, según los valores
corrientes a la época de la reconstitución de la comunidad.
Código Civil italiano
«Artículo. 184º.- Actos realizados sin el consentimien-
to necesario
Los actos realizados por un cónyuge sin el consentimien-
to necesario de su consorte y por éste no convalidados,
214
P MO 10 SOCIAL
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL ATRI I
son anulables si e refieren a bienes inmuebles o a bie-
nes muebles enumerados en el arúculo 2683º.
La acción puede ser propuesta por el cónyuge cuyo
consentimiento era necesario dentro de un ano desde
la fecha en que ha tenido. conocimiento del a~to y ~n
do caso dentro de un año desde la fecha de mscnp-
to . l có ha
. , Si el acto no ha sido inscnto y e conyuge no
Clan. . ., d 1
id conocimiento antes de la disolución e a co-
tem o , 11'
id d la acción no podrá ser propuesta mas a amurn a , .,
del año computado desde dicha disolución;
S' los actos consideran bienes muebles distintos a los
~encionados en el primer párrafo, el cónyuge q~e l~.s
ha realizado sin el consentimiento del otro esta obl~-
gado, a instancia de este último, a restituir la com~m-
d d en el estado en el que estaba antes de la realiza-
c~n del acto o, en caso que ello no sea posible, al,pago
del equivalente según los valo:es corrientes a la epoca
de la restitución de la comumdad».
La doctrina italiana ha señalado con acierto que dentro ~e
la gestión extraordinaria de los bienes se encuentran ~o solo
aquellos actos de eficacia real sino también obligatoria, sl~~~~e
. .' , stitución o adqulslCIOn
que tengan por objeto la enajenación, con
de derechos reales sobre bienes inmuebles o bienes muebles re-
. . . ' ge pueda rebelarse
gistrados'P". Asimismo, para que un conyu
. bi d 1 tro es indiferente quecontra el comportamIento ar itrano e o , ..
. di . 1 1 unidad (o a la famIlIa)el acto haya sido o no peIJu icia a a com .
. is.Ia b al e on la que actuaba ely es Irrelevante, ademas, la uena o m a le e
tercero al momento en que se ha estipulado el acto.
(134) B 'CA Massimo Diritto Civile, Giuffré, Milán, 1985, Tomo II [LalA).; , '
Famiglia-Le Successioni], pp. 86-87.
215

Pese a todas estas providencias se ha - l d~ . , sena a o q
practica procesal italiana no se en ue en la
. d' . 1 cuentran pronunc' .
JU icia es respecto del tema' lo 11 Iamlentos
, que eva a Sostene l
mente que los cónyuges sujetos al ~ . r a ternativa_
J reglmen legal so
os del precepto legal (Art. 1802 CC' Ii n respetuo_
Ha iano ) para n . 1
nunca o que -como es preferible sostener 1 ~ o VIOarlo
1 ~ . - os conyuge .
a regrmen legal son ya muy pOCOS(135). s SUjetos
* * *
. ~ Luego de esta revisión del Derecho com arado
CIOna que la solución que deb . p y en aten-
. ~. e asumir nuestro ord .
jurídíco debe tener en cuenta 1 enamlento
que son propias del régimen' ,~~r un ado, las características
nes económicas de los có jurr lCOque gobiernan las relacio-
al ordenamiento jurídiconyuges y~Plor otro lado, debe ajustarse
de los actos jundíco, co q~desena a las causales de ineficacia
, nSI eramos que la . ~
optar el legislador nacional es la " OpcIOn que debe
disposición arbitraria del narri a~ulablhdad de los actos de
nuestro ordenamiento l: ~atn~ol1lo s.ocial. Ello enc"Úaría en
éste, el acto de dispOSI'CI'O~g 'b
e
.
n
a .medlda que de acuerdo con
. n ar Hrano del pat . . .
tIene los elementos . l nm011l0 SOCIalcon-
esencia es de tod . ~. .
go, por contradecir una . o ac~o jurídico; SIn ernbar-
3152 del CC ~ norma ImperatIVa como lo es el Art.
,sena nulo (Art. 2192, ine. 8 CC)(136).
Para evitar esta interpretació h
en nuestro CC n, se ace necesario incluir
, como causal de a 1 bilid d
miento del cónyu en' '. nu a 11 a ,la falta de asenti-
g o InteTVIl1lente en los actos de di .. ~isposicion
(135) A
_ _ esta conclusión arriba Fc"
Famzgba: Comento sistematico della Le e j 90CCHIARO, ~fioo y Mar~o, ~irit~o_ di
1984, Vol 1 Artt 1 89 'gg< Maggzo 19/.J N-175 Ciuffré Milán
-, . - ,pp. 1077-1078. "
(136) En nuestr -
a doctnna, comparte esta posición: PI.ÁCIDO, pp_ 160-163_
216
CAPíTULO 2: LA DISPOSICló ARBITRARIA DEL PATRIMO'JIO SOCIAL
arbitraria del patrimonio social; ya que, como sabemos, la
anulabilidad sólo tiene carácter expreso y no puede ser invoca-
da en forma virtual. De esta manera, no se negará al cónyuge
no interviniente la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccio-
nal a solicitar la anulación del acto realizado por su consorte, el
mismo que tendrá efecto a partir de la sentencia que lo declare;
corno tampoco se le impedirá otorgar su asentimiento con pos-
terioridad a la celebración del acto de disposición arbitrario del
patrimonio social, mediante la confirmación (Art. 230º CC),
como mecanismo sanatorio del mismo. Es pertinente indicar
que el acto también quedará confirmado si el cónyuge no
interviniente, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en
forma total o parcial, o si existiesen hechos que inequívocamente
pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de
anulabilidad (Art. 231º CC).
Admitiéndose esta solución, la acción de anulabilidad del
acto de disposición arbitrario del patrimonio social será facul-
tad exclusiva del cónyuge no interviniente o de sus herederos,
legitimados por el desmedro ocasionado en el patrimonio so-
cial, y no de cualquiera que manifieste interés o del Ministerio
Público, como sería en el caso de conservarse la solución
jurisprudencial por la nulidad del acto. Asimismo, el plazo de
prescripción sería de dos años (Art. 2001º, inc. 4 CC) y se admi-
tiría que eljuez evalúe la posibilidad de indagar los motivos de
la pretensión del cónyuge no interviniente, las particularidades
del negocio y su incidencia patrimonial; elementos valiosos den-
tro de los conflictos de los intereses derivados de las relaciones
entre los cónyuges y los terceros; de tal manera que el tercero
mediante contestación o reconvención podrá defenderse según
los argumento expuestos en los acápites contenidos en el nu-
meral 2 del pre ente capítulo, e incluso solicitar el perfecciona-
miento del acto, alegando el asentimiento tácito del cónyuge
SUpuestamente preterido. Por su parte, el cónyuge interviniente
217

podrá solicitar al órgano jurisdiccional que supla el asentimien_
to de su consorte por negativa injustificada, para lo cual deberá
demostrar que el acto redundó en beneficio de la sociedad o se
realizó en forma más ventajosa para ella.
3. ARCUME TTOS A FAVOR DEL TERCERO DE BUENA FE
3.1. La adquisición a non domino
¿La anulabilidad resultaría aplicable a todos los casos de
disposición arb~traria del patrimonio social? ¿En qué supuestos,
el tercero podna protegerse de la anulabilidad presentada por
el cónyuge no interviniente?
La anulabilidad propuesta en el presente trabajo -o la nu-
lidad como solución jurisprudencial- produce la ineficacia del
acto; por lo que algunos autores consideran que no puede ser-
vir de fundamento de ningún efecto negocial y origina una re-
acción en cadena de nulidades, arrastrando titularidades, dere-
chos, transmisiones de derechos, obligaciones y cargas, en fin,
todo aquello que en el acto tuviere su fundamento, se apoyara
en él o de él se derivase. Así, una compraventa nula no dará
lugar a la adquisición de propiedad por el comprador, ni a la
obligación de pagar el precio.
Por lo que, cabe preguntarse en qué supuestos los terceros
Son protegidos por nuestro ordenamiento jurídico frente a la
p~etensión del cónyuge no interviniente. Zusman opina que
~Ichos terceros sólo han sido protegidos frente a la nulidad por
sImulación absoluta (Art. 194º CC), mas no en los demás su-
puestos de nulidad. Las razones que estima abonan a favor de
su posición son las siguientes:
«En nuestra opinión, el Código Civil no ha protegido
a terceros adquirentes por las siguientes razones:
218
Porque la nulidad, por definición, arrastra a los
negocios jurídicos derivados del negocio nulo. Por
ello, de haber querido la ley dar protección a ta-
les terceros, lo habría hecho explícitamente.
Porque, tanto los anteproyectos de la Comisión
Reformadora del Código Civil de 1936 cuanto el
Proyecto de Código Civil incorporaron expresa-
mente para el caso de nulidad, la protección de
terceros adquirentes a título oneroso y de buena
fe. Debe suponerse, entonces aplicando el méto-
do histórico de interpretación de la ley que, si el
legislador ha partido de los antecedentes legislati-
vos antes mencionados sin haber incluido la nor-
ma de protección a terceros, es porque su inten-
ción ha sido la de no hacerlo.
Porque, unido a lo anterior, cabe sostener, inter-
pretando a contrario sensu, que si el artículo 194º
del código, en el caso de simulación, protege
restrictivamente a terceros adquirentes a título
oneroso y de buena fe, es porque la norma gene-
ral es la de no protegerlos.
Porque, finalmente, interpretar en otro sentido da-
ría lugar a graves problemas, como el determinar
si se protege, de manera general a terceros de bue-
na fe, sin interesar el título de la adquisición» (137) •
Hay razones para desmentir esta posición doctrinal, por su
abierta contradicción con las normas de protección a terceros
adquirentes (Arts. 948º Y 2014º CC) que nuestro CC provee. En
(137) Z SMA~ T¡;-.IMA;-.I, Shoschana, «Teoría de la invalidez y la ineficacia,»
en Ius et Veritas, Año IV, N2 7,1993, p. 163.
219

JOSÉ AlMEIDA BRICEi.O
efecto, los terceros que adquieren guiados por los signos de
recognoscibilidad que nuestro ordenamiento jurídico recono-
ce (la posesión y el registro) mantienen a su favor la propiedad
del bien, aunque éste haya pertenecido al patrimonio social de
los cónyuges y se declare la anulabilidad del acto de disposición
arbitrario del patrimonio social.
Para entender el sustento de este sistema de protección a
terceros, debemos precisar que la transferencia de propiedad
en nuestro ordenamiento jurídico se realiza según la teoría del
título y el modo, por la cual, el proceso de adquisición del dere-
cho real de propiedad se produce en dos etapas. En la primera,
como consecuencia del título (entendido como el acto por el
que se establece la voluntad de enajenación del derecho), el
futuro adquirente recibe un derecho de crédito a que el futuro
transmiten te le transfiera el derecho real de que se trate. Hasta
aquí nos encontramos en el campo del Derecho de obligacio-
nes. Uno puede exigir y el otro debe realizar una prestación: la
conducta que consiste en transmitir el derecho real. En la se-
gunda etapa, el enajenante cumple su obligación, que consiste
en realizar el modo o acto transmisivo del referido derecho real.
Como complemento de lo anterior, en el caso de bienes
n:uebles, la posesión es considerada como mecanismo de publi-
cidad que permite determinar la propiedad del bien, conforme
lo señala el Art. 912º del CC, al establecer que «el poseedor es
reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario». Por
lo cual, la transferencia de la propiedad de dichos bienes se
realiza me~iante la tradición (Art. 947º CC), porque ésta supo-
ne que el bien es entregado por aquel que es poseedor del bien.
~ ~a~era de ejemplo, el tercero sólo podrá defender su adquisi-
cion SI se le ha entregado el bien mueble que se le ofreció. Así,
Mariell~ Chilquillo celebró un contrato de compraventa con jua-
na Molma, por el cual ésta se obligó a transferirle la propiedad
de un televisor y dos parlantes; una vez pagado el precio, se dis-
220
USOa recoger los bienes muebles, dándose con la sorpresa que
~stoShabían sido embargados en forma de depósito a solicitud
de René Díaz, para garantizar el cumplimiento de una obliga-
ción de dar suma de dinero. Enterada de ello, Marielly Chilquillo
inició una tercería de propiedad. La Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 3202-98-ICA(l38),recha-
ZÓ dicha pretensión, bajo los siguientes argumentos:
«Conforme a lo prescrito en el Art. 947º del CC, la
transferencia de propiedad de una cosa mueble deter-
minada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo
disposición legal diferente; que en consecuencia, de-
mostrado como está que los bienes embargados han
seguido en poder de la demandada Uuana Molina],
es obvio que en aplicación de la citada norma el dere-
cho de propiedad de la actora no está probado, como
lo hace notar eljuez en su sentencia y bajo este aspec-
to, conviene aclarar que el artículo 912º del mismo
código, citado por la Sala, no es que sea impertinente
sino que ha sido erróneamente interpretado.
Por lo expuesto, el derecho del demandado don René
Díaz Espinoza, se encuentra amparado por el citado
artículo 947º del CC que la Sala Civil ha dejado de
aplicar, configurándose con ello la causal de
inaplicación de normas de derecho material».
En consecuencia, normalmente los cónyuges de consuno
pueden transferir la propiedad de un mueble social que poseen
mediante compraventa (Art. 1529º CC) -título-, la misma que
se efectivizará mediante su tradición (Art. 947º CC) -modo- al
(138) CAS. NQ3202-98-ICA del2 dejunio de 1999, publicada en la SCEP
del 30 de setiembre de 1999, pp. 3625-3626.
221

JOSÉ AlMEIDA BRI CC O
tercero comprador. Esta regla permite otorgar fluidez a las tran-
sacciones de bienes muebles, ya que el tercero sólo necesitará
asegurarse que la transmi ión de la propiedad lo realiza quien
es su po eedor y que por tal hecho se le presume propietario de
dicho bien. Sin embargo, puede darse el caso que los terceros
precisamente guiados por e ta presunción, reciban la posesiól~
de un mueble de quien no es propietario. o es raro que el
verdadero propietario, una vez ubicado el bien, pretenda reí-
vindicarlo. Por lo que nos preguntamos si en nuestro ordena-
miento jurídico merecen protección estos terceros.
Es preciso entender que negar absolutamente algún tipo
de protección significaría crear desconfianza en los terceros
adquirentes, afectando el tráfico comercial. Por ello, el Art. 9482
del. CC señala en qué supuestos los terceros se encuentran pro-
tegidos frente a la protección del verdadero propietario, esta-
bleciendo que quien de buena fe y como propietario recibe de
otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, aun-
que el enajenante de la posesión carezca de facultad para ha-
cerlo. Se exceptúan de esta regla los bienes perdidos y los ad-
quiridos con infracción de la ley penal. Este supuesto es conoci-
do en doctrina como la adquisición a non domino.
Aun cuando no se han registrado casos en casación en los
cuales se haya aplicado el artículo antes citado en la vida fami-
li~r pueden ocurrir enajenaciones realizadas' por uno de los
conyuges sin asentimiento del otro que se encuadren dentro
del s~pue~t? de hecho del Art. 948Q
del CC, como el caso que a
c~~tmuaClon exponemos: María yJuan, durante la vigencia del
régimen de sociedad de gananciales, adquieren diversos arte-
fac.tos el.ectrodomésticos. Un día,Juan se dirige a la casa de Luis,
quren VIveal otro lado de la ciudad, y le ofrece venderle un
televisor, sin expresarle que era casado y que el bien tenía la
calidad de mueble social. Finalmente, el bien es vendido por
250 nuevos soles y entregado a Luis en el mismo acto. María,
222
d de lo ucedido reclama a Luis la devolución del bien.
eDtera a , . ,
, te le responde que la adquisición la realizó de buena fe.y se
Es ara en la adquisición a non domino. En este caso, por eJem-
arnp 1 cónyuge no interviniente no podrá lograr que la
Plo, a . 1 di"
1 b'l'dad del acto traiga como consecuenCla a evo ucion
aDUa 11 , . . .
1
ueble social. El tercero habra adquirido la propiedad del
de rn , . .. )
bl aun cuando el enaieriante (el conyuge mtervirnenternue e, :J ,
, de facultades para transferirlo, ya que requena el asen-
careCla 1, -o
tirniento de su consorte (Art. 31~- CC).
Examinemos a continuación los requisitos que exige la
adquisición a non domino. En principio, debemos indica~ que
esta figura sólo se refiere exclusivame.nte a la transferencia del
derecho de propiedad. Esto se apreCla del hecho que se haga
alusión en el Art. 948Q
del CC, a quien recibe la posesión del
bien mueble «como propietario» y luego la consecuencia «ad-
quiere el dominio» y se corrobora con la interpretación sist~-
mática, ya que el artículo antes citado se encuentra com~rendI-
do dentro del Subcapítulo IV (Transmisión de la propiedad},
del Capítulo II (Adquisición de la propiedad). Co~ lo cual: se
excluye dentro de su ámbito de protección a cualquier otra titu-
laridad adquirida por el tercero (como puede ser el gravamen
o renuncia de derechos).
Asimismo, resulta claro que la adquisición a non domino,
sólo atañe a la enajenación de bienes muebles. o pudiend~
hacerse exten ivo el Art. 9482 del CC a los bienes inmuebles. AsI
lo estableció la Sala Civil de la Corte Suprema en la CASo Q
953-96-LAMBAYEQUE(l39),señalando que «el Art. 948Q
del CC
regula la transmisión de la propiedad de bienes muebles y en el
presente caso el bien materia de controversia es de naturaleza
(139) CAS. jQ 953-96-LAMBAYEQUE del 17 de noviembre de 1997, en
CCJC, Tomo I1, pp. 616-618.
223

inmue~~e, por lo que la ref~rida norma no es aplicable a la pre-
sente 11tIS».En consecuencia, la entrega de inmuebles sociales
por uno de los cónyuges no puede considerarse den tro del
ámbito de la adquisición a non domino.
Por otro lado, la norma exige que el tercero reciba la pOse-
sión del bien. Lo cual hace alusión a un tipo especial de tradi-
ción. En efecto, dentro del concepto establecido por el Art. 948'-'
CC se encuentra claramente la tradición real, que ha sido defi-
nida en el Art. 901º del CC, al señalarse que ésta se realiza me-
diante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona
designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta
establece. Esto se explica por el hecho que la elección de este
tipo de tradición como mecanismo constitutivo de la propiedad
mueble se sustenta en el efecto publicitario que genera la pose-
sión. De tal manera que se afirma que la publicidad no se origi-
na por el acto de entrega, que suele permanecer oculta a los
terceros, sino por la situación jurídica que la entrega origina: la
posesión como estado es el elemento publicitario.
Es por esta razón que la tradición ficta conocida como
constituto posesorio no puede considerarse dentro del supuesto
del Art. 948º del Cc. Esta figura se encuentra comprendida en
el Art. 902º, inciso 1 del CC y se concreta cuando el propietario
del mueble, como poseedor absoluto, lo enajena a un tercero
pero continúa como poseedor inmediato, sea a título de usu-
fructuario, arrendatario, comodatario u otro. En este caso, la
tradición opera de una manera ficticia o espiritualizada.
En cambio, sí se cumple el requisito establecido por el Art.
948º del CC, a pesar de tratarse de una tradición ficticia, en el
supuesto de traditio brevi manu. Esta figura también se encuen-
tr~ comprendida en el Art. 902º, inciso 1 del CC, pero opera a
la mversa de la constituto posesorio. Se produce cuando se cambia
el título posesorio de quien está poseyendo. A manera de ejem-
224
n bien social puede ser entregado por uno de los esposos
pl~, Uyugeinterviniente) a un tercero en calidad de depositario
(con
osteriormente celebrar un contrato de compraventa respec-
y p de dicho bien. En este caso, la posesión del tercero que
to .,. di
rimigeniamente se trataba de una po.sesl~~ mme lata se trans-
forma en una posesión absoluta,. ~a~l:faClendose ~l efecto de
publicidad requerido por la adquisición a non domino.
Por lo que queda delimitado el alcance del Art. 948º del
CC, teniendo como apoyo elArt. 912º del CC, que sirve de fuente
de información presunta que califica la buena fe y justifica la
protección, y por la cual se otorga la titularidad, u~a vez recibi-
da la posesión a los sujetos de buena fe que adquieren la pro-
piedad de bienes muebles; esta adquisición puede realizarse a
título oneroso como a título gratuito.
Otro de los requisitos para la adquisición a non domino es la
buena fe. Esto es «la buena fe creencia» o «la buena fe subjeti-
va». Nos encontramos ante un problema de información. El ter-
cero tendrá buena fe si la información con la que cuenta le
permite creer que la otra parte es titular del derecho que pre-
tende y por lo tanto se encuentra facultado para transferirle la
propiedad o, en sentido negativo, si carece de información so-
bre su falta de derecho o de facultades para transferirle la titula-
ridad. Es el caso de Luis, en el ejemplo presentado líneas arri-
ba, guiado por la posesión del bien y por el silencio de Juan,
adquiere el mueble social creeyendo que se trata de un bien
que tiene como único propietario a su enajenante y desconocía
que éste se encontraba casado bajo el régimen de la sociedad
de gananciales con María.
Los bienes muebles registrados
En este punto, resulta pertinente exponer la problemática
que deja abierta nuestro CC respecto a los bienes muebles re-
225

gistrados, con relación a los cuales no queda claro si se encuen_
tran dentro del ámbito del Art. 948º del CC o del Art. 2014º del
CC -que será materia de mayor examen en el siguiente acápite_.
Al respecto, consideramos que la adquisición a non domino sólo
protege a los bienes muebles no registrados. Esto se debe a que
el registro tiene como uno de sus pilares a la presunción iure el
de iure que toda persona tiene conocimiento del contenido de
las inscripciones (Art. 2013º CC). De tal manera que un tercero
no puede alegar buena fe, cuando el bien mueble enajenado
por el cónyuge interviniente aparezca registrado como social
en el Registro de Bienes Muebles de los Registros Públicos. En
consecuencia, la publicidad que provee el registro elimina la
posibilidad que un tercero lo desconozca, incluso basándose en
que el mueble se encontraba en posesión del enajenante.
En tal sentido, la protección absoluta de la titularidad ad-
quirida sobre un bien mueble social inscrito se alcanza sólo a
partir de su inscripción. Antes de ello, puede haberse adquiri-
do mediante un contrato seguido de la tradición, pero ésta no
podrá oponerse de manera total y absoluta. Así, si el bien trans-
ferido por Juan a Luis hubiese sido un automóvil registrado como
bien social, éste no podrá argüir a su favor que recibió la pose-
sión del bien según los requisitos establecidos por la adquisi-
ción a non domino, ya que tratándose de un bien registrado, de-
berá previamente hacer una búsqueda para determinar la titu-
laridad del mismo.
Lamentablemente, la Corte Suprema deJusticia no ha defini-
do claramente un criterio respecto al tema. Por un lado, la Sala Civil
Permanente, en la CAS. Nº 415-99-LIMA(I40),ha señalado que en
los muebles prima la tradición, con los siguientes términos:
(140) CAS. Nº 415-99-LIMAdel 12 de julio de 1999, publicada en la
226
«El hecho de que un vehículo sea un bien mueble
registrable, es decir, que los derechos que recai~an
sobre él sean susceptibles de ser inscritos en la oficma
correspondiente de los Registros Públicos y así obte-
ner la publicidad y consecuente protección de los mis-
mos, no implica que la transferencia de dichos bienes
se perfeccione con la inscripción registral, ya que como
se ha indicado en los considerandos precedentes, para
que el Registro tenga efectos constitutivos, ello debe
estar legalmente establecido.
[...]
Atendiendo a lo expuesto en el considerando prece-
dente, se concluye que, no existiendo disposición le-
gal en contrario, la regla aplicable para la transferen-
cia de propiedad vehicular es la tradición, en conse-
cuencia, no ha existido una errónea interpretación de
la norma contenida en el Art. 947º del Código Civil ni
tampoco una inaplicación del Reglamento de Inscrip-
ciones del Registro de la Propiedad Vehicular».
Mientras que la Sala Civil Transitoria, en la CAS. Nº 1518-
2000-MOYOBAMBA(141),ha establecido el criterio contrario,
señalando que en los muebles registrables prima la inscripción
registral:
(141) CAS. Nº 1518-2000-MOYOBAMBAdel 13 de setiembre de 2000,
publicada en la SCEP del 30 de abril de 2001, pp. 7158-7159. En la CAS.Nº
3290-01-CONO NORTE del 19 de abril de 2002, publicada en la SCEP del
31 de julio de 2002, p. 9023 Y en la CAS.Nº 3372-2001-LIMAdel 15 de a~r~l
de 2002, publicada en la SCEP del 31 dejulio de 2002, p. 9023, la Sala 0:11
Transitoria cambia de criterio señalando que «la transferencia de propIe-
dad de un vehículo automotor se efectúa con la tradición, en virtud del Art.
947º del CC».
227

