Este documento resume las sanciones y penas establecidas en el capítulo VI de un reglamento. Incluye penas de prisión de 2 a 14 años, multas de 200 a 50,000 UT, y suspensión del registro único para individuos y empresas por delitos como vender bienes a precios superiores a los establecidos, restringir la oferta u ocultar mercancías, y cometer fraude aduanero u otras alteraciones. También establece la responsabilidad de socios y directivos por los delitos de sus empresas.