La Ley de Aguas del Ecuador prohíbe la privatización del agua y establece que su gestión debe ser exclusivamente pública o comunitaria. También se regulan las infraestructuras hidráulicas, priorizando el uso del agua para el consumo humano y la soberanía alimentaria, y se definen infracciones para proteger los recursos hídricos. Se crean áreas de seguridad hídrica para la conservación de fuentes de agua, restringiendo actividades que puedan contaminar estas zonas.