«La demandante tiene tarjeta de propiedad respecto
del vehículo materia de la tercería y contrato de com-
praventa celebrado no por la ejecutada en el proceso
principal sino por una compañía diferente.
[...]
Más aún, la tarjeta de propiedad que menciona la sen-
tencia de vista ha sido otorgada por la Oficina Registral
de la Región de Loreto de la Superintendencia Nacio-
nal de los Registros Públicos.
[...]
La sentencia de vista no contiene ningún argumento
que mencione que la compradora del vehículo ha ac-
tuado de mala fe, sino que se refiere al vendedor pero
la recurrente ha adquirido el bien bajo la fe del regis-
tro. La supuesta tradición realizada a favor de la ejecu-
tada no puede prevalecer sobre la tarjeta de propiedad
y el contrato de compraventa a favor del tercerista».
La contradicción entre ambas casaciones requiere ser ma-
teria de un Pleno Casatorio. En todo caso, con la finalidad de
concordar ambos criterios, el Art. 25º, inciso a del Reglamento
de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular (Resolu-
ción del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Tº
087-2004-SUNARP) presume, a efectos registrales, que una vez
otorgada el acta respectiva se ha hecho la tradición del vehícu-
lo, salvo que se desprenda del mismo instrumento lo contrario.
En este último caso -señala la norma-, no podrá inscribirse el
título y el registrador deberá observarlo a fin de que, mediante
otro instrumento notarial, ambas partes declaren que se ha he-
cho tradición del vehículo. No obstante, si del contrato se des-
prende que el vehículo se encuentra en posesión del adquirente
o de un tercero, la tradición se considerará efectuada, en apli-
cación del Art. 902!"!del Cc.
228
Excepciones a la adquisición a non domino
Las excepciones a la adquisición a non domino son las con-
. nadas en el Art. 948!"!del CC: los bienes perdidos y los adqui-
Slg . , de los nriid on infracción de la ley penal. Respecto e os pnmeros,
n os c . did '
Art. 932º del CC señala que quien halle un bien per 1 o esta
e~li ado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual comuni-
ag. .ibli E 1' 1hallazgo mediante anuncio pu lcO. n cuanto a os se-cara e ..
dos se refiere a aquellos que han sido objeto de los delitos
~~tra ~l patrimonio, como son el hurto (Arts. 185º al 187º CP),
robo (Arts. 188º a1189º CP), abigeato (Arts. 189-A al 189-C CP),
apropiación ilícita (Arts. 190º a~ 193º CP) y recep~ación (Art.
194º CP). Sin embargo, estos delitos no resultan aplicables a los
actos de disposición arbitraria del patrimonio social, en la me-
dida que son irreprimibles en el ámbito penal, c~ando se cau-
sen entre los cónyuges (Art. 208!"!,inciso 1 CP ruodificado por la
Ley Nº 27309 del 17 de julio de 2000).
En la legislación comparada, el CC chileno ha consa.grad~
la adquisición a non domino con relación a los actos de dISpOSI-
ción arbitraria del patrimonio social, estableciendo en su Art.
1739º que:
«Tratándose de bienes muebles, los terceros que con-
traten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges
quedarán a cubierto de toda reclamación que éstos
pudieren intentar fundada en que el bien es social o
del otro cónyuge, siempre que el cónyuge contratante
haya hecho al tercero de buena fe la entrega o la tra-
dición del bien respectivo.
Jo e pre umirá la bu na fe del tercero cuando 1bien
obj to del contrato figure inscrito a nombre d 1otro cón-
yuge en un registro abierto al público, como n 1caso
de automóviles, acciones de sociedades anónimas, naves
229

o aeronaves, etc. Se presume que todo bien adquirido a
título oneroso por cualquiera de los cónyuges después
de disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquida-
ción, se ha adquirido con bienes sociales. El cónyuge
deberá, por consiguiente, recompensar a la sociedad, a
menos que pruebe haberlo adquirido con bienes pro-
pios o provenientes de su sola actividad personal».
3.2. La fe pública registra!
La transferencia de los bienes inmuebles, en nuestro siste-
ma jurídico, se realiza mediante el sistema de adquisición de los
derechos reales por el solo contrato (nudo consensu).
Esta premisa se sustenta en que si bien es cierto nuestro
CC se ha adherido al sistema del título y el modo -como puede
observarse respecto de los bienes muebles-o En el caso de bie-
nes inmuebles, la sola obligación de transferir la propiedad hace
al acreedor propietario del bien (Art. 949º CC). Suprimida la
necesidad de la tradición, el contrato es por sí solo, modo de
adquirir los derechos reales (es decir, el hecho que según la ley
produce la adquisición). Se funden en él el título Yel modo, o si
se quiere se borra la bipartición.
El sistema elegido por el legislador nacional, como es de
apreciarse a simple vista, es imperfecto, porque admite la posi-
bilidad que quien enajene no sea el verdadero titular del bien o
no se encuentre facultado para ello. Así, en el caso de inmuebles,
cualquiera de los cónyuges puede atribuirse la titularidad del
bien y luego transferirlo a un tercero; sin embargo, el cónyuge
~o interviniente puede recuperarlo porque el acto se realizó
sin su consentimiento. Se comprende que de esta forma el tráfi-
co comercial se convierte en inseguro y la propiedad en relati-
va. Por lo que con el objeto de determinar fehacientemente si
un bien es propio o social, el tercero debe acudir al mecanismo
230
blicidad inmobiliaria que ofrecen los registros públicos
de pu
ecialmente creados para ello.
esp
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia
ha afirmado lo anterior, en la CAS. Nº 1783-96-LlMA(142),con
los siguientes términos:
«La publicidad jurídica es una activida~ que. ~e~e ~o.r
finalidad manifestar un hecho, acto o situación Jundl-
ea y que crea al objeto publicado la posibilidad de ser
conocido por todos.
En efecto, la publicidad jurídica en razón de una presun-
ción cerrada (absoluta o iure et deiure), impide totalmen-
te la posibilidad que alguna persona, d.esconozca "" de-
recho debidamente inscrito, la cual, nene como mme-
diata consecuencia que el contenido de la inscripción se
presume cierto y produzca todos sus efectos,.mie~tras no
se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, tal
como precisa el Art. 2013º del Código Civil, norma que
contiene el principio de legitimación registral.
[...]
Es decir, se trata de proteger la apariencia gen~rada
por los actos de publicidad, aun cuando haya discre-
pancia entre las auténticas relaciones y las que hayan
sido objeto de publicidad».
El principio de publicidad registral por el cual se p~esume,
sin admitirse prueba en contrario, que toda persona nene co-
(142) CAS. NQ1783-96-LlMAdel 18 de mayo de 1998, publicada en la
SCEP del 5 de julio de 1998, pp. 1393-1394.
231

nacimiento del contenido de las inscripciones (Art. 2012'2 CC)
se complementa con el principio de legitimidad registral, por
el cual el contenido de la inscripción se presume cierto y pro-
duce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare
judicialmente su invalidez (Art. 2013º CC). La consecuencia de
ambos principios trae consigo que en obsequio al tráfico co-
mercial se sacrifique, al menos en ocasiones, el dogma según el
cual nema plus iura in alium transferre po test, quam ipse haberet (na-
die puede transferir a otro más derecho que el que él mismo
tenga) y una limitación a la producción de ineficacia derivada
de la anulabilidad del acto.
En condiciones normales y de acuerdo con el principio de
causalidad, las inscripciones se realizan en virtud de un acto
que constituye su causa eficiente, de modo tal que los vicios y
nulidades de este acto afectarán en forma directa e inmediata
la eficacia y validez del asiento registral. El registro no convalida
los actos que sean nulos o anulables. Sin embargo, es necesario
proteger una razonable confianza en la apariencia de una situa-
ción jurídica, de manera que quien suscite en los demás la apa-
riencia de que una situación jurídica existe, tiene que dejarla
valer contra sí mismo y que quien de buena fe confía en la situa-
ción aparente merece ser protegido.
Incluso la Sala Civil Permanente, en la CAS. º 1617-97-
LAMBAYEQUE (143) , ha llegado a afirmar que la fe registral, en
el caso que la inscripción del bien se haya realizado únicamen-
te a favor de uno de los cónyuges, deja sin efecto la presunción
iuris tantum por la cual los bienes obtenidos durante el matri-
monio tienen la calidad de sociales,
Por lo que en algunos casos, el bien que en la realidad de
las cosas (realidad extrarregistral) pertenece al patrimonio so-
(145) GAS,NQ 1617-97-LAMBAYEQUEdel 29 de octubre de 1998, publi-
cada en la SCEP del 10 de diciembre de 1998, pp. 2205-2206,
232
PATRIMONIO SOCIALCAPíTULO 2: LA DISPOSICiÓN ARBITRARIA DEL
'. . Públicos como bien. 1 puede aparecer inscrito en los Registros
cia , . 1 ' yuges por habererteneciente al patnmonio de uno de os con ,' .
P 1 ado éste ante el rezistrador tener el estado CIVIlde solte-
dec ar b' . " 1 d
. CI'ón que por cierto evade el pnnCIpIO genera e
ro' srtua . io Ivé
, . lid d de los bienes existentes en el matnmomo vease
gananCIa la. , bi bai
" 2 1del presente capítulo), Quien adquiera un ien aJo
acaplte ' , , bl id 1
' 'a y reuniendo los requisitos esta eCI os por eesta apanenCI , " , ,
CC se encuentra protegido por e~ p~~CIpl~ de la fe pubhca.
, 1 La formulación de este pnncIpIO senala que el terceroregIstra, , h d
ue de buena fe adquiere a título oneroso algun derec o e
q ue en el registro aparece con facultades para otorgar-persona q , ,
lo, mantiene su adquisición una vez mscnto su derecho, aun-
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por
que , .ibli (Artvirtud de causas que no consten en los registros pu ICOS, '
2014º CC y Arts. VIII del Reglamento General de los Registros
Públicos),
De modo tal que si un tercero adquiere a título ,oneros~ u~
inmueble social cuya titularidad aparece en los Registros Pubh:
cos a favor de uno solo de los cónyuges (porque se present?
como soltero o logró acreditar que el bien pertenece a s.upatn-
, " inscrib opiedad manuene sumomo privativo) y luego mscn e su pr ,
, , " d lIt jurí dico por el cual seadquisición aun cuan o se anu e e ac o
, " de l có uge notransfiere dicha propiedad a instancia e cony
, id el mismo Así lo es-interviniente por no haber mtervern o en '
, 1 S '1 1 CAS Nº 398-97-tableció la Sala Constituciona y OCIa en a ,
CHINCHA (144) en la que se afirmó la preferencia del derecho
" del có interviniente condel tercero registral frente al e conyuge no I ,
los siguientes argumentos:
(144) CAS Nº 398-97-CHINCHA del 11 de agosto de 1998, publicada en
. . 'd l CAS N21 SCEP d 1 11 de marzo de 1999, p. 2753, En igual senu o, a '
2~37-2000-~IMA del 23 de mayo de 2001, publicada en la SCEP del 5 de
noviembre de 2001, p. 7976.
233

JOSÉ ALMEIDA BRICE::O
«El objeto de la demanda es que se declare la nulidad
del acto jurídico contenido en la escritura pública de
compraventa celebrada entre los demandados [el cón-
yuge interviniente y el tercero] con fecha 25 de octu-
bre de 1995 y de su inscripción en los Registros Públi-
cos, aduciendo que dicha escritura se ha llevado a cabo
sin las formalidades requeridas para los actos jurídi-
cos, puesto que el Art. 219º del CC establece que los
actos jurídicos son nulos cuando no ha existido mani-
festación de voluntad y que al no intervenir la esposa
del vendedor, pese a que el contrato versaba sobre un
bien de la sociedad conyugal se incurrió en dicha cau-
sal de nulidad.
[...]
Lo cual se dio en el caso de autos respecto del contra-
to celebrado entre los demandados, [...] por tratarse
de un bien de la sociedad conyugal sin intervención
del cónyuge del vendedor en dicho acto.
[...]
Además, el referido código sustantivo establece que el
tercero que de buena fe adquiera a título oneroso al-
gún derecho de persona que en el Registro aparece
con facultades para otorgado, mantiene su adquisición
una vez inscrito su derecho, aunque después se anule,
rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de cau-
sas que no consten en los Registros Públicos y que su
buena fe se presume mientras no se pruebe que cono-
cía la inexactitud del registro, lo cual se evidencia que
ha ocurrido en el caso de autos, puesto que la mala fe
que alegan los demandantes es del vendedor [el cón-
yuge interviniente] y no han acreditado fehaciente-
mente la mala fe de la Agropecuaria «El Refugio» [el
234
tercero], la que a la fecha en que celebró la compra-
venta con el codemandado, desconocía que el bien
materia de litis había sido objeto de los contratos pre-
paratorios anteriormente citados, todo lo cual está
previsto en los Arts. 2012º Y2014º del Cc.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y que
la entidad codemandada, actuando diligentemente, ha
inscrito su derecho en los Registros Públicos, ello le
da preferencia y oponibilidad erga omnes ante cualquie-
ra que pretenda derecho real sobre el bien materia de
la presente acción, conforme lo establecen los Arts.
2016º Y2022º del CC».
En la reciente jurisprudencia se aprecian varias ejecutorias
supremas que corroboran este criterio como una tendencia
jurisprudencial. Así, en el proceso seguido por Doris Morante
en contra de su esposo, Martín Salazar, y la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Paita, sobre tercería de propiedad, la deman-
dante buscaba evitar que se remate el inmueble que fue hipote-
cado sin su consentimiento por su consorte. Para tal efecto, acre-
ditó que el inmueble fue adquirido durante la vigencia de la
sociedad de gananciales. La Sala Civil Transitoria de la Corte
Suprema declaró infundada la demanda, en razón de que la
Caja Municipal en mención actuó amparada por la fe pública
registral. En los Registros Públicos aparecía que el demandad~
Martín Salazar adquirió el bien como soltero, cuando en reali-
dad era casado; pero esta inexactitud no era conocida por la
entidad financiera. A continuación, los principales argumentos
de la CAS.Nº 1870-2004-PIURAde125 de noviembre de 2005(145):
(145) CAS. NQ1870-2004-PIURA del 25 de noviembre de 2005, SPIJ 2006.
En ese mismo sentido, la CAS. Q403-2004-PIURA del 28 de setiembre de
2005, SPIJ 2006; CAS. NQ 1402-2005-TACNA del 6 de noviembre de 2006,
235.

«Conforme a lo expuesto, aparece como un hecho
acreditado que en la adquisición del bien materia de
litis,según escritura pública de compraventa, cuyo tes-
timonio corre a fojas 5, de fecha 24 de marzo de 1995
se consigna que Martín Artemio Salazar Martínez de-
claró su estado civil de soltero, lo que también se re-
produce en la inscripción registral de la compraventa,
asiento tres c de la ficha número 11036, inscrita el 7
de abril de 1995, obrante a fojas 87 de autos.
En aplicación de los principios registrales que contie-
nen los artículos 2013Q
Y2014Q
del Código Civil se tie-
ne que al constituirse la garantía hipotecaria sobre el
inmueble, comprado e inscrito a favor de Martín
Artemio Salazar Martínez como titular del derecho en
calidad de soltero; y,no en nombre de la sociedad con-
yugal que conforma con la actora; la Caja Municipal
acreedora tiene protegido su derecho a mérito de los
principios registrales contenidos en las normas
sustantivasanotadas, de legitimidad, fe pública registral
y prioridad; esto significa, que al suscribirse la garantía
hipotecaria, la entidad acreedora respecto del bien sus-
crito a nombre de una persona facultada para hacerlo,
mantiene su derecho una vezinscrito, aunque el titular
sea realmente casado y por tanto se trate de un bien
social, ya que como se ha señalado, el bien no se en-
cuentra inscrito a nombre de la sociedad conyugal.
En consecuencia, las normas materiales contenidas en
los artículos 301Q, 310Q
Yel inciso 1 del artículo 1099Q
SPIJ 2007; CAS. Nº 2504-2005-CAÑETE del 14 de noviembre de 2006, SPIJ
2007; y CAS. Nº 1160-2005-LA LIBERTAD del 28 de marzo de 2006, SPIJ
2006.
236
del Código Civil, relativas a los bienes que integran la
sociedad de gananciales, los bienes sociales yrequisito
para la validez de la hipoteca, no resultan per~in.entes
para dilucidar la controversia; toda vez, q~e SIblen.el
inmueble en referencia podía ser de la CItada SOCIe-
dad conyugal, sin embargo, para efectos del tráfico
comercial, quien aparecía registralmente como su pro-
pietario únicamente era el emplazado Martín Artemio
Salazar Martínez, como soltero, y en base a ello fue
que la Caja Municipal acreed?ra,r el cita~o co-dema~-
dado, constituyeron la garantla hipotecaria, cuya copla
certificada corre a fojas dieciocho del acompañado, su
fecha 18 de julio de 2002, con firmas legalizadas el 20
dejulio e inscrita el 31 dejulio de 2000 en el asiento 6 d
de la ficha número 11136,como se aprecia a fojas89 de
estos autos; por lo tanto, la presunción de buena fe de
la Caja Municipal acreedora no ha sido destruida ya
que el otorgante era la persona que se encontraba
registralmente legitimado para hacerlo, procedien~o
a inscribir tal acto jurídico que le otorga a la Caja
Municipal acreedora la protección registral indicada».
Esta regla también es aplicable a los muebles registrables
que hayan sido prendados por uno de los cónyuges, haciéndose
pasar como soltero. En la CAS.NQ782-2005-CAjAMARCAdel
13 de agosto de 2006, se resolvió el proceso seguido por Lisette
Otiniano contra su esposo Roger Silvay la empresa Ferreyr~s
S.A.A.,sobre tercería de propiedad. El objeto de esta tercena
de propiedad consistía en levantar el embargo en forma de se-
cuestro conservativo dictado sobre el camión Volvo,placa WL-
1819. Este vehículo fue entregado el 8 de enero de 2002 en
prenda por Roger Silvaa la empresa Ferreyros SAA,en garantía
de una operación comercial, a pesar que dicha persona se en-
Contraba casada con la demandante Lisette Otiniano desde el 2
237

de agosto de 1986 y por lo tanto, el vehículo tenía la calidad de
bien social. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema deses-
timó la demanda, en razón de que la empresa se encuentra
amparada por la fe pública registral, en la medida que en el
registro, Roger Silva aparece como soltero y único propietario
del bien:
«La primera parte de la denuncia procesal cuestiona
la validez de las sentencias expedidas por las instan-
cias de mérito, por no haberse pronunciado sobre uno
de los puntos controvertidos, consistente en estable-
cer sila demanda de tercería de propiedad es o no
procedente para cuestionar un gravamen provenien-
te de una garantía real. Revisados los actuados, en es-
pecial el acta de la Audiencia de Saneamiento y Con-
ciliación de fajas sesenta y dos y sesenta y tres, se ad-
vierte que, en efecto, tal hecho fue fijado como tercer
punto controvertido del proceso, el mismo que no ha
merecido pronunciamiento alguno por las instancias
de mérito, no obstante ser el principal sustento de la
contestación de la demanda y del recurso de apela-
ción de sentencia; en consecuencia, las sentencias de
mérito no cumplen con el requisito de la motivación
adecuada y suficiente, pues contienen una decisión
que no se sustenta en la valoración conjunta y razona-
da de los medios probatorios aportados al proceso; por
tanto, se trata de un fallo que no se ajusta al mérito de
lo actuado, contraviniendo el inciso 3 del artículo 122º
del Código Procesal Civil; razón por la cual el primer
extremo del recurso de casación interpuesto debe de-
clararse fundado.
La segunda parte de la denuncia procesal trata igual-
mente sobre dos aspectos que no habrían sido analiza-
238
dos por las instancias de mérito, como es el que garan-
tía preridaria a favor de Ferreyros Sociedad Anónima
Abierta se sustenta en la buena fe prevista en el artículo
2014º del Código Civil, y que el codemandado Roger
Adrián Rodriga Silva Santisteban en todo momento se
identificó como soltero y único propietario del bien. Al
respecto, es cierto que las instancias de mérito no han
analizado dos aspectos relativos a la fe registral y buena
fe del adquirente derivados del acto de constitución de
la prenda, y atendiendo a que tales circunstancias gu~r-
dan relación con el punto controvertido no absuelto,
éstos deberán ser objeto de pronunciamiento por el
juez de la causa al emitir nuevo fallo».
En consecuencia, la nulidad -o la anulabilidad propuesta
por nosotros- del acto de disposición arbitrario del patrimonio
social no afecta el derecho del tercero que se encuentra prote-
gido por la fe pública registral, la cual requiere la conjunción
de los siguientes requisitos: i) adquisición por un tercero de
derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades
para transmitirlo; ii) que se adquiera a título oneroso; iii) posi-
bilidad de discordancia entre el registro y la realidad civil; iv)
que se adquiera de buena fe; y v) que el adquirente inscriba su
derecho en el registro.
Éste vendría a ser un saludable criterio a favor de los terce-
ros que se encuentran amparados por la fe pública registral, no
obstante, se ve ensombrecido por otros pronunciamientos ju-
risdiccionales. La Comisión de Magistrados reunidos en el Ple-
no Jurisdiccional de Familia 1998(146),en su Acuerdo º 6.1, con-
(146) PODERJUDICIAL,Conclusiones Plenos jurisdiccionales 1998, Comisión
Ejecutiva del Poder Judicial, Lima, 1999, p. 114.
239

JOS~ AlMEIDA BRICEÑO
cluyó que «los actos de disposición unilateral de los bienes so-
ciales, inmuebles o muebles registrables o de derechos y accio-
nes, que pueda hacer uno de los cónyuges sin la intervención
del otro es un actojurídico nulo [sic]» y la Sala CivilPermanen_
te de la Corte Suprema, en la CASoNº 2023-2001-LlMA(147)ha
sostenido que la acción de nulidad es un derecho personal del
cónyuge no interviniente y que prevalece frente al derecho real
derivado de la información que provee los registros públicos al
tercero; aplicando indebidamente lo dispuesto por el segundo
párrafo del Art. 2022º del CC, porque en el presente caso no se
trata de un conflicto de derechos de distinta naturaleza. Todas
estas razones obligan a la realización de un Pleno Casatorio que
aclare cuál es el criterio jurisprudencial a seguir.
Discusiones en torno a la protección de la fe pública registral
Siguiendo el criterio general expuesto, en la práctica se
discute fundamentalmente el requisito de la buena fe del terce-
ro y la onerosidad de la adquisición realizada por este. Con re-
lación a la buena fe, la Corte Suprema de Justicia ha señalado
que ésta no puede invocarse por aquel que conocía que el cón-
yuge con el cual contrataba tenía en realidad el estado civil de
(147) CAS. NQ2023-2001-LIMA del 1 de julio de 2002, publicada en la
(148) CAS. NQ265-T-97-lA LIBERTAD del 21 de noviembre de 1997
publicada en la SCEP del 03 de abril de 1998, p. 605; CAS. NQ1046-2001~
CANETE del 18 de setiembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febre-
ro de 2002, pp. 8277-8279; CAS. Nº 2125-99-lAMBAYEQUE del 19 de octu-
bre de 2001, publicada en la SCEP del 31 de mayo de 2002, pp. 8816-8817
y CAS. N2 2023-2001-LIMA del 1 de julio de 2002, publicada en la SCEP del
2 de setiembre de 2002, pp. 9117-9118. En general, nadie puede invocar la
buena fe si conocía la inexactitud del registro, véase CAS. NQ1433-96-IA
LIBERTAD del 28 de noviembre de 1997, publicada en la SCEP del 4 de
240
casado(148).Sin embargo, en algún caso ha.tenido que ,atenuarla
. idez de esta regla a favor del tercero reg¡stral, específicamente
ng ibilid di'en aquellos casos en los cuales asoma la pOSl 1.1, a que o~c~n-
es estén haciendo un abuso de esta excepclOn a la fe publica
yugotral Así en la CAS N<:' 1522-2004-TUNIN del 19 de setiem-reg¡s ., . J.,
bre de 2005(149),se resolvió un caso que refleja esta Iínea de ar-
mentación. El proceso se inició con la demanda de Mery
~elgarejo que demandó la,n~lidad de la.esc:rit~ra pública cele-
brada por el Banco de Crédito y Metodl~ Nana, su espo~o..El .
Banco replicó que se encontraba protegido po: la fe p~blica
registral, pero la esposa tenía preparado un ardid. En la mtro-
ducción de la escritura pública del contrato de compraventa
del inmueble, se consignó que ésta se realizaba a favor de
«Metodio Ñaña y señora», pero contradictoriamente el contra-
to fue suscrito en calidad de soltero; por lo que a su parecer, el
Banco conocía del estado civildel contratante y debió exigir la
actuación de la esposa. La Sala CivilTransitoria de la Corte Su-
prema resolvió a favor del Banco, teniendo en cuenta la actua-
ción procesal de la demandante y su esposo en otros procesos
similares, en los cuales utilizaron el mismo argumento:
«Admitida a trámite la demanda, su cónyuge
codemandado, contesta la misma aceptando los argu-
mentos de la actora; mientras que el Banco demanda-
do señala que celebró con el hipotecante la escritura
mayo de 1998, p. 876; CAS. NQ3017-2000-LIMA del 30 de mayo de 2001,
publicada en la SCEP del 5 de noviembre de 2001, p. 7959 y CAS. Nº 4396-
2001-LIMA del 21 de mayo de 2002, publicada en la SCEP del 30 de setiem-
bre de 2002, pp. 9227-9228.
(149) CAS. NQ1522-2004-jUNÍN del 19 de setiembre de 2005, SPIJ 2006.
En la CAS. NQ1470-2006-TACNA del 13 de noviembre de 2006, SPIJ 200?,
se declaró en un caso similar, donde el cónyuge declaró ser divorciado, SIn
tener dicho estado civil.
241

