La Ley de Aguas establece que todas las aguas en el territorio nacional son bienes nacionales de uso público y no pueden ser apropiadas privadamente. Se crea un sistema de concesiones administrativas para el uso de aguas, otorgadas por la Secretaría Nacional del Agua considerando la disponibilidad del recurso y las necesidades reales. La ley también prohíbe la contaminación de aguas que afecte la salud o el ambiente, y otorga acción popular para denunciar casos de contaminación.