El documento describe dos incidentes de mal manejo de sustancias químicas peligrosas en México que pusieron en riesgo la salud de las personas. También discute los efectos a largo plazo en la salud de los plaguicidas prohibidos que se usan sin control en países en desarrollo y cómo los trabajadores agrícolas migrantes en Estados Unidos a menudo se ven expuestos a plaguicidas sin protección adecuada.

1. Mal manejo de sustancias
químicas
IVÁN RESTREPO
hoy hace 19 años, en plena zona urbana de Córdoba, Veracruz, se incendiaron las
instalaciones de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz, donde se almacenaban
diversos compuestos químicos. El fuego fue apagado sin guardar las mínimas medidas
de seguridad tratándose de sustancias peligrosas, de tal forma que la nube tóxica cubrió
parte de la ciudad mientras el agua utilizada por los bomberos se llevó restos de los
compuestos químicos a los mantos freáticos y corrientes de agua. Se desconoce cuántas
personas han muerto por males derivados de los tóxicos que ardieron; ni por haber
dejado que, pese a tantas denuncias ciudadanas, las autoridades dejaran funcionar dicha
empresa 30 años, cerca de un mercado y una escuela. La impunidad impuso su ley.
Y eso no quieren que se repita los habitantes de Izúcar de Matamoros, Puebla, donde
funciona una filial de Agricultura Nacional, en cuyo local hubo una explosión el 23 de
marzo pasado, fugándose al aire dimetoato, que no representa riesgo para la gente,
según las autoridades ambientales. Distinto piensan los habitantes del municipio, que
exigen la clausura de dicha planta. No quieren otrocordobazo. Alberto Jiménez, el
coordinador de los diputados de la Confederación Nacional Campesina, perteneciente al
PRI, asegura que desde que Agricultura Nacional se instaló en Izúcar de Matamoros
aumentó la incidencia de casos de cáncer, lo cual podría deberse al mal manejo de las
sustancias químicas que utiliza dicha negociación. La compañía sostiene que, según las
autoridades federales del medio ambiente, no es ningún riesgo para la población del
municipio poblano. Algo que, por décadas, también alegaron las autoridades federales
de salud en Córdoba.
El de los plaguicidas es un problema mundial. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), existen en los países
pobres o en vías de desarrollo más de 500 mil toneladas de plaguicidas prohibidos y
caducados que son una grave amenaza para millones de personas. La FAO advierte que
la distribución inadecuada y el empleo incorrecto de tales sustancias causan serios
problemas a la salud pública y el ambiente en dichos países. Se trata de compuestos
químicos con una elevada toxicidad y cuyos efectos muchas veces no se detectan de
inmediato, sino en el largo plazo.
Ejemplo clásico de lo anterior se tiene con el nemagón, utilizado en las plantaciones
bananeras de Nicaragua hace 40 años. Prohibido en el lugar de origen de sus
fabricantes, Estados Unidos, las compañías Dow Chemical, Shell Oil Co y Standard
Fruit Co lo aplicaron sin cortapisa por años en las plantaciones de Nicaragua y otros
países centroamericanos, sabiendo que hacía daño a la gente. Muchos enfermaron y

2. murieron y apenas hace dos años, luego de una larga lucha en los tribunales de Estados
Unidos y Nicaragua, 583 campesinos fueron indemnizados.
No solamente en el mundo subdesarrollado los plaguicidas causan males. También
en Estados Unidos. Y muy especialmente en las tierras que limitan con México. En
diversas ocasiones los líderes de trabajadores agrícolas de California, Nuevo México,
Texas, Florida, Luisiana y Arizona han denunciado que la falta de medidas de
seguridad, la ignorancia y la poca atención de las autoridades contribuyen a que miles
de jornaleros mexicanos se envenenen en los campos de cultivo donde trabajan
periódicamente. Víctor Grimaldo, líder de la asociación de campesinos de Florida,
sostiene que en Immokalee (Condado Collier), donde laboran por temporadas unos 40
mil migrantes mexicanos, entre 4 mil y 5 mil sufren deterioro en su salud por causa de
los plaguicidas. Se trata en su mayoría de trabajadores ilegales que no saben inglés y,
por tanto, ignoran lo que dicen las etiquetas de los productos que utilizan en los campos.
Reciben un salario mínimo, no tienen seguridad social ni médica, los persigue
la migra y los explotan los enganchadores. Van de un lado a otro sin saber que por
causa de los plaguicidas su salud se deteriora con el paso del tiempo.
¿Cuántos más en esas mismas circunstancias trabajan en Arizona a ciencia y
paciencia de sus autoridades racistas?