pública de constitución de hipoteca debido a que era
éste quien aparecía en los registros públicos como
único propietario del bien; también refiere que el acto
jurídico celebrado ha sido evaluado por los funciona-
rios de los Registros Públicos, sin que se haya hecho
ninguna observación; asimismo, indica que existe con-
nivencia entre la parte actora y el co-demandado, ya
que existen otros procesos judiciales, con otras enti-
dades financieras, en donde la sociedad conyugal ha
actuado de la misma manera, esto es, uno de los cón-
yuges ~e prestaba dinero, hipoteca un bien, alegando
ser soltero, y cuando se iniciaba el proceso de ejecu-
ción de garantías, la actora iniciaba este tipo de proce-
so, con el objeto de evadir su responsabilidad.
[...]
En lo que respecta al segundo reqUIsIto, debe
precisarse que el acto jurídico del matrimonio civil se
inscribe en los Registros Civiles, por lo que, por su
naturaleza no goza del principio de publicidad registral
consagrado en el artículo 2012º del Código Civil, es
decir, que su contenido no se presume conocido sin
admitir prueba en contrario, no habiéndose acredita-
do en autos que la entidad financiera recurrente haya
tenido conocimiento del verdadero estado civil del
codemandado con la actora; en tal sentido, se presu-
m~ que actuó de buena fe; más bien, ha sido la actora
la qu~ ha tenido una conducta procesal que no se ajusta
a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, puesto que ésta ya ha intentado esta
misma acción, habiendo dejado que el proceso cayera
en abandono.
[...]
242
La sola mención, en el contrato de compraventa del
bien que fuera gravado, del término «Metodio Anto-
nio - aña y Señora» cuando en el documento de com-
praventa el adquiriente se identifica como soltero, no
es suficiente para configurar la nulidad del acto jurí-
dico, puesto que la imprecisión o contradicción de este
dato, no es relevante, puesto que ~e este proceso no
se plantea la nulidad del contrato de compraventa sino
la nulidad de un contrato de hipoteca, que está respal-
dado por la fe pública registral, que data de 1991, y que
fue ratificado, mediante una escritura de ampliación,
al año siguiente, en donde el hipotecante señaló, en
forma expresa y libre que su condición era la de solte-
ro, por lo que no se le puede exigir a los sujetos econó-
micos más información de la que los mismos registros
públicos brindan, porque ello constituiría en un obstá-
culo imposible de salvar, encareciendo las operaciones
crediticias y obstaculizando el sistema de garantías».
Así mismo, para lograr la protección registral debe exigir-
se el despliegue de una diligencia ordinaria, lo cual implica que
no es suficiente leer el resumen del asiento registral, sino tomar
conocimiento del título archivado que le dio origen. o está de
más indicar que el asiento registral sólo es un resumen del títu-
lo que lo origina y que éste se encuentra a disposición de toda
persona, de conformidad con el principio de publicidad registral
(Art. 20122 CC, Art. 184º del Reglamento General de los Regis-
tros Públicos anterior y Art. IIdel Titulo Preliminar del actual
Reglamento) (150). Es más, la jurisprudencia ha establecido que
(150) CAS.NQ2356-98-LlMAdel 13 de agosto de 1999, publicada en la
SCEP del 12 de noviembre de 1999, pp. 3899-3900. De acuerdo con esta
243

la buena fe del tercero sólo se sustenta en los asientos registrales
mas no en anotaciones preventivas'P!'; en todo caso, éstas ad-
vierten al tercero de la posible existencia de un derecho
preterído'P" (como puede ser el caso de una anotación de de-
manda que ha de producir efecto sobre el bien inscrito, según
el Art. 79Q,inc. 2 del Reglamento de las Inscripciones). Sin
embargo, no puede obligarse al tercero a conocer lo inscrito en
otra partida abierta en forma irregular'"?'.
De acuerdo con el Art. 127
Q
del TUO del Reglamento Ge-
neral de los Registros Públicos «toda persona tiene derecho sin
expresión de causa a obtener del Registro, previo pago de las
tasas registrales correspondientes: la manifestación de las parti-
das registrales o exhibición de los títulos que conforman el ar-
chivo registral o que se encuentran en trámite de inscripción».
Lajurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha atenua-
do el rigor de la regla de revisar los títulos archivados de los
interpretación, VIVARMORALES,Elena, La inscripción registral de la propiedad
inmueble en el Perú, PULP, Lima, 1998, Tomo 1, p. 109 Y GUEVARAMA~RIQl"F.,
Rubén, «La fe pública registral: ¿Cómo nos beneficia?», en CONGRESODE LA
REpL-BLlCA,Homenaje aJosé León Barandiarán, Tomo II, Lima, Congreso de la
República, Lima 2000, T. II, pp. 558-559. En contra, ALIAGAHUARlPATA,Luis,
«La publicidad registral y sus alcances ¿hasta dónde se extiende la publici-
dad regulada en el Art. 20122 del Código Civil?», en Diálogo con laJurispru-
dencia, Año 7, NQ36, Lima, 2001, pp. 47-56.
(151) CAS. NQ2374-98-SAN ROMÁN:JULIACA del 17 de marzo de 1999,
publicada el 23 de abril de 1999 en la SCEP, p. 2929.
(152) CAS. NQ291-99-HUAURA del 30 dejunio de 1999, publicada en la
SCEP del 1 de septiembre de 1999, p. 3406.
(153) Así, lo han señalado: CAS. N2 1418-99-lAMBAYEQUE del 5 de
octubre de 1999, publicada en la SCEP del 30 de noviembre de 1999, pp.
4194-4195 Y la CAS. NQ2556-98-LAMBAYEQUE del 16 de abril de 1999,
publicada en la SCEP del 3 de seúembre de 1999, p. 3417.
244
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMO~IO SOCIAL
. - 1 . cipio de publicidad
asientos registrales. senalando que e pnn . .
registral se extiende a estos títulos siempre.y cu~nd.~no existie-
ra información suficiente en el asiento de mscn~clOn '.De otro
d . establece como regla la revisión obligatona de los
rno o, SI se d 1 f .ibli
antecedentes registrales se generaría un d.es.~e ro a a e pu ,l-
. t 1Yla seguridadj·urídica, en perjUICiOde la econorrua
ea regIs ra CAS NQ24- 8
d do Los principales argumentos de la . 1 ~ -
e merca . .. .
2005-LIMAdel 13 de julio de 2006(154)reflejan este cnteno:
«Si bien es verdad, el artículo 184º del Reglamento
General de los Registros Públicos, vigente a la fech~
de los hechos, establece que a fin de asegurar la ~ublI-
cidad de los registros, los funcionarios de los m:smos
están obligados a manifestar a toda persona los libros,
los títulos archivados, índices y demás documento~ que
obran en las oficinas registrales, ello no .d~be ser I?ter-
pretado como que el principio de publicidad ,regIstral
se extiende también por regla general a los tltu~~sar-
chivados sino en el sentido de que dicha extenslOn al-
canzará a los títulos archivados si existiera insuficiente
información en el asiento de inscripción; dado que es-
timar que los interesados deben recur~r a .los títulos
archivados o a procedimientos extraordmanos para la
determinación de con quién están contratan~o ,g~ne-
raría un obstáculo para la realización de actosjundlCos
y una elevación del costo de los mismos, ~ocu.al~t~nta-
ría contra la fe pública registral yla segundad jundlCa».
2006(155)
En la CAS.Nº 336-2006-LIMAdel 2~ de .agosto de . .os
emitida por la Sala CivilTransitoria, se smtetlzan estos cnten
en los siguientes términos:
(154) CAS. N2 2458-2005-LlMA del 13 de julio de 2006, SPIJ 2007.
(155) CAS. NQ336-2006-LlMA del 28 de agosto de 2006, SPIJ 2007.
245

«En tal virtud armonizand h ., ., .. o a ora las disposiciones de
derecho de familia y registrales precitadas se concluye:
i) Que au? cuando el terreno o la fábrica o ambos
hay~n sido de ~ropied~d .de una sociedad conyu-
gal SIen los Registros Públicos aparece inscrito solo
a nombre de uno de los cónyuges con estado civil
de soltero, ~l ad~uiriente de algún derecho respec-
to del refendo bien o bienes de parte de la referida
~erso~a, conserva su derecho una vez que inscriba
este aSIse anule, rescinda o resuelva el del otorgan-
te, lo que significa que con mayor razón el títul
del adquiriente no puede ser obieto de nulidad ~
d loui J me cua qmer declaración de ineficacia' ,
ií) Que !~precitada conservación de derechos del
adq~Inen~e desaparece si se acredita, ya sea por
la misma mfo~mación que aparece en los regis-
tros ~ .cualqmer otro medio válido, que dicho
adquiriente tomó conocimiento o se encontró en
la aptitud de conocer sobre el real estado civil del
otorgante y de la naturaleza del bien o bienes que
aparecen a su nombre, haciéndose acreedor el tí-
tulo del tercero de la declaración de nulidad n
1 ., ye
a extensión que corresponda conforme a los artí-
culos 219º y 224º del Código Civil».
t
Respecto al momento en que debe exigirse la buena fe al
ercero no hay duda q , d bd .. ' . , ue esta e e aparecer en el momento de
a quisieron del tercero como también en el m
senta el título el" omento que pre-
fi d fi .n e registro, sIempre y cuando el título sea cali-
lCa, o a irmauvamenn- por el registrador, supuesto en el cual
segun ,el ~Tt. IX del TUO del Reglamento General de los Regis~
tros Públicos, los efectos de la inscripción se retrotraen al _
mento de la presentación del título al registro. mo
246
Con relación a la onerosidad de la prestación, algunos han
tratado de negar la posibilidad de incluir dentro del ámbito de
la fe pública registral a la hipoteca y otros actos de gravamen.
Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia, con criterio saluda-
ble, estableció que la hipoteca concede un derecho real sobre
el bien gravado y es sin duda un contrato oneroso. A manera de
ejemplo, en el ~ la Sala Civil Permanente señaló en la
CAS. º 2299_98_LAJ.1BAYEQUE<156l,que el Banco que contrató
con el cónyuge interviniente (Julio Severino) se encuentra pro-
tegido por la fe pública registral, porque en el Registro el bien
aparecía a nombre del enajenante como soltero. Los argumen-
tos principales de esta resolución son los siguientes:
«Como fundamento de la decisión del colegiado, [la
Sala de vista] se tomó en cuenta que el matrimonio
celebrado entre don Julio Ismael Severino Bazán y
doña María Alejandra Malinarich Gonzales tuvo lugar
el 27 de octubre de 1991 y al considerar que el bien
submateria había sido adquirido en fecha posterior,
(156) CAS. Tº2299-98-LAMBAYEQUEdel 5 de mayo de 1999, publica-
da en la SCEP del 17 de agosto de 1999, p. 3216. Este criterio ha sido segui-
do en otras sentencias: CAS.Nº 1337-98 LAMBAYEQUEdel 2 de diciembre
de 1998, publicada en la SCEP del8 de enero de 1999, pp. 2442-2443; CAS.
Nº 1845-2000jU Í del 28 de noviembre de 2000, publicada en la SCEP
del 30 de enero de 2001, pp. 6811-6812 Y CAS.Nº 2942-98-PUNO del 28 de
mayo de 1999, publicada en la SCEP del 26 de octubre de 1999, pp. 3806-
3808. Asimismo, corroboran el criterio antes expuesto, para otros casos si-
milares: CAS. Nº 691-97-LIMA del 20 de agosto de 1998, publicada en la
SCEP del 15 de octubre de 1998, pp. 1922-1923; CAS. Nº 3186-98-LA LI-
BERTADdel 9 de agosto de 1999, publicada en la SCEP del 21 de setiembre
de 1999, p. 3568; CAS.Nº 2250-2001-CAMANÁ-AREQUIPAdel22 de octu-
bre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de 2002, p. 8299 Y CAS.
Nº 793-2001-TACNAdel 8 de noviembre de 2001, publicada en la SCEP del
1 de marzo de 2002, p. 8484.
247

por aplicación del Art. 3102
del Código Civil, aquel
tenía la condición de bien social y por consiguiente
de propiedad de la sociedad conyugal conformada por
los esposos Severino-Malinarich.
Aparece como un hecho acreditado que en la adquisi-
ción del bien sub litis según escritura pública cuyo tes-
timonio corre de fojas 2 a 4, con fecha 10 dejunio de
1992se consigna que don Julio Ismael Severino Bazán
tiene la condición de soltero.
En aplicación de los Arts. 2013!l y 2014Qdel Código
Civil,se tiene que el Banco acreedor al momento de
ser otorgada la fianza con garantía hipotecaria sobre
el inmueble comprado e inscrito a favor de don Julio
Ismael Severino Bazán como titular del derecho en
calidad de soltero y no en nombre de la sociedad con-
yugal que conforma con la actora, se tiene protegido
su derecho por los principios registrales contenidos
en las normas sustantivas anotadas de legitimidad, fe
pública registral y prioridad; esto significa que al sus-
cribirse la garantía hipotecaria, la entidad acreedora
respecto del bien inscrito a nombre de una persona
facultada para hacerlo, mantiene su derecho una vez
inscrito aunque el titular sea casado y se trate de un
b.i:n ~o~ial,quedando sin efecto entonces la presun-
c~onzu~ tantum de calificar el bien hipotecado como
bien social, ya que como se ha señalado, el bien no se
encuentra inscrito a nombre de la sociedad conyugal».
Sin embargo, algunas casaciones entran en contradicción:
la CASo NQ 1666-2001-JUNÍN y la CASo NQ 1245-99-
lAMBAYEQUEdicen que la hipoteca adolece de nulidad yésta
prevalece sobre la fe pública registral; mientras que la CAS.NQ
2714-2001-LALIBERTADY la CASoN!!4148-2001-LALIBERTAD
248
CAPíTULO 2: LA OlSPOSIClÓ'J ARBITRARIA DEL PATRIMOt'>IO SOCIAL
prosiguen el criterio general expuesto(157).:ruev~mente ,:rge la
realización de un Pleno Casatorio para determmar cual es el
criterio correcto.
En cambio, el supuesto descrito en el~, por tratarse
de la disposición del patrimonio social a título gratuito, se en-
cuentra claramente fuera de la esfera de la fe pública registral.
En consecuencia, en nuestro sistema jurídico, si la disposición
arbitraria del patrimonio social se ha realizado a título gratuito,
el cónyuge puede lograr su nulidad y el tercero -aunque guia-
do por la fe pública del registro- no merecerá ningún tipo de
protección. Algunos autores critican el hecho que nuestra legis-
lación, al recoger en su integridad el Art. 34
Q
de la LeyHipoteca-
ria española -que es el antecedente del Art. 2014
Q
del CC-, no se
haya detenido a analizar este aspecto'P". ¿Por qué se restringe la
fe pública registral en función de la onerosidad del título, exclu-
yéndose a lasadquisiciones que se concretan a título gratuito? A
nuestro parecer, no existe una verdadera justificación.
En todo caso, esta limitación puede ser superada en la rea-
lidad, como puede apreciarse en elmmJl, en el cual surge una
(157) CAS. º 1666-2001:JUNÍN del 10 de octubre de 2001, publicada
en la SCEP del 2 de febrero de 2002, p. 8289; CASo Nº 1245-99-
LAMBAYEQUE del 7 de setiembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de
mayo de 2002, p. 8700; CAS. Nº 2714-2001-LA LIBERTAD del 7 de diciem-
bre de 2001, publicada en la SCEP del 1 de abril de 2002, p. 8523 y CAS. Nº
4148-2001-LA LIBERTAD del 24 de mayo de 2002, publicada en la SCEP
del 1 de octubre de 2002, pp. 9399-9400. En la CAS. Nº 3273-2001-LIMA del
16 de setiembre de 2002, publicada en la SCEP de13 de diciembre de 2002,
p. 9688, se recoge un ea o interesante: el recurrente -uno de los demanda-
dos- no invocó er tercero registral en la apelación de la re olución de
primera instancia que le era de favorable; la ala ivil Permanente señaló
que tal argumento ya no podía hacer e valer en ea ación.
(158) PIZARROARA~GL"RE~,Luis, «Reflexiones obre el Libro de Registros
Públicos», en Thémis, NI!30,1998, pp. 221-229.
249

situación peculiar::l esposo (Juan Rojas) dispuso unilateralmj-j-,
te .a favor d~ sus hijos César y María dos inmuebles sociales al
pnmero a titulo de compraventa ya la segunda a título d '.
. de leaí . e antI-
CIpO e egluma. Si bien ninguno de ellos podía alega b
f l. r uena
e, os terceros adquirentes a título oneroso que cont t
1
hii , ra aron
con os ~os SIse encuentran protegidos por la fe públi .
1 b
· 1 . ica regis.
tra, aJo os siguientes argumentos:
«Las sentencias de ~érito han establecido que los
compradores de los mmuebles lo hicieron de buena
~e, tanto más si al momento de la transferencia de
mmueble otorgada por los señores Rojas León, no
figura~a anotada medida judicial o extrajudicial en
el RegI~tr~ de la Propiedad Inmueble que en alguna
forma limitara su libre disposición o dominio y sien-
do que la buena fe se presume y que no se ha demos-
tr~do que los adquirentes no la hubieran tenido, es
evidente que esas transferencias, hechas a título one-
roso, están amparadas por la fe del Registro Público
y no pueden ser invalidadas, por aplicación de lo dis-
pu~sto ~n el Art. 2014º del CC, por lo que no se pue-
d~ invalidar las escrituras de transferencia de domi-
mo otorgadas, respectivamente a favor de Luis Alberto
Aldana Saavedra y su esposa y Francisca Moza Vásquez
[terceros] .
La ap:eciaci~n fáctica hecha en la sentencia de pri-
mera I~stanc~a en el sentido de que don César Enri-
que ,ROjas L~on y doña María Catalina Rojas León co-
nocian del vmculo matrimonial de su señor padre con
!a demandante, no ha sido modificada por la de vista,
o que ~e d~?e tener en cuenta para el efecto de la
~~t~rmmaclOn de responsabilidades por daños y per-
JUICIOS,conforme al Art. 969º del CC».
250
En otros casos, en cambio, es evidente que el tercero no
está amparado por la fe pública registral, en razón de que cono-
cía del estado civil de su contratante. Es el caso consignado en
la CAS. º 1692-2003-PIURA del 8 de junio de 2004(159),en el
que se consigna el caso de los sobrinos Marco y Óscar Morán
que adquirieron de su tío un inmueble mediante compraventa.
Ellos alegaron estar amparados por la fe pública registral. La Sala
desestimó su pretensión, en razón del vínculo familiar que les
une con el vendedor y el hecho que vivían cerca de los esposos.
Finalizamos este acápite con un caso interesante que refle-
ja la complejidad de los casos prácticos que se presentan ante
nuestros tribunales. En este caso, la demandante Carmen Ávalos
solicita al órgano jurisdiccional que se declare la nulidad de los
actos celebrados por su esposo, José Vilela, por los cuales hipo-
tecó el inmueble social a favor de la empresa Sociedad Comer-
cial Agrícola del Perú S.A. En el transcurso del proceso, se acre-
ditó que el contrato de mutuo con garantía hipotecaria fue ce-
lebrado por José Vilela y esposa, pero esta no era la demandan-
te, sino Juana Pinillos, que se hizo pasar como tal, suponemos -
aun cuando no lo diga la sentencia, pero es práctica común-
fraguando documentos o sorprendiendo a algún registrador
civil. En un anterior proceso judicial, la demandante había ob-
tenido sentencia a su favor para que se declare la nulidad del
asiento registral por el cual se inscribe la propiedad del inmue-
ble a nombre de su esposo yJuana Pinillos. Sin perjuicio de este
antecedente, la Sala Constitucional y Social de la Corte Supre-
ma en la CAS. Nº 1884-2002-LA LIBERTAD del 21 de octubre
de 2003(160)razona que la empresa actuó como tercero de bue-
(159) CAS. s 1692-2003-PIURA del 8 dejunio de 2004, SPI} 2004.
(160) CAS. Nº 1884-2002-LA LIBERTAD del 21 de octubre de 2003, SPI}
2004.
251

JOSÉ ALMEIDA BRICEt:O
na fe, ya que no se acreditó que conocía la inexactitud del regis-
tro, y por lo tanto se encuentra amparada por la fe pública
registral. A nuestro parecer, la sentencia sigue el criterio antes
señalado, pero era preferible que agregase un considerando al
menos, respecto de cuál era la vía donde debía discutir su dere-
cho (de acuerdo con los términos del presente libro, a la de-
mandante le corresponde el reembolso por parte de su consor-
te, conforme veremos en el acápite 4.1 del presente capítulo).
Desalojo del cónyuge como ocupante precario
En caso el tercero haya logrado acreditar estar amparado
por la fe pública registral a través de un proceso judicial, man-
tendrá la propiedad del bien adquirido. Frente a ello, el cónyu-
ge no interviniente no podrá invocar cualquier otro argumento
a su favor para conservar la posesión o propiedad del bien. Ex-
traído el bien del patrimonio social, no forma parte de este pa-
trimonio, ha sido transferido a un tercero. El cónyuge, como lo
venimos señalando, únicamente tiene derecho al reembolso del
valor del bien extraído del patrimonio social.
En la práctica judicial, se han venido registrando procesos
de desalojo dirigidos contra cónyuges no intervinientes en ac-
tos de disposición del patrimonio social. Estos cónyuges argu-
mentan que el bien social fue enajenado sin su consentimiento
y por lo tanto están aquejados de nulidad; pero los terceros ar-
gumentan con éxito que se encontraban amparados por la fe
pública registral y en mérito de ello, siendo propietarios con
título inscrito en los r gistras públicos, solicitan el de alojo por
ocupación precaria contra los ocupantes, d ntro de los cuales
s ncuentran los r feridos cónyuges.
A manera d ilustración, n la CASo Q 292-2006-LlMA d 1
30 d octubre de 2006, se consigna el siguiente caso: el 27 de
setiembre del 2000, los hermanos Dalmacio y Reynaldo olasco
252
t egaron en dación de pago al 'NBKBank un inmueble, a fin
en r 1 R .
der cancelar una deuda con dicho Banco. En os egIs-
de po , , . .'
Públicos apareCIan como los urucos propietarios y se pre-
traS .
on como solteros Una vez inscrita su propiedad, el 0lBKsentar .
Bank inició un proceso de desalojo contra los ocupantes del
inmueble. Entre estos ocupantes se encontrab~ OIga Javier, es-
a de Dalmacio olasco, que obtuvo sentencia favorable por
pos dí ...
la Sala de segunda instancia, en razón de que no se po la argu~r
-al arecer de dicha Sala- que la esposa era ocupante precana
del ;nmueble, mucho más si se tiene en cuenta que e.lbien era
arte del patrimonio social de los esposos Nolasco-Iavier y no se
p d d .,
contaba con el asentimiento de los dos en el contrato e ación
en pago celebrado con el NBK Bank. La Sala Civil Transitoria
de la Corte Suprema casó la sentencia de vista, señalando que
dicho Banco estaba amparado en la fe pública registral y que la
única defensa posible frente al desalojo iniciado por quien apa-
rece como titular consistía en presentar un título, a partir del
cual le permita poseer el inmueble, como puede ser un co~tra-
to de arrendamiento, usufructo, uso, comodato, superficie o
anticresis -entre otros-; y descartó que el solo estado o condi-
ción familiar del ocupante pueda generar este título:
«Es por ello que cuando la litisconsorte neces~ria pa-
siva alega en su escrito de contestación de fajas 380
ser casada con el codemandado Dalmacio Nolasco
olasco y que, por ello, el bien sub litis es uno que
pertenece a la sociedad de gananciales, en el fondo
cuestiona la adquisición operada a favor del NBK~ank
y su título de propietario, pero sin oponer otro titulo
más que el [que] emana del acta de matrimonio de
fajas 74, no obstante que en autos no se debate el.e;ta-
do civil de los ocupantes del bien ni tampoco SI este
integra o no los bienes comunes de la sociedad conyu-
gal, sino únicamente si sus ocupantes detentan o no
253

254
255
un título que justifique su posesión; en consecuencia,
se advierte que las instancias de mérito, en su razona-
miento, han procedido inaplicando los artículos 2013º
y 2014º del Código Civil, pues no consideran que no es
esta vía para dilucidar la validez de los actos jurídicos
mediante los cuales la actora adquirió la titularidad so-
bre el bien, los cuales surten plenamente sus efectos en
tanto no se declare judicialmente su invalidez.
En ese sentido, no correspondía a las instancias de
mérito establecer si el inmueble pertenecía o no a la
sociedad de gananciales, o si éste fue transferido al
NBK Bank (y posteriormente al Banco Financiero del
Perú) con anuencia o no de uno de sus integrantes,
sino si la litisconsorte -en defecto de sus coernplaza-
dos- detentaba el inmueble al amparo de un título
específico; y siendo que en autos tal título que esgrime
es la sola condición de casada con uno de los codeman-
dados, aquella circunstancia no otorga título ni dere-
cho alguno para legitimar la posesión precaria de la
emplazada, pues desde que los propietarios del bien
decid~ero~_d~rlo en pago a tercera persona, se generó
la obl~gacl?n meludible de transferirlo a su adquirien-
te, qmen tiene el derecho de solicitar su restitución.
En cons~cuen~ia, habiéndose acreditado en autos que
Olga joyíta javier Zárate ocupa el bien sub litis en cali-
dad de precaria y que los codemandados Dalmacio
S~tur~o y Reynaldo Nolasco Nolasco ya no son pro-
pietanos del mismo por haberlo dado en pago a favor
de NBK Bank y éste, a su vez, haberlo transferido a
favor del Banco Financiero del Perú, la demanda re-
sul~~fundada, por lo que debe declararse así en apli-
cacion de lo dispuesto en el inciso primero del artícu-
lo 396º del Código Procesal Civil».
El caso del conviviente sujeto a desalojo
En contradicción al criterio antes señalado, por el cual se
arguye que la sola condición de casado no puede ser considera-
da como título para afrontar un desalojo por ocupación preca-
ria, hemos hallado un caso judicial en el cual un conviviente
pudo hacer valer su condición, para eliminar la posibilidad que
sea considerado precario. Esto se puede únicamente llevar a
cabo cuando la unión de hecho ha sido declarada judicialmen-
te o al menos existe un proceso judicial en trámite, como ocu-
rre en este caso.
Emilia Gallardo solicitó en la vía judicial, el desalojo por
ocupante precaria a la conviviente supérstite de su padre, Elisa
Cerda. Dicha persona formó una unión de hecho con Jorge
Gallardo, pero no logró su declaración a nivel judicial. A la
muerte de éste, su hija solicitó el desalojo. La demandada logró
vencer esta argumentación, aludiendo que existía un proceso
judicial en trámite en el cual se estaba analizando la declara-
ción de convivencia (y por cierto, la propiedad del bien) y mien-
tras que ello no suceda en sentido contrario, no se le podía con-
siderar como precaria. Así se estableció en la CAS. Nº 3111-2006-
TACNA del 13 de octubre de 2006(161):
«Tanto la sentencia de primera Instancia como la de
segunda Instancia, han declarado la calidad de pro-
pietarios que tienen los demandantes (al haber adqui-
rido el inmueble por sucesión del causante Jorge Ga-
llardo Paredes), pero, al momento de establecer la
precariedad han señalado que tal supuesto aún no se
encuentra acreditado, al existir un proceso judicial en
trámite, en donde la parte emplazada ha demandado
(161) CAS. N2 31l1-2006-TACNA del 13 de octubre de 2006, SPIJ 2007.

el reconocimiento de unión de hecho y liquidación
de ociedad de gananciales que habría tenido con don
Jorge Gallardo Paredes.
[...]
De lo expuesto se puede concluir que, de declararse
la nulidad de la sentencia, por un supuesto de incon-
gruencia entre lo que se expresa en lafundamentación
fáctica y lo que se decide, y, disponerse que se dicte
nueva sentencia, en nada se afectaría el sentido de la
decisión final, ya que de remediarse la incongruencia
que se denuncia, con ello no se llega a desvirtuar lo
alegado por la demandada, sino hasta que se resuelva
el proceso judicial antes indicado, mas aún si de tal
proceso se va a expedir una entencia declarativa, por
lo que no corresponde disponer su desalojo hasta que
su situación jurídica haya quedado definida en el pro-
ceso de reconocimiento de unión de hecho; entonces
carecerá de interés jurídico y atentará contra el prin-
cipio de economía procesal declarar la nulidad de la
de vista para que ésta se pronuncie sobre una situa-
ción -la precariedad- que no se encuentra acredita-
da, mientras no se resuelva en definitiva el proceso de
reconocimiento de unión de hecho».
El conviviente frente al tercero registral
En algún caso registrado en las ejecutorias supremas, se
observa qu: una vez declarada la convivencia en la vía judicial,
los conc~bll10s buscan hacer valer dicha condición para evitar
qu: el bien sea embargado y luego ejecutado por deudas con-
traídas ~?r uno de ellos. Esta situación no varía el hecho que la
protecclOn establecida por la fe pública registral protege a los
256
CAPíTULO 2: LA DISPOSICló, ARBITRARIA DEL PATRIMO, 10 SOCIAL
terceros, independiente de si la sociedad de gananciales nace
del matrimonio o de una unión de hecho debidamente decla-
rada en la víajudicial. Así se estableció en la CAS. N'-' 201.1-2001-
leA del 5 de diciembre de 2003(162),en el proceso seguido por
Felicitas Gamboa contra Manuel Lengua, sobre tercería de pro-
iedad. En este proceso se discutió si la declaración de convi-
~encia que acredita que la demandante tiene una unión de he-
cho con Marcial Barrientos desde 1987, podía ser opuesta al
embargo dictado sobre la parcela «Fundo Santiago», a fin de
garantizar la deuda impaga asumida por éste a Manuel Lengua.
La demandante alegaba que la deuda fue hecha sin su consenti-
miento y por lo tanto no podían afectar el patrimonio social
por una deuda privativa de su pareja. El acreedor tuvo el cuida-
do de verificar que el inmueble esté inscrito únicamente a favor
de Marcial Barrientos, y por ello el órgano jurisdiccional conce-
dió el embargo sobre dicho bien.
Confrontados ambos argumentos, la Sala declaró infunda-
da la demanda por los siguientes argumentos:
«La sentencias de mérito, al declarar fundada la de-
manda, han establecido que el bien materia de terce-
ría fue independizado a favor de don Marcial
Barrientos Ramírez por contrato del 4 de julio de 1989,
e inscritos en los Registros Públicos el 3 de junio de
1994, esto es, que fue adquirido dentro de la relación
de convivencia con la accionante, reconocida desde
1987 por sentencia expedida en el proceso número
844-99, sobre declaración judicial de convivencia, re-
sultando por tanto de aplicación el artículo 315 del
Código Civil que eñala que para disponer de los bie-
(162) CAS. NQ2011-2001-ICA del 5 de diciembre de 2003, SPIJ 2004.
257

nes sociales o gravarlos, se requiere la intervención
del marido y la mujer.
El artículo 2012Q
del Código Civil recoge el principio
de publicidad registral que dispone que toda persona
tiene conocimiento de las inscripciones, publicidad
que no sólo está referida al contenido de los Asientos
Registrales sino también a los títulos que dieron ori-
gen a la inscripción.
El artículo 2014Q
del Código Civil y artículo VIII del
Reglamento General de los Registros Públicos reco-
nocen el principio de la buena fe registral, la que se
presume mientras no se pruebe que el tercero tenía
conocimiento de la inexactitud del registro, y que se
sustenta en la necesidad de proteger las adquisiciones
que por negocio jurídico afectúen terceros
adquirientes y que se hayan producido confiados en
el contenido del registro.
Al haberse establecido en autos que la accionante era
propietaria del bien materia de ejecución, a pesar de
que dicha situación no aparecía anotada en el Regis-
tro de la Propiedad Inmueble, resulta evidente que el
impugnante, al momento de contratar los préstamos
otorgados a favor del codemandado Germán
Barrientos, desconocía de la calidad de bien social que
ostentaba el inmueble aceptado en garantía, lo cual se
encuentra corroborado con la ficha registral obrante
a fojas' 49.
Siendo ello así, es claro que don Manuel Alejandro
Lengua Zambrano contrató con quien aparecía con
derecho inscrito en el Registro Público, como único
propietario de la parcela número 33, negocio jurídico
que se encuentra amparado por el principio de buena
258
fe registral contenido en el artículo 2014Q
del Código
Civil, siendo procedente que se continúe con la ejecu-
ción del bien dado en garantía.
No obstante se haya reconocido judicialmente la
unión de hecho establecida desde el año 1987 entre la
accionante y don Germán Barrientos Ramírez, tal situa-
ción no puede ser opuesta a la ejecución ordenada den-
tro del expediente acompañado, al no haber acredita-
do la demandante la titularidad del predio sub litis con-
forme lo prescribe el artículo 923Q
del Código Civil».
El caso del bígamo
La fe pública registral ampara al tercero de buena fe inclu-
sive frente a la eventualidad que los vendedores de un bien no
sean realmente sus propietarios. Esto sucede en mayor o menor
medida, mando una pareja matri:nonial inscribe la propiedad
de un inmueble como suyo a sabiendas que a partir del momen-
to de la adquisición correspondía a un matrimonio anterior al
de uno de ellos. Esto se puede generar en los casos de bigamia,
que como sabemos origina la nulidad del segundo matrimonio.
El siguiente caso refleja esta situación: el 22 de enero de 1955,
Dora Arrasco contrajo matrimonio con Gustavo Cancino. En
1975, el esposo adquirió un inmueble. El 4 de enero de 1988,
sin disolver su vínculo matrimonial, Gustavo Cancino contrae
segundas nupcias con Herlinda Sánchez. El 9 de julio de 1993,
los esposos Cancino-Sánchez disponen del inmueble como si
fuese uno generado durante la vigencia de la sociedad de ga-
nanciales a favor de Adriano Baca y OIga Camacho. Dora Arrasco
presentó demanda de nulidad de la compraventa y de los asien-
tos registrales, amparándose que el segundo matrimonio era
inválido y por lo tanto el bien inmueble dispuesto corresponde
a la sociedad de gananciales del primer matrimonio. La Sala
259

corroboró esta condición, sin embargo, señaló que los esposos
Baca-Camacho al haber actuado en función de aquello que apa-
recía en los registros, estaban amparados por la fe pública
registra!:
«Con respecto a la denuncia de inaplicación del artí-
culo 219Q
, incisos 1,3 Y4 del Código Civil, a la conclu-
sión fáctica establecida; corresponde señalar que di-
cha norma en sus supuestos denunciados, de aplicar-
se, no va a variar la decisión adoptada en la sentencia,
por cuanto el artículo 2014Q
del Código Civil tiene
prescrito que 'el tercero que de buena fe adquiere a
título oneroso algún derecho de personas que en el
registro aparece con facultades para otorgarlo, man-
tiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aun-
que después se anule, rescinda o resuelva el del otor-
gante por virtud de causas que no consten en los re-
gistros públicos'; esto es, conforme lo ha determinado
la Sala de mérito, si bien el inmueble sub litis es bien
social y el demandado don Gustavo Cancino Mendoza
lo vendió sin consentimiento de su cónyuge la actora
doña Dora Arrasco Cruz, no es menos verdad que en
el Registro de la Propiedad Inmueble no figuraban
ambos como propietarios registrales sino el demanda-
do Gustavo Cancino Mendoza y su codemandada doña
Herlinda Sánchez Salazar; habiendo adquirido el in-
mueble los codemandados compradores bajo la bue-
na fe registral, que consagra el artículo 2014º del Có-
digo Civil que contiene la presunción iuris tantum de
la buena fe; y que recién en el mes de junio del año de
1997 la accionante remitió al demandado Baca
Espinoza carta notarial mediante la cual pone en su
conocimiento que se ha llegado a enterar que han
adquirido el predio sub litis, lo que determina que di-
260
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL PATRIMO '10 SOCIAL
ha carta fue remitida a los demandados comprado-
c d.
res con posterioridad a la transferencia del pre 10».
3 Aceptación tácita del cónyuge no interviniente
3..
Resulta interesante que el criterio establecido por la Corte
Suprema deJusti~ia, po.r el cual los actos de disposición ar.bitra-
. del patrimomo SOCIalson nulos, se vea atenuado en CIertos
nos d· di
supuestos en los cuales los terceros logran acre itar me iante
mentas procesales que el asentimiento del cónyuge no
argu . ~ . ~
interviniente si bien no se realizó expresamente, se mamfesto
en forma tácita.
Es cierto que el Art. 141Q CC admite que la manifestación
de la voluntad sea expresa o tácita, produciéndose esta última,
cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud
o de circunstancias de comportamiento que revelan su existen-
cia. Sin embargo, este tipo de manifestación resulta discutible
dentro del marco establecido por el Art. 315º del CC que re-
quiere la «intervención» conjunta de los cónyuges en los actos
de disposición del patrimonio social.
A manera de ejemplo, resumimos el caso expuesto por
Belaunde'P": Oscar Linares celebró un contrato de compraventa
con los cónyuges Armando Manco y María Flores, el 20 de jul~o
de 1988, por el cual se obligó a transferirles un inmue~le sin
indicarles que éste fue adquirido durante su matrimom~ con
Lotty Burckhardt bajo el régimen de sociedad de gananCIales.
El pago total del precio del bien (US$ 45,000) fue pact~~o en
cuatro armadas: la inicial fue pagada antes de la celebración del
(163)BELAlJNDE MOREYRA, «¿Nulidad o resolución de compraventa, .de,U?
bien social? De cómo una transacción simple terminó en un enredo Jundl-
co», cit., pp. 11-16.
261

contrato, por US$ 13,750 Yel remanente debió ser pagado el 30
de mayo de 1989 (US$ 22,000), el 30 de agosto de 1989 (US$
5,000) y el 30 de diciembre de 1989 (US$ 4,250). La esposa
demandó la nulidad del acto de disposición celebrado por su
esposo sin su consentimiento. Los terceros argumentaron que
la demandante reconoció los recibos de pago de la cuota inicial
y por lo tanto asintió la venta del inmueble social. La Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo el recurso de nuli-
dad (Exp. Nº 973-93-LlMA) acogió este argumento, señalando
lo siguiente:
«Si bien es verdad, la demandante doña Lotty Burc-
khardt Sayán de Linares no ha suscrito el contrato
privado de compraventa q~e en copia obra a fajas 3,
por el cual su cónyuge don Oscar Linares Núñez trans-
fiere la propiedad del inmueble sito en Caminos del
Inca Nº 2476, Monterrico Sur, distrito de Santiago de
Surco, a favor de los demandados, sin embargo, de los
documentos de fajas 116, 117 y 118, que han sido re-
conocidos por la citada demandante en la diligencia
de fajas 134 vuelta, fluye claramente que ella no sólo
reconocía la aludida compraventa, sino también ha re-
cibido dinero como parte del pago del precio del bien
materia de autos, debiendo conducirse [sic] que el con-
trato privado de fajas 3 constituye la culminación de las
tr.atativas que venían celebrando para la venta del pre-
dIO. [...] En tal virtud, la demanda sobre nulidad de
compraventa planteada debe desestimarse».
Comentando esta sentencia, Belaunde''?", señala:
(164) Ibídem, p. 30.
262
«El problema fundamental de los casos analizados fue
uno de probanza más que de interpretación legal. La
Corte Suprema falló correctamente cuando desestimó
la demanda de nulidad del contrato de compraventa
por la supuesta no intervención de la esposa. Este as-
pecto quedó irrefutablemente desvirtuado con los re-
cibos que ella misma había suscrito por las sumas pa-
gadas a cuenta del precio y que luego reconoció en el
proceso, aunque quiso darles una significación distin-
ta de la expresada en su contenido. El consentimiento
no sólo se manifiesta con la firma de los documentos
formales de compraventa. También puede evidenciar-
se mediante otras acciones y la recepción de dinero
en pago parcial del precio sin lugar a dudas es una
manera de expresar el consentimiento.
[oo.]
Por consiguiente se puede formular la siguiente sumilla
del caso en cuestión: Cuando se vende un bien inmue-
ble social para cumplir la exigencia establecida en el
artículo 315º del Código Civil en el sentido de que
marido y mujer consientan la transacción, no es indis-
pensable la firma de los dos cónyuges en el contrato,
si la voluntad de ambos es demostrada por otros me-
dios, tales como la recepción conjunta de dinero a
cuenta del precio pactado».
En la línea de este antecedente, la Sala Civil Transitoria de
la Corte Suprema se pronunció en la CASo Nº 2614-2005-
AREQUIPA del 19 dejunio de 2006(165)a favor del asentimiento
(165) CAS.N2 2614-2005-AREQUIPAdel19 dejunio de 2006, SPIJ 2006.
263

JOSÉ ALMEIDA BRICE-'O
tácito del cónyuge no interviniente. Juan Pan se casó Con
Ambrocia Almonte. Haciéndose pasar como soltera y sin inter-
vención de su consorte, esta última adquirió un inmueble de
Maria Casapia. Posteriormente, Ambrocia Almonte subdividió
el inmueble en dos lotes y los vendió, uno de ellos a favor de
Eleuterio Carpio (lote 1) y el otro a favor de Maria Casapia (lote
1-A). En autos se acreditó que el esposo tuvo conocimiento de
la primera transferencia, mas no de la segunda. Precisamente,
el esposo solicitó la nulidad de este último acto por no haber
intervenido. La Sala razona que si el esposo conoció sobre la
subdivisión y la venta de uno de los lotes es presumible que
también conoció la suerte del otro lote. No cambia este resulta-
do el hecho que la esposa se haya allanado a la demanda, segu-
ramente en contubernio con su consorte. A ello agregó que en
casación no se podían actuar:
«Las instancias de mérito estiman que si el actor tuvo
conocimiento y participación activa en la adquisición,
sub división y venta del lote 1, con más razón debía
tener conocimiento de la venta del lote 1-A, más aún
si de la valoración del contenido de las cintas magne-
tofónicas ofrecidas por la codemandada María Casapia,
se advierte que el demandante autorizó la transferen-
cia del lote 1-Apor parte de su esposa a cambio de que
la señora Casapia le pagara una suma de dinero, esto
es, el actor consintió la celebración del acto cuya nuli-
dad pretende, a todo lo cual se agrega el silencio de la
codemandada Ambrocia Almonte durante la secuela
del proceso, al que se apersonó con la única finalidad
de allanarse a la demanda de nulidad interpuesta por
su cónyuge; por tanto -concluyen-, habiendo permi-
tido el actor que la transferencia del lote 1-Ase realice
a favor de la señora Casapia, no puede propiciar aho-
ra su nulidad aprovechándose de lo establecido en el
264
artículo 3152 del Código Civil, pues ello implicaría un
abuso del derecho que la ley prohíbe.
La conclusión a que arriban las instancias de mérito
bre el conocimiento que tuvo el actor de la venta del
so ., . d
bien sub litis, es producto de la valoración conjunta e
los hechos expuestos y las pruebas actuadas en el pro-
ceso, las cuales no pueden ser objeto de nueva valora-
ión a través de la causal material propuesta, que pres-
Cl d . .
cinde del análisis de aquello que estima proba o, mci-
diendo únicamente en aspectos de iure o de derecho».
En otros casos, la manifestación de voluntad del cóny~~e
no interviniente se presenta como una verdad~ra.confirmaclO~
del acto celebrado por su consorte sin su asentirniento, com? SI
se tratase de un acto anulable, de acuerdo con lo establecido
1Art 2312 del CC el mismo que señala que «el acto quedapor e. , . ,. ,
también confirmado si la parte a qUlen correspondía la acción
de anulación conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en, . ,
forma total o parcial, o si existen hechos que l.neqUlvoca~ente
pongan de manifiesto la intención de re~~nClar a la acción de
anulabilidad». Este criterio ha sido admitido por la Corte Su-
prema de Justicia, a pesar de que, como ~epe.timos, ha ?pta~o
por la nulidad del acto de disposición arbItrano d~l pammorno
social y por lo tanto, por la insubsanabilidad de dicho acto.
Así, Favio Tejada celebró con Elva Aguirre un cont~ato de
. d un mmue-
compraventa del 50% de los derechos y aCClOnes e ,
. 1 d d r se nego a en-ble social. Una vez pagado el preclO, e ven e o ..
tregar el inmueble, alegando que en la compraventa no partl~l-
pó su cónyuge (Augusta Moncada). La compradora dem.and.~ a
. d .t d independIzaClonambos esposos el otorgamIento e escn ura e .
de la parte que le correspondía del inmueble socIal: Para. tal
efecto, señaló que si bien la esposa del vendedor no mtervmo
265

en el contrato de compraventa ésta consintió la transfer .. ' L' enCla
cuando la mmuta de compraventa fue elevada a escritura públi-
ca. Este argumento fue aceptado por la Sala Civil Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 2792-98-LlMA(l66)
conforme se puede ver a continuación: '
«Las sentencias inferiores han establecido como he-
cho probado que si bien la cónyuge del recurrente no
ha intervenido en el contrato de compraventa, tal for-
malidad legal ha sido convalidada con la suscripción
de dicho cónyuge de la escritura de compraventa que
corre a fojas 208 a 235 de fecha 31 de enero de 1995 ,
precisándose además que en ella corre como inserta
la voluntad del emplazado de haber transferido a la
actora e150% de los derechos y acciones del inmueble
sub litis. .
Doña Augusta Luzgarda Moncada Cabanillas, esposa
del demandado, fue integrada a la relación procesal
en su calidad de litisconsorcio necesario y no habien-
do contestado la demanda se le declaró rebelde no
habiendo apelado de la sentencia de primera instan-
cia, ni interpuesto recurso de casación, ni objetado el
contrato de compraventa, por lo que no resulta de
aplicación el artículo 315º del Código Civil».
_. Este último argumento de carácter procesal también es
válido para el tercero que afirmó en su demanda o reconven-
ción ~puede ser de otorgamiento de escritura pública o entrega
del. blen- que el acto de disposición arbitrario del patrimonio
SOCIalcontaba con el asentimiento del cónyuge no interviniente;
(166) CAS. Nº 2792-98-LIMA del 1 de junio de 1999, publicada en la
266
en este supuesto, declarada la rebeldía de dicho cónyuge, ésta
producirá a favor del tercero una presunción relativa sobre lo
afirmado en sus actos postulatorios. Así lo establece el Art. 461º
del CPC, que posee las siguientes excepciones, cuando: i) ha-
biendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; ii) la
pretensión se sustente en un derecho indisponible; iii) requi-
riendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con docu-
mento, éste no fue acompañado a la demanda; o iv) eljuez de-
clare, en resolución motivada, que no le producen convicción.
De tal manera, que si no se presenta ninguna de las excepcio-
nes establecidas por dicho artículo, la afirmación del tercero,
en el sentido que el cónyuge no interviniente sí asintió el acto
de disposición arbitrario, quedará firme.
Es el caso de Uladismiro Pajares, quien vendió un inmue-
ble social a favor de Ramón Aguilar. La esposa del vendedor
(María Sánchez) le advierte que por tratarse de un inmueble
adquirido bajo el régimen de sociedad de gananciales debe con-
tar con su asentimiento, por lo que éste se desiste de perfeccio-
nar dicho contrato. Como consecuencia de ello, el comprador
demandó el otorgamiento de escritura pública a los dos espo-
sos. Ya en el proceso, ninguno de los esposos contestaron opor-
tunamente la demanda y fueron declarados rebeldes; sin em-
bargo, la esposa del vendedor interpuso casación y argumentó
que el acto de disposición del patrimonio social celebrado por
su esposo a favor del demandante era nulo, por no haber conta-
do con su asentimiento. La Sala Civil Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia rechazó la denuncia de in aplicación del
Art. 315º del CC, señalando en la CASo N'º 1034-98-
CAJAMARCA(167),lo siguiente:
(167) CAS. Nº 1034-98-CAJAMARCA del 7 de abril de 1999, publicada
en la SCEP del 29 de agosto de 1999, pp. 3363-3364.
267

«La Sala de mérito ha establecido que los esposos
Uladismiro Pajares Machuca y María Erika Sánchez
de Pajares fueron declarados rebeldes, por no haber
contestado la demanda y que como lo dispone el artí-
culo 471Q del Código Procesal Civil es efecto de tal
declaración la presunción legal relativa sobre los he-
chos expuestos en la demanda.
Agrega, que no existe en autos prueba alguna que
desvirtúe dicha presunción; que, además, la
codemandada no ha cuestionado la validez de los ins-
trumentos con lo que se recauda la demanda yel trans-
curso del tiempo desde la suscripción del documento
hasta la fecha de interposición; llevan al consentimien-
to que ella estuvo de acuerdo con la transferencia de
dominio a que se contrae este juicio.
Pretender modificar los argumentos glosados, reque-
riría de un reexamen de los hechos y una nueva valo-
ración de la prueba, pretensión que resulta ajena al
sistema casatorio».
Los Registros Públicos han utilizado muchas veces el argu-
mento del asentimiento tácito del cónyuge no interviniente para
salvarlos vacíosque se pudiesen crear en el tracto sucesivoen la
transferencia de los inmuebles. Así,]osé Chanduví y Nora Rega-
lado adquirieron la propiedad de un inmueble ubicado en
Huacho, mediante compraventa celebrada con losespososVíctor
]amanca y Lucila Vásquez. El Registrador Público observó la
solicitud de inscripción presentada por]osé Chanduví, señalan-
do que de la revisión de la partida registral, se observa que el
anterior asiento corresponde a la inscripción de la adjudica-
ción realizada por la Asociación Pro Vivienda Residencial «Los
Cisnes» del 9 de octubre de 1986a favor de Víctor Jamanca, en
la que no actuó conjuntamente con su cónyuge Lucila Vásquez.
268
A te la apelación presentada por el solicitante, el Tribunal
R:gistral, en la RES.NQ430-98-0RLC/TR(168),superó l.osvac~os
existentes en el tracto sucesivo de ambas transferencias, sena-
landa lo siguiente:
«Enrelación al requerimiento de intervención de doña
Lucila Hermelinda Vásquez Peralta en la escritura
pública de 9 de octubre de 19~6, se aprecia q,:e
adicionalmente a que esta instancia se ha pronuncIa-
do en reiterada jurisprudencia en relación a la exi-
gencia de la intervención de la cónyuge del compra-
dor en la adquisición de bienes inmuebles en aplica-
ción del artículo 315Q
del CC, también es cierto que se
han emitido resoluciones de carácter vinculante en
cuanto a la manifestación de voluntad expresa o tácita
de los contratantes, en base al sustento de que en el
sistemajurídico peruano no resulta posible la atribu-
ción del derecho de propiedad sin la manifestación
de voluntad tanto del transferente como del
adquirente, siendo que para estos efectos resulta de
aplicación lo previsto en el artículo 141º del código
sustantivo, que establece que la manifestación d vo-
luntad es tácita, cuando de ésta se infiere
(168) RES.Nº 430-98-0RLCjTRdel20 de noviembre de 1998, en ORLC,
Vol. VII, pp. 62-66. En la misma línea de interpretación, la RES Nº 155-98-
ORLCjTR del 14 de abril de 1998, en ORLC, Vol. VI, pp. 168-170. En la
CAS.Nº 1116-2001-LlMAdel 18 de setiembre de 2001, publicada en la SCEP
del 2 de febrero de 2002, pp. 8332-8333 Yla CAS.Nº 2964-2001-AREQUIPA
del 22 de octubre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de febrero de 2002,
p. 8297, se admite que los errores de forma en la declaración del cónyuge
no interviniente -respecto de la numeración del inmueble o l~ C?n~l~a-
ción de un apellido distinto en la firma- no enervan su eficacia Jundlca.
Dicha declaración debe ser interpretada en función de la buena fe (Art,
1782
CC).
269

indubitablemente una actitud o circunstancias de com-
portamiento que revelen su existencia.
En ese sentido, si bien es cierto no se aprecia de la
escritura pública glosada en el considerando prece-
dente que doña Lucila Vásquez Peralta haya interve-
nido manifestando su voluntad de aceptar la
tranferencia a favor de la sociedad conyugal que con-
forma con don Víctor ]amanca Aguilar, no es menos
cierto que la circunstancia de que aquélla y su cónyu-
ge transfieran el inmueble a favor del apelante me-
diante la escritura pública de fecha posterior, 1 de oc-
tubre de 1997, implica que ha manifestado tácitamen-
te su voluntad de aceptar la transferencia anterior a su
favor, debiendo desestimarse en consecuencia este
extremo de la observación formulada».
Sumados estos criterios a favor del tercero que contrata
con el cónyuge interviniente, se puede llegar a la conclusión
que a pesar de que contradictoriamente el acto de disposición
arbitrario del patrimonio social sea considerado nulo -por el
criterio establecido por la Corte Suprema de ]usticia-, se admite
la posibilidad que el tercero pruebe la manifestación tácita de la
voluntad del cónyuge no interviniente, cuando ésta se infiera
indubitablemente de una actitud o circunstancias de comporta-
miento que revelen su existencia, ya sea con anterioridad o con
posterioridad al acto celebrado por su consorte sin su asentimien-
to. El criterio antes indicado también resulta aplicable para los
defectos de tracto sucesivo que puedan ocurrir en los registros
públicos, cuando uno de los cónyuges no ha participado en la
adquisición de un bien pero sí en su posterior disposición.
Un caso curioso para finalizar este acápite: Roberto Flores
alquiló un inmueble a Elena Palomino y posteriormente, con
fecha 7 de marzo de 1988, mediante carta notarial le ofreció
270
d dicho bien conforme al derecho de tanteo o de prela-
ven er, o 38 d 14
. / establecido por el Art. 222 del Decreto Ley - 219 e
Clon
d
.· bre de 1977 La inquilina contestó el 21 de abril de
de IClem .
8 f ha que desafortunadamente coincidió con la muerte
198 , ec .
del oferente. Pero además, la posible adqmrente se percata que
dador tenía estado civil de casado y que su esposa no
su arren .. CAS Q 29-0
tenía la intención de enajenar e~m~ueble. En la . !J -
98_LlMA(169),la Sala Civil Transltona de la Cor~e S~~rema ¿e
.. ante la impugnación presentada por la inquilina, sena-
]uSUCla, .
ló que si bien es cierto la muerte del arrendador no exime a sus
h
deros del cumplimiento de su oferta, se debe tener en cuen-
ere . .
ue el bien es social y por lo tanto requiere el asenUmlento
ta q d. .. /
conjunto de ambos cónyuges para su isposrcton ,
3.4. Los casos considerados en leyes especiales
Nuestro sistema jurídico ha optado por ~:table.cer
taxativamente dos excepciones a la regla de la actuacion conJu~-
ta de los cónyuges en los actos de disposición arbi~arios del patn-
monio social-el otorgamiento de facultades suficientes a uno de
los cónyuges y la adquisición de bienes muebles-, para luego =
ñalar mediante una cláusula abierta que dicha regla tampoco nge
en «los casos considerados en las leyes especiales».
Aunque la doctrina no se haya expresado respecto a la na-
turaleza de estas últimas excepciones, se trata de supuestos en
los cuales, por mandato legal, se presume el asentimiento del
cónyuge no interviniente en determinados actos celebrados ~or
su consorte, en atención principalmente del tráfico comerc.l~l.
No es difícil imaginar que una regla como la de la actua~lO~
conjunta puede crear graves problemas al tráfico comercIal SI
(169) CAS. N2 2950-98-LlMAdel 7 de junio de 1999, publicada en la
271

n.~ se establecen .li~itaciones a la misma, mediante la presun-
cion del :onsentImIento del cónyuge no interviniente en los
actos realizados por su consorte.
Las normas de excepción
El supuesto más conocido, en nuestro medio, es el estable-
cido por el Art. 227º de la Ley Nº 26702 del 9 de diciembre de
1996 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Se-
guros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros),
por el cual «en el establecimiento de cuentas corrientes por
personas naturales y en las operaciones que se efectúe con las
mismas, se presume de pleno derecho el consentimiento del
cónyuge del titular de la cuenta».
o El antecedente más cercano de esta norma es el Decreto Ley
~- 18855 del 14 de mayo de 1971 que tuvo por objeto atenuar el
ngor de la actuación conjunta establecida primigeniamente en
el Art. 188º del CC de 1936 (modificado por el Decreto Ley Nº
17838 del 1 de octubre de 1969), señalando que el requisito esta-
blecido en dicha norma «se presumirá cumplido de pleno dere-
ch?, .en los casos de constitución de prenda en garantía de los
credIto~ q~e otorgue~ las instituciones bancarias, cuando el gra-
vamen incida sobre bienes comunes dedicados a la explotación
de la respectiva actividad del solicitante o sobre los generados,
c~eados, extraídos o adquiridos con la inversión que se realice,
directa o indirectamente, con dichos créditos».
El propósito de esta norma, conforme se puede apreciar
de su parte considerativa, consistió en favorecer el rápido desa-
rrollo ~e l~s ac.tividades a través del crédito oportuno que otor-
g~n las msntucíones bancarias mediante la simplificación de trá-
~Ites y que para lograr tal objetivo, era conveniente adaptar lo
dispuesto en ~l Art. 188º del CC de 1936 a la necesidad de agili-
zar las operaciones de crédito que otorgan aquellas.
272
Con la actual norma, queda claro que en los actos de dis-
posición del patrimonio social realizados por un.o de los cón-
yuges como titular de una cuenta corri~nte, medIan.te transfe-
rencias, así como por las demás operaCIOnes bancanas, se pre-
sume sin admitir prueba en contrario que cuenta con el asen-
timiento de su consorte. De tal manera que en esta clase de
actos, el cónyuge no interviniente ni siquiera puede alegar su
anulabilidad (o nulidad, según el criterio jurisprudencial). La
ley permite la intervención unilateral del cónyuge titular de
una cuenta corriente con el objeto -al igual que en el Decreto
Ley Nº 18855- de proveer a los Bancos de mecanismos que le
faciliten la recuperación de sus colocaciones. Si bien resulta
ser una razón válida, en la práctica puede prestarse a arbitra-
riedades, mucho más si se lo une con otros mecanismos esta-
blecidos por la Ley Nº 26702, como podrá apreciarse en el
ámbito de los actos puramente obligatorios (correspondiente
al Capítulo 3).
En igual sentido, el Decreto Supremo Nº 093-2002-EF
(Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores) del
15 de junio de 2002, en su Art. 113º, señala que en las transac-
ciones que se realicen en los mecanismos centralizados reg~-
lados por esta ley, se presume de pleno derecho el consentí-
miento del cónyuge del enajenante, en los casos en que fuese
requerido, por no existir un régimen de separación de patri-
monios (o cuando es soltero, agregamos nosotros). Los meca-
nismos centralizados de negociación antes señalados, son aque-
llos que reúnen o interconectan simultáneamente a varios c~m-
prado res y vendedores con el objeto de negociar valo~es, ms-
trumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de
emisión masiva.
Por su parte, la Ley Nº 27287 (Ley de Títulos Valores) pu-
blicada el19 de junio de 2000, en su Sexta Disposición Comple-
mentaria y Final, establece que:
273

JOSÉ AlMEIDA SRICEÑO
Sexta Disposición ComPlementaria y Final
«En la transferencia o constitución de gravámenes so-
bre títulos valores emitidos o transferidos a favor de
una persona natural, no se requiere la intervención
del cónyuge. La misma regla rige para los valores re-
presentados mediante anotación en cuenta».
Se refiere a los valores en título o a los desmaterializados
emitidos o transferidos a nombre o a favor de una determinada
persona natural, cuyo nombre figure literalmente en el título o
registro y que de ese modo se convierte en su legítimo tenedor
o titular. Cuando tal persona, a su vez, transfiera o constituya un
gravamen sobre dicho valor, no requiere la intervención de su
cónyuge. Así, cuando un cheque girado a la orden de uno de
los cónyuges sea endosado por éste, no requerirá que interven-
ga su consorte, a pesar de que puede estar disponiendo parte
del patrimonio social. Igual suerte correrá si endosa en garan-
tía una letra de cambio girada o endosada a su orden o transfie-
ra o prende una acción inscrita en la Caja de Valores de Lima
(Cavali) o que figure en la matrícula de acciones de la sociedad
emisora sólo a nombre de dicha persona natural. Situación dis-
tinta se produce si la titularidad de los valores corresponde a
ambos cónyuges, en cuyo caso sí se requerirá del asentimiento
de los dos consortes, ya sea para disponer o gravar.
Las acciones en una sociedad
Constituyen un supuesto discutible las acciones que uno
de los cónyuges tuviese a su nombre en una sociedad anónima.
En estricto, se tratan de bienes sociales, salvo que por su origen
tengan la calidad de bienes propios, hayan sido adquiridos a
título gratuito o constituyan acciones que hayan sido distribui-
das gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimo-
274
,-,
nio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien pro-
pio (Art. 302º, incs. 1, 3 Y7 CC). Sin embargo, a pesa~ que el
Art. 37º del Reglamento General del Registro de SOCIedades
(RES. º 200-200 l-SUNARP /S del 27 de julio de 2001) señal~
ue «para la inscripción del pacto social y del aumento de capI-
~l, los cónyuges son considerados como un solo socio, .salvo
ue se acrediteque el aporte de cada uno de ellos es de bienes
~ropios o que están sujetos ~l régimen de separación de P~tri-
monios, indicándose en el titulo presentado los datos de InS-
cripción de la separación en el Registro Personal», los Arts. 91 º
Y92º de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887 del 9 de
diciembre de 1997) establecen que a efectos de la sociedad, se
considera propietario de la acción a quien aparezca como tal
en la matrícula de acciones, en la cual se anota la titularidad de
las acciones y sus transferencias; abriendo la posibilidad, por lo
tanto, de inscribir en dicha matrícula fondos sociales como apor-
tes privativos de uno de los cónyuges.
La Corte Suprema de Justicia ha atendido a las normas
societarias, para negar la posibilidad que uno de los cónyuge.s
defienda el patrimonio social cuando éste se encuentra consti-
tuido por acciones que su consorte posee en calida~ de soci~;
conclusión que llevada a sus últimos alcances, perrmt colegir
que el esposo que es titular de acciones de una socieda~ pue~e
disponer de ellos aunque éstas formen parte del patnmomo
social de ambos cónyuges. Así, en la Caso Nº 2499-98-LlMA(l70>,
emitida por la Sala Civil Permanente en el proceso de impugna-
ción de acuerdos seguido por Noemí Schartz contra l~ ~ompa-
ñía Interamericana de Radiodifusión Sociedad Anomma, se
desestimó la pretensión de la demandante por no tener legiti-
midad para obrar, señalando que de acuerdo a la Ley General
(170) CAS. N2 2499-98-LIMAdel 3 de marzo de 1999, publicada en la
SCEP del 12 de abril de 1999, pp. 2899-2900.
275

de Sociedades no es la sociedad conyugal a quien le correspon-
de el ejercicio de los derechos de socio sino al cónyuge titular
de las acciones (Baruch Ivcher). Rescatemos los principales ar-
gumentos expuestos por la Sala:
«Elderecho de acción es el derecho subjetivo que tie-
nen todas las personas para hacer valer una preten-
sión jurídica ante el órgano jurisdiccional y obtener
de éste la tutela jurisdiccional efectiva a través de un
pronunciamiento judicial.
La legitimidad para obrar en cambio es la coinciden-
cia que debe existir entre las partes del derecho mate-
rial y las partes de la relación jurídica procesal.
A pesar que ambos conceptos no aparecen claramen-
te diferenciados en las resoluciones impugnadas, re-
sulta evidente que éstas se basan en la falta de legitimi-
dad para obrar de la demandante, ya que apoyándose
en normas de la LeyGeneral de Sociedades, se ha esti-
mado que la demandante carece de legitimidad para
obrar, pues no es la sociedad conyugal a quien le co-
rresponde el ejercicio de los derechos de socio sino la
persona designada para tal efecto.
Eljuez al calificar la demanda puede determinar la
falta de legitimidad para obrar de la demandante con-
forme al inciso primero del artículo 427º del Código
Procesal Civil.
[...]
Es competente para conocer de las acciones de im-
pugnación de acuerdos eljuez civilcon prescindencia
de la forma en que se convoque a lajunta general de
accionistas conforme a los artículos 43º y 146º de la
276
CAPíTULO 2: LA DISPOSiCiÓN ARBITRARIA DEL PATRIMONIO SOCIAL
derogada LeyGeneral de Sociedades, por lo que debe
rectificarse el error que contiene la recurrida.
Sin embargo, permaneciendo inalterada la conclusión
relativa a la falta de legitimidad para obrar de la de-
mandante por falta de impugnación adecuada, debe
procederse conforme a la segunda parte del artículo
397º del Código Procesal Civil».
El voto en discordia emitido por el vocal Iberico Mas con-
tiene una interesante interpretación, acusando una verdadera
antinomia entre dos tipos de normas, las del CC, referidas a la
sociedad de gananciales, y las de la Ley General de Sociedades,
respecto de las acciones societarias.
A favor de las primeras señaló que: «las acciones sub
litis fueron adquiridas por don Baruch Ivcher Brostein
dentro del matrimonio celebrado con la accionan te,
por ende, se reputan de propiedad de la sociedad de
gananciales conformada por ambos y que por lo tanto
ella puede administrar dichos bienes» y a favor de las
segundas, que «en materia societaria se señala que es
accionista quien es titular de una o varias acciones, y
que tal titularidad tratándose de las acciones nomina-
tiva,está dada por la inscripción en el correspondi~n-
te libro de registro, inscripción que legitima al acero-
nista para el ejercicio de los derechos sociales inhe-
rentes a tal calidad, precepto que es recogido por el
Art. l07º de la derogada Ley General de Sociedades».
Paraconciliarambas normas, hizo elsiguiente razonamiento:
«Como se aprecia, nos encontramos ante una supues-
ta contradicción normativa, y dependiendo de la op-
277

ción que se asuma se reputará a las acciones como bie-
nes propios o bienes sociales [ ...], en ese orden de
ideas, sea que las acciones tengan la calidad de pro-
pios o de bienes sociales, el Art. 314º del CC, en con-
cordancia con el Art. 294º del mismo código, estable-
ce que en caso de que uno de los cónyuges se halle
impedido de ejercitar la administración tanto de los
bienes sociales como de los bienes propios, ya sea por
interdicción o por otra causa, compete al otro cónyu-
ge la administración de dichos bienes, [...] es decir
que en el caso de autos, el cónyuge que aparece como
titular de las acciones, al estar impedido de ejercer los
derechos otorgados que éstas le conceden, la norma
acotada, de orden publico, otorga representación y
administración legal a la accionante respecto de di-
chas acciones».
En igual sentido, la Sala Civil Transitoria resolvió la CAS.
Nº 3600-01-CUSCO(171).La demandante, Sandra Thombansen,
pretendió evitar el remate -vía tercería de propiedad- del in-
mueble de propiedad de la empresa Haffner Empresa de Desa-
rrollo Internacional Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, de la cual su esposo,]arry Haffner, era titular del 50%
de las acciones; arguyendo que le correspondía la cotitularidad
de dichas acciones, porque éstas habían sido adquiridas duran-
te la vigencia de la sociedad de gananciales, y sin embargo, se
hipotecó el inmueble sin su consentimiento. La Sala desestimó
(171) CAS. Nº 3600-01-CUSCO del 26 de abril de 2002, publicada en la
SCEP del 31 de julio de 2002, pp. 9029-9030. Posteriormente, la Sala Civil
P~rmanente, en su CAS. Nº 2687-2001-LIMA del 14 de agosto de 2002, pu-
blicada en la SCEP del 2 de diciembre de 2002, pp. 9595, afirmó claramen-
~e qu.e la ley otorga la calidad de accionista sólo a la persona que aparece
inscrita en el registro de matrícula de acciones.
278
esta argumentación señalando que la empresa de la cual es ac-
cionista su esposo es una persona jurídica y por lo tanto, es dis-
tinta de sus miembros; asimismo, agregó que el hecho de ser
cónyuge de un accionista no implica que se adquiera la calidad
de propietario de dicha empresa:
«Cabe mencionar que el inmueble materia de discusión
al momento de constituirse la hipoteca era de propie-
dad de la Empresa Desarrollo Internacional Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, según consta
del certificado positivo de gravámenes de fojas 77.
Estando a lo antes expuesto y a los fundamentos del
escrito de demanda, es de observarse que la deman-
dante pretende se haga extensivo el patrimonio de la
empresa codemandada a su persona por el hecho de
ser cónyuge de don ]arry Lane Haffner, quien es ac-
cionista del 50% de las acciones de dicha empresa; sin
embargo, tal alegación carece de todo sustento legal,
puesto que de conformidad con el artículo 78º del
Código Civil la persona jurídica tiene existencia jurí-
dica distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni
todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni
están obligados a satisfacer sus deudas, lo que nos lle-
va a determinar que el hecho de ser cónyuge de un
accionista no implica que se adquiera la calidad de
propietario de los bienes de la empresa.
Al haberse declarado fundada la demanda bajo el erra-
do sustento expuesto en la demanda se ha incurrido
en una contravención de la norma sustantiva antes
acostada y por tanto se ha afectado el debido proceso.
Consecuentemente esta Suprema Sala considera que
la impugnada ha incurrido en la causal de contraven-
ción que garantizan el derecho al debido proceso».
279

En lajurisprudencia reciente de la Corte Suprema de justí.
cia de la República, la CAS.. TQ 2021-2004-LlMA del 26 de agos-
to de 2005 resolvió el siguiente caso: Julio Rabanal constituyó
con otros socios la empresa Clory's Inn S.A., para lo cual aportó
un terreno y 125,400 acciones (el valor nominal de cada acción
equivalía a un nuevo sol). Al momento de esta constitución y de
los aportes, se encontraba casado con Dina Borra y por lo tanto
los bienes dispuestos formaban parte del patrimonio social de
ambos. Además de ello, Julio Rabanal prestó una suma de dine-
ro a la sociedad. Tiempo después, la esposa impugnó en la vía
judicial la decisión de la junta general extraordinaria de accio-
nistas dirigida, entre otros, a establecer un aumento del capital
social y modificación de estatutos, sobre la base de la conver-
sión de la deuda que tenía la sociedad en capital, por lo que el
dinero entregado por el esposo en préstamo no le sería reem-
bolsado. Para ello, argumentó que en su calidad de esposa tenía
derecho a participar en dicha junta de accionistas, porque los
bienes aportados y prestados a la sociedad correspondían a la
sociedad conyugal Rabanal-Borra. La Sala Civil Permanente, al
resolver la controversia, señaló que a efectos de las decisiones
soc.ietarias, los socios son aquellos que aparecen registrados en
el libro de matrícula de acciones y en este tipo de decisiones no
pueden inmiscuirse quienes no tienen dicha calidad:
«Las acciones de una sociedad anónima, representan
una fracción del capital y determinan los límites de la
responsabilidad social, como establecía el artículo 102Q
de la Ley General de Sociedades en su Texto Único
Co~cordado por el Decreto Supremo NQ 003-85-:JUS,
aplicable al caso de autos, y deben constar en títulos
con los requisi tos que señala el artículo 114Qde la mis-
ma ley. El artículo 107Q
del mismo texto legal, estable-
cía que la sociedad reputará propietario de acción
nominativa a quien aparezca como tal en el libro de
280
registro de acciones, lo que significa que el titular pue-
de transferir su título, conforme a los artículos 115º y
113Qde la misma ley, correspondiendo la anotación
en el libro de registro de acciones.
En la instancia se ha establecido que las acciones se
emitieron nominalmente a nombre de don Julio
Rabanal Nuñez (Séptimo considerando de la apelada
que la de vista hace suyo), por lo que de acuerdo a las
disposiciones de la Ley General de Sociedades antes
citadas, la representación en lajunta general de accio-
nistas le correspondía a dicho demandado, no siendo
necesaria la presencia ni la participación de la cónyu-
ge demandante, y su ausencia no produce la nulidad
de los acuerdos adoptados en dicha junta.
Hay por tanto in aplicación del artículo 107
Q
de la Ley
General de Sociedades, y la denuncia en ese sentido
es fundada, e interpretación errónea del artículo 315
Q
del Código Civil, pues se le da un alcance que no tiene
al requerir la intervención del cónyuge para los actos
relativos al ejercicio de los derechos y obligaciones que
confiere la titularidad de una acción de una sociedad
anónima; y si con ello se vulneran derechos patrimo-
niales del cónyuge del titular de la acción, estos deben
hacerse valer en la relación interna de estos, pero en
ningún modo afectando las actividades mercantiles,
que se rigen por las reglas antes señaladas, por lo que
las sentencias de mérito han confundido la persona
jurídica con la de sus accionistas, inaplicando el artí-
culo 76Qdel Código Civil, siendo que dicha denuncia
también es fundada. Hay que hacer notar que en éste
caso, no se ha producido acto de disposición alguno
de las acciones emitidas a nombre del demandado Ju-
lio Rabanal uñez, las que por el contrario se han
281

incrementado en su número, Décimo: Que, el acuer-
do de la aceptación del acreedor (también accionista)
Julio Rabanal Iúfiez de la conversión de deuda en
capital social, no es un acto de disposición, sino de
adquisición, pues ha adquirido más acciones de parti-
cipación en el capital social; la modificación del Esta-
tuto Social es un acto jurídico que sólo compete a los
accionistas, previa reunión en junta con el quórum y
las formalidades establecidas en la ley y en el propio
estatuto social: la transferencia de acciones de una
accionista no es de incumbencia de quien no tiene la
calidad de accionista de la misma empresa, y menos el
aporte de capital efectuado por tercera persona y que
los accionistas han aceptado».
Con el objeto de solucionar los problemas que origina la acti-
vidad empresarial de uno de los cónyuges, consideramos que se
debe retomar el debate del Anteproyecto de la Ley Marco del
Empresariado y que será analizada posteriormente y la propuesta
del «fondo empresarial» (véase acápite 3.4 del siguiente capítulo).
La compensación por tiempo de servicios
Mucho más particular en nuestra legislación nacional, en
todo caso, resulta el supuesto establecido por el Art. 39º del D.S.
º 00l-97-TR (Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensa-
ción por Tiempo de Servicios) del 1 de marzo de 1997, que
establece una presunción iuris tantum que el trabajador casado
bajo el régimen de sociedad de gananciales, cuenta con el asen-
timiento de su consorte para disponer del retiro parcial o total
de su depósito por compensación por tiempo de servicios. Por
tratarse de una presunción que admite prueba en contrario,
señala que el cónyuge que acredite tal calidad podrá desvirtuar
esta presunción manifestándolo por escrito al empleador y al
282
t
depositario: En este caso, el depositario sólo a~rr:itirá que el
baiador retire parcial o totalmente de su depósito por corn-
~ ~ .. d
pensación por tiempo de servicios con el asentirmento e su
consorte.
TUO de la Ley de Compensación por tiempo de servicios
«Artículo 39º.- En todos los casos en que proceda la
afectación en garantía; el retiro parcial, o total del
depósito en caso de cese, incluye los intereses corres-
pondientes.
La compensación por tiempo de servicios tiene la cali-
dad de bien común sólo a partir del matrimonio civil,
o de haber transcurrido dos años continuos de la unión
de hecho y mantendrá dicha calidad hasta la fecha de
la escritura pública en que se pacte el régimen de sepa-
ración de patrimonios o de la resolución judicial con-
sentida o ejecutoriada que ponga fin a dicho régimen.
En los casos a que se refiere el primer párrafo del pre-
sente artículo se presume, salvo prueba en contrario,
que el trabajador cuenta con el consentimiento co-
rrespondiente para realizar tales actos. Para desvirtuar
esta presunción basta que el cónyuge o convivient~
que acredite su calidad de tal, lo manifieste por escn-
to al empleador y al depositario».
* * *
Corno se puede apreciar, existen varias normas le?"ales en
nuestro ordenamiento jurídico que en nombre del tráfico co-
mercial han ido atenuando la severidad de la regla de la actua-
, .. "
ción conjunta de ambos cónyuges en los actos de disposlClOn
283

del patrimonio social; sin embargo, consideramos que debe
modificarse teniendo a la vista la legislación comparada, como
la española, que con mayor certeza ha logrado sintetizar las ex-
cepciones a dicha regla. Albaladejov?" considera cinco hipóte-
sis en las que se releva la necesidad de actuación de los dos
esposos en el sistema jurídico español:
«1Q hipótesis. Cada cónyuge, como administrador que
es de su propio patrimonio privativo, puede, al solo
efecto de dicha administración, disponer por sí
solo de los frutos y productos de sus bienes, frutos
y productos que son gananciales, pero que puesto
que con los gananciales (con los constituidos por
esos frutos y productos, y con los procedentes de
otras fuentes) se ha de hacer frente a la adminis-
tración ordinaria de los bienes privativos (Art.
1362Q
, 3), pueden utilizarse a tal fin por el cónyu-
ge que sea, los rendimientos de sus bienes pro-
pios, y entonces no es precisa para ello la inter-
vención del otro cónyuge (Art. 1381Q).
[...]
2
Q
Hipótesis. Cada cónyuge podrá, sin el consenti-
miento del otro, pero siempre con su conocimien-
to, tomar como anticipo el numerario ganancial
que le sea necesario, de acuerdo con los usos y
circunstancias de la familia, para el ejercicio de su
profesión o la administración ordinaria de sus bie-
nes (Art. 1382Q
).
[...]
(17%) ALBALADEjO, Curso de Derecho Civil, cit., T. IV, pp. 179-182.
284
3Q
Hipótesis. Cada cónyuge puede por sí solo reali-
zar válidamente actos de administración de bie-
nes y de disposición de dinero o títulos valores que
-los bienes, el dinero o los títulos- figuren a su
nombre o estén en su poder (Art. 1384Q
).
4Q
Hipótesis. Cada cónyuge puede por sí solo ejerci-
tar (lo que creo aquí significa llevar a efecto cual-
quier acto relativo al derecho que sea, lo mismo
de uso, que de conservación, que de disposición,
ete. ) los derechos de crédito de la clase que sean
('cualquiera que sea su naturaleza' dice la ley) que
figuren a su nombre (Art. 1385Q
, 1).
5Q
Hipótesis. Por último, cada cónyuge puede por sí
solo disponer de los bienes gananciales para aten-
ciones, inclusive extraordinarias, con tal de que
sean necesarias y urgentes, siempre que se trate
de aquellas que están a cargo de la sociedad con-
yugal (Art. 1386Q
)>> (La cita denormas corresponde al
CC español).
El Art. 316Q
, ine. 4 del CC recoge en parte la segunda de
las hipótesis antes mencionadas, al establecer que son de car-
go de la sociedad, las mejoras necesarias y las reparaciones de
mera conservación o mantenimiento hechas en los predios
propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten.
La tercera hipótesis se refiere, con fórmula más concreta, al
supuesto considerado en la Sexta Disposición Complementa-
ria y Final de la Ley de Títulos Valores, salvo la mención ~l
«dinero que se encuentre en poder del cónyuge», que consi-
deramos debe ser incluida por la misma razón en una futura
reforma. La cuarta hipótesis es admitida en nuestro ordena-
miento jurídico, en la medida que no se requiere el asenti-
miento conjunto de ambos cónyuges para el ejercicio del de-
285

recho de crédito. La quinta hipótesis es un supue to de ges-
tión ordinaria, como lo indicáramos anteriormente (véase
acápite 5 del Capítulo 1), por tratarse de necesidades urgen-
tes. En cambio, la primera hipótesis contiene un supuesto más
discutible en nuestro ordenamiento jurídico por la dificultad
de su probanza y por la facilidad con que uno de los cónyuges
puede producir un desmedro en el patrimonio social. Así Be-
llo Janeiro señala que esta regla:
«Contradice y se compadece mal con el resto de pre-
ceptos que se dedican a la disciplinar las relaciones
externas de los cónyuges y supondría una regla de ver-
dadera inseguridad para el tráfico jurídico y de muy
difícil aplicación en la práctica, por lo cual sólo resul-
ta coherente con la orientación general de la reforma
entender que tal limitación únicamente puede ope-
rar en el orden interno-v?".
3.5. La prescripción adquisitiva y extintiva
El decurso del tiempo también puede favorecer al terce-
ro adquirente. Una vez transcurrido el plazo y reunidas las
condiciones establecidas por la ley, puede invocar a su favor la
adquisición de la propiedad del bien que fue materia de con-
trato con el cónyuge interviniente, mediante usucapión (o
prescripción adquisitiva) o puede deducir a su favor la extin-
ción del derecho de acción en el proceso seguido a instancia
del cónyuge no interviniente, mediante prescripción extintiva
de la acción.
(173) BELLO]A:-;EIRO,Domingo, La defensa frente a tercero de los intereses del
cónyuge en la sociedad de gananciales, Bo ch, Barcelona, 1993, pp. 276-277.
286
CAPíTULO 2: LA DISPOSICiÓN ARBITRARIA DEL PATRIMO 10 SOCIAL
Usucapión
El fundamento de la usucapión descansa en la seguridad
del derecho, de tal manera que sin ella nadie estaría libre de
pretensiones sin asidero o extinguidas de antiguo, lo que exige
que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas de muy leja-
na data.
Al respecto, los Arts. 950º Y951º del CC señalan distintos
requisitos para la declaración de la usucapión, dependiendo si
se trata de bienes inmuebles o muebles y si el usucapiente actúa
con justo título y buena fe. De acuerdo con estas reglas, la pro-
piedad inmueble se adquiere por prescripción larga mediante
la posesión continua, pacífica y pública como propietario du-
rante 10 años, y por prescripción corta a los 5 años, si conjunta-
mente con los anteriores requisitos median justo título y buena
fe. Mientras que la propiedad mueble se adquiere mediante
prescripción corta si la posesión es continua, pacífica y pública
como propietario durante 2 años si hay buena fe, y por pres-
cripción larga a los 4 años si no la hay.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia,
en la CAS. Nº 887-99-SANTA(174),ha definido los caracteres que
debe reunir la posesión del usucapiente. Así, por posesión con-
tinua debe entenderse a aquella que se ejerce de manera per-
manente, sin que exista interrupción natural o jurídica; el pri-
mer caso se presenta cuando el poseedor pierde la posesión o
es privado de ella mediante actos perturbatorios o desposesorios
del uso del bien; y el segundo caso, cuando se interpela judicial-
mente al poseedor. Precisamente con relación a este último as-
pecto, la posesión debe ser pacífica, pues no debe mantenerse
(174) CAS. J2 887-99-SANTA del 29 de setiembre de 1999, en CCJC, T.
III, pp. 687-688.
287

mediante violencia, fuerza o intimidación. Asimismo, la pose-
sión debe ser pública, es decir, materializarse en actos que sean
de conocimiento público, que exterioricen actos económicos
sobre el bien y debe ejercerse como propietario, esto es con
animus domini, sin reconocer la propiedad del bien en otra per-
sona o poseedor mediato, sin que esto signifique que el posee-
dor tenga un título para poseer, pues este último requisito sola-
mente es necesario en la prescripción corta.
Abundando en los requisitos antes indicados, la Corte Su-
prema deJusticia ha señalado como criterio uniforme respecto
del concepto de «posesión pacífica», que esta solamente se cum-
ple, si antes de solicitar la declaración de propiedad por pres-
cripción adquisitiva, el tercero poseedor no ha sido demanda-
do con el objeto que desocupe o restituya el bien o ha iniciado
una acción que finalmente resultó infructuosa''?",
En ese sentido, el tercero, aun cuando haya actuado de
buena fe y a título oneroso, no podrá solicitar que se le declare
la propiedad del bien que le fue enajenado por el cónyuge
interviniente, si con anterioridad al inicio de su acción, el cón-
yuge no interviniente inició contra él una acción de nulidad de
actojurídico o de reivindicación del bien.
Respecto al requisito del ejercicio de la posesión «como
propietario», se entiende que el tercero no puede solicitar la
(175) CAS. Jº 431-96-ICA del 14 de octubre de 1997, CAS. Nº 1676-96-
LIMA del 30 de abril de 1998, CAS. Nº 770-97-HUAURA del 9 de diciembre
de 1998, CAS. º 1686-98 del 10 de marzo de 1999, CAS. Jº 2206-98-
CHINCHA del 17 de marzo de 1999 y CAS. Nº 2092-99-LAl1BAYEQUE del
13 de enero de 2000, en CCJC, Tomo 11,pp. 629-630, 633-638 Y 645-649 Y
Tomo 11I,pp. 717-719; CAS. º 647-99-DEL SANTA del 12 dejulio de 2001,
publicada en la SCEP del 2 de enero de 2002, pp. 8200-8201; CAS. Nº 1298-
2001-UCAYALI del 04 de diciembre de 2001, publicada en la SCEP del 2 de
mayo de 2002, p. 8657 Y CAS. Nº 1583-2000-CAJAMARCA del 15 de marzo
de 2002, publicada en la SCEP del 31 de octubre de 2002, p. 9473.
288
declaración de propiedad por prescripción adquisitiva cua~do
tiene la condición de poseedor mediato o poseedor precano o
simple tenedor de un bien social. Criterio que ha sido acogido
d J
., (176)
igualmente por la Corte Suprema e usticia .
Con relación a la aplicación de la prescripción adquisitiva
corta o larga respecto de bienes inmuebles, tie~e m~cha impo~-
tancia determinar si el acto de disposición arbitrario del patn-
monio social es nulo o anulable, ya que en el primer caso, no
podrá invocarse justo título y ?or lo ~anto, la únic~ p~~ibilidad
de adquirir la propiedad del bien sera por la prescnpClon la:g~.
En cambio sise considera que el acto es anulable, puede eXIStIr
justo título: salvoque antes que se solici~ela d~c~aración~e'pres-
. . 'n adquisitiva el cónyuge no intervimente solicite la
cnpclO, ., (177) E
anulabilidad del acto realizado sin su consentImIento . s~e
es un argumento adicional para considerar que e~acto de dIS-
posición arbitrario funcionalment~ ~ebe .s~rconsiderado anu-
lable en nuestro ordenamiento jundlCo civil.
En caso se trate de regularización de edificaciones, la pres-
cripción adquisitiva también podrá s~r declarada en la ví: nota-
rial como asunto no contencioso senalado por el Art. 21- de la
L 'Nº 27157 del 20 dejulio de 1999, ampliada por el Art. 5º de
. ey 360 38° 39º
la Ley Nº 27333 del 30 de julio de 2000 y los Arts. -, - y
del TUO de su Reglamento (D.S. º 35-2006-VIVIENDAdel 6
de febrero de 2006).
(176) Véase CAS. Nº 551-96-CO O ORTE del 27 de agosto de 1997,
CAS. Nº 1288-97-PIURA del 1 dejulio de 1998 y CAS. Nº 1012-98-CALLAO
del 24 de mayo de 1999, en CCJC, Tomo II, pp. 463-465 Y 639-642.
(177) Comparten esta opinión: DíEZ-PlCAZO/GCLLóN,Si~tema d: D~ec.ho
.. / 't 'Tal 111pp 149_150yARIAS-SCHREIBERPEZET,MaxyCARDE~ASQCIROS,
CZVZ<,Cl., v'. , . ,. . 1998
Carlos, Exégesis del Código Civil peruano de 1984, Gaceta jurídica, LIma, '
Tomo V, [Derechos reales], pp. 17-18.
289

El requisito de la buena fe consiste en la creencia de que la
persona de quien recibió la cosa era dueño y podía transmitir
su dominio -situación que en la legislación comparada ha sido
consagrada por el Art. 1950º del CC espanol=, lo cual implica
que desconocía que la persona con la cual contrataba tenía el
estado civil de casado, supuesto en el cual se presumiría que el
bien era social.
Prescripción extintiva
La prescripción extintiva comparte el mismo fundamento
que la prescripción adquisitiva, en el sentido que conviene al
interés social liquidar situaciones pendientes yfavorecer su con-
solidación, sustentándose, por tanto, en el principio de seguri-
dad jurídica; no obstante, la diferencia entre una y otra radica
que en la primera se requiere como factor determinante la po-
sesión del usucapiente (hecho positivo), se refiere únicamente
a los derechos reales que pueden ser materia de posesión y se
hace valer mediante proceso abreviado (Art. 486º ine. 2 CPC);
mientras que en la segunda, se requiere la inacción del titular
del derecho que está en la posibilidad de accionar (hecho ne-
gativo), se aplica en general a todos los derechos patrimoniales
y se hace valer como excepción a favor del tercero demandado
frente a la acción del cónyuge no interviniente (Art. 446º ine.
12 CPC).
El inicio del decurso prescriptorio tiene lugar desde que la
acción puede ejercitarse, esto es desde que la pretensión del
titular del derecho subjetivo es exigible. Así lo establece el Art.
1993º del CC que mantiene el principio romano de la actio nata,
es decir la que se puede ejercitar y, que no obstante, no se ha
ejercitado. A efectos del presente trabajo, el plazo prescriptorio
empezará a correr desde el momento de la celebración del acto
de disposición arbitrario del patrimonio social.
290
En cuanto a los plazos de prescripción, éstos son estableci-
dos por la ley (Art. 2000º CC). Al respecto, debe rele~arse la
importancia que tiene tomar partido p.or la nul~dad .0
anulabilidad del acto de disposición arbitrano del patnmonIo
social. Para la primera opción, el Art. 2001º, ine. 1 del CC seña-
la el plazo prescriptorio más largo, de 10 años. ~,1i~ntras que
para la segunda opción, el mismo artículo e~ su InClSO4, esta-
blece el plazo prescriptorio más corto, de 2 anos.
En todo caso, siguiendo el criterio establecido por la Corte
Suprema de Justicia, por el cual el acto de. ~isposició~ ~r?itrario
del patrimonio social es nulo, se ha admitido la posibilidad de
invocarse el plazo de prescripción para desvirtuar la acción diri-
gida contra dicho acto. Así lo estableció la Sala Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia, en la CAS. Nº 345-97-
HUAURA(178),emitida en el proceso seguido por Rafael Copara
contra Teresa Mendoza viuda de Aponte, sobre desalojo. El de-
mandante pretendió el desalojo por ocupación precaria. La
demandada señaló que poseía un justo título, ya que el deman-
dante (cónyuge interviniente) suscribió con su difunto esposo
(tercero) un contrato de compraventa del bien inmueble que
se pretendía desalojar. Sin embargo, el demandante s~ñaló que
dicho acto es nulo, tal como fue declarado uno antenor por el
Tribunal Agrario, por no haber participado su consorte (c~nyu-
ge no interviniente). La Sala razona según el argumento «a Igual
razón, igual derecho», estimando que si un acto padece de ~n
vicio igual al de otro acto de similar naturaleza por cuya raza n
éste fue declarado judicialmente nulo, aquél también resulta
nulo; sin embargo, señala que esta nulidad debe declararse, para
evitar que prescriba. Los argumentos en que se sustenta el fallo
son los siguientes:
(178) CAS. NQ345-97-HUAURA del 23 de abril de 1998, publicada en la
SCEP del 19 de octubre de 1998, p. 1990.
291

«De autos fluye como hechos no controvertibles que
pese a que el coactor don Rafael Copara Sánchez [cón-
yuge interviniente] suscribiera un contrato de com-
praventa a favor del que en vida fuera cónyuge de la
demandada, don Rufino Aponte Rivera [tercero], el
21 de octubre de 1982, respecto de la totalidad del
inmueble sub litis, al año siguiente este mismo señor
Rafael Copara nuevamente transfiere la totalidad del
bien, vía contrato de cesión de fecha 28 de abril de
1983, a don Rufino Aponte Rivera, Oportunidades en
lascualesno había participado doña Maximina Barreta
Pachas en su calidad de cónyuge del vendedor, lo cual
la motivó a interponer una demanda de nulidad pero
sólo del contrato de compraventa, lo que fue ampara-
do por el Tribunal Agrario mediante sentencia del 4
dejunio de 1985,de forma tal que se tiene un primer
contrato que ha merecido la declaración judicial de
nulidad y un segundo contrato que pese a adolecer
del mismo vicio que el anterior no ha sido objeto de
demanda menos de declaración de dominio.
Siun contrato, padece de un vicioigual al de otro con-
trato de similar naturaleza por cuya razón éste fue
declarado judicialmente nulo, aquél también resulta
nulo; pero para que sea considerado como tal, esto es,
tenga efectos erga omnes, debe recaer también declara-
ción judicial expresa de nulidad, ya que si transcurri-
dos 10 años, dicha pretensión aún no es incoada, un
c?,ntrato nulo deviene en convalidado, por prescrip-
Clan, tal como se infiere del Art. 2001º, inciso 1 CC,
concordado con el Art. 2122º del mismo Código para
l~s h~c,hosocurridos a la vigencia del CC derogado;
situación que es la que se ha producido en el presente
caso, ya que si bien el contrato de cesión, al adolecer
292
del mismo defecto, resultaba asimismo nulo por con-
travenir lo expresamente estipulado en el Art. 188º
del código derogado, aplicable por la temporalidad
de la norma, sólo bastaba la declaraciónjudicial en ese
sentido; sin embargo, la co-actora no se preocupó por
demandar la nulidad, ocasionando con suproceder que
a la fecha en que se interpone la demanda de desalojo
que nos ocupa, el 20 de diciembre de 1995, el contra-
to de cesión resulta válido para todos sus efectos».
Interrupción y suspensión
El plazo de prescripción puede sufrir vicisitudes, que bási-
camente son dos: la interrupción y la suspensión, cuyossupues-
tos están taxativamente establecidos por la ley. La interrupción
del decurso prescriptorio consiste en la aparición de una causa
que produce el efecto de inutilizar, para el cómputo del plazo
de prescripción, el tiempo transcurrido hasta entonces. Com~
la prescripción opera como consecuencia de la inacción del ti-
tular del derecho si el cónyuge no interviniente ejercita la ac-
ción correspondiente, o si el sujeto de la contraparte de la rela-
ciónjurídica (el tercero) da cumplimiento a su obligación, que-
da sin efecto el decurso prescriptorio y sólo podrá reiniciarse a
partir de la desaparición de la causa que produjo la interrup-
ción y sin que pueda computarse el tiempo anteriormente trans-
currido. Las causales de interrupción del plazo prescriptorio se
encuentran señalados en el Art. 1996º del CC.
En cambio, la suspensión del plazo prescriptorio se co?~-
gura por el detenimiento del decurso prescriptorio una ve~ l~l-
ciado, esto es, la paralización del tiempo hábil para prescribir;
pero con efectos proyectados al futuro, porque conserva la efi-
cacia del tiempo transcurrido que podrá ser computado, una
vezdesaparecida la causa de la suspensión en adición al tiempo
293

posteriormente trans~ur~~do hasta completarse el plazo para que
se produzca.la ~=escnpc~on. Las causal es de suspensión del pla-
zo de prescnpClon han sido señaladas por el Art. 1994º del CC
obedecen a la incapacidad de las personas o a las relacione~
que medien entre ellas, es decir, al tiempo durante el cual el
titular no puede demandar o, al menos, no puede exigírsele
que promueva su acción.
Entre estas causales destaca la establecida en el inciso 2 del
~~t. 1994º del CC, por la cual ~eseñala que el plazo de prescrip-
ClO?se suspende «entre los conyuges, durante la vigencia de la
sociedad de gananciales».
La pregunta que surge a partir de la redacción del artículo
antes mencionado es si el cónyuge no interviniente puede ha-
cer valer la suspensión del plazo de prescripción frente al terce-
ro que contrató con su consorte. Imaginemos el siguiente caso:
ellO de febrero de 1990José vende un inmueble social a Anto-
nio. La esposa de aquél, María, demanda la nulidad del acto
por haberse realizado sin su consentimiento. El 11 de febrero
de 2000 se realiza el emplazamiento judicial a Antonio, al haber
t~ansc~~~do m~ d~ 10 años desde que se celebró el acto de
disposición arbI.t:ano del patrimonio social, por lo que éste de-
du_ce la excepcion de prescripción extintiva. En la audiencia
s:?alada para el caso, María indica que aquí opera la suspen-
sion del plazo prescriptorio, porque el acto se realizó cuando se
encontraba vigente la sociedad de gananciales.
Si . d .~ . gUlen o el razonamiento de María, el tercero nunca po-
dn~ mv?car la prescripción si celebró un acto de disposición
arbitrario, que supone la vigencia de la sociedad de ganancia-
les. Por ello, es necesario precisar que la causal de suspensión
del ~lazo prescriptorio sólo opera cuando se trata de relaciones
patnmomales estrictamente entre los cónyuges, mas no de és-
tos .con terceros. En efecto, como todo régimen patrimonial, la
sociedad de gananciales regula un doble juego de relaciones:
294
entre los cónyuges y entre éstos con los terceros. De acuerdo
con una interpretación literal del Art. 1994, inc. 2 del CC, éste
sólo se refiere únicamente a la primera de las relaciones antes
indicadas, suponiendo que durante la vigencia de la sociedad
de gananciales, los cónyuges no deben discutir asuntos que pue-
dan dañar la comunidad de vida que supone dicho régimen
patrimonial, compelidos por el decurso del plazo prescriptorio.
En adición a lo antes señalado, Vidal(179),autor de la pro-
puesta en nuestro CC, expresa lo siguiente:
«La causal se explica, pues, en que en el régimen de
sociedad de gananciales pueden haber bienes propios
de cada cónyuge y bienes de la sociedad conyugal (Art.
301º) y que el mismo CC permite la contratación en-
tre cónyuges, con la salvedad de que no pueden ha-
cerlo respecto de los bienes de la sociedad conyugal
(Art. 312º), que son a los que se refiere el Art. 31Oº,
por lo que pueden contratar entre sí sólo los bienes
que tienen la calidad de propios, conforme a la enu-
meración del Art. 302º.
Lo que la causal plantea, entonces, es que si existe una
relación jurídica de naturaleza patrimonial el decurso
prescriptorio se suspende si las personas que son par-
te se convierten en cónyuges adoptando el régimen
de la sociedad de gananciales, o, que siendo parte de
(179) VIDAL ~1ÍREZ, Fernando, Prescripción extintiva y caducidad, 3ª ed.,
Gaceta Jurídica, Lima, 1999, pp. 109-110. La suspensión del plazo
prescriptorio establecida por el Art. 19942, inciso 2 del CC sólo resulta
aplicable a las acciones in rem, mas no a las acciones personales (por ejem-
plo, el divorcio) derivadas del matrimonio, vide CAS. N2 145-2001-
HUÁNUCO del 17 de octubre de 2001, publicada en la SCEP del 31 de
mayo de 2002, p. 8832.
295

una relación jurídica patrimonial por haber adoptado
el régimen de separación de patrimonios lo sustitu-
yan por el de sociedad de gananciales.
Aun cuando, como acabamos de ver, en el régimen de
la sociedad de gananciales puede haber bienes pro-
pios de cada cónyuge, la vigencia de este régimen de-
termina una comunidad de bienes, lo que justifica la
causal de suspensión del decurso prescriptorio».
En razón de estosfundamentos, opinamos que el cónyugeno
interviniente no puede invocar a su favor la suspensión del plazo
prescriptorio contra el tercero que contrató con su consorte. En
cambio, sí puede ser invocado frente a su consorte (cónyuge
interviniente), en la liquidación de la sociedad de gananciales o
antes mediante lafigura del reembolso (véaseelsiguiente acápite).
4. MECANISMOS COMPENSATORIOS
4.1. La teoría del reembolso
¿Cómo se indemniza al cónyuge no interviniente en aque-
llos supuestos en los cuales el tercero mantiene la propiedad
del bien transferido por su consorte sin su asentimiento?
Nuestro CC no resuelve la interrogante planteada, siendo
éste uno de sus grandes vacíos.
Revisión de la legislación comparada
Siguiendo la doctrina elaborada por Pothier, que inspiró
al Código de Napoleón, en el curso del matrimonio y sea cual
sea el régimen decomunidad, normalmente se producen fre-
cuentes cambios de valor entre los patrimonios privativos de
cada cónyuge con el patrimonio social de ambos, por lo que es
296
rio restablecer el equilibrio entre dichos patrimonios al
necesa 1 li id ión de la sociedad de gananciales. De esta
f ctuarse a IqUl acio .
e e d no de los cónyuges tiene el derecho a ser indern-
anera, ca a u . . 1 . .
rr: do de losvalores con que hubiere ennqueCldo a. p~tnmom~
DIZ~1 ' mo cada cónyuge tiene el deber de restituir al patn-
soCIa, aSIco del mi El f d. . 1 . e ha enriquecido a costa e mIsmo. un a-
oDIOSOCIaSIs . . ., .'
m d t regla es el principio de prohIblCIOnde ennqueCl-
mento e es a 1 d
. . causa aplicado a la economía conyugal yha 1eva o en
mIento sin ( d 1
. cormular la teoría del reembolso o e as recom-
la doctnna a l' ,. . '1
) ha sido regulada en otros COdIgOSClVIes, como po-
pensas , que . 1 ., d
. de una revisión de la legis acion compara a.
demos apreCIar
Así, el Art. 1437º del CC francés establece que cuantas ve-
ces uno de los esposos haya obtenido un provecho personal de
los bienes de la comunidad, debe a ésta recompensa.
Código Civil francés
«Artículo 1437º.-
Siempre que se detraiga de la comunidad una canti-
dad, bien para pagar las deudas o las cargas ~ersona-
les de uno de los cónyuges, tales como el precIO.? par-
te del precio de un bien privativo o la devoluc~?n de
créditos hipotecarios, bien para la recuperaClon, la
conservación o la mejora de sus bienes personales,. y,
di' nyuges obtuvie-en general, siempre que uno e os co .
ra un beneficio personal de los bienes de la comum-
dad, le deberá por ello un reembolso».
Los Mazeud'P" nos relatan el origen de esta norma:
, . d D h -oil; Ediciones
(180) MAZECD Jean Henry y León. Lecciones e erec o el .
J
ídi E 'Ame'n:ca Buenos Aires, 1965, 4! parte, Vol. 1 [La orgamza-
un icas uropa- ,
ción del patrimonio familiar], p. 533.
297

«En el antiquísimo Derecho consuetudinario [francés]
no existía el sistema de las recompensas: los esposos
no efectuaban sino la recuperación de sus bienes pro-
pios que subsistieran en especie. Esta situación era
chocante: el precio de los bienes propios enajenados
sin reinversión era adquirido por la comunidad y re-
partido entre los esposos; de ahí el interés del marido
en vender los bienes propios de la mujer: 'El marido
debe levantarse tres veces para vender el bien de su
mujer' (Loysel, Inst. cout., Nº 100); [bien valía la pena!
Los esposos se aprovechaban de esa situación para
hacerse indirectamente donaciones, con desprecio de
la prohibición de las donaciones entre cónyuges.
Por eso intervinieron los prácticos. En primer térmi-
no, hicieron que se insertara en las capitulaciones
matrimoniales una cláusula según la cual, si no se efec-
tuaba la reinversión, se debería recompensa. Esta cláu-
sula de recompensa se hizo de estilo y fue sobreenten-
dida por la jurisprudencia. La costumbre reformada
de París consagró el principio de las recompensas. En
lo sucesivo, las recompensas, que hasta entonces no se
referían sino al precio de los bienes propios enajena-
dos sin reinversión, se fueron generalizando; y la teo-
ría basada sobre la equidad al propio tiempo que so-
bre la prohibición de las donaciones entre cónyuges.
Pothier indica que se debe recompensa en todas las
hipótesis en que la masa común se haya enriquecido a
costa de los esposos, y recíprocamente.
Los redactores del Código Civil no quisieron romper con
el antiguo derecho, aun cuando no recordaran el principio
general sino con motivo de las recompensas debidas a la
comunidad (Art. 1437º). Por eso, lajurisprudencia le ha
dado la mayor amplitud a la teoría de las recompensas».
298
El modelo establecido por el CC francés fue recogido por
el Art. 1539º del CC alemán, el Art. 192'2 del CC italiano y los
Arts. 1390º Y1391'2del CC español.
Código Civil alemán
«Artículo 1539º.-
Siempre que el patrimonio aportado de un cónyuge
esté enriquecido a costa del patrimonio común, o el
patrimonio común a costa del patrimonio aportado
de un cónyuge, al tiempo de la terminación de la co-
munidad de ganancias, debe prestarse indemnización
a costa del patrimonio enriquecido al otro patrimo-
nio. Quedan intactas más amplias pretensiones que
descansen en motivos especiales».
Código Civil italiano
«Artículo 192º.- Reembolsos y restituciones
Cualquiera de los cónyuges está obligado a reembol-
sar a la comunidad las sumas retiradas del patrimonio
común para fines diversos del cumplimiento de las
obligaciones previstas por el Art. 186º.
Asimismo está obligado a reembolsar el valor de los
bienes referidos por el Art. 189º, a menos que, tratán-
dose de actos de extraordinaria administración por él
cumplido, demuestre que el acto mismo haya sido ven-
tajoso para la comunidad o haya satisfecho una nece-
sidad de la familia.
[ ...] ».
«Artículo 1390º.- Si como consecuencia de un acto de
administración o de disposición llevado a cabo por uno
299

solo de los cónyuges hubiere éste obtenido un benefi-
cio o lucro exclusivo para él u ocasionado dolosamente
un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su
importe, aunque el otro cónyuge no impugne cuando
proceda la eficacia del acto».
«Artículo 1391º.- Cuando el cónyuge hubiere realiza-
do un acto en fraude de los derechos de su consorte
será, en todo caso, de aplicación lo dispuesto en el
artículo anterior, y además, si el adquirente hubiere
procedido de mala fe, el acto será rescindible».
Comentando este último ordenamiento jurídico, DÍEZ
PICAZO(181)señala que las recompensas operan frente a actos de
administración o de disposición anómalos e irregulares:
«El supuesto de hecho de la norma [Art. 1390º] es
doble: la realización de un acto de administración o
de disposición por uno de los cónyuges y la produc-
ción como consecuencia de un lucro para él o un daño
para la sociedad si ha procedido dolosamente. Es una
regla de clara eficacia interna, o entre los esposos.
La realización del acto por uno solo de los cónyuges
abarca por su generalidad tanto a los casos en que el
Código Civil autoriza esa actuación, y que hemos exa-
minado en este capítulo, como aquellos otros en que
obre sin consentimiento del otro cónyuge cuando sea
necesario. Cierto que entonces cabe la acción para su
impugnación si es a título oneroso (de anulabilidad),
pero el Código Civil no le obliga a ello. No obstante,
no hay que olvidar que, no ejercitada la acción, el acto
queda purificado de los vicios que adoleciere.
(181) DíEZ PICAZO/GLLLÓ~, Sistema de Derecho civil, cit., Vol. III, pp. 207-208.
300
Del acto ha de seguirse o un lucro exclusivo para el
cónyuge que lo realiza o un daño para la sociedad oca-
sionado dolosamente; en ambos casos, es evidente que
el cónyuge no actúa de acuerdo a los intereses socia-
les. Para que exista actuación dolosa no es necesario
que tenga el actor una volun.~d de causar d~ño,. sino
voluntad para realizar la accion con la conciencia de
que puede ser dañosa. El daño lo mismo puede afec-
tar a un bien (p. ej. derribo de una casa), que a los
intereses del consorcio (v. gr., se simula un contrato
de arrendamiento).
[...]
Es muy dudoso el acierto del Art. 1391º, en cuanto
distingue una especial categoría de actos (los fraudu-
lentos) contrapuesta a los dolosos y abusivos del artí-
culo 1390º. Con anterioridad a la reforma de 1981, el
CC sancionaba sólo los actos en fraude a los derechos
de la mujer (Art. 1413º) Yentre ellos se incluían siem-
pre los doloso s y abusivos. Si el cónyuge obtiene un
lucro para él y no para el consorcio, ¿no obra en frau-
de de los derechos de su consorte? Ni siquiera se pue-
de argumentar para justificar la norma que en ella se
concede una acción rescisoria y no en el artículo 1390º,
pues en este último precepto también se legitima de
forma muy general al cónyuge perjudicado para la
impugnación del acto».
En la legislación latinoamericana, gracias a los aportes .de
Andrés Bello inspirados en el CC francés, destaca el CC chile-
no, que considera la existencia de recompens~s de los' cónyuges
a la sociedad conyugal, las mismas que proceden cuando uno
de ellos: i) hiciere do naciones de bienes que conforman el pa-
trimonio social, salvo que se trate de bienes de poca monta,
301

para un objeto de piedad o beneficencia y sin causar un menos-
cabo al patrimonio social o a favor de un descendiente común
(~:tículos 17422
y. 1747Q
); ii). realice expensas para la adquisi-
cien y cobro de bienes propIOs, en general los precios, los sal-
dos, costas judiciales y expensas de otra clase que se hicieren en
la adquisición o cobr~ de los bie~es, derechos o créditos que
pertenezcan a cualquiera de los conyuges se presumirán dero-
gados por la sociedad (Art. 1745Q
); iii) efectúe expensas de toda
clase que se hayan realizado en los bienes de cualquiera de los
c?nyuges (Art. 1746Q
); Y iv) cause perjuicios al patrimonio so-
cial con dolo o culpa grave (Art. 1748Q
). Estas normas fueron
reco~i¿'as por los Arts. 1798Q
y 1801 Q del CC colombiano, que
también fue elaborado por Andrés Bello.
Código Civil chileno
«Artículo 1742º.- El marido o la mujer deberá a la so-
ci.e~ad recompensa por el valor de toda donación que
hiciere de cualquiera parte del haber social; a menos
que sea de poca monta, atendidas las fuerzas del ha-
b:r social, o que se haga para un objeto de eminente
piedad o beneficencia, y sin causar un grave menosca-
bo a dicho haber».
«Artículo 1745º.- En general, los precios, saldos, cos-
tas judiciales y expensas de toda clase que se hicieren
en la adquisición o cobro de los bienes derechos o
créditos que p.e~tenezcan a cualquiera de los cónyu-
ges, se presumiran erogados por la sociedad, a menos
de prueba contraria, y se le deberán abonar. Por con-
. siguien~e: El cónyuge que adquiere bienes a título de
herencia debe recompensa a la sociedad por todas las
deudas y cargas hereditarias o testamentarias que él
cubra, y por todos los costos de la adquisición; salvo
en cuanto pruebe haberlos cubierto con los mismos
bienes hereditarios o con lo suyo».
302
«Artículo 1747º.- En general, se debe recompensa a la
sociedad por toda erogación gratuita y cuantiosa a fa-
vor de un tercero que no sea descendiente común».
«Artículo 1748Q
.- Cada cónyuge deberá asimismo recom-
pensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiere
causado con dolo o culpa grave, y por el pago que ella
hiciere de las multas y reparaciones pecuniarias a que
fuere condenado por algún delito o cuasi delito».
Ausencias en nuestro ordenamiento jurídico
En nuestro ordenamiento jurídico, sólo se ha considerado
la teoría del reembolso (o de las recompensas) en dos supues-
tos concretos: i) en la deducción de las primas pagadas con bie-
nes de la sociedad cuando se hace cobro de la indemnización
por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de
enfermedades (Art. 302Q
inc. 4 CC) y ii) el abono del valor del
suelo a favor del cónyuge propietario, cuando se haya construi-
do sobre él una edificación a costa del caudal social (Art. 310,
2do. párrafo CC). En el primer caso, nos encontramos ante un
supuesto de recompensa a favor del patrimonio social y en el
segundo caso, estamos ante un supuesto de recompensa a favor
del patrimonio privativo de uno de los cónyuges.
Por lo que los notables vacíos que acusa nuestro CC han sido
superados por otras legislaciones; mientras que la jurisprudencia
nacional lo ha asimilado como un simple supuesto de responsabili-
dad civil extracontractual. Así, en eltlmlJ, en el cual por acción
de los hijos del esposo (cónyuge interviniente) los bienes sociales
fueron dispuestos a favor de terceros tutelados por la fe pública
registral, la Corte Suprema de Justicia decidió a favor del cónyuge
no interviniente declarando la nulidad de los actos realizados, mas
no la restitución de los indicados bienes, y señaló a favor de dicho
cónyuge una indemnización por responsabilidad civil extracontrac-
tual, que debía ser cuantificada en ejecución de sentencia:
303

«La apreciación fáctica hecha en la sentencia de pri-
mera instancia, en el sentido de que don César Enri-
que Rojas León y doña María Catalina Rojas León co-
nocían del vínculo matrimonial de su señor padre con
la demandante, no ha sido modificada por la de vista,
lo que se debe tener en cuenta para el efecto de la
?~t~rminación de responsabilidades por daños y per-
JUICIOSconforme al Art. 1969Q
del CC».
. OS?tros discrepamos de este criterio jurisprudencial, si
bien es CIerto el reembolso implica una indemnización deriva-
da de un supuesto distinto de la responsabilidad contractual-
porque no puede admitirse que el matrimonio es un contrato- ,
tampoco podemos afirmar que se encuentra bajo el ámbito de
la responsabilidad aquiliana; en realidad, su origen es otra fuente
de las obligaciones: el enriquecimiento sin causa, como lo indi-
cáramos, aunque diferenciada de su género por repercutir den-
tro del ámbito familiar; por lo que generalmente se admite que
el ree~bolso .0 indemnización sea efectuado con el valor que
~en~a ?ICho bien a la liquidación de la sociedad de gananciales,
inclinándose por la teoría valorista.
En el debate parlamentario, existen antecedentes dentro de
los proyectos presentados a la Comisión de la Reforma del CC de
1984(182), en los que se ha propuesto las siguientes modificaciones:
«Ar~ículo 311-Aº.- Cuando conforme a este código
se disponga el reembolso, éste se efectuará median-
te el reintegro de su valor actualizado al tiempo de
la liquidación».
(182) CONGRESOCo .sn D . P.. _ x TL'YE1'TEEMOCRATlCO,«royectos presentados a la
Comisión de Reforma del Código Civil de 1984», cit., p. 8. También aparece
como pr~pue ta e.n COMISIÓ:-DEREFO~1ADECÓDIGOS,El Código Civil del siglo
XXI (Peru y Argentma), cit., T. 1, pp. 340-34l.
304
«Artículo 322Q
.- Realizado el inventario, se pagan las
obligaciones sociales y las cargas y después se reinte-
gra a cada cónyuge los bienes propios que quedaren,
haciendo los reembolsos que correspondan».
A nuestro parecer, esta propuesta de modificación resulta-
ría incompleta, ya que no se incluyen los supuestos en lo~ que:l
CC debería disponer el reembolso, tanto a favor del patnmomo
rnún de los cónyuges como del patrimonio privativo de uno
~~ ellos. Específicamente, respecto del presente tema, haría fal-
ta señalar claramente que cuando uno de los cónyuges adquie-
re con patrimonio privativo bienes que lu:?,o no pu~de.a~redi-
tar por subrogación y pasan. por absor~IOn del pnnCIpIO. de
ganancialidad o cuando ha dispuesto unilateralmente un bien
social a favor de un tercero y no existe forma de recuperarlo
por te~er éste un interés tutelado en forma pre~erente ~or. el
ordenamiento jurídico (adquisición a non domzn.0' fe publ~ca
registral o en los casos considerados en leyes especiales), el con-
yuge interviniente debe proceder a reembolsar a favor del pa-
trimonio privativo o social, según el caso, con el valor que es.te
tenga al momento de la liquidación de la sociedad de gananCIa-
les. Lógicamente esta posibilidad está vedada para aquellos su-
puestos en los cuales se presume judicialmente la voluntad del
cónyuge no interviniente (aceptación tácita, ac~pite ~.3 d~l pre-
sente capítulo) o cuando éste actuó con negligencia d~J~~do
transcurrir los plazos de la prescripción extintiva o adquisitiva.
Ahora, debe tenerse presente que este reembolso só~oopera
cuando el acto realizado por uno de los cónyuges ha traído co.n-
sigo el empobrecimiento del patrimonio social y éste se mantie-
ne hasta la disolución de la sociedad de gananciales. Esto resul-
ta claro en los actos de disposición arbitraria del patrimonio
social a título gratuito (W4S1'E), en los que por defini~ió~ se
produce un desmedro del patrimonio social. En cambio, SI dI~~O
acto fue a título oneroso, faltaría determinar si la contraprestaCIOn
305

recibida pasó a engrosar el patrimonio común de los cónyuges,
en cuyocasoesde aplicación el principio de subrogación estable-
cido por el Art. 311º, inc. 2 del Cc. El reembolso operaría si la
contraprestación recibida por el cónyuge interviniente pasase a
formar parte de su patrimonio privativo (como en el supuesto de
gravamen arbitrario expuesto en el~) o pasando al patri-
monio común, haya sido realizado en forma desventajosa (en
este caso, el reembolso operaría sobre la diferencia entre el va-
lor del bien al momento de la liquidación y la contraprestación
recibida por el bien al patrimonio social).
Otra de las dudas que genera la deficiente regulación de
nuestro CC, consiste en determinar si resulta necesario que el
cónyuge no interviniente inicie, antes de la liquidación de la
sociedad de gananciales, una acción contra su consorte para el
reembolso del bien dispuesto sin su consentimiento. Es eviden-
te que con el paso del tiempo, el cónyuge interviniente intenta-
rá deducir la excepción de prescripción extintiva frente a la
pretensión de su consorte. Al respecto, consideramos que di-
cha excepción no tendrá efecto porque se contrapone con la
armonía conyugal que debe reinar en las relaciones entre los
cónyuges durante lavigencia de la sociedad de gananciales, sien-
do de aplicación el supuesto de suspensión del plazo de pres-
cripción extintiva establecido por el Art. 1994º, inciso 2 del Cc.
Por lo que, sin perjuicio de hacer lo que no está prohibido (de-
mandar antes de la liquidación de la sociedad de gananciales),
el cónyuge no interviniente puede válidamente hacer valer el
reembolso al momento de la liquidación de la sociedad de ga-
nanciales, no siendo necesario que previamente haya deman-
dado a su consorte con tal pretensión. De esta manera, no se
crea en los cónyuges la necesidad de actuar contra el otro por
temor a la prescripción, dada la incidencia negativa que una
acción patrimonial entre cónyuges podría traer sobre la armo-
nía conyugal.
306
Sin perjuicio de lo antes indicado, la Sala CivilPermanen-
te de la Corte Suprema considera que la pretensión de indem-
nización a favor del patrimonio social puede hace.rs.evaler con
osterioridad al divorcio y aun cuando se haya solicitado la nu-
i-dad del acto de disposición arbitrario del patrimonio social.
~í, en la CASoNº 746-97-LALIBERTAD(183)señaló lo siguiente:
«El hecho del matrimonio de las partes celebrado el
25 de octubre de 1989 no ha sido negado y corre a
fajas 38 copia certificada de la sentencia del 16d~~gos-
to de 1995 pronunciada por la Segunda Sala CIVIlde
La Libertad, declarando fundada la demanda de di-
vorcio e infundada la indemnización por daño moral,
que ha sido apreciada en la sentencia apelada en la
parte final de su tercer considerando.
La actora persigue la indemnización de los daños yper-
juicios que le ocasionó el demandado al privarle del
disfrute de los bienes conyugales a partir del 26 de oc-
tubre de 1990ypor la enajenación de los dos inmuebles
que indica, que es una acción distinta a la que en copia
certificada corre a partir de fajas 149, que pretende la
nulidad de la enajenación de esos mismos bienes, por
haberse hecho sin su participación, y aun cuando am-
bas acciones se basan en la presunción legal, de que
todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son
sociales, en este caso se pide el resarcimiento del daño
causado por la privación de los bienes y en el otro la
invalidezde los actos, por lo que no tiene por qué supe-
ditarse el resultado de ese anterior proceso.
(183) CAS. NlI 746-97-LA LIBERTAD del 26 de agosto de 1998, publica-
da en la SCEP del 5 de octubre de 1998, pp. 1773-1774.
307

Eljuzgador de primera instancia ha considerado que
es en ese otro proceso donde se definiría si los bienes
inmuebles son o no conyugales y que carece de objeto
analizar otros medios probatorios respecto de ese ex-
tremo de la demanda; olvidando que, por aplicación
del Art. 310º del Código Civil,salvo prueba en contra-
rio, todos los bienes adquiridos durante lavigencia del
matrimonio se presumen sociales».
En todo caso, resulta claro que no procede ningún tipo
de recompensa con posterioridad a la liquidación de la socie-
dad de gananciales, ya sea mediante acuerdo entre los cónyu-
ges, o uno de ellos con los sucesores del otro o mediante pro-
cesojudicial.
En la legislación comparada, es de destacar el Art. 1301º
del CC español que señala que la acción de nulidad sólo durará
4 años y que este plazo empezará a correr «sila acción [de nuli-
dad} se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno
de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este con-
sentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la
sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes hubiese
tenido conocimiento de dicho acto o contrato».
4.2. A favor del tercero contratante
La anulación del acto de disposición arbitrario del patri-
monio social-como lo proponemos en el presente trabajo- en
virtud de sentencia firme declarada' a favor del cónyuge no
interviniente, trae consigo que dicho acto no produzca ningún
efecto desde su celebración, conforme reza el Art. 222º del CC
siguiendo el principio quod nullum est, nullum produit effectum (lo
que es nulo no produce ningún efecto); por lo tanto, se tiene
por no concertado.
308
Aunque el CC no lo exprese claramente, como consecuen-
cia de la anulación -y este es uno de sus efectos-, el tercero
debe restituir el bien al patrimonio soci.alcon sus fruto~y por su
1cónyuge interviniente debe remtegrar el preclOcance-
parte, e . . . , 1
lado (u otro bien enajenado) en contrapres,ta~lOn~or e terce-
n,iuntamente con sus intereses; esto último SIel acto de
ro, co :J ..'
disposición arbitrario del patrimom~ SOCIalfue a tl;ulo oneroso.
Asílo establece, como modelo a segUIr,el Art. 1303-de~C~,espa-
- 1al señalar que «declarada la anulabilidad de una obligacion, los
no h bi idcontratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que u iesen s o
t 'a del contrato, con susfirutos, y elprecio con los intereses r...}». La
ma en . . .' (184)
doctrina nacional, por CIerto, ha acogido este cnteno .
Con relación a la posibilidad del que el cónyuge no
interviniente solicite una indemnización al tercero que contra-
tó con su consorte, la Sala CivilTransitoria de la Corte Suprema
deJusticia ha resuelto en contra de dicha prete.nsión en la CASo
º 226-99-ICA(185),emitida en el proceso seguido por Carmen
Ruiz contra la Cooperativa de Vivienda Bancarios de lea, sobre
indemnización por daños y perjuicios. La demanda .seenco~tra-
ba dirigida a que la indicada cooperativa (tercero) mdemmce a
la demandante (cónyuge no interviniente) por haber. contrata-
do con su esposo sin su consentimiento respecto de un mmueble
que era bien social y que le obligó a iniciar una acción judicial,
asícomo, por haberle iniciado una acción en su contra por pago
de mejoras, fuera del plazo estableciqo por la ley.Ante e~ re~ur-
so de casación presentado por la cooperativa, la Sala senalo:
(184) Así,VIDAL RA.1ÍREZ, El acto jurídico en el Código Civil peruano, cit., pp.
428-429; YLOHMA:: LeCA DE TENA, El negocio jurídico, pp. 577-579.
(185) CAS. Q 226-99-ICAdel 6 de julio de 1999, publicada en la SCEP
del 18 de octubre de 1999, p. 3766.
309

«Respecto de la aplicación indebida de normas d
derecho material, la Sala de Vista, en la sentencia im~
p~gnada considera que la responsabilidad de indem-
ruzar de la Cooperativa, surge de lo estatuido en 1
Artícul~ 1982Q
del Código Civil, que se refiere a unea
denuncia penal calumniosa, totalmente ajena a los
hechos materia de la demanda, pues el hecho de ha-
ber celebrado el contrato con uno solo de los cón -
ges, eljuicio seguido para la nulidad de ese contrat:
el seguido sobre el pago de mejoras, no comprend~
denuncia penal alguna.
En consecuencia, es amparable el recurso de casación
por la causal de aplicación indebida de una norma de
derecho ~n~t~rial, sien~o el caso tener presente que el
llamado JUICIOde mejoras, que constituye más bien
un pago. de construcción de terreno que se considera-
ba prop~o y que desp~és se determinó que era ajeno,
concluyo por sentencia definitiva, incluso con inter-
vención de la Corte Suprema, accediendo al pago de
esa ~o~s.trucción, por lo que no cabe responsabilidad
por InICIarSeuna acción en la que se obtiene resulta-
do favorable, por constituir el ejercicio regular de un
derecho y con mayor razón si se resolvió declarándose
fundada en parte la demanda como se ha indicado».
. Por otro lado, el tercero puede haber realizado mejoras al
b.len, per~ibido frutos que tuvo que transferir al patrimonio so-
cial y realizado otros g t 1 .. . .as os en e proceso judicial segUIdo en su
contra o de lo co n trari h .rano no aber realizado gasto ni
contraprestación alguna L. as preguntas, entonces, que se plan-
tean son dos· la prim .~ .. era, (merece el tercero una protección
mas arr:~ha que la simplemente establecida como efecto de la
anulabilidad? y la segunda, ¿esta protección opera también cuan-
~o el acto de disposición arbitrario del patrimonio social ha
sido celebrado a título gratuito?
310
El saneamiento por evicción
Sobre estas cuestiones, resulta importante analizar si resul-
ta aplicable a favor del tercero el saneamiento por evicción, que
procede confo~e lo señala el .rt. 14912 del CC, cuando el
adquirente es privado total o parCIalmente del derecho de pro-
piedad, uso o posesión de un bien en virtud de resolución judi-
cial o administrativa firme y por razón de un derecho del terce-
ro, anterior a la transferencia.
Con la atingencia que esta figura sólo es aplicable al ámbi-
to contractual, consideramos que puede ser invocada por el ter-
cero, dentro del plazo establecido por la ley (de un año, Art.
1500Q, inc. 5 CC), si con posterioridad a la transferencia ha sido
privado del bien social (por efecto de la declaración de
anulabilidad del acto de disposición arbitrario del patrimonio
social a favor del cónyuge no interviniente).
En ese sentido, la evicción debe entenderse como la priva-
ción que sufre el tercero (adquirente), por mandato de una
sentencia firme a favor del cónyuge no interviniente, del dere-
cho de propiedad que adquirió del cónyuge interviniente
(transferente) por razón del acto de disposición arbitrario del
patrimonio social; mientras que el saneamiento, se entiende
como la obligación impuesta legalmente al cónyuge interviniente
(transferente) de responder frente al tercero (adquirente) por
las consecuencias derivadas de esa privación(186).
El primer requisito necesario para el saneamiento por
evicción consiste en que la propiedad del bien social haya sido
transferida a favor del tercero; lo cual requiere, como lo indicá-
(186) En la CAS. Nº 837-97-lAMBAYEQUE del 05 de noviembre de 1998,
publicada en la SCEP del 4 de diciembre de 1998, pp. 2137-2138, se señala
que la sociedad conyugal -entendida como una entelequia- no puede ser
la obligada al saneamiento, sino los propios cónyuges.
311

ramos anteriormente, que opere la tradición en el caso que el
bien sea mueble. Esta propiedad debe ser privada total o par-
cialmente por efecto de resolución judicial o administrativa
emitida a favor del cónyuge no interviniente. El saneamiento
no se producirá si el tercero no ha sido desposeído del bien, en
la medida que carece de justificación que se le indemnice un
daño que aún no ha sufrido, ni tampoco cuando la resolución
judicial a favor del cónyuge no interviniente no tiene el carác-
ter de firme. Este concepto concuerda con el Art. 123Q
, ine. 1
del CPC, por el cual la resolución adquiere la autoridad de cosa
juzgada cuando no proceden contra ella otros medios
impugnatorios que los ya resueltos; mas no cuando el tercero se
ha allanado a la demanda de anulabilidad presentada por el
cónyuge no interviniente o si hace abandono del bien sin espe-
rar la resolución judicial firme, de acuerdo con una interpreta-
ción a contrario sensu del Art. 1391 º del Cc.
Para el funcionamiento del saneamiento por evicción es
generalmente admitido que el mejor derecho del cónyuge no
interviniente a la propiedad del bien debe ser anterior a la cele-
bración del acto de disposición arbitrario del patrimonio so-
cial. Esto importa que el bien tenga la calidad de social antes de
la celebración del acto de disposición arbitrario del patrimonio
social y no con posterioridad, como puede suceder cuando un
bien propio posteriormente es declarado social por mandato
judicial -a manera de ejemplo, el terreno propio sobre el cual
se edifica con fondos comunes, supuesto del Art. 310º, último
párrafo del CG-. En todo caso, debe tenerse en cuenta que exis-
te a favor del cónyuge no interviniente, el principio de absor-
ción de ganancialidad de los bienes existentes en el matrimo-
nio (véase acápite 2.1 del pre ente capítulo).
Tampoco habrá lugar al saneamiento por evicción cuando
el derecho del cónyuge no interviniente llegue a er exigible
por dolo o culpa inexcusable del adquirente, según el Art. 1494º
312
el CC. Supuesto que se configuraría si el tercero conocía el
d do civil del cónyuge interviniente y dolosamente contrata
esta ib duci
U consorte a sabiendas que con dicho acto I a a pro UCIr
con s '
un desmedro del patrimonio social.
De conformidad con el Art. 1495Q
del CC, el saneamiento
or evicción genera a favor del tercero el derecho de pedir al
~ónyuge interviniente: i) el valor d~l bien al momento de l~
vicción, teniendo en cuenta la finalidad para la que fue adqui-
rido: ii) los intereses legales desde que se produce la evicción,
computados sobre el valor del bien; iii) los frutos devengados
por el bien durante el tiempo que lo poseyó ode bu~na f~ o su
valor, si fue obligado a devolvedos con el mismo bien; iv) las
costas del juicio de evicción en caso de haber sido obligado a
pagadas, se refiere a las costas y costos procesales a los que ha-
cen alusión los Arts. 410º Y 411º del CPC; v) los tributos y gastos
del contrato que hayan sido de cargo del adquirente; vi) todas las
mejoras hechas de buena fe por el adquirente, no abonadas por
el evicente (cónyuge interviniente), se refiere al no establecerse
ninguna limitación, a las mejoras necesarias (cuando tienen por
objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien), las útiles
(las que sin pertenecer a la categoría de necesarias aumentan el
valor y la renta del bien) y las de recreo (cuando sin ser n~cesa-
rías ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad):
y vii) la indemnización por daños y perjuicios, cuando el
transferente incurrió en dolo o culpa al celebrar el contrato.
Estos conceptos, salvo el establecido en el ine. 7 del Arto
1495º del CC, son de aplicación obligatoria a favor del tercero,
con prescindencia del dolo o culpa del cónyuge interviniente,
bilid d bO
ti (187)
por tratarse de supuestos de responsa 1 1 a o ~e va o
(187) Así opina DE lA PlJE)..'TE Y LAVALLE, El contrato en general. ~tarios
a la secciónprimera del Libro VIII del Código Cioil; 2l
ed., PUCP, Lima, 1996,
segunda parte, po3380
313

Acto de disposición a título gratuito
Con relación al segundo de los interrogantes planteados,
la exposición de motivos del Art. 1494Q
del CC lo soluciona se-
ñalando lo siguiente:
«El propósito de este artículo es delimitar el área de
acción de las obligaciones de saneamiento yel rasgo que
le caracteriza es haber eliminado la limitación que exis-
tía en el Código Civilde 1936, cuyo artículo 1370Q
lo cir-
cunscribía a los contratos celebrados a título oneroso.
La modificación introducida responde a la naturaleza
que tienen las obligaciones de saneamiento en el Có-
digo vigente. Según lo expliqué en la introducción y
se hace más profundamente al examinar el artículo
1485Q
, la institución está orientada a que el enajenante
responda por el desmedro que sufra el adquirente en
el disfrute del bien y que le impida satisfacer en forma
total o parcial la finalidad a la cual se ha destinado.
Siendo esto así, es irrelevante el hecho de que el con-
trato haya sido celebrado a título oneroso o gratuito,
pues lo que se protege es el derecho del adquirente a
disfrutar en forma pacífica y útil el bien que se le ha
transferido, sea en propiedad, posesión o uso».
Aun cuando no se registran casos en casación en los cuales
se haya aplicado esta institución a favor del tercero; queda claro
que esta posibilidad es admisible en los supuestos de disposi-
ción arbitraria del patrimonio social, en caso el tercero haya
sido despojado del bien social.
Ahora bien, ¿qué acción legal puede iniciar el tercero si
antes que se declare la anulabilidad del acto de disposición ar-
bitrario del patrimonio social a favor del cónyuge no
314
interviniente toma conocimiento que su contraparte es casa-
do?, ¿debe soportar necesariamente la acción de anulabilidad
del cónyuge no interviniente?
Acción previa del tercero
La primera salida, como es lógico, consiste en solicitar al
cónyuge no interviniente que confirme el acto de disposición
arbitrario del patrimonio social. Esta posibilidad, que ha sido
admitida con otros argumentos por nuestra jurisprudencia na-
cional (véase acápite 3.3 del presente capítulo), es aceptada por
la doctrina yjurisprudencia españolas, conforme lo señala BE-
LLO(188), haciendo hincapié en los supuestos de confirmación
presunta del cónyuge no interviniente:
«En cualquier caso, de lege data, la realidad es clara en
el sentido en que el Código Civil posibilita al cónyuge
preterido, titular de la acción de anulación, la sanación
del acto mediante una expresa declaración de volun-
tad (STS de 20 de febrero de 1989) o, incluso, de un
modo tácito o presunto (STS de 7 de junio de 1990),
lo que habrá de probar quien lo alegue (S. de la AT de
Granada de 22 de noviembre de 1984) siendo una
cuestión de hecho la determinación de si existe o no
consentimiento en alguna de tales formas, que incum-
be investigar a la Sala de instancia y no revisable en
casación más que por la vía de error de hecho o de
derecho, según ha venido destacando el TS (STS de 6
de octubre de 1988), debiendo de ser lajurispruden-
cia extremadamente cautelosa en orden a presumir la
(188)BELLO jA:-:EIRO, La defensa frente a tercerode los intereses del cónyuge en la
sociedad de gananciales, cit., pp. 205-207.
315

existencia de consentimiento tácito o implícito. , por
ejemplo,. en los supuestos de silencio del cónyuge al
que se pide una respuesta, a fin de tratar de corregir
l?s e~cesos de la época anterior, puesto que, en definí.
uva, S111 negar la posibilidad de prestar el consentimien-
to tácitamente, hay que tener presente que el artículo
1322º/1 ex~ge el consentimiento de uno y otro cónyu-
ge y no el simple conocimiento, cuya diferencia se ha
cuid.ado de delimitar una reiteradajurisprudencia con
motivo de la resolución del contrato de arrendamien-
to urbano por obras inconsentidas».
. Asimismo, el tercero puede solicitar la anulabilidad del acto
invocando que su contraparte, el cónyuge interviniente actuó
con dolo (Art. 210º CC), ocultando su estado civil de casado o
afi~and? qu~ el. bien materia de disposición pertenece a su
patnmomo prrvatrvo; de tal manera que si hubiese conocido tal
hecho, no hubiese celebrado el acto. Así, lo ha aceptado nueva-
mente la doctrina española, como a continuación nos ilustra
nuevamente BELLO(189):
«Ciñénd?nos, pues, al problema del dolo y desde la
p~rspectIva de los principios generales del consentí-
mIent~, la respuesta la interrogante formulada, de sí
es ~osIble que el cocontratante ostente legitimación
activa propia para interponer una acción de
anulabilidad por concurrencia de dolo debe ser afir-. ,
mativa, y así se manifiesta buena parte de la doctrina
cuando analiza el supuesto de concurrencia de varias
causas de anulabilidad a la vista, sobre todo, del pro-
blema que surge cuando una persona contrata con un
(189) Ibídern, pp. 184-186.
316
menor malicioso ignorando que lo era; en el mismo
sentido de concesión al comprador de acción de
anulabilidad por dolo ex artículos 1269º y 1270º, se
produce la mejor doctrina en los supuestos de venta
de cosa ajena con engaño cometido fraudulentamen-
te por el vendedor.
[...] es evidente que el cocontratante puede preferir
la desaparición del contrato antes de tener que sopor-
tar su posible impugnación posterior por el cónyuge
cuyo consentimiento se omitió, en tanto que, aunque
la anulación conlleve, además de la restitución ex artí-
culo 1303º, la indemnización de los daños causados
por la impugnación del cónyuge preterido en la me-
dida en que lo justifique la satisfacción de su interés,
que obviamente no puede exceder del interés de con-
fianza o negativo, le puede resultar más beneficioso
evitar su propio cumplimiento y posterior restitución
así como que surjan los daños que esperar a su indem-
nización cuando éstos ya se han producido, a expen-
sas de la prueba de los mismos, lo que no siempre le
resultará fácil y,por la contraparte que padeció el dolo
del cónyuge contratante si, antes de plantear ésta, el
esposo preterido consiente el acto de su consorte».
Adicionalmente, antes de la entrega del bien social y tra-
tándose de contratos sinalagmáticos o de prestaciones recípro-
cas, en aplicación de los Arts. 1428º Y1429º CC, el tercero pue-
de solicitar alternativamente: i) el cumplimiento de la presta-
ción, ya sea en la vía judicial o extrajudicial (mediante carta
notarial de intimación que debe otorgar un plazo no menor de
15 días, luego del cual el contrato queda resuelto); o ii) la reso-
lución del contrato, en la vía judicial. En uno y otro caso, co-
rresponde la indemnización por daños y perjuicios.
317

Estas opciones suponen necesariamente que el cónyuge
interviniente no cumpla con entregar el bien cuya transferen_
cia e ha obligado yel tercero a su vez, haya cumplido con en-
tregar su contraprestación o garantizar su cumplimiento. Con
relación a la indemnización, el Art. 1321Q del CC señala que la
indemnización por daños Yperjuicios se aplicará a aquel que
no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa
leve; no obstante, en los dos primeros casos, el resarcimiento
comprenderá tanto el daño emergente como el lucro cesante,
en cuanto sean consecuencia directa e inmediata de tal
inejecución; mientras que en los casos de culpa leve, el resarci-
miento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que
ella fue contraída.
Volviendo a la hipótesis de anulación del acto de disposj.:
ción arbitrario del patrimonio social a instancias del cónyuge
no interviniente, queda claro que su consorte (cónyuge
interviniente) debe restituir la prestación más sus intereses al
tercero, si dicho acto fue celebrado a título oneroso. Sin embar-
go, en el supuesto que dicho cónyuge haya dilapidado total-
mente su patrimonio privativo, preguntamos ¿el patrimonio
social debe responder por dicha deuda -que tiene lógicamente
el carácter de privativa, al no haber sido contraída por ambos
cónyuges- a favor del tercero?
Precisamente, éste y otros interrogantes más son materia
del siguiente capítulo.
318
P TRIMONIO SOCIALCAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL A
RESUMEN
1. .. . t C ando nos referimos aLa regla de la ectuecion conjun a. u . .
actos de disposición arbitraria del patrimonio social, h.acemos
alusión a aquellos actos por los cuales uno de los conyuges
sin el asentimiento de su consorte transfiere, r~nun~la o g.rava
h sobre bienes que conforman el patrimonio social, aderec os I . '. d
favor de un tercero de buena fe, infringiendo oe pnncrpio ,e
actuación conjunta establecido por el Art. 315 del CC y m~s
allá de las necesidades ordinarias del h~gar ~ la c?ns~rvaclon
del patrimonio de los cónyuges (es dec.lr, bajo el árnbito ~e la
estión extraordinaria del patrimonio social). A ~~nera de ejern-
glo la jurisprudencia se ha encargado de defl~lr. algunos su-
~u~stos de disposición que requieren el asentlm~~nto .~e am-
bos cónyuges, como la construcción de u~a edificación ~?n
fondos sociales y la cancelación, levantamiento ~ renovacion
de la hipoteca; en cambio, es suficiente el a~entlmlento d.e,uno
de los consortes cuando se arrienda un bien que servirá de
domicilio conyugal.
Argumentos a favor del cónyuge no. íntervín.íente. El primero
consistirá en reforzar el carácter social del bien que pr~tende
defender. Ello no ofrece mayor dificultad dentro d~1 s.lstema
elaborado por el legislador, por el cual los bienes privativos ~e
encuentran enumerados en el Art. 3020
del CC y los de~a~
bienes tienen la calidad de sociales, conforme al Art. 310 ~e
CC. Con todo, siempre existen «zonas gris~s}), q.u~ han SI o
valoradas en casación a favor del cónyuge no Int~rvlnlente ~a~te
la duda a favor de la comunidad), declarando bienes SOCI~es
a aquellos adquiridos a plazos, cuando. las cuotas se c~mlen-
zan a cancelar antes del inicio de la sociedad ~e gananc:~e~r-
finalizan durante su vigencia; ya aquellas derlvad~s de d~ o
siciones realizadas a título gratuito, salvo herencia, lega .
donación. Además existen presunciones a favor de la ~o~unl~
dad (Art. 3110
CC) que han sido inter~reta~a~ por I~ JunsP~~e
dencia registral en el sentido que toda Inscnpc~on de I~muel
a favor de un casado debe extenderse como bien socl~l, .sava
ue se justifique su calidad de propio (para cuy~ propósito .n~
q ficiente la declaración de su consorte). Slmilar~s requrst
~;ss~e necesitan para rectificar la calidad de un bien social
2.
319

como un bien propio y para acreditar la calidad de bienes pro-
pios por subrogación.
Sin perjuicio de lo anterior, la principal dificultad que debe su-
perar el cónyuge no interviniente -ante el silencio del Art. 315°
del CC- será determinar cuál viene a ser la sanción aplicable
a los actos de disposición arbitrarios del patrimonio social. La
primera opción, acogida en casación y por el Pleno Jurisdic-
cional Civil del 1997, consiste en declarar la nulidad del acto
por falta de manifestación de voluntad conjunta de ambos cón-
yuges (Art. 219° inciso 1 CC); criterio que en el ámbito judicial
ha sido limitado únicamente a favor del cónyuge no interviniente,
siendo ésta la única salida admisible a su favor -no procede la
tercería de propiedad o la invocación de la nulidad vía excep-
ción o proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta-, aun-
que también puede ser utilizada en supuestos de riesgo laten-
te de disposición (a manera de ejemplo, la constitución en arras
de un bien social) o sobre bienes muebles.
Otros autores, en cambio, no sólo consideran que la causal de
nulidad a invocar debe ser. la descrita por el Art. 219°, inciso 4
del CC (imposibilidad física o jurídica del objeto) -caso de
BELAUNDE-sino que además ofrecen otras opciones: BARCHIes
de la opinión que la disposición arbitraria del patrimonio social
es rescindible, como si se tratase de la venta de un bien ajeno
(Art. 1539° CC). La Corte Suprema de Justicia en diversos
pronunciamientos discrepa de esta posición. La doctrina na-
cional se ha encargado de señalar otros requisitos adicionales
para la configuración de esta figura y que la alejan del proble-
ma planteado: el vendedor no debe informar al comprador que
el bien no es ajeno al momento de la venta pero tampoco que
es propio; el bien debe ser cierto (mas no incierto o fungible); y
el contrato debe estar sujeto a un plazo suspensivo. De tal
manera que la rescisión opera, dentro del plazo convenido por
ambas partes, como un mecanismo de defensa del compra-
dor cuando se percata. que el bien no pertenece al vendedor.
Para cierto sector de la doctrina argentina y un reciente pro-
nunciamiento de la Corte Suprema de nuestro país, la sanción
aplicable sería la de ineficacia relativa o inoponibilidad. En cuyo
caso, el acto sería válido y eficaz entre las partes que lo cele-
braron -el cónyuge interviniente Y el tercero-, pero ineficaz
320
P TRIMONIO SOCIAL
CAPíTULO 2: LA DISPOSICIÓN ARBITRARIA DEL A
para el cónyuge no interviniente, para quien el acto es como si
no existiese. Esta situación se asemeja a la descnta por el A~t.
161° del CC para los actos celebrados por el rep:esentante Sl~
poder; sin embargo, esta figura no ha sido debl.da,mente d~ll-
neada en nuestro ordenamiento jurídico por la colislón que eXIs-
te con lo establecido por el Art. 156° de.1CC, que sanciona con
nulidad la disposición o gravamen de bienes del representado.
E t soluciones presentan inconvenientes. La ineficacia rela-
s as '1 d d
f a en nuestro ordenamiento jurídico so o proce e cuan ~ uno
de ellos se atribuye la representación de su consorte, dispo-
niendo un bien social, sin poseer poder alguno o .cu~ndo
e,ndolo se extralimita de sus facultades o las viola, su-
posey . . I tri .
puesto distinto de la disposición arbltran.~ de pa nmo~l,o so-
. I En todo caso la jurisprudencia emitida en casación ha
Cia.' I bilid d f
t dido a este supuesto como uno de anu a I la, con un-
en en . idi L
diendo la confirmación con la ratificación del acto JU;I ICO. a
rescisión, aún cuando se puede ampliar pora~alogla a o~r,os
contratos sobre bienes ajenos (permuta, SUministro, do.na~l?n,
mutuo, arrendamiento, comodato, depósito y renta vitalicia),
presenta una complicada configuración -que ya hemos hecho
notar- y que ha sido desestimada por la. Corte Suprema de
Justicia, que en múltiples fallos ha =v= la n~llda? d.e la
compraventa de bien ajeno, por considerar que esta Inf;l~ge
una norma de orden público: el Art. 197° inciso 4 de! Codlgo
Penal. Por otro lado, tampoco el bien le es total o parclalme~,te
ajeno al cónyuge interviniente. La nulidad como solución
jurisprudencial por falta de manifestación ?e voluntad de am-
bos cónyuges no tiene asidero: los dos conyuges no forman
una manifestación de voluntad, cada uno de ellos presenta
una propia, siendo cualquiera de ellas sufici~~te como elemento
esencial del acto jurídico. Si la manifestaclon de volunt~d ~el
cónyuge interviniente es nula lo es para todo efecto. ASI ~IS-
mo, tampoco se puede afirmar que el =adolece de n~".d~d
por contener objeto jurídicamente impOSible. A nuestro JUI~I~~
la nulidad resulta procedente pero por otra causal: el Art. 3
del CC es una norma imperativa y por lo tanto no poued~ser
sustituida por la voluntad de los particular~~ (Art. ~19 ,.InCISO~
CC). Sin embargo, la nulidad es una solución radlc~1 e ínsalva
ble que no admite confirmación alguna del conyu~e no
int~rviniente. Con lo cual no afirmamos que no haya sido un
321

arma eficaz para éste, sino que como regla no contempla otros
casos y por lo tanto no puede servir para suplir los vacíos del
Art. 315° del CC.
3.
En la legislación comparada encontramos otras soluciones: el
CC español (Arts. 1322°, 1375° Y 1377°) plantea dos tipos de
sanciones para los actos de disposición arbitraria del patrimo-
nio social, dependiendo que se haya contraído a título oneroso
(anulabilidad) o gratuito (nulidad). Este modelo fue recogido
en el Art. 315°-B de la Propuesta de enmiendas del Libro de
Derecho de Familia elaborada por el Congreso Constituyente
Democrático. No encontramos justificación alguna para que
en los actos de disposición arbitrarios del patrimonio social a
título gratuito no se permita la confirmación del cónyuge no
interviniente. Por ello, aciertan aquellas legislaciones (Art. 1757°
CC chileno y Art. 184° CC italiano) y la jurisprudencia argenti-
na que consideran como única sanción la anulabilidad de di-
chos actos. Admitiéndose esta solución, ésta sólo resultaría
procedente a favor del cónyuge no interviniente, quien gozaría
de un adecuado plazo de prescripción extintiva (dos años, Art.
2001°, inc. 4 CC) y a su vez, permitiría que el juez evalúe los
motivos de la pretensión del cónyuge no interviniente, las par-
ticularidades del negocio y su incidencia patrimonial en la fa-
milia, así como admitiría que el cónyuge interviniente y el ter-
cero presenten sus pretensiones similares. Esta solución re-
quiere una modificación legislativa.
Argumentos a favor del tercero de buena fe. La nulidad como
solución jurisprudencial o anulabilidad (propuesta por noso-
tros) del acto de disposición arbitrario del patrimonio social no
afecta al tercero adquirente cuando éste ha sido guiado por
los signos de recognoscibilidad que nuestro ordenamiento ju-
rídico provee: la posesión y el registro. En el caso de bienes
muebles, es de aplicación la adquisición a non domino (Art.
948° CC), por la cual si el tercero actúa de buena fe y como
propietario y recibe del cónyuge interviniente la posesión de
una cosa mueble habrá adquirido el dominio, aunque éste ca-
rezca de facultades para hacerla por ser un bien social. Esta
figura se circunscribe únicamente a la transferencia de la pro-
piedad, con lo que se excluye cualquier otro tipo de titularidad
adquirida por el tercero (renuncia o gravamen). Requiere que
se produzca la entrega física del bien, lo cual también se cum-
322
. osesión del tercero
pie cuando el bien ya se encontraba en P
(traditio brevi manu), mas no cuando. el bien queda en pose~
sión del cónyuge interviniente (constduto posesono). La bue
na fe que se pide consiste en el desconocimiento qu.e el bien
entregado tiene la calidad de social (buena f~ creencia). En el
de bienes inmuebles y los muebles registrados (aunque
caso i unif teI . . prudencia casatoria no resulte clara ni uru arme en es
a JUtrls)es de aplicación la fe pública registral (Art. 2014° CC),
pun o . .,. t f
por la cual si el bien social aparece inscrito urucamen e a avor
del cónyuge interviniente (por hab~r declarado ser soltero o
porque logró inscribirlo como propio), .el tercero de b.uena fe
mantendrá su adquisición una vez Inscrito su derec~o silo hace
a título oneroso de dicho cónyuge, aunque despu~s se anule,
rescinda o resuelva el derecho del otorgante por Virtud de cau-
sas que no consten en los reqlstros oúbucos. La buena fe como
isito de esta figura no solo requrere que el tercero des?o-
~~i~a que su contratante tenía el estado civil de casa?o, sino
que obliga a leer además, del resumen del as~ento.reglstral, el
título archivado que le dio origen. La onerosldad Inclu~e a I~
transferencia Y al gravamen Y excluye a los act~s de dísposi-
ción arbitraria del patrimonio social a título gratuito.
Esta solución no varía en el caso de las uniones de hecho y el
matrimonio putativo.
Resulta contradictorio con su posición, asumid~ a favor de la
nulidad, que la Corte Suprema de Justicia admita qu~ ,en ~~-
terminados supuestos se pueda considerar la ac~ptac.lo~ tací-
ta del cónyuge no interviniente en los actos de dlsposlclon ar-
bitrarios del patrimonio social. Así ha resue,lto cuan.do el tercero
acreedor prueba que dicho cónyuge acepto los r~clbos ,de.pago
por cuota inicial; interviene en la elevación a escritura publica de
la minuta de compraventa que no suscribió; ?e.sdeclarad? re-
belde en el proceso judicial. Los Registros publicas han u~llIza-
do este argumento para salvar los defectos que se pudiesen
crear en el tracto sucesivo en la transferencia de los inmuebl~~,
cuando uno de los cónyuges no ha participado ~,n la adqUISI-
ción de un bien, pero sí en su posterior disposlclon.
Un extremo que el legislador deja en la sombr,a, acas? por
creer que está suficientemente aclarado, es qu~ se entiende
por los «casos considerados en las leyes especiales», excep-
323

ción establecida a la actuación conjunta por el propioArt. 315°
del CC. Se tratan de supuestos en los cuales la ley admite la
actuación individual de uno de los consortes para la disposi-
ción de bienes del patrimonio social, en obsequio al tráfico
comercial. Así lo establece el Art. 227° de la Ley N° 26702, a
favor de las entidades del sistema financiero nacional, al pre-
sumir de pleno derecho la voluntad del cónyuge del titular de
cuentas corrientes, en las transferencias u otras operaciones
bancarias. En igual sentido disponen la Sexta Disposición Com-
plementaria y Final de la Ley N° 27287 y el Art. 113° del Decre-
to Legislativo N° 861 , respecto de los títulos valores y los me-
canismos centralizados de negociación del mercado de valo-
res, respectivamente. Un supuesto discutible lo constituyen las
acciones que uno de los cónyuges tuviese en una sociedad
anónima. La jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de
Justicia no legitima al cónyuge del titular de las acciones a
impugnar acuerdos societarios, conclusión que llevada a sus
últimos alcances nos lleva a pensar que el esposo que es titu-
lar de dichas acciones, puede disponer de estas, aunque for-
men parte del patrimonio social de ambos. Por último, el Art.
39° del D.S. N° 001-97-TR presume, salvo prueba en contra-
rio, que el trabajador casado bajo el régimen de sociedad de
gananciales cuenta con el asentimiento de su consorte para
disponer del retiro parcial o total de su depósito por Compen-
sación por Tiempo de Servicios (CTS). Este grupo de excep-
ciones se presentan en forma asistemática en nuestro orde-
namiento jurídico, por lo que se sugiere seguir el modelo del
CC español, que con mayor precisión ha logrado identificar
estos casos.
El decurso del tiempo también puede favorecer al tercero
adquirente, si éste reúne las condiciones establecidas por la
ley, para invocar a su favor la adquisición de la propiedad, ya
sea mediante la usucapión (o prescripción adquisitiva) o dedu-
ciendo la excepción de prescripción extintiva frente a la acción
de nulidad (o anulabilidad) presentada por el cónyuge no
interviniente. En el primer caso, según lo establece la jurispru-
dencia, el tercero deberá demostrar que su posesión ha sido
continua (sin interrupciones), pacífica (que no haya sido de-
mandado previamente por el cónyuge no interviniente por la
nulidad del acto), pública y como propietario. Es importante
324
-
4.
tomar posición a favor de la anulabilidad, porque en este ca~.o,
a diferencia de la nulidad, puede ingresarse a la usuca~lon
corta (por existir justo título), siempre que pruebe que actuo de
buena fe (es decir, desconociendo que la persona con la cual
contrataba era un cónyuge sujeto al r~gim.en d~ sociedad de
ananciales). Con relación a la preSCrlpCIOnextintiva, Importa
;aber si el cónyuge no interviniente puede invoc~r la suspen-
'0' n del plazo prescriptorio. Interpretado en sus Justos alcan-
SI f I laclces el Art. 1994° inciso 2 del CC, sólo ,se re iere a as re aC,lo-
nes jurídicas patrimoniales entre los conyuges, mas no de es-
tos frente a terceros.
Mecanismos compensatorios. ¿Cómo se indemniza al cónyu-
ge no interviniente en aquellos s~puestos e~ los cuales el ter-
cero mantiene la propiedad del bien transferido por su consor-
te sin su asentimiento? Siguiendo la legislación comparada
(Art. 1437° CC francés, Art. 1539° CC alemán, Art. 192° CC
italiano, Arts. 1390° Y 1391° CC español y Arts. 1742°, 1745°,
17470 Y 1748° CC chileno), la respuesta se encu~ntra en la
teoría del reembolso, a partir de la cual el conyuge no
interviniente puede solicitar a su consorte la restitución del valor
del bien dispuesto sin su asentimiento a favor de un tercero,
ya sea al momento de la liquidación de ,Iasoci~d.ad de gana~-
ciales o durante su vigencia. Nuestro Códiqo CIvil no ha acogi-
do esta teoría, salvo para la deducción de las primas paoadas
con bienes de la sociedad cuando se hace cobro de la indem-
nización por accidentes o por seguros de vida, de daños per-
sonales o de enfermedades (Art. 302°, inc. 4 CC) y el abono
del valor del suelo a favor del cónyuge propietario de este,
cuando se haya construido sobre él una edificación a co~t.adel
caudal social (Art. 310°, segundo párrafo CC). Esta deflcle~te
regulación ha sido interpretada erróneamente por nuestra JU-
risprudencia nacional confundiendo al reembolso como una
simple indemnización.
En aquellos supuestos en los cuales el cónyuge no interviniente
haya logrado obtener la nulidad (o en. nuestro .cas~,
anulabilidad) del acto de disposición arbitrario del patrimOniO
social, éste no producirá efecto alguno y por lo tanto el :ercero
deberá devolver el bien a dicho patrimonio y el Co~yu.ge
interviniente debe reintegrar el precio cancelado (u otro bien
enajenado) en contraprestación (si lo hubo). Adicional~ente,
325

JOSÉ ALMEIDA BRICE-O
el tercero puede solicitar el saneamiento por evicción, como
consecuencia de la desposesión del bien social, siempre que
el acto de disposición se 'encuentre dentro del ámbito contrac-
tual, así haya sido celebrado a título gratuito, Antes de la entre-
ga del bien social, procede la resolución en los contratos
sinalagmáticos o la anulabilidad por dolo del cónyuge no
interviniente (si el cónyuge no interviniente ocultó su verdade-
ro estado civil o cuando la naturaleza del bien materia de dis-
posición era privativa y no social),
326